domingo, 28 de junio de 2015

Aldeas clausuradas



Resultado de imagen de aldea abandonada    Nada menos que 1.600 pequeños núcleos de población rural de Galicia han quedado abandonados por sus moradores, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y el número sigue creciendo, ya que hay otros muchos en estado agónico. Se trata de un fenómeno con múltiples implicaciones: sociales, económicas, medioambientales y humanas.
    La falta de oportunidades para las generaciones más jóvenes, la carencia de alternativas a las del sector primario, la relativamente mala calidad de la vida por el aislamiento, la pérdida de rentabilidad de agricultura y ganadería, son algunas de las causas que concurren, a las que habría que añadir los efectos de la globalización que facilita los movimientos de población y endurecen la competencia con otros países y otros modelos de producción.
    El proceso comienza por la emigración de los jóvenes al extranjero o a las ciudades; como consecuencia cae en picado la tasa de natalidad; la falta de niños conduce al cierre de las escuelas. Como los residentes mayores disminuyen por ley natural, las farmacias cierran y quedan cada vez más alejadas. Son los vacíos que preceden a la muerte anunciada. El resultado es penoso. Donde hubo animación y vida queda el silencio y la soledad.
    Las consecuencias de la evolución descrita son de variada índole. El despoblamiento del interior, con mayor incidencia en las provincias de Lugo y Orense, crea un desequilibrio territorial de forma que las dos terceras partes de la población se concentran en el eje atlántico, originando la desertificación de buena parte del territorio interior.
    Desde el punto de vista económico se produce una destrucción de riqueza. Los campos quedan yermos, los cultivos son sustituidos por plantas invasoras (zarzas, helechos, etc.), las casas deshabitadas van cayéndose paulatinamente y en el terreno proliferan las alimañas.
    Humanamente es un drama de dimensiones traumáticas que sufren quienes nacieron en una aldea donde tenían sus raíces familiares y ven como por falta de continuadores sus moradas se convierten en la nada.
    Todas estas circunstancias configuran un grave problema que los poderes públicos no pueden desatender porque nos afecta a todos, si bien hay que reconocer que no tiene fácil solución.
    Para que los lugares borrados del mapa o en vías de extinción puedan retener gente sería necesario llevar a cabo la siempre demorada reforma agraria a fin de que la desaparición del minifundio diera paso a unidades de explotación rentables. Quedarían pocos habitantes, pero al menos la presencia humana sería visible. Hasta ahora, ni la concentración parcelaria que tanto costó, ni el abortado banco de tierras del bipartito sirvieron para alterar significativamente la situación del campo.
    Ciertamente parece inevitable la desaparición de muchas aldeas al quedarse desiertas. Su tamaño es incompatible con la dotación de equipamiento social que hoy se considera indispensable para una residencia aceptable. Son víctimas del progreso como lo fueron más de otras quinientas que quedaron sumergidas por el agua de los embalses.
    Pienso que la mejor respuesta del poder consiste en potenciar la habitabilidad de los núcleos de mediana dimensión dotándolos de servicios y equipamiento urbano para atraer la población de las aldeas, creando puestos de trabajo mediante la promoción de industrias y la explotación racional de los recursos naturales.
    Los gobiernos central y autonómico no pueden seguir contemplando con indiferencia el avance incesante de la desertificación de buena parte del territorio con los perjuicios de toda índole que ello comporta.

lunes, 22 de junio de 2015

Explicaciones irrisorias

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Los comicios del pasado 24 de mayo dieron un fuerte varapalo a los dos partidos mayoritarios que desde la Transición se turnaron en el poder. Así como para el PSOE los resultados adversos eran previsibles por cómo negó primero la crisis y sucumbió después a las presiones exteriores para combatirla, no ocurrió lo mismo respecto del PP. Las explicaciones  que se oyen de sus líderes más cualificados se centran en que el desafecto de los votantes se debió a un fallo de comunicación de las medidas de política económica adoptadas durante cuatro años para salir de la recesión, admitiendo también como  causa coadyuvante la ola de corrupción.
    Esta interpretación sesgada constituye un autoengaño que puede condicionar el futuro próximo del partido. Como autocrítica y enmienda proponen reforzar los contactos con la gente y transmitirle el mensaje de que “se hizo lo que había que hacer”, en palabras del presidente del Gobierno. Esto equivale a negar el hecho de que los problemas admiten más de una solución, como hay diferentes terapias para curar una enfermedad.
    La realidad desmiente que se tratase de una cuestión de comunicación. Para ello, el PP contó con los medios afines y con la domesticada TVE en manos de un confeso militante. Todos sabemos y sufrimos la existencia de una profunda crisis, pero está fuera de toda duda que el tratamiento que se le dio no fue el adecuado desde el punto de vista de la equidad y la justicia social.
    Las medidas implantadas han conducido a una España a dos velocidades: las de quienes han incrementado su patrimonio o no tienen dificultades para llegar a fin de mes y la de millones de familias que se han quedado sin ingresos para afrontar el día a día.
    Que el tratamiento dado no fue equitativo ni justo lo prueba hasta la saciedad el desigual reparto de sacrificios de las distintas clases sociales, de forma que España se convirtió en el país más desigual de la UE con excepción de Letonia.
    A este resultado contribuyeron, entre otras, las siguientes medidas adoptadas por el Gobierno:
    a) La reforma laboral, que propició unas condiciones de trabajo asalariado muy desprotegidas, con remuneraciones a la baja, precariedad en el empleo y despido barato que condujeron al aumento del paro y el empobrecimiento de muchas familias.
    b) La política impositiva regresiva que elevó el IVA al 21% ( frente a lo que habían prometido) con aplicaciones tan sorprendentes como la tarifa máxima a la cultura (cine y teatro) y la reducida del 10% al fútbol.
    c) El copago farmacéutico a los pensionistas.
    d) La reducción del impuesto de sociedades y la eliminación del de patrimonio, los cuales favorecen exclusivamente a las grandes fortunas. Hasta organismos tan poco sospechosos de izquierdismo como el FMI reconoció que los impuestos directos tales como el IRPF o el de Sociedades son más redistributivos que los indirectos como el IVA, y que la protección social es más efectiva a la hora de reducir la desigualdad.
    Si a estas políticas añadimos los efectos deletéreos de la corrupción que afecta a todas las instituciones, se explica la aparición de movimientos sociales como el 15-M, cuna de formaciones como Podemos y que dieron impulso a Ciudadanos, los cuales capitalizan la indignación popular y la protesta de tantos damnificados. Estos partidos emergentes han supuesto un soplo de aire fresco en la vieja política, cuyo primer fruto ha sido despertar de la modorra y variar varios aspectos de los programas del PP y PSOE.
    Sin embargo, el Partido Popular no parece haber aprendido la lección. Si admite como causa principal de su derrota electoral y autocrítica un problema de publicidad y propaganda, volverá a incurrir en los mismos errores de partida y, en ese caso, muy mal tendrían que hacerlo Podemos y Ciudadanos para que los electores volvieran a confiar en las promesas de los anquilosados partidos en la próxima confrontación de noviembre, en el supuesto de que no se adelante la convocatoria.
    Esa jornada electoral puede ser decisiva para consolidar el cambio anunciado o para que se frustre la oportunidad.

domingo, 14 de junio de 2015

A dos siglos de Waterloo



    En el mes de abril el Gobierno francés se opuso y bloqueó la emisión de una moneda belga en conmemoración del bicentenario de la batalla de Waterloo, alegando que “estamos en un momento en que los Gobiernos de la eurozona intentan construir una fuerte cooperación en torno a la moneda común”. Finalmente, Bélgica se salió con la suya y emitió la moneda.
    Waterloo es el nombre de un pequeño pueblo a pocos kilómetros de Bruselas donde Napoleón se enfrentó el 18 de junio de 1815 por última vez a los ejércitos inglés y prusiano al mando de Wellington y Blücher, respectivamente. La batalla, que Stefan Zweig describió en su libro “Momentos estelares de la humanidad” como uno de los catorce acontecimientos que a su juicio cambiaron la historia, causó 46.600 bajas francesas y 24.000 de los aliados.
    Napoleón fue derrotado y hecho prisionero, y su sueño de crear un imperio europeo murió aquel día lluvioso. El veto de ahora a la pieza numismática no es más que uno de tantos incidentes que dificultan el proyecto de crear una auténtica unión europea. La historia ha visto combatir tantas veces a los hoy Estados miembros de la UE, que es tarea ímproba borrar la desconfianza y los malos recuerdos que van unidos a tan frecuentes desencuentros. Las heridas causadas por tantos conflictos son profundas y resistentes a la cicatrización. Las más vivas por recientes son las que dejaron las dos guerras mundiales.
    Muchas naciones celebran su fiesta nacional en conmemoración de victorias bélicas sobre sus vecinos. Sin salirnos de España, los ejércitos napoleónicos y los Cien Mil Hijos de San Luis crearon mucho resentimiento a su paso, y cada año se celebra el 2 de mayo para recordar el levantamiento popular contra los gabachos, como se llamaba despectivamente a los franceses. Frente a Inglaterra nos duele el agravio de que un miembro de la UE posea en Gibraltar la última colonia del continente.
    Constituye un obstáculo adicional el recrudecimiento del nacionalismo, cuyos partidos de ultraderecha y ultraizquierda hacen gala de su eurofobia. Reivindican la soberanía nacional que siembra el odio y han hecho correr ríos de sangre.
    Conseguir que 500 millones de personas lleguen a sentirse ciudadanos de una nueva patria común, se antoja una tarea titánica. Exige derribar múltiples barreras, como cambiar la mentalidad de la gente. Para lograrlo se necesita tiempo, líderes imaginativos, con visión de futuro, que hagan sentirse a los ciudadanos partícipes de un proyecto ilusionante en el que las instituciones defiendan con eficiencia los derechos y libertades, y sean faro que ilumine la senda de los derechos humanos.

lunes, 8 de junio de 2015

El AVE a debate



    La propuesta del partido Ciudadanos de suspender o posponer el proyecto de Zapatero de comunicar por AVE las 50 capitales de provincia ha originado la polémica entre quienes ya disponen de alta velocidad ferroviaria y quienes esperan contar con ella en breve plazo. Los primeros alegan el elevado coste que representaría y los segundos defienden su posición desde el principio de igualdad de los españoles.
    Digamos, ante todo, que el plan se puso en marcha sin cumplir una serie de requisitos necesarios, tales como un análisis previo de coste/beneficio, cálculo de retorno y cuantificación de la utilidad social que pudieran justificar, así como los costes de oportunidad de desatender otras necesidades. Se pudo haber incurrido en un nuevo error de planeamiento ferroviario como fue el establecer un ancho de vía mayor que el europeo, que tan caro nos ha costado.
    Actualmente se encuentran en servicio 3.100 kilómetros y otros 1.100 en construcción que casi en su totalidad se espera concluir en el presente año. Ello convierte a España en el segundo país del mundo, después de China, en longitud de la red. Y no olvidemos que China tiene 1.300 millones de habitantes. La suma invertida asciende a 45.000 millones de euros y completar el plan requeriría otros 13.000 millones.
    Según un estudio elaborado por FEDEA, ninguna línea es rentable. Si tenemos en cuenta que la construcción de cada kilómetro cuesta una media de unos 18 millones de euros sin contar las nuevas estaciones, y que el mantenimiento supone unos 100.000 euros por km y año, parece lógico y sensato plantearse si el plan es sostenible.
    Cierto que el AVE cohesiona las grandes urbes, facilita la comunicación entre ellas y promueve la actividad económica, pero tampoco se puede negar que está exento de inconvenientes que es necesario contemplar. En primer lugar, está previsto que se dedique solamente al transporte de viajeros, lo que obliga a mantener en servicio la red antigua para el movimiento de mercancías; introduce una competencia ruinosa con otras redes de transporte como son las aéreas y líneas de autobuses, añadidas al uso de automóviles, lo que conlleva la infrautilización de todos los medios. La rentabilidad del tren tropieza con dos dificultades: si los billetes son baratos, aumentará el déficit; si son caros, disminuirá el número de viajeros y discriminará por razones económicas. Asimismo, se enfrenta a un dilema: si se busca el aprovechamiento máximo de la velocidad, deberá tener pocas paradas, y si esta condición se cumple habrá más núcleos de población incomunicados y disminuirá la cantidad de viajeros. Los datos son tozudos y en materia de inversiones, cuando se omiten o se alteran, los resultados defraudan y salen caros. Lo demuestra el rescate de las autopistas radiales madrileñas por insuficiencia de demanda. Y más cerca tenemos las autovías gallegas del Salnés, de Barbanza y de Celanova, explotadas en régimen de concesión por empresas privadas, afectadas por graves problemas económicos a causa de una utilización que apenas excede de la mitad de la calculada. Como el canon anual que perciben las empresas varía en función de la cifra de viajeros, en 2014 cobraron 4,7 millones de euros en lugar de los 13,2 millones presupuestados por la Xunta. En caso de quiebra habría que proceder al rescate y licitar de nuevo la concesión con enormes pérdidas.
    Ante esta realidad, el Estado debe ser prudente en materia de inversiones, especialmente si la financiación total o parcial se obtiene con emisión de deuda, cuyos bajísimos tipos de interés actuales no es probable que se sostengan mucho tiempo.
    Dejar una carga financiera excesiva a las próximas generaciones haría que éstas encontrasen su futuro hipotecado. Las excepciones solo estarán justificadas con la creación de riqueza que a su vez proveerá a Hacienda de nuevos ingresos. Desgraciadamente, a los partidos que gobiernan les importa más ganar votos para asegurarse en el poder que gestionar la res pública con honradez, justicia y eficiencia,
    La simple publicidad de la propuesta de Ciudadanos suscitó la queja de ciudades y provincias que podrían ver demorada la llegada del AVE prometido, alegando el principio de equidad como derecho de todos los españoles de disponer de los mismos servicios. Este principio llevado al extremo conduce al absurdo. Quien vive en un pequeño pueblo no puede reclamar una estación de ferrocarril, o un aeropuerto, o una universidad. Lo que es justo es la igualdad de prestaciones educativas y sanitarias sin que pueda exigir recibirlas en su aldea. Las circunstancias imponen su ley y quienes deciden las inversiones públicas no pueden olvidar que los recursos siempre son escasos y que hay que aplicarlos allí donde la utilidad social sea mayor.

lunes, 1 de junio de 2015

Reflexiones tras el 24-M



    Siempre se ha dicho que la victoria tiene cien padres mientras que la derrota nace huérfana. Tras el resultado de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 24 de mayo, cada partido político de los perdedores busca cualquier intersticio en el que colar algún detalle que le favorezca: que si fue el partido más votado, que si perdió menos que sus rivales, que si ganó en las grandes ciudades, que si el porcentaje del descenso fue inferior al de la convocatoria anterior, etc. etc.  Lo que parece meridianamente claro es que el bipartidismo sufrió un duro ataque aunque no letal y el rechazo de las mayorías absolutas es manifiesto.

    El PSOE, que consiguió 671.000 sufragios menos que en las elecciones de 2011, se aferra a que se le brinda la oportunidad de gobernar con pactos en municipios y comunidades autónomas con Ciudadanos o Podemos, las dos formaciones relativamente triunfadoras. Habrá que esperar a ver cómo se forman las alianzas y su duración.

    El presidente Rajoy, acorde con su carácter conservador, atribuye el fracaso de su partido a la insuficiente o nula comunicación de los aciertos de su Gobierno, con lo cual, implícitamente dirige una grave acusación a sus portavoces y sobre todo contra Mª Dolores de Cospedal, como secretaria general de organización, siembra la discordia y promueve la caza de brujas entre los suyos y rehúye toda autocrítica siendo el máximo responsable,  y olvida los alardes de soberbia que caracterizaron su política, como aprobar leyes con los únicos votos de su partido, tales como la LOMCE o la de seguridad ciudadana llamada por la oposición ley mordaza. Ante estos gestos de arrogancia y tamaños desplantes a la oposición nadie puede sorprenderse  de que desalojarle del poder fuese objetivo  común de diversos partidos.

    Su política partidista le impide comprender la intención de voto de colectivos como los siguientes:

-         Los cinco millones de parados, en los que se incluye el 52% de los jóvenes

-         Las familias desahuciadas

-         Los 13 millones de personas en riesgo de pobreza

-         Parados de larga duración que se encuentran sin ingresos al haber agotado las prestaciones de desempleo.

-         Estudiantes que no pudieron continuar sus estudios porque no se les renovaron las becas.

-         Investigadores que perdieron su puesto de trabajo

-         Jóvenes que tuvieron que buscarse la vida en la emigración

-         Profesores y sanitarios que quedaron en paro por los recortes de estos servicios básicos

-         Artistas que se quedaron sin actividad por culpa del elevado IVA

    La argumentación del Rajoy, inane y simplista, implica un desconocimiento de la apurada situación que sufren muchos ciudadanos y su ignorancia y desprecio de la capacidad de discernimiento de la gente entre palabras y hechos. Ni la mejor técnica de comunicación ni el máximo despliegue propagandístico podría hacer olvidar los efectos de las medidas que su Gobierno descargó sobre las espaldas de los más débiles, en tanto los más acaudalados vieron aumentada su fortuna.

    Ante esta realidad, lo extraño es que el PP haya cosechado la cantidad de votos que obtuvo. Tal vez provengan en buena parte de personas que sucumbieron a la estrategia del miedo (o nosotros o el caos), convencidas de que “se hizo lo que había que hacer”; de quienes, por pura rutina, son de hecho votantes cautivos, y por supuesto, de quienes ven en el partido el defensor de sus privilegios.

    La victoria electoral de formaciones nuevas, con líderes jóvenes, hace abrigar la esperanza de que se inicie un cambio inédito que comience por devolver la decencia a la política, tan desprestigiada ella, como prometió la candidata de Ahora Madrid, Manuela Carmena. La semilla ya cayó en la besana; ahora solo cabe desear y confiar que la decepción no forme parte de la cosecha.