martes, 30 de octubre de 2012

Distribución personal de la renta



    Si sumamos las rentas atribuidas a los factores de la producción por pago de su aportación a la actividad productiva, o sea, salarios (rentas del factor trabajo), alquileres e intereses (rentas del capital), y beneficios (rentas de los empresarios), tenemos la renta nacional de un país en un año determinado, que se identificaron el total de las rentas percibidas por todos los residentes en el país en cuestión. El dato, comparado con el de otras economías nos permite conocer el grado de desarrollo económico de las mismas.

    Dividiendo la renta nacional por el número de residentes, el cociente nos da la renta media o renta per cápita, lo que se utiliza como medida del bienestar de la población del país de que se trata. Pero lo más probable es que la cifra sea muy poco representativa al coincidir con lo percibido por escaso número de personas. Lo previsible es que los ingresos de muchas personas estén por debajo de la media en tanto que un grupo mucho menor esté por encima.

    Para que la sociedad no sea demasiado desigual, el Estado puede intervenir por dos vías diferentes: regulando los precios de consumo o a través de políticas distributivas. Un ejemplo en el primer caso sería la fijación del salario mínimo, la subvención del precio de artículos de primera necesidad o la congelación de alquileres.
   

    La intervención del Estado en la redistribución personal de la renta puede manifestarse en la política fiscal (impuestos directos), en la política del gasto público (suministro de servicios públicos: educación, sanidad, justicia, etc.), gastos sociales (subsidios a determinadas personas en estado de necesidad), gastos de la seguridad social y de asistencia social, indemnización a desempleados y ayuda a la vivienda (construcción de pisos de protección oficial, bonificaciones fiscales, préstamos a largo plazo y bajo tipo de interés y subvención de alquileres o de la adquisición).

    La renta media de los españoles en 2008 fue ligeramente superior a los 23.000 euros pero su reparto es bastante desigual. Aunque sorprendentemente no se dispone de datos oficiales que debería elaborar el Instituto Nacional de Estadística,  diversos estudios constatan que la distribución personal de la renta  dista mucho de ser equitativa como atestiguan dos datos significativos: la existencia de más de ocho millones de pobres, considerando como tales a quienes ingresan  menos del 50%  de la renta  media nacional. Las rentas salariales absorben el 44,49 del PIB, en tanto que el resto, con muchos menos perceptores, corresponde a beneficios empresariales, o lo que es lo mismo, a rentas del capital.

    Existen diferentes mecanismos que contribuyen a acentuar el desequilibrio de las rentas en favor de las clases media y alta. Uno de ellos es la educación. La enseñanza obligatoria es gratuita y la universitaria está fuertemente subvencionada, pero son pocos los hijos de trabajadores no cualificados que acceden a la misma, lo cual significa que el Estado gasta mucho más en los hijos de familia de clase media y alta que en los de padres desfavorecidos.
    Posiblemente lo que más incide en la desigualdad social sea la política fiscal. La española es regresiva dada la importancia que se concede a la imposición indirecta sobre la directa. En esta última el instrumento más eficiente es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

    Tanto el PP como el PSOE en sus respectivos mandatos han rivalizado en rebajar este impuesto que es el elemento más efectivo de redistribución de que dispone el Estado. Primero redujeron los tramos de renta en perjuicio de la progresividad y después rebajaron en distintas ocasiones los tipos de gravamen a través de sucesivas reformas que beneficiaron especialmente a los que deberían ser los mayores contribuyentes. No contentos con esta redistribución inversa, crearon una formula de evasión legal como son las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) que permite tributar a las mayores fortunas al tipo impositivo del 1% de los beneficios en lugar del 43% a que estarían sujetas por el IRPF. Esto explicaría por que el número de contribuyentes que declaran ingresos de 601.000 o más euros no pasa del 0,2% que contrasta con la cantidad de signos externos, tales como las residencias de lujo, los vehículos de alta gama y el elevado nivel de vida.

  Los resultados de estas leyes condujeron a una mejora notable de la presión fiscal sobre los más acaudalados, una disminución sustancial de la recaudación del Estado, una pérdida de progresividad fiscal y una discriminación de las rentas del trabajo frente a las del capital, de tal manera que las primeras representan el 80% de lo que ingresa Hacienda por este tributo.

    A redondear los efectos nocivos del sistema vino a sumarse la reciente abolición del Impuesto sobre el Patrimonio, al tiempo que las Comunidades Autónomas se sumaba a la corriente recortando drásticamente el Impuesto de Sucesiones o simplemente suprimiéndolo.

    Es el triunfo del neoliberalismo que busca la pérdida de protagonismo del Estado, sin perjuicio de que, si las cosas pintan mal, no tiene reparo en acudir al padre Estado para que les saque de apuros.

    La mera exposición de los hechos demuestra con meridiana claridad la urgencia de acometer una reforma en profundidad del sistema tributario a fin de cumplir los principios constitucionales de igualdad y progresividad que los gobiernos de una y otra ideología convirtieron en letra muerta fomentando así la concentración de la riqueza. Tal política es claramente negativa con efectos perversos de manera especial en tiempos de crisis como la que estamos soportando. Curiosamente ha sido un gobierno conservador el que acaba de elevar la tarifa del impuesto sobre la renta, a lo que no se atrevió el gobierno que le precedió pese a su proclamado progresismo.

lunes, 22 de octubre de 2012

Diferentes terroristas



    El terrorismo es una plaga que se ha prodigado con excesiva frecuencia e intensidad durante el siglo XX y sigue presente en lo que va del XXI. Sus fuentes nutricias suelen ser la política y la religión. El terrorismo político acostumbra a seleccionar sus blancos entre personas que detentan la autoridad o el poder: los de motivación religiosa buscan, por el contrario, causar el mayor daño y la muerte del mayor número de víctimas de forma indiscriminada.
    Normalmente, la actitud de la gente ante el terrorismo es de condena, con la excepción de quienes lo apoyan, pero hay un país (Estados Unidos) que además que además los cataloga y clasifica. El Departamento de Estado publica cada año una lista con los nombres de las naciones que a su juicio financian, promueven, ayudan o amparan esta especie de violencia, así como las que se distinguen por su combate contra ella. De esta manera  divide a los Estados en buenos y malos, reservándose para sí –faltaría más- el puesto de cabeza entre los buenos, con derecho, por tanto, a impartir  lecciones de pacifismo y ética política.
    Los jueces inapelables reservan los peores lugares del escalafón con arreglo a su punto de vista y conveniencia, en función de su antiamericanismo. Tengo a la vista la clasificación de 2000 y en ella figuran como los peores Irán, Irak (antes de la invasión), Libia (cuando mandaba Gadafi), Sudán, Cuba y Corea del Norte. Sorprende la omisión de China cuando es un país tan comunista como Cuba. Pero no era oportuno señalarla con el dedo acusador pues pesaban y pesan mucho sus 1.300 millones de habitantes y las relaciones comerciales.
    Washington arrojaba a una especie de purgatorio a Afganistán y Pakistán, recordando que el primero era amigo a la sazón cuando le llovían los dólares y las armas para que derrotase a la Unión Soviética, y el segundo era un firme aliado. Sus gobiernos no se podían subir a los altares pero tampoco condenarlos al infierno de los réprobos-
   
Como el Gran Hermano lo sabe todo, dictamina en su informe quienes combaten mejor y peor la violencia terrorista, y entre los primeros colocaba a España, con el dudoso honor de emparejarnos con Argelia y Turquía que en aquel tiempo masacraban a sus nacionales. Hay honores que deshonran tanto a quien los otorga como a quienes van destinados.
    Lo más sorprendente del caso es que quien se arroga el derecho de expedir credenciales de decencia es un gobierno que se sirve de la CIA con un historial terrorífico usada para los fines más inconfesables, que practica el terrorismo internacional como arma política de la que cualquier Estado puede ser víctima como lo fueron entre otros la isla Granada y Panamá, y que mantiene a Guantánamo fuera de toda legalidad.
    La pretensión del gobierno norteamericano de erigirse en juez no se limita al campo del terrorismo, sino que se extiende al terreno de los derechos humanos, olvidándose de que en su casa el respeto a los mismos deja mucho que desear como pone de manifiesto el abrumador pliego de cargos presentado por Amnistía Internacional. Aquí viene como anillo al dedo la conocida sentencia “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.

lunes, 15 de octubre de 2012

¿Quién quiere gobernarnos?



    Nos hallamos en vísperas electorales en Galicia, País Vasco y Cataluña, las tres autonomías llamadas históricas, y ello es motivo para tejer una reflexión en torno al triple acontecimiento político.
    El escenario en que se desarrollarán los comicios es harto lastimoso y lamentable. Las tres comunidades autónomas han tenido que hacer –y es de temer que seguirán haciéndolo- recortes de gastos en áreas tan sensibles como sanidad, educación, investigación científica y atención a la dependencia. Todas están en recesión, con una agobiante deuda y con la economía hechos unos zorros (como el resto del país). Con una recaudación menguante, los presupuestos de 2013 no ofrecen perspectivas de mejora, sino la continuidad de los tijeretazos al Estado del bienestar. En resumen, el futuro a corto plazo (a más largo nadie se atreve a hacer pronósticos) se presenta incierto y oscuro.
    En la triple convocatoria a las urnas se cruzan apuestas distintas. En el País Vasco se trata de ver si el silencio (que no la desaparición) de ETA premia a quienes combatieron ala banda o dará réditos a los nuevos partidos cuyos integrantes la defendieron o apoyaron.
En Cataluña, con la jornada electoral un mes más tarde, se dilucida si los ciudadanos advierten o no la jugada de CiU de enmascarar el fracaso de dos años de gobierno de la Generalitat con la llamada a la cuestión identitaria, olvidándose de la crisis.
    Por lo que a los gallegos se refiere, la consulta nos coge a contrapié, ante una difícil alternativa con dos opciones a cual más insatisfactoria: repetir la decepcionante experiencia del bipartito o darle un voto de castigo al partido que logró la hazaña de eliminar el sistema  financiero gallego, amén de otros incumplimientos programáticos, independientemente  de la crisis importada que los órganos reguladores (léase Banco de España, Confederación Española de Cajas de Ahorros, ministerio de Economía) no supieron prever, ni el gobierno socialista combatir a tiempo, ni el actual acertar a evitar su profundización.
    Pues bien, a primera vista parecería lógico que ante un panorama tan negro habría una clara reluctancia a hacerse cargo del muerto, a comerse el marrón. Sin embargo, lejos de eso, los políticos no se amilanan y se pelean por figurar en las listas de candidatos. Se diría que por más pesada que sea la tarea del gobierno todos se sienten con fuerzas cual si dispusieran del bálsamo de Fierabrás para revertir los augurios y curar los males de la patria. Todos se ofrecen como timoneles expertos capaces de llevar el barco a buen puerto por más que navegue por aguas turbulentas.
    Los políticos deberían concienciarse de que las expectativas son desalentadoras, que las dificultades son enormes y que el fracaso acecha a la vuelta de la esquina, toda vez que los milagros no están al alcance de los mortales. Siendo este el escenario presente y el futuro previsible, cabría suponer el sufrimiento que espera a los gobernantes ante la inutilidad de sus esfuerzos por enderezar la cosa pública. Harían bien en valorar las recientes palabras del primer ministro heleno Antónis Samarás, quien, refiriéndose a su labor al frente del gobierno declaró: “Este es el trabajo más duro del mundo. Es solo dolor”.
    Sea cual sea el partido ganador, no podrá alegar desconocimiento de la gravedad del enfermo, pues cualquier ciudadano con salir a la calle puede percibir la crisis a través de la gran cantidad de negocios que cierran las puertas por ruinosos.
    Siendo las cosas como son, sorprende que tantos aspirantes a diputados se sientan llamados a gobernarnos. Uno se pregunta qué poderosos impulsos les mueven. ¿Son mártires dispuestos a quemarse en la hoguera? ¿Son, por ventura, héroes listos a inmolarse por su pueblo? ¿Son aventureros buscavidas, ávidos de exprimir las ubres del erario? Quiero creer que habrá algo de todo ello y que la responsabilidad de incluir a los últimos en las listas recae sobre quienes han hecho la selección de los candidatos.
    A los electores que no sucumban a la tentación de abstenerse, les recomiendo que antes de votar comparen los programas, que no se dejen guiar por los “spots” publicitarios y que no den su sufragio a los partidos indulgentes con la corrupción propia y rigurosamente exigentes con la del contrario.
    A quienes hayan de gobernarnos les pediría que llamen al pan, pan y al vino, vino, que actúen con transparencia, que no prometan lo que no está en su mano cumplir, y que escuchen la voz de los más necesitados a la hora de repartir con equidad los inevitables costes de la crisis.

lunes, 8 de octubre de 2012

Debilidades de la democracia



Opino que la democracia es el mejor sistema político de cuantos conocemos. Ningún otro ofrece las mismas posibilidades de participación colectiva en el gobierno del pueblo, del respeto al derecho a disentir, de preservar las libertades ciudadanas y de abrir cauces a la corrección de sus desvíos.
    Esta valoración positiva no significa que el sistema sea perfecto, porque nada humano puede serlo, dadas nuestras limitaciones, y porque entre la formulación de un modelo y su plasmación práctica hay un largo trecho. A examinar algunas particularidades del trecho están dedicadas las líneas siguientes.
    Son principios básicos de la democracia que una persona equivale a un voto y que todos los votos tienen el mismo valor, pero aquí ya empieza a ser visible la posibilidad de manipulación.
    A lo largo del tiempo y del espacio han variado los requisitos legales para ser elector/a. En España, actualmente son electores y elegibles las personas mayores de edad al cumplir 18 años, mas no siempre fue así. Anteriormente la mayoría de edad la adquirían los hombres a los 23 años y las mujeres a los 25, y estas últimas no vieron reconocido el derecho a votar hasta la llegada de la II República. No se piense, sin embargo, que la discriminación femenina era exclusiva de nuestro país. En un cantón de Suiza, que suele presentarse como una democracia modelo, el derecho de la mujer a elegir no le fue otorgado hasta 1973-
    Se admite, en principio, que el elector emite su sufragio de forma libre, consciente y con pleno conocimiento de las diferencias que distinguen y conocen los distintos programas en liza, mas la realidad puede diferir notablemente. Su opción es formalmente libre, pero su opinión está condicionada por la información que recibe de los medios de comunicación y los mítines que transmiten los mensajes y eslóganes pagados por los partidos.
    En virtud del sistema imperante en España, los candidatos no necesitan convencer a sus vecinos de barrio o ciudad, sino que son las formaciones políticas las que se encargan de contratar espacios publicitarios en los medios audiovisuales de mayor difusión y más caros Por ello, la abundancia y repetición de los anuncios dependerá de los recursos económicos de los partidos. En cierto modo, el eslogan un ciudadano un voto se transforma en un euro un voto.
    La cuantía de los caudales que movilizan los partidos depende de las cuotas de sus afiliados y de los donativos de sus simpatizantes, los cuales hacen sus aportaciones como una inversión de futuro que les permita influir en las decisiones del poder o en la ocupación de cargos públicos. Lógicamente, las donaciones serán más cuantiosas por parte de los más acaudalados. Estos pueden entregar lo que deseen, puesto que así lo autoriza la ley de financiación de los partidos políticos, la cual privilegia a los partidos mayoritarios tanto de ámbito nacional como autonómico. Nadie apuesta a caballo perdedor.
    Si el ideal de la democracia hubiera arraigado en la sociedad, el país estaría gobernado por representantes de los segmentos mayoritarios de la población o sea, de las clases baja y media, pero lo que en realidad ocurre es que el poder lo detenta una minoría plutocrática como resultado repetido de elecciones libres, mientras que los pobres y los trabajadores quedan extramuros de la política. Que ello sea así no es por casualidad ni obra de milagro, sino consecuencia de mecanismos socioeconómicos que ponen a disposición de los más ricos el manejo de los resortes del poder. Este grupo no representa más del 1% de la población y lo integran políticos, banqueros, industriales, altos directivos empresariales y máximos representantes del ejército y del poder judicial. En conjunto forman la élite dominante, la que dicta las leyes a su medida.
    El contubernio informal entre riqueza y poder se autoalimenta a modo de vasos comunicantes. Alguien podría argüir que puestos destacados de la política fueron o son desempeñados por personajes de origen modesto como Fraga o Felipe González en España, Cavaco Silva en Portugal o Margaret Thatcher en Gran Bretaña, pero n o dejan de ser excepciones a la regla y se trata de políticos desclasados que por distintas razones se convierten en adalides de una clase que no es la suya de origen.
    Otra consecuencia del maridaje entre política y poder es el trasvase de altos cargos de la empresa al gobierno y viceversa que forma una elite endogámica al servicio de intereses comunes.
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    Al mantenimiento de este estado de cosas contribuyen involuntariamente los grupos de población peor dotados económicamente que, por interés propio deberían ser los más interesados en hacer oír su voz y apoyar con sus votos a los candidatos más afines, pero juegan un papel secundario y quedan relegados al olvido de los gobernantes. Paradójicamente, muchos de sus integrantes se abstienen por haber perdido su fe en el cambio al no estar concienciados de su poder electoral.
Por efecto de estos comportamientos el poder permanece en manos de una minoría, desvirtuándose así la esencia del ideal democrático
    Otra perversión de la democracia se da fuera de los colegios electorales. Las votaciones pueden desarrollarse con impecable limpieza, pero las anomalías se producen antes. De hecho, en países seudodemocráticos, que es mejor no citar, los votos se compran con dinero o bocadillos. En otros, como en el nuestro, algunos electores del rural son acarreados a las mesas con la papeleta en el bolsillo. Esto prueba que donde la pobreza abunda, la democracia malvive.   

lunes, 1 de octubre de 2012

Mayores y voluntariado



    Pocas veces nos damos cuenta de la profunda transformación demográfica experimentada en el mundo en general y en España a lo largo del siglo XX como muestra el crecimiento de la población mundial que pasó de 2.000 millones a 7.000 entre 1901 y 2000.
    Ciñéndonos a nuestro país, los cambios fueron notables, y en algunos aspectos, dramáticos. Sirvan de ejemplo los siguientes hechos: éxodo rural que implica el crecimiento de las ciudades y el abandono del campo; aumento de la esperanza de vida que se duplicó prácticamente en el período; la drástica reducción de la tasa de natalidad que no compensa las bajas por mortalidad; y finalmente el incremento de la edad media.
    Como consecuencia del menor número de nacimientos y la prolongación de la longevidad, estamos inmersos en un proceso de envejecimiento poblacional con un número creciente de personas mayores que ya representan el 20% del censo total. Una de cinco personas tiene 60 o más años.
    De esta nueva estructura demográfica derivan una serie de problemas a los que es preciso dedicar la atención debida. Uno de ellos es como hacer satisfactoria  y a la vez productiva la larga etapa de la jubilación, que afortunadamente coincide cada vez más  con una buena calidad de vida, compatible con el desarrollo de múltiples actividades, hasta el punto de que se pueden ver  a mayores que ayudan a jóvenes en lugar de jóvenes que cuidan a mayores.
    Reconociendo esta realidad, se ha instituido el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 2012. La finalidad consiste en participar plenamente en la sociedad y dar a los mayores autonomía en la vida cotidiana que les haga sentirse más activos como ciudadanos.
    El Año Europeo 2012 aspira a fomentar el envejecimiento activo en tres ámbitos: empleo no lucrativo a través del voluntariado en ONG, aumento de la autonomía personal y participación en tareas sociales.
    En resumen, se pretende que la participación de los mayores se despliegue, tanto en actividades sociales como en casa y en la comunidad. De esta manera se sentirán más integrados, más solidarios y más satisfechos al devolver a la sociedad una parte de lo que recibieron de ella. Cada uno puede participar en lo que mejor domine, escogiendo la ONG más afín a sus preferencias.
    Precisamente el 1 de octubre es el día escogido por la Xunta para conmemorar el Día de las Personas Mayores, convocarlas a acciones de voluntariado y dar a conocer los programas de esta índole que lleva a cabo la Comunidad Autónoma por medio de la Secretaría General de Política Social.
    La iniciativa es merecedora de la más favorable acogida, y es de esperar que rinda óptimos frutos y que redunde en el fortalecimiento de la solidaridad entre generaciones. Todos saldríamos ganando.