domingo, 28 de febrero de 2016

Abanico salarial



    Datos de distintas fuentes solventes acreditan que España es el país más desigual de la UE con la excepción de Letonia, tanto por el volumen de las fortunas acumuladas como por los salarios percibidos por los trabajadores. Esto se evidencia tanto por el peso decreciente de la masa salarial en el PIB como por la participación en aumento de las rentas empresariales y del capital.
    Limitando aquí y ahora el examen a la remuneración del trabajo se constata que la diferencia entre lo cobrado en la misma empresa por el peón y el presidente es abismal. Nuestro peón, sujeto al salario mínimo profesional, cobra 9.140 euros sin otros complementos (suponiendo que la empresa se lo respete).
    En el caso del máximo directivo de una sociedad del Ibex 35, su relación laboral se rige por un contrato privado con remuneración pactada que puede ascender a varios millones de euros. En el pasado año hubo quien se embolsó 16.000.000 €. La proporción entre lo que se lleva a casa el peón y el presidente es sencillamente hiperbólica.
    Ante la magnitud de las cifras y la inequidad del reparto cualquier observador imparcial se pregunta qué razones explican su existencia, sin que se atisben indicios de que se tienda a frenar la desigualdad. La causa que suelen alegar las empresas implicadas es que la remuneración la establecen las leyes del mercado en función de los beneficios que se espera obtener y que se atribuyen en gran parte al talento y la pericia del equipo directivo.
    No parece lógico que dichos cargos sean el único factor a tener en cuenta puesto que toda la plantilla ha contribuido con su esfuerzo a la tarea común. Empresas ha habido que han cambiado al presidente sin que se hayan visto afectados sus resultados. Por otro lado, sería poco edificante que la entidad valorase como única meta el aumento de ganancias, sino que sus fines deben incluir otros aspectos, tales como la creación de empleo, la promoción de los trabajadores, el cuidado del medio ambiente y el prestigio social.
    Aun en el supuesto de admitir la privación o exclusividad del mérito a la figura del máximo gestor, debería establecerse la proporción entre el incremento anual de los beneficios y el de la retribución, sin olvidar que una parte de los mismos ya queda recompensada por el sueldo fijo. Para cuantificar la remuneración total se ofrecen varias opciones que van desde un determinado numero de veces el sueldo mínimo o el sueldo medio de la plantilla, aplicando, por reciprocidad, un correctivo si los resultados se redujesen o la empresa fuese condenada por sentencia judicial.
    Estas consideraciones deberían inspirar a las autoridades competentes para establecer criterios racionales en una materia que, por falta de regulación legal, deviene en situaciones claramente injustas. El anormal funcionamiento está amparado por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1985 por el Gobierno socialista presidido por Felipe González. En su artículo 1º dispone la exclusión de su aplicación al personal de alta dirección. En sustitución se aplica el contrato pactado entre ambas partes  en el que se pueden acordar cuatro formas de retribución complementarias, a saber: sueldo fijo, sueldo variable, bonus como premio y aportación al fondo de pensiones, aparte de la indemnización, por lo general millonaria,  en caso de despido.
    Actualmente, solo el código de buenas prácticas, que no es imperativo,  ordena que en la memoria figure individualizada la asignación de los miembros del consejo de administración, el cual es, a su vez, quien la aprueba y es ratificada por la asamblea, sin que los accionistas minoritarios tengan explicación de los criterios seguidos para su determinación.
    No veo obstáculo insalvable para que el Ejecutivo promueva una ley encaminada a dotar de claridad y justicia equitativa a una materia hasta ahora sometida a la arbitrariedad. Si en su día se impuso la obligación del salario mínimo, no parece que esté fuera de lugar hacer lo mismo con el salario máximo. No vale la alegación de que debe primar la autonomía de las partes pues esa misma observación no impide la intervención del Estado para evitar abusos de quien detenta el poder.
    La aspiración a crear un abanico salarial justo viene de tiempo atrás, pero hasta ahora los Gobiernos no se han atrevido a poner el cascabel al gato. En la primera República un diputado propuso limitar el salario máximo, pero la iniciativa no prosperó. También en 2014 en Suiza se sometió el tema a referéndum, mas tampoco lo consagró el resultado.

lunes, 22 de febrero de 2016

El drama de Israel



    Una de las situaciones más inquietantes que tiene planteada el mundo en la actualidad es la existencia de Israel. Ello augura una evolución amenazadora para el futuro de la nación israelí, envenena las relaciones en el Próximo Oriente y supone un peligro para la paz mundial.
    La historia de los judíos se caracteriza por una serie interminable de episodios bélicos en la antigüedad que culminó con la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Ahí comenzó la Diáspora en el siglo I d.C. con la presencia en diversos países europeos. En muchos de ellos se extendió el antisemitismo para el que no conozco ninguna explicación plausible. No entiendo que un pueblo que desde hace cinco mil años se considera elegido por Dios, que no hace proselitismo religioso, sea objeto de tantas persecuciones hasta llegar al Holocausto en el que la locura criminal de los nazis  planeó el exterminio de la raza para lo que contó con la colaboración activa o pasiva de otros gobiernos y ciudadanos.
   
    Como reacción al trágico resultado de aquella hecatombe, la comunidad internacional auspició la creación de un Estado israelí en un territorio que los judíos llaman la tierra prometida por Yaveh desde que Moisés los condujo tras huir de la esclavitud egipcia, a pesar de que estaba habitado de antiguo por los cananeos, antecesores de los actuales palestinos.
    Tras varias guerras perdidas por los árabes en el siglo XX, la ONU  acordó dividir el territorio entre sendas naciones, acuerdo que  Israel, además de no cumplirlo ni respetarlo, desobedeció reiteradas resoluciones del Consejo de Seguridad, amparado en la ayuda incondicional de Estados Unidos  que veta toda condena de la Asamblea General. En consecuencia, puede decirse que Israel vive instalado en la ilegalidad internacional.
    Es triste constatar que los horribles sufrimientos, humillaciones y sadismo que sufrieron los padres, hermanos y abuelos de los gobernantes israelíes no les hayan enseñado a desechar tales procedimientos en su relación con los palestinos, con los cuales están condenados  a convivir, tanto dentro de su territorio, convertidos en ciudadanos de tercera categoría como con los que viven fuera de sus fronteras en condiciones inhumanas, pendientes de la ayuda internacional para subsistir, consumidos por la sed de venganza. Cuando una parte siembra opresión, arbitrariedad y fuerza bruta no puede esperar otra cosecha que odio y rencor.
    Es indudable que con tal vecindad, los israelíes están condenados a vivir en permanente estado de guerra, y no podrán ganarla definitivamente  por mucho que se armen hasta los dientes y construyan muros sobre territorio  ajeno que hacen más insegura la vida de quienes malviven fuera de ellos.
    La ceguera del gobierno de Tel Aviv no les permite pensar que están malogrando el futuro y poniendo en peligro su supervivencia. La alta tasa de natalidad de los palestinos les superará en número y será más arriesgado someterlos. Si se consigue el acuerdo de los pueblos árabes del Próximo Oriente, el peligro aumentará. La hegemonía iraní en la región agravará la amenaza. La imparable construcción de asentamientos en territorio palestino agudizará la tensión. El riesgo de que EE.UU. se canse de defender a Israel en la ONU y continuar con la ayuda militar que le presta al precio de empeorar las relaciones con el mundo musulmán, sería demoledor.
    Demasiados peligros que el paso del tiempo no hará sino agudizar, sin que los dirigentes israelíes abran los ojos a la realidad. Como Einstein, miembro de su raza, advirtió, si los israelíes no aprendían a existir con los árabes sufrirían otros mil años de persecuciones bien merecidos.
    Si no se llegase a un acuerdo razonable basado en el reparto equitativo del territorio entre las dos partes en disputa, Israel continuará siendo un permanente foco de tensión del que cabe temer funestos acontecimientos.

sábado, 13 de febrero de 2016

Balance político apresurado



     Transcurrida la legislatura que protagonizó el PP entre 2011 y 2015, coincidente con los años más duros de la crisis, cabe hacer un balance provisional de su gestión desde el punto de vista político, económico y social, con la mayor objetividad posible.
    Es un hecho contrastado que  el Gobierno logró revertir la recesión, mejoró el saldo exterior, creó más de un millón de empleos, bajó el riesgo país, logró que en 2015 el PIB creciera más de un 3% y es probable que la tendencia  continúe en los dos próximos años.
    Una buena parte de este resultado se debe a circunstancias externas ajenas a la política nacional que conformaron un círculo virtuoso para impulsar el crecimiento. El desplome del precio del petróleo, que constituye el principal capítulo de las importaciones habrá ahorrado entre 15.000 y 20.000 millones de euros, según declaraciones del ministro de Economía el 18 de enero. La bajada del tipo de interés por el BCE redujo el servicio de la deuda y la compra de bonos por el mismo banco apuntaló las cotizaciones bursátiles y aminoró el riesgo país que a su vez favoreció la refinanciación de la deuda. Es indudable que ha habido recuperación económica que no fue acompañada de recuperación social. Las condiciones laborales han retrocedido varios años, los sueldos se han deprimido, el paro no bajó del 20%, el doble de la media europea, y los trabajadores se sienten desamparados ante los empresarios por temor a perder el empleo. La inmensa mayoría de los nuevos puestos de trabajo son temporales y a tiempo parcial.
    En el debe del balance hay que anotar la duplicación de la deuda pública hasta rozar el 100% del PIB que será una pesada carga en los presupuestos de muchos años y también el incumplimiento del déficit a las cifras convenidas.
    Después de los recortes en servicios básicos, la ley de reforma fiscal conservadora o regresiva de 2014 rebajó los tipos impositivos, pero cuantitativamente favoreció especialmente a los mayores contribuyentes por rentas del capital. Las rebajas acordadas para 2015 y 2016 en el IRPF, una especie de señuelo para las elecciones generales del 20 de diciembre ascienden a 9.000 millones de euros, cantidad que, curiosamente, coincide con la que reclama Bruselas para cumplir el déficit.
    La regresividad de la política fiscal, la reducción del gasto en dependencia, los cuatro millones de parados inscritos que han sufrido la merma  de prestaciones por desempleo o pérdidas en su totalidad, muestran claramente  que la lucha anticrisis la sufrieron de forma más acusada los trabajadores y las clases medias bajas.
    El resultado de tales factores, como no podía ser otro, fue la profunda brecha social. Ante el injustificable silencio del Instituto Nacional de Estadística respecto a la distribución personal de la renta, tenemos que valernos de ONG como Oxfam Intermón y de Cáritas para conocer la realidad social.
    Cáritas elaboró un informe que hizo público el 19 de enero de 2016 titulado “Una economía al servicio del 1%” en el que se afirma que los veinte españoles más ricos acumulaban el año anterior tanto como el 30% de la población más pobre. Como el 30% representa 13.950.000 personas, a cada uno le corresponden 7.200 euros, que en muchos casos significa la carencia de toda clase de recursos. Cada uno de los cresos tendría la misma fortuna que 77.000 de sus conciudadanos.
    Otro dato que ilustra como el partido conservador entiende la política es la forma en que legisló. Haciendo uso y abuso de su mayoría parlamentaria, aprobó una serie de leyes polémicas en solitario con desprecio de la oposición: reforma laboral, fiscal, educativa, aborto, seguridad ciudadana. De desafortunada debe calificarse la relación entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña por la incapacidad no solo de entendimiento sino incluso de diálogo entre ambas partes personificadas en Mariana Rajoy y Artur Mas. El segundo, culpable de su aventurerismo independentista y el primero, responsable de su inmovilismo y cerrazón. El resultado del enfrentamiento plantea un desafío que habrá de afrontarlo el nuevo Ejecutivo y cuyo desenlace causará heridas a ambas partes.
    Con los argumentos expuestos es imposible valorar el saldo como positivo. Así lo debieron entender los más de tres millones de sus votantes que le negaron su voto el 20-D, en justa reciprocidad a los oídos sordos que hizo ante las protestas y quejas del resto del Parlamento.
    Si, como parece, los próximos acontecimientos implican el final de la carrera política de Rajoy, no le echarán de menos los parados, los empobrecidos, los trabajadores precarios, los jóvenes emigrados o los que buscan en vano su primer empleo.

lunes, 8 de febrero de 2016

Europeos de primera



    En una época como la nuestra, en la que naciones de gran extensión impulsan la abolición de las fronteras para formar unidades políticas de mayor tamaño, cual es el caso de la UE, resulta sorprendente y pintoresco que unos cuantos países liliputienses, ubicados dentro de los límites geográficos europeos se mantengan incólumes, ajenos a las corrientes unificadoras, y conserven su soberanía nacional respetada por todos, como si su pequeñez fuera la garantía de su supervivencia.

    Estos microestados son, de mayor a menor, los siguientes: Andorra de 468 km2 y 64.000 habitantes; Liechtenstein 160 km2 y 32.000 habitantes; San Marino 61 km2 y 24.000 km2; Mónaco de 1,6 km2 y 32.000 habitantes; y Ciudad del Vaticano de 0,44 km2 y 1.000 habitantes.

    En total, los cinco microestados ocupan una superficie de 697 km2, inferior a la quinta parte de la más reducida de las provincias españolas.

    Cada uno tiene un origen y “status” especiales, siendo todos ellos enclaves geográficos de difícil justificación racional. Andorra obtuvo su independencia en 1278 por obra del obispo Poncio de Villarmunt, y actualmente constituye un coprincipado cuya jefatura de estado se reparten el presidente de la República francesa y el obispo de la Seo de Urgel. Un régimen “sui generis” por demás.

    Liechtenstein es un principado fundado hace 1608 por Carlos I, de lengua alemana y religión católica, regido por una monarquía hereditaria, representado en el exterior por Suiza.
    Mónaco se convirtió en posesión de los Grimaldi (que siguen ocupando el poder) en 1419. Fue protectorado español en el siglo XVI, anexionado por Francia en 1793 y de nuevo independiente en 1961. Se habla francés e italiano y predomina la religión católica.
    Ciudad del Vaticano es sede del Papado desde 1377, quedando anexionada por Italia en la segunda mitad del siglo XIX tras la unificación del país. Recuperó su independencia en 1929 en virtud de los Pactos Lateranenses .firmados por el Papa Pío XI y el “Duce” Benito Mussolini. Es el único Estado teocrático del mundo, gobernado por una Comisión Papal.
    Excepto este último, los cuatro restantes son refugio de millonarios, atraídos por la opacidad fiscal que disfrutan. Además de los beneficios que les proporciona su condición de paraísos fiscales, los cinco tienen como fuente común de ingresos públicos el turismo y la emisión de sellos postales que apenas se usan para franqueo sino que son vendidos a los coleccionistas filatélicos.
    Además, cada uno de estos curiosos países explota formas específicas de negocio: Andorra, el contrabando; Liechtenstein sirve de domicilio fiscal a millares de empresas extranjeras; el Vaticano vende objetos y recuerdos religiosos; y Mónaco explota el juego en sus casinos.
    Gracias a tan lucrativos negocios, todos disponen de una renta per capita muy superior a la media de la UE.
    Las singularidades no son solo las dichas. Cada microestado tiene las suyas. Andorra no tuvo una Constitución ni firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta 1993, y Montecarlo aumentó el 20% de su territorio arrebatándoselo al mar. El Vaticano está mayoritariamente poblado por hombres, tiene como lengua oficial el latín, una lengua muerta, y mantiene una guardia de suizos armados y vestidos a estilo medieval; y Liechtenstein no reconoció el derecho al voto de las mujeres hasta 1983. En todos, los extranjeros superan con creces a los nacionales y la nacionalización está sumamente restringida. A medida que mejora el bienestar de la UE ellos son los primeros beneficiarios sin que tengan que mover un dedo. Sus habitantes son unos auténticos europeos de primera.

    No es extraño que muchos nos preguntemos qué sentido tiene seguir amparando la pervivencia de estos singulares entes políticos, verdaderos anacronismos históricos que facilitan el fraude fiscal y otorgan privilegios a un reducido grupo de familias, sin otro mérito que haber nacido en estos Estados de opereta.
    Los cinco países liliputienses no son los únicos que se benefician de la prosperidad de la UE. Dos países más, europeos, Luxemburgo y Suiza, disfrutan de un “status” singular que les convierte en europeos de primera.
    El primero es miembro fundador de la UE y tiene la renta per capita más alta de todos, es sede de muchos fondos de inversión y de multinacionales al amparo del tratamiento fiscal favorable que reciben. El sector financiero proporciona el 40% de su PIB.
    En cuanto a Suiza, obtiene cuantiosos dividendos de su neutralidad centenaria. No se integró en la ONU pero alberga muchas de las agencias internacionales. Su institución más preciada es el secreto bancario que permite blanquear el dinero más sucio del mundo, y ya blanqueado transferir una parte a fondos de inversión luxemburgueses para que las agencias tributarias no se enteren.
    Son anomalías históricas que ejercen efectos socioeconómicos sobre las naciones más ricas cuyos Gobiernos miran para otro lado.