Información privilegiada

    Existe  en el Código Penal una figura tipificada como delito que se comete cuando alguien opera en Bolsa conociendo de antemano medidas de tipo legislativo o empresarial que afectan al nivel de cotizaciones del mercado o al de algún valor en particular. Ello supone valerse de información privilegiada en beneficio propio.

    La eficacia punitiva de la ley es mínima porque en muy contados casos se consigue probar esa ventaja y demostrar que tales compras o venta de valores se hicieron en función de dichos conocimientos. Hay casos, no obstante, en los que los indicios acusadores son   irrebatibles. Si, por ejemplo, un directivo que conoce la situación real de su empresa vende todas o gran parte de las acciones que posee y días más tarde la sociedad se declara en quiebra o en concurso de acreedores, las dudas se convierten en certezas. Si, en caso contrario, un directivo o un familiar suyo, sabiendo que están en curso negociaciones para la fusión o compra antes de hacerse públicas, las sospechas también son irrefutables.

    Las operaciones realizadas al amparo de dichos conocimientos colisionan con las reglas del mercado y representan un perjuicio para quienes contratan en desigualdad de condiciones, pero existen otras clases de información cuyo uso puede dañar la solvencia de determinadas empresas o de un país. Cuando se anuncia la rebaja de nota por las compañías de “rating” el efecto es inmediato sobre el empeoramiento de la solvencia de un país lo que se traduce en la elevación del tipo de interés que ese país ha de pagar por su deuda, lo cual conlleva un mayor gasto presupuestario, lo que repercute en crecimiento del déficit, ingresando así en un círculo vicioso. El perjuicio no es de una empresa sino del pueblo.

    Los dirigentes de las empresas calificadoras, previendo el impacto de sus decisiones pueden operar con antelación si no directamente, sí a través de amigos o familiares, adquiriendo o vendiendo tanto deuda pública como acciones. Tendríamos un caso de información privilegiada de muy difícil verificación. En consecuencia, no se conoce precedentes de alguien haya sido procesado por la utilización de tales fuentes de conocimiento.

    Las “tres gemelas” (Standard and Poors, Fitch y Moodys) que ejercen un práctico monopolio, son inmunes a cualquier fallo, equivocación o desacierto de sus dictámenes por evidentes que sean. Quedó bien de manifiesto cuando en 2007 dieron la máxima nota de solvencia a las hipotecas “subprime” que poco después provocaron el estallido de la crisis.

    Naturalmente, estas oportunidades de ganancias fáciles no están al alcance de cualquiera. Solo de gente escogida con dinero abundante, acceso a puestos de influencia y más avaricia que escrúpulos. Como hemos dicho, con mínimo riesgo de ser descubiertos.

    Se trata de uno de tantos mecanismos legales o semilegales que propician la concentración de la riqueza en pocas manos. Si la ley no impide esta clase de negocios, lo que procede es cambiar la ley. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato?