Externalización

Hay situaciones, a todas luces injustas, que no se discuten por llegar a considerarlas normales hasta que nos sorprenden con el estallido de un conflicto que se alarga en el tiempo, con las consiguientes molestias de personas ajenas al origen y desarrollo de la cuestión. Tal es el caso de la huelga declarada por los trabajadores del aeropuerto de Barcelona.

El conflicto laboral puso de manifiesto las consecuencias de la privatización de servicios públicos desempeñados por personal civil. El proceso llamado externalización se inició en las empresas privadas y no tardó en ser aplicado también en el sector público. Consiste en que las primeras dan de baja en sus plantillas a personal poco cualificado que desempeñan labores auxiliares, tales como limpieza, mantenimiento, vigilancia, etc, el cual pasa a depender de otras empresa, habitualmente en peores condiciones laborales, a la vez que, globalmente, se incrementa la desigualdad de ingresos con respecto a los empleados que conservan sus puestos.

En cuanto a los organismos públicos, el proceso comienza por la privatización de determinados servicios que se encomiendan a empresas privadas seleccionadas por concurso, uno de cuyos méritos es la rebaja ofrecida del coste. Volviendo al caso de Barcelona nos encontramos con que Aena privatizó el 49% del capital mediante una oferta pública de venta en bolsa cuyas acciones fueron un excelente negocio para los compradores, y dio la concesión de la seguridad a la empresa Eulen.

Tanto la empresa pública como privada, con la externalización buscan reducir costes, a la vez que se despreocupan de bajas por enfermedad y vacaciones. De lo que no pueden librarse es de las huelgas que se produzcan en la concesionaria cuando las relaciones con su personal se tensan demasiado y no hay acuerdo entre ambas. El personal de Eulen en el aeropuerto, según noticias de prensa, percibían un sueldo bruto de menos de mil euros y una intensidad de trabajo fuera de lo normal. Sus reivindicaciones se centraban en un refuerzo de la plantilla y un sobresueldo de 350 euros. Como las negociaciones no dieron resultado, el ministerio de Fomento se vio obligado a recurrir a la designación de un árbitro que emita un laudo de obligado cumplimiento, ante las desesperantes colas delante de los filtros de seguridad.

El episodio descubrió los inconvenientes de la externalización de servicios públicos con finalidades lucrativas. Cuando sociedades mercantiles se hacen cargo de tales servicios, lo hacen con el propósito de obtener beneficios, porque tal es su razón de ser. Los medios para conseguirlo son solamente dos: aumentar los ingresos y/o disminuir  los gastos. Para lo primero suele acudirse a la elevación de precios, y para actuar con menores costes, la clave está en recortar el número de trabajadores y/o rebajar los salarios, lo cual redunda en un deterioro del servicio. Con estas prácticas la Administración contribuye indirectamente a la pauperización de los trabajadores y a la desigualdad social, justamente lo contrario de lo que se espera de un Estado social y de derecho como proclama la Constitución.

Las privatizaciones tienen su apoyo doctrinal en el neoliberalismo económico, según el cual, el Estado es el problema y no la solución, y en consecuencia, hay que transferir sus funciones a la iniciativa privada, con la mínima intervención regulatoria, opinión que no se compadece en absoluto con la realidad. Abandonar la actividad pública al libre juego de la oferta y la demanda da lugar a una sociedad compuesta de una elite poderosa y enriquecida, una clase media a la que se exprime el bolsillo y un sector, el más numeroso, de trabajadores mal retribuidos al borde o hundidos en la pobreza. Es decir, una sociedad dual de ganadores y perdedores. La mejor demostración de esta realidad la ofrece Estados Unidos que, siendo el país más liberal, es también el más desigual del mundo desarrollado. Respecto a la iniciativa privada es preciso recordar que las crisis económicas recurrentes son obra del mercado libre con insuficiente regulación administrativa de sus actividades.

A tal punto llega la ideología neoliberal que la Administración contrata con empresas privadas servicios tan delicados como la seguridad, y así vemos como el control de entrada a oficinas de juzgados, Hacienda, etc. son realizadas por vigilantes jurados. La cuestión es restringir al máximo el número de funcionarios públicos a los que, por otro lado, no se quiere tocar para corregir sus deficiencias, y por ejemplo, se creó el INEM con el objetivo de intervenir en la búsqueda de empleo pero se ha dejado en manos de empresas de empleo la búsqueda de nuevos puestos de trabajo, mediante, por supuesto, de una retribución, y la Xunta ofrece cantidades de hasta tres mil euros a la que consiga ocupación a un desempleado.

El retraso de Galicia

Es incuestionable que el panorama socioeconómico gallego ha mejorado mucho, sobre todo después de la adhesión de España a la UE y sus ayudas a través del FEDER, pero también es cierto que no solo no convergemos con Europa sino que nos alejamos de las regiones españolas más dinámicas (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña). Seguimos padeciendo un atraso relativo formando parte del grupo de las comunidades menos desarrolladas (Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla León, entre otras.)

El más reciente testimonio de nuestra asimetría nos lo ofrece el servicio de estudios del BBVA, el cual, en las previsiones de crecimiento que establece para 2017 afirma que la economía gallega no logrará seguir el ritmo de la española.

El desfase debería llamar la atención de las autoridades autonómicas para examinar con objetividad y profundidad las causas de nuestro rezago y orientar la política económica de manera más eficiente para salir lo antes posible del pelotón de cola.

Nadie duda que las medidas a adoptar por la Xunta tendrán que ofrecer apoyo a las iniciativas empresariales basadas en las nuevas tecnologías. Tales medidas deberían comenzar por eliminar los obstáculos al desarrollo, tanto físicos (por ejemplo, las comunicaciones) como institucionales (reordenación territorial, fusión de municipios, supresión de diputaciones) y administrativas (excesivos trámites burocráticos para la creación de nuevas empresas, apertura de la prometida ventanilla única, etc).

Otro capítulo de la actuación pública consistiría en la oferta de economías externas. Aquí el capítulo tiene un amplio campo de aplicación. Citaré, a título de ejemplo: a) mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles, b) especial atención a la formación profesional, creando cauces para el acceso a la universitaria. Este punto es de suma importancia pues el bajo nivel formativo medio es una barrera para incorporar las nuevas tecnologías. C) Incremento de la dotación presupuestaria de I+D+i, d) ofrecer suelo industrial donde haya demanda, e) apoyar con estímulos fiscales las actividades seleccionadas por su impacto socioeconómico e impulsar la concentración de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad y capacidad exportadora.

Las cuatro empresas públicas de capital riesgo dependientes de la Xunta deberían fusionarse para incrementar su capacidad operativa y utilizarla con criterios selectivos a favor de iniciativas empresariales bien fundadas que aporten valor añadido, creen puestos de trabajo y formen parte de sectores con futuro. Las subvenciones al aparato productivo deben restringirse a empresas viables, ya que de no hacerlo así se corre el peligro de alargar la vida de las incapaces de evolucionar o de formar parte de sectores condenados a desaparecer, y a la vez aumentando el riesgo de no recuperar las ayudas concedidas, que resultarían inútiles para el objetivo perseguido.

La tarea que se ofrece no es fácil ni puede llevarse a cabo en un año, pero no se debía perder tiempo en comenzarla con decisión con objeto de iniciar un camino que nos lleve a que Galicia figure entre las comunidades más modernas y dinámicas.

La reforma laboral

A más de cinco años pasados desde la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por el Gobierno, es pertinente examinar las diversas opiniones sobre los resultados obtenidos con su aplicación. Como era de esperar, las valoraciones son divergentes según la posición social de cada uno.

Si los encuestados son los sindicatos sus opiniones son pesimistas, y no digamos si la pregunta se dirige a trabajadores en paro y los que solo laboran unas horas a la semana, con sueldos proporcionales que no permiten a sus familias llegar a fin de mes.

Quienes se muestran contentas pero no satisfechas son las organizaciones empresariales, curiosamente apoyadas por organismos internacionales tales como la Organización para la Cooperación y el desarrollo (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea. Para ellas la norma es acertada pero debería ser completada con nuevas disposiciones complementarias. Sus representantes  repiten como un mantra la necesidad de aumentar la flexibilidad laboral y salarial en aras de la competitividad. El Gobierno buscó con su reforma la devaluación salarial, la precarización del empleo en forma de contratación temporal, trabajo a tiempo parcial y el abaratamiento del despido, y lo ha conseguido. En estas condiciones es cierto que se han aligerado las listas del INEM pero con muchos empleos que no han liberado de la pobreza a los interesados. No se entiende el afán de la CEOE por exprimir aun más las condiciones de trabajo como no sea que pretenda legalizar el despido libre y gratuito. O sea, la completa indefensión de los trabajadores.

Es injusto que según las previsiones del Banco de España, el PIB crecerá en 2017 el 3,1% en tanto que los salarios no se incrementarán en más del 1%. Ello supone que algunos agentes económicos recibirán el 5% o más de la riqueza producida.

A todo esto vino a terciar en la cuestión el prestigioso economista vigués Antón Costas en su columna quincenal de El Pais Negocios. A su juicio, el mercado laboral español no es menos flexible que el de la mayoría de los países de nuestro entorno y atribuye la restricción de la competitividad a la pobre calidad media de la gestión empresarial, a la escasa dimensión media de las empresas y considera que los efectos de la reforma de 2012 sobre la competitividad y el crecimiento son irrelevantes.

Es posible que el crecimiento de las exportaciones se deba en una parte al menor nivel de los costes salariales, a lo que coadyuvaron otros factores coyunturales como la devaluación del euro, que por su naturaleza no son estables. Según Costas, la vuelta al crecimiento a partir de 2013 tiene poco que ver con la reforma y sí con la nueva política del Banco Central Europeo y la relajación de la Comisión en cuanto a su exigencia de austeridad fiscal.

Si los buenos datos de la economía deben poco a la reforma laboral, ¿qué efectos produjo o se derivaron de ella? Se puede decir que envileció el mercado laboral, erosionó el Estado de bienestar, decapitó las defensas de los trabajadores, debilitó la capacidad de los sindicatos y, como resultado de todo ello, descargó sobre la parte más débil de la sociedad el peso de la crisis, y ahondó la desigualdad social.

La derogación o corrección a fondo de la reforma es un imperativo de justicia social, de equidad y de solidaridad. Es un requisito indispensable para que el Derecho del Trabajo recobre el carácter tuitivo que tuvo desde su origen.

Promoción pública de empresas

A juzgar por la información aparecida en Faro de Vigo del 31 de julio, el panorama de las inversiones de la Xunta de Galicia como aportaciones a empresas privadas en dificultades, es todo menos optimista, por las pérdidas que causan al erario público.

Xes Galicia (instrumento de la Xunta para este fin) es la gestora de una sociedad anónima (Sodiga) y seis fondos de capital riesgo: Emprende, Adelante, X-Innova, Fondo Tecnológico I2C, Galicia Iniciativas Emprendedoras y X-Impulsa Ferrol. Todas ellas financiadas mayoritariamente por el Instituto Gallego de Promoción Empresarial (IGAPE), excepto el último fondo en que aparece como partícipe Abanca. En los cuatro años anteriores a 2016 las pérdidas asumidas por Xes Galicia ascendieron a 70 millones de euros. A la vista de estos resultados, parece razonable una revisión de los procedimientos empleados y de la selección de las empresas beneficiadas.

Lo primero que sorprende a un observador imparcial es que todos los fondos, incluida Sodiga, y el Igape tengan por objeto la promoción de la actividad empresarial y sin embargo estén conformadas por entidades independientes. Demasiados gestores y expertos. Es de esperar que unos y otros sean elegidos por su capacidad y experiencia demostradas y no por sus afinidades políticas, como se hizo en las cajas de ahorros con las nefastas consecuencias que hemos conocido.

La capacidad de inyectar fondos públicos en organizaciones privadas en apuros es muy delicada de ejercer con objetividad e independencia, porque abundan los cazadores de subvenciones que lanzan la caña por si pica algún pez y de esta manera hacerse con una parte de la tarta. Para hacerlo más difícil, quienes deciden no siempre están libres de presiones. Si la responsabilidad se divide en siete entidades, es más difícil unificar los criterios. Además, la pluralidad de entes aumenta el personal y crece el aparato burocrático que puede atentar contra la agilidad administrativa que se reclama a los organismos públicos.

La concesión de ayudas públicas, además de ajustarse a la normativa aplicable, debe ir precedida de un concienzudo estudio del balance contable, de la viabilidad y competitividad de la empresa solicitante, del capital propio que arriesgan los promotores y, sobre todo, de la capacidad demostrada de éstos como gestores y cumplidores de sus obligaciones.

El hecho de participar en el capital social debe implicar el derecho de supervisión de las decisiones fundamentales de la sociedad ayudada, sin esperar a la presentación de las cuentas anuales, con el fin de evitar a tiempo malas prácticas que pueden conducir a la insolvencia.

Una cualidad exigible a la Administración es la publicidad y transparencia de sus actividades, condición especialmente aplicable a las convocatorias del IGAPE y de Xes Galicia a fin de que puedan concurrir quienes se consideren con derecho a hacerlo, habida cuenta del importe limitado de las ayudas disponibles. Con respecto a la publicidad, llama la atención que en Internet solo aparezcan las memorias del IGAPE de 2014 para atrás.

Por último, las cuentas son auditadas por KPMG, pero supongo que tanto Sodiga como los fondos, por ser entidades privadas, eluden la inspección del Tribunal de Cuentas.