El 2 de agosto fue escogido por el Fondo
Monetario Internacional (F.M.I.) para hacer pública la propuesta dirigida a
España de un pacto que suscribirían empresarios y sindicatos en el que los
trabajadores aceptarían una rebaja del 10% de sus salarios y a cambio los
empresarios se comprometerían a crear una cifra “significativa” de empleo. El
planteamiento incluye una reducción del 1,7% de las cotizaciones a la Seguridad
Social acompañada de una subida de los impuestos indirectos. No hizo falta que
pasasen más de cuatro días para que la Comisión Europea (.C.E.) por boca del
comisario de Asuntos Económicos, el finlandés Olli Rehn aplaudiese la
recomendación, lo que a su vez provocó el rechazo unánime de las organizaciones
sindicales, aunque no de la CEOE.
El planteamiento del Fondo se apoya en una
simulación según la cual se obtendrían resultados “significativos”. Habrá que
decir, en primer lugar que la caída de los sueldos sería un hecho comprobable,
en tanto que el volumen de puestos de trabajo sería aleatorio. ¿A quién se
responsabilizaría de que el efecto real del plan no se cumpliese en la
realidad? Elaborar en los despachos un supuesto teórico con fórmulas
matemáticas no garantiza que se cumpla en el terreno de los hechos porque la
Economía no es una ciencia exacta, y sus postulados son mitad matemáticos y
mitad sicológicos. La “ciencia lúgubre” como la llamó Carlyle o Marx, que en
eso hay dudas, no se presta a experimentos de laboratorio. Partimos de un hecho
dramático como es la insoportable cifra de parados del 27% de la población
activa que se duplica para los jóvenes, pero es harto dudoso que la solución
del problema sean los consejos del organismo internacional de Washington. En
todo caso, si algo se consiguiese sería a un coste inasumible como se ha podido
ver en el caso de Letonia –que el Fondo nos propone como ejemplo- donde uno de
los efectos de la reforma fue la emigración del 10% de la población. ¿Podríamos
soportar en España la expulsión de 4,5 millones, mayoritariamente los más
jóvenes, capaces y formados?
Como hemos visto, el plan comporta la
subida del IVA y eso incidiría en el nivel de precios en perjuicio de las
clases más desprotegidas, se reduciría el consumo y se alargaría la recesión.
Otro efecto negativo vendría dado por la minoración de ingresos de la Seguridad
Social que a su vez pondría en peligro la financiación de las pensiones.
Una condición indispensable para que la
ocupación crezca es la materialización de inversiones productivas, lo cual
presupone la disponibilidad de recursos. Como el ahorro de los españoles es
insuficiente, y lo es más cuando hay que transferir una buena parte al pago de
deudas contraídas, se necesita recurrir a la inversión extranjera y esta no
vendrá solo porque la mano de obra sea barata, al menos si hablamos de empresas
de alto contenido tecnológico.
Contar con personal especializado,
infraestructuras modernas y buen nivel de consumo son alicientes más
importantes. Estas ventajas explicarían la apuesta de las multinacionales de
automoción en nuestro país por tratarse de un sector competitivo que facilita
las exportaciones. En sentido inverso actúa el precio de la energía, dado que
la electricidad es de las más caras de Europa, algo que las autoridades
competentes deberían explicar y corregir.
Volviendo a los planteamientos del FMI y de
la CE, aparte de que parecen desconocer que los salarios ya han sufrido un
recorte del 7,6% y las pensiones han sido congeladas, puede decirse que, desde el
punto de vista ético, la idea es injusta y doctrinalmente de dudosa eficacia.
Es injusta porque perjudicaría sobre todo a las rentas más bajas, ya que, por
ejemplo, los emolumentos de las cúpulas empresariales se rigen por contratos
privados y no por convenios y con toda probabilidad quedarían al margen. Para
reforzar la solidaridad del sacrificio se deberían proponer topes máximos
salariales tanto en el sector público como en el privado. Los formuladores del
plan no tienen autoridad moral para imponer más austeridad a los perceptores
del salario mínimo o a mileuristas mientras el sueldo, libre de impuestos de la
directora gerente del Fondo, Cristine Lagarde es de 300.000 euros y el del
comisario de Bruselas es de 276.000.
Finalmente, el plan podría fracasar como
han fracasado en tantas ocasiones las recetas del FMI, unas reconocidas como
ocurrió en Grecia y otras ocultas o desfiguradas. Bien es cierto que a los
burócratas les sirve de disculpa que allí donde no dieron resultado lo atribuyen
a que las reformas recomendadas no se aplicaron con suficiente severidad o se
retiraron antes de tiempo. Es una disculpa como la que podría dar un médico al
que se le muere un paciente por tratamiento inadecuado y él se disculpa argumentando
que no tomó la dosis necesaria de los medicamentos.
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