martes, 26 de abril de 2011

Un mes de infarto

Probablemente marzo de 2011 pasará a los anales de la historia como un mes singular por la cantidad y calidad de los acontecimientos que en él tuvieron lugar cuyos efectos sin duda pesarán en los años venideros.
El primero de obligada referencia fue el horrísono terremoto de 9 grados en la escala de Richter, seguido de un maremoto con olas de 10 metros de alto que abatieron y devastaron la parte nororiental de Japón el día 11.
A consecuencia de ambos fenómenos extremos murieron o desaparecieron unas 30.000 personas, y la central atómica de Fukushima de seis reactores, sufrió un grave deterioro con fugas de radiactividad que obligaron a las autoridades a ordenar el desplazamiento de la población en un radio de 30 kilómetros. La magnitud de la avería constituye el segundo desastre de esta naturaleza después del de Chernobil en 1986. Al terminar marzo, la central se hallaba fuera de control.
La alarma producida por el accidente se extendió por todos los confines y condujo a una reconsideración a fondo de las centrales nucleares como fuentes de energía, paralizó muchos de los programas de nuevas construcciones y se sometieron las existentes a más estrictas medidas de seguridad y trastornó los distintos programas de obtención de energía por la fisión de los núcleos atómicos. Por el contrario las energías renovables experimentarán un notable impulso.
El accidente reavivó el dilema entre restringir el consumo de energía –con la con siguiente reducción del nivel de vida en los países industrializados- o asumir la complementariedad de las tres fuentes de energía disponibles (fósiles, renovables y nucleares) en tanto no se pueda utilizar la energía por fusión -asumiendo las ventajas e inconvenientes y los riesgos que esta fórmula conlleva.
El segundo acontecimiento relevante ocurrió el viernes 18, consistente en la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la Resolución 1973 que autorizó a una coalición formada por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, España, Bélgica, Catar y Emiratos Arabes Unidos a adoptar las medidas necesarias, - incluidos los ataques aéreos- para defender la vida y la seguridad de la población libia que se rebeló contra la represión, el despotismo y la corrupción del lider Muamar el Gadafi y su gobierno.
El acuerdo del Consejo de Seguridad , fundado en la aplicación del principio de proteger a la población civil, consagrado por Naciones Unidas, puede suponer la caída del estrafalario dictador libio y con ello, un fuerte estímulo para los movimientos revolucionarios que se extienden por el norte de África desde Marruecos a Egipto contagiados a otros Estados árabes asiáticos como Jordania, Arabia, Bahrein, Siria y Yemen en demanda de justicia social y libertades democráticas. Lo que salga de los cambios en curso aun está por ver pero puede representar una nueva etapa histórica de dichos pueblos comparable con lo que significó primero el Renacimiento y siglos más tarde la Revolución Francesa o para Europa Central la caída del Muro de Berlín.
Otro aspecto del acuerdo onusiano reside en su trascendencia como precedente comprometedor frente a situaciones similares a las contempladas en Libia en las que se reaccionó de forma diferente. Si, por ejemplo, las protestas populares y la subsiguiente represión se agudizasen, ¿se reaccionaría con la misma contundencia? La respuesta es rotundamente negativa como quedó de manifiesto antes en la vulneración de los derechos humanos en Myanmar, China, Corea del Norte, Rusia o Israel. La realidad es muy compleja y ciertamente, cuando se aplican raseros diferentes a situaciones homogéneas, la justicia no merece tal nombre. No obstante, ello no debe inducirnos a censurar hechos como la intervención en el país norteafricano para evitar las represalias con que Gadafi amenazó a la población de Bengasi, una ciudad de 700.000 habitantes a la que calificó de “ratas grasientas”.
Una lección aprendida en este caso fue que, dado que la acción militar recayó sobre todo en Estados Unidos dejó constancia de que la UE no dispone de medios ni de voluntad política para afrontar en solitario situaciones de emergencia y por ello hemos de resignarnos a vivir en un mundo bajo la dirección de EE.UU. como apagafuegos. La inanidad de la UE quedó en evidencia pese a los esfuerzos de Francia por atribuirse un papel de protagonista.
Otro suceso de notable trascendencia en la política española ocurrió el día 23 protagonizada por el Tribunal Supremo al denegar la inscripción del nuevo partido Sortu con el que los abertzales vascos pretendían concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, por entender que se trataba de una nueva versión de la ilegalizada Batasuna. A los simpatizantes de ETA se les cerraba de momento el derecho a participar en las instituciones, salvo que el Tribunal Constitucional, en caso de que los promotores presentasen recurso, les diese la razón. La solución final de este asunto podría influir en el futuro de ETA -al parecer en fase preagónica- y su desaparición a corto plazo como fenómeno patológico de la política española con más de 48 años de actividad criminal. Un hecho largamente esperado por la población española que pagó un doloroso tributo de centenares de asesinatos, amenazas y extorsiones.
Al día siguiente, el 24 hemos asistido alarmados a la noticia protagonizada por el Parlamento portugués al rechazar un nuevo plan de ajuste –el cuarto- presentado por el gobierno para ceder a las presiones de Bruselas y el acoso de los mercados con objeto de reducir el déficit presupuestario.
La derrota parlamentaria obligó al primer ministro, el socialista Jose Sócrates a presentar su dimisión al presidente Anibal Cavaco Silva manteniéndose el gobierno en funciones hasta las elecciones convocadas para el 5 de junio. Esta nueva situación agravará la crisis lusa al dejar atada la Administración para adoptar medidas tendentes a corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que padece la economía e incrementar el riesgo de que Portugal tenga que acudir al rescate de la UE y el FMI que impondrían drásticas medidas de contención del déficit. Si este paso se diera, a la inestabilidad económica se uniría la inestabilidad política. Las perspectivas de Portugal son dramáticas.
Quienes hemos convivido con el acaecimiento de tantos hechos destacados como la caída del Muro de Berlín, la implosión del imperio soviético o el comienzo de la carrera espacial, tuvimos en el mes de marzo ocasión de añadir nuevas fechas a nuestro calendario de sucesos memorables preñados de consecuencias.

miércoles, 13 de abril de 2011

Paradojas cotidianas

Desde que se produjo el desplome de los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental, se ha acentuado la orfandad ideológica en que vive la izquierda, en la que bien podría decirse que muchas fuerzas políticas y sociales han perdido la brújula y no encuentran mejor guía intelectual para respaldar su quehacer que un pragmatismo romo, que lo que en realidad esconde es la carencia de ideas compatibles con principios verdaderamente progresistas.

Aun cuando el fenómeno es de ámbito mundial, por razones de espacio examinaré solamente sus manifestaciones en España, donde se observan características tan contradictorias como las siguientes:
1. Los sindicatos presionan a las autoridades y llegan a erigirse en salvadores de empresas en crisis frente a la Administración. No se pretende, como pudiera pensarse, la mejora de la productividad o la cogestión, ni ofrecer fórmulas que comprometan la armonización de los legítimos intereses de los trabajadores con la viabilidad empresarial, sino lisa y llanamente, que se concedan subvenciones a fondo perdido, a cargo de los contribuyentes, como premio a la ineficiencia. Pasar de la lucha sindical clásica por la obtención de mejoras laborales a hacer causa común con los patronos para asegurarles sus beneficios, es un salto mortal sin red. Si Marx y Pablo Iglesias levantaran la cabeza se morirían de nuevo del susto. El decreto sobre el carbón que obliga a las empresas eléctricas a consumir hulla de producción nacional, de peor calidad que la importada, ejemplifica lo expuesto,
2. Empresarios y trabajadores exigen el mantenimiento de empresas públicas deficitarias a cargo del erario público, y simultáneamente la reducción del déficit presupuestario y la rebaja de impuestos. Como se ve, la lógica y la racionalidad brillan por su ausencia.
3. La CEOE reclama la reducción de la cuota patronal de la seguridad social, el incremento de incentivos a la producción en forma de ayudas y una menor presión fiscal, o sea, la cuadratura del círculo.
4. Por su parte, el PSOE, en el Gobierno, olvida sus principios fundamentales y sus ideales por los que lucharon los fundadores, y privatiza cuanto está a su alcance y rebaja o suprime impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Transmisiones) argumentando en tiempos distintos que tan de izquierda es incrementar como rebajar impuestos. Se defiende lo uno y su contrario.

En tiempos no lejanos esta ideología sirvió para dar cobertura legal a operaciones espurias, conocidas como “socialización de pérdidas”, consistentes en traspasar al INI (Instituto Nacional de Industria) empresas privadas en quiebra –como muestra elocuente, recuérdese el caso paradigmático de HUNOSA- de lo que en Vigo hemos conocido ejemplos notorios (empresa Alvarez, entre otras). Es a todas luces injusto y contradictorio cargar al sector público con empresas inviables y sostener después que su gestión es ineficiente, y es inadmisible postular la máxima libertad de la iniciativa privada cuando el viento sopla a favor, y clamar por ayudas estatales en tiempos de vacas flacas. La esencia de la empresa privada es su capacidad para asumir riesgos, y solo en su virtud se justifica la ganancia. El empresario es una especie de profeta que gana cuando acierta en sus predicciones, y puede arruinarse si se equivoca. Eliminar el riesgo empresarial sería tanto como privar al empresario de su razón de ser.

Inversamente, no es de recibo que el gobierno socialista haga almoneda de empresas públicas, saneándolas previamente con recursos presupuestarios para devolverlas a la iniciativa privada. Curiosamente, algo similar representa el decreto ley que regula la recapitalización de las cajas de ahorro. En él se dispone que aquellas entidades que no puedan alcanzar el “core” capital mínimo (reservas, porque dichas financieras no disponen de capital propio) serán nacionalizadas temporalmente inyectándoles fondos públicos para ser vendidas después, previsiblemente, a un banco. Es una claudicación ideológica renunciar a la transformación de la sociedad, asumiendo la defensa de los más débiles y desamparados que proliferan bajo la libertad de la oferta y la demanda, y equivale a traicionar los postulados en que se asienta el ideal de la izquierda.

Para muchos es una verdad inconclusa el fracaso de la economía planificada por el Estado, pero su daltonismo ideológico les impide ver las crisis recurrentes del capitalismo salvaje y sus estragos. La falta de ideas claras explica que los partidos de izquierda se muevan en un mar de confusiones y se rijan por un cóctel de liberalismo e intervencionismo, libre competencia y dominio de mercados, libertad de mercado y proteccionismo, como si fuera posible mezclar el agua y el aceite. Si el llamado socialismo real defraudó por sus resultados, tampoco el capitalismo liberal es la solución a los problemas sociales y medioambientales, y si ha pervivido desde los tiempos de Adam Smith, se debe a su camaleonismo, puesto que el que conocemos se parece muy poco al antiguo “laissez faire, laissez passer”. De lo que se deduce que si no aparece un Keynes que lo renueve, tendrá que surgir un Marx que lo destruya.