Máximo Cajal

El pasado 3 de abril fallecía en Madrid Máximo Cajal López, un diplomático de gran talla que dedicó su larga carrera al servicio de España. Ocupó todos los puestos del escalafón y en el desempeño de sus cargos participó activamente en acontecimientos tan destacados como la adhesión de nuestro país al Tratado de No Proliferación Nuclear, la firma en 1988 de Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos que terminó con la entrega de la base militar de Torrejón de Ardoz, y el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, entre otros hechos notables.

    En 1980, siendo embajador en Guatemala estuvo a punto de perder la vida en el incendio de la legación española provocado por los esbirros del general Fernando Romero Lucas, lo que encima fuese objeto de sañudos ataques mediáticos de la derecha.

    Para mí, Cajal tiene un mérito especial como autor del libro “Ceuta y Melilla, Olivenza y Gibraltar; ¿Dónde acaba España?” (Siglo XXI, 2003) que reforzó mis convicciones de que las plazas africanas y el Peñón constituyen otras tantas anomalías cuya solución pasa por amortizar su actual “status” jurídico-político.

    Si Gibraltar es la única colonia del continente europeo, Ceuta y Melilla tienen la misma naturaleza colonial con respecto a África por mucho que queramos integrarlas en el territorio nacional. También Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental fueron declaradas provincias españolas, y ello no fue óbice para que la primera obtuviera la independencia en 1969 y la segunda fuese entregada a Marruecos en 1974 en perjuicio de sus habitantes que desde entonces viven refugiados en Tinduf (Argelia) en espera de que el gobierno marroquí cumpla las resoluciones de Naciones Unidas para que se celebre un referéndum de autodeterminación.

    Hoy por hoy, las dos ciudades autónomas constituyen un quebradero de cabeza para España; son nuestra frontera africana, son un muro de contención de la inmigración irregular, tienen un coste considerable, son estratégicamente indefendibles y no forman parte del territorio amparado por la OTAN para su defensa. En suma, un semillero de problemas.

    Cajal, sabiendo la oposición con que se encontraría, tuvo la valentía de estudiar a fondo la situación de los tres enclaves y proponer una negociación conjunta con Londres y Rabat que condujeran a un acuerdo mutuamente satisfactorio.

Deflación al acecho

    España, junto con otros países del sur de Europa, miembros de la Eurozona, sufre una de las patologías económicas más peligrosas, consistente en una bajada persistente de precios que llevó al IPC a registrar un descenso del 0,1% con respecto al dato de del mismo mes del año anterior, en el mes de marzo. Si este fenómeno monetario fuese de escasa duración se denominaría desinflación y si se prolongase en el tiempo estaríamos ante un caso de deflación, de efectos más negativos que una tasa alta de inflación. De si se trata de desinflación o de deflación es la duda que mantiene al Banco Central Europeo (BCE) a la expectativa, a pesar de las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea (CE) para que tome medidas que reviertan el proceso.

    Si el tiempo confirmase la deflación podría ser tarde para actuar con eficacia, como ha comprobado a su costa Japón que lleva más de veinte años intentando en vano salir de ella. Las consecuencias que produce son reprimir el consumo y la inversión, dañar el crecimiento, originar devaluación interna en forma de lesión de los derechos laborales y rebaja de salarios, lo que motiva la caída del consumo. Cuando los precios bajan, la gente pospone sus decisiones de compra porque espera hacerlo con precios aun más baratos. Es lo que se observa ahora con la semiparalización de la venta de pisos. Las empresas no invierten porque la demanda se contrae, y el pago de las deudas se hace más oneroso al aumentar el valor del dinero. Con la misma cantidad se pueden adquirir más bienes. En conjunto, la deflación favorece a los rentistas en perjuicio de emprendedores y consumidores.

    Como en medicina, la previsión es mejor que la terapia, pero en economía no es fácil reconocer e identificar los síntomas para diagnosticar la enfermedad y prever su evolución. Entre los economistas es frecuente la diferencia de criterios a la hora de interpretarlos y predecir su grado de peligrosidad. En medicina los descubrimientos provienen de experimentos en laboratorio pero la ciencia económica no puede seguir ese método. Se vale de la experiencia histórica y se inspira en los resultados obtenidos en crisis anteriores, y aun así, existe el riesgo de fracasar porque los agentes económicos y sociales pueden reaccionar de forma diferente.

    Ante la gravedad de la situación actual los gobiernos europeos dirigen sus miradas al BCE para que actúe sin demora, pero el presidente, el italiano Mario Dragui prefiere esperar y ver y se apoya en el efecto de sus palabras, de modo que en la reunión del 3 de abril se limitó a decir que “si en el futuro la evolución de los precios se sigue alejando del objetivo del 2% de inflación, el Eurobanco pondrá en marcha las medidas que le reclaman desde Washington y Bruselas”. La voz discordante la pone Alemania, siempre reacia a cualquier gesto que pueda implicar el menor riesgo de inflación. Curiosamente, ese “no hacer nada” fue bien acogido por las Bolsas, pero la euforia solo duró un día.

    Las medidas que se piden al BCE para facilitar la recuperación económica van desde una mayor flexibilidad de la política monetaria para que circule más dinero y aumente el crédito bancario, hasta cobrar por los depósitos de los bancos en lugar de remunerarlos (actualmente al 0,25%) pasando por la compra de títulos de empresas privadas, y mejor aun, deuda pública.

    El peligro de esperar en vez de actuar está en pasarse de plazo, en cuyo caso la receta sería inane, ineficaz. Dragui confía en el efecto sanador de su advertencia. El tiempo le dará o quitará la razón. Si acertase, se habría ganado el nombre de mago de la palabra.

    Por supuesto, sería deseable que se saliese con la suya, porque es mucho lo que nos jugamos en la apuesta.

Justificia imperfecta

    Por si hiciera falta un testimonio demostrativo de cómo funciona la administración de justicia, nos lo ha dado un episodio acaecido en el pasado enero. Un caso de corrupción en Cataluña que involucró a inspectores de Hacienda y truncó la carrera política de Josep Borrell, en el que el principal acusado  fue el constructor y a la sazón presidente del Barcelona, Josep Lluis  Núñez, terminó su recorrido judicial con la sentencia  del Tribunal Supremo con condenas de entre seis años y tres meses.

    Lo sorprendente del caso es que la sentencia definitiva se hizo pública 21 años después de acaecidos lo hechos delictivos y 15 desde que fueron denunciados. La lentitud y el retraso de que se acusa a la justicia no precisa en este caso de ulterior justificación. Además de lenta, no le faltan otros adjetivos como cara, desigual y corporativista.

   El retraso de las sentencias hace que sean percibidas como injustas. No es infrecuente que la muerte de los justiciables se adelante al resultado de los juicios.

    Es cara, y mucho más desde que el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón multiplicara el importe de las tasas judiciales, lo que representa un obstáculo insalvable para que mucha gente pueda recurrir a las instancias judiciales. De esta manera tendremos una justicia para ricos y otra para pobres, a menos que estos consigan la asistencia gratuita de abogados de oficio. Esta situación desmiente una vez más el principio de la igualdad ante la ley.

    Es desigual como consecuencia de lo anterior porque mientras los potentados pueden contar con letrados de primera línea, agotar todos los recursos posibles y depositar la fianza que les libere de la prisión preventiva, quienes carecen de medios solo tienen a su alcance la defensa del abogado de oficio sin posibilidad de evitar la prisión si así lo decide el juez.

    Se le atribuye al estamento judicial un alto grado de corporativismo que se traduce en la defensa cerrada de los jueces por sus colegas. Le ley permite que sean juzgados por ellos mismos, lo que resta objetividad al juicio. En el episodio a que me refería al principio, el Tribunal Supremo aplica ciertos atenuantes que atribuye a la “cuestionable decisión” de “acumular hasta siete piezas en un solo procedimiento” sin señalar responsables, y critica la “disparatada prolongación de las sesiones del juicio oral” con el mismo silencio sobre posibles causantes de la demora.

    La independencia del juez es condición indispensable para el ejercicio de su profesión, pero contra ella atenta la composición del Consejo General del Poder Judicial cuyos miembros son designados por el Parlamento en función del número de diputados de los partidos políticos. También pueden restar independencia las presiones indirectas de los medios de comunicación, con frecuencia adictos al poder o a determinadas corrientes.

    Lo expuesto prueba con claridad meridiana la necesidad de amplias reformas del poder judicial, reformas que los partidos políticos son remisos a implementar, como lo son los Gobiernos a la hora de dotarlo de los medios personales y materiales necesarios para optimizar su funcionamiento. En materia de reformas legales, el Parlamento no quiere hincar el diente a normas que por su antigüedad han devenido obsoletas. Baste citar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue aprobada por Real Decreto del 14 de setiembre de 1882 y el Código Civil data de 1889.

    Tan necesaria como cualquier otro servicio público es la justicia, pues se trata del cauce de que dispone la sociedad para restablecer el imperio de la ley y amparar a los ciudadanos frente a las transgresiones y abusos que alteran la normalidad.

De qué reforma hablamos

Conocido que fue el informe sobre la reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el 20 de marzo de 2014, desató toda clase de críticas negativas, e incluso el Gobierno que lo había pedido se desligó de su contenido. Claro que ante el rechazo uno se pregunta por qué se hizo el encargo a espaldas de organismos públicos como el Instituto de Estudios Fiscales. O cómo se seleccionó a los componentes del comité llamado de “sabios”. El coordinador, Manuel Lagares intervino en todas las reformas del sistema tributario desde 1970, excepto la de 2006 en que el Gobierno socialista prescindió de su asesoramiento.

    Los efectos que produjeron nadie se atrevería a calificarlos de brillantes, ya que el sistema impositivo español suscita más reproches que elogios, toda vez que descansa  sobre las rentas del trabajo y cuando el empleo disminuye se resiente la recaudación, lo que denota su ineficiencia  e inequidad.

    El encargo y el rechazo del Gobierno del trabajo de los expertos, recuerda la auditoría que Feijoo encomendó a KPMG sobre la solvencia de Caixagalicia y Caixanova con vistas a la fusión de ambas entidades. La tarea se concluyó en 15 días, y como el que paga manda, la conclusión fue  la que deseaba la Xunta, si bien no sirvió para nada porque el Banco de España contaba con los informes de los inspectores. El coste de un millón de euros se podría haber ahorrado sin perjuicio para nadie y probablemente podrá decirse lo mismo del dirigido por Lagares, cuyo precio no se ha hecho público. Su fama de “sabio” no lució a gran altura durante los años que estuvo vinculado a la Confederación Española de Cajas de Ahorros, cuyas entidades en su inmensa mayoría terminaron en bancarrota.

    En cuanto al informe en cuestión, destaca su marcada tendencia protectora de las rentas más altas. Propone, entre otras cosas, subir el IVA del 21% al 23% y reducir el IRPF pasando el tipo mínimo del 24,75% al 20% y el máximo del 56% al 50%. La rebaja del tipo mínimo quedaría más que compensada por el nuevo IVA que incluiría además pasar del 10% al 21% los alimentos elaborados que forman parte de la cesta de la compra. A este último cambio la terminología oficial llama reclasificación de conceptos, al igual que a la amnistía fiscal la denominaron regularización extraordinaria.

    Lo que hace falta en materia fiscal es una reforma a fondo  que se base en los impuestos directos como es el IRPF y el de Sociedades para obtener el grueso de la recaudación que gravan los ingresos y no en los indirectos que recaen sobre el consumo. Los primeros son más progresistas y más redistributivos, y además, los primeros tienen la ventaja de no incidir en los precios, con lo que se evitan las tendencias inflacionistas, Otro cambio, debe reducir la diferencia entre la presión fiscal de las rentas del capital y las del trabajo que atenta contra la equidad del sistema lo cual no parece haber preocupado en absoluto a los redactores del informe comentado.

    Son solo algunos de los aspectos que deberá contener una auténtica reforma para que pueda ser considerada como tal y que contribuya a atenuar la desigualdad social.

Adolfo Suárez: la despedida de un símbolo

Ha sido conmovedor el último adiós dado al que fue primer presidente de Gobierno de la democracia española, Adolfo Suárez, fallecido el 23 de marzo de 2014, con la presencia de los máximos representantes del espectro político, incluidos quienes le atacaron de la forma más mezquina mientras gobernaba. Parecía que el beso de la muerte había descubierto sus méritos y ocultado los fallos que antes le atribuían y afeaban. Diríase que quienes le crucificaron en vida, una vez desaparecido, le glorificaban.

    Tras su fallecimiento, el Gobierno no sabía cómo colmarle de honores. Primero se le concedió a título póstumo el collar de Carlos III (a buena hora) y se le dio su nombre al aeropuerto de Barajas. El ayuntamiento de Madrid le nombró hijo adoptivo. Sin duda, seguirán llegándole distinciones que se le negaron en vida.

    Cuando ya no está presente se le reconocen sus virtudes, comenzando por los medios de comunicación que exaltaron al máximo su personalidad

y consiguieron  que mucha gente sintiera su pérdida como propia.

    Se recordó y elogió su capacidad de asumir riesgos (ley de reforma política que abrió el camino a la Transición o la sorpresiva legalización del Partido Comunista), o la valentía que demostró al negarse a obedecer la orden de esconderse bajo el asiento el 23-F: su clarividencia para iniciar y llevar a término el arriesgado tránsito de la dictadura a la democracia, consensuándolo previamente con partidarios y detractores.

    Por su entrega a la causa recibió como premio la embestida inmisericorde de tirios y troyanos y la traición de sus más allegados políticos hasta hacerle sentir la amargura de la soledad que le llevó a dimitir sin que nadie se lo pidiese; otro gesto más que le honra. El carácter voluble de la opinión pública se puso de manifiesto con la derrota del Centro Democrático y Social, partido con el que Suárez pensaba volver a la política después de la debacle de Unión de Centro Democrático.

    Tampoco la fortuna le fue propicia en su vida personal. Primero sufrió la muerte prematura de su hija, víctima de un cáncer, y poco después la pérdida de su esposa a causa de la misma enfermedad, y finalmente, once años de vida sin vivirla por efecto del alzhéimer.

    Ha sido gratificante ver juntos ante el ataúd a los líderes políticos de todas las ideologías en justo homenaje a quien fue el partero de la democracia que disfrutamos. Ojalá que esta concurrencia guíe a nuestros políticos a la altura de miras y el diálogo constructivo del que hizo gala Adolfo Suárez. Sería el mejor homenaje que pueda honrar su memoria. Pobres de los pueblos que esperan a la muerte para honrar a sus héroes.