En la vida hay sucesos que no dejan de
sorprendernos por más frecuentes que sean cuando guardan relación con personas de
relevancia social o política, y nos obligan a meditar sobre sus circunstancias
causales. Me refiero en este caso a la codicia como factor determinante de
determinadas conductas. La razón de que pergeñe estas líneas viene dada por la
reciente lectura del periódico en una de cuyas páginas interiores aparecía la
noticia de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –un curioso apellido trilítero
como el mío- imponía al que fue poderoso
presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, y nueve directivos más de
la empresa, una fianza conjunta de 1.200 millones de euros para responder de
delitos societarios, estafa y falsedad en documento mercantil, y a la vuelta de
la página figuraba el desglose de las ayudas públicas percibidas por la banca
española por importe de 61.000 millones, aparte de otras cantidades a cargo del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y sin incluir tampoco las
pérdidas que puedan tener los compradores de los bancos nacionalizados asumidas
por un programa denominado Esquema de Protección de Activos (EPA) por cuenta
del Estado.
Ambas noticias tienen en común el exceso de
codicia que cegó a los gestores de Pescanova y los de los bancos y cajas de
ahorros. Todos ellos se embarcaron en un proceso de expansión desbocada con la
finalidad de aumentar las ganancias y obtener así sueldos más suculentos,
aunque ello comportase el endeudamiento fuera de toda prudencia hasta poner en
peligro la solvencia de las respectivas sociedades, peligro que se hizo real y
efectivo al pincharse el globo de la burbuja inmobiliaria y conducir a la
quiebra de unas y otras entidades. Otra coincidencia es que en ambos casos, los
administradores manejaban dinero ajeno, y por tanto, mientras las cosas iban
bien ellos se embolsaban sustanciosas retribuciones, y si la apuesta fallaba, los
paganos serían los accionistas de la pesquera o el Estado, es decir, los
contribuyentes. Eso se llama jugar con ventaja.
Un aspecto en el que no coinciden los
protagonistas es en la responsabilidad civil y penal de sus actos. Si se
confirmasen los delitos que se le imputan a Fernández de Sousa podría dar con
sus huesos en la cárcel. En cambio, los directivos de bancos y cajas se llaman
andana y, o bien siguen en sus cargos como si nada hubiera pasado, o bien se
retiraron a disfrutar de sus cuantiosos ingresos. Esta diferencia muestra que apropiarse
de caudales públicos se considera menos delictivo que hacerlo en la esfera
privada. Quienes con sus dislates provocaron la ruina y el paro de millones de
españoles pueden imitar a aquel juez que envió a un ujier a notificar un auto y
el destinatario le atizó dos sonoras bofetadas, y dirigiéndose al magistrado y
señalando su cara dijo que en ella habían ofendido a su señoría, a lo que éste
contestó “ahi me las den todas”. De momento, ningún banquero ha ido a prisión y
el único que entró en ella salió a los ocho días, y al juez que lo encarceló le
retiraron la instrucción de la causa y está sometido a denuncia por falta
grave. Y después leemos en la Constitución que ante la ley todos somos iguales.
Vivir para ver.
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