miércoles, 29 de enero de 2014

Aumentar los ingresos públicos




  Se comprende fácilmente que los recortes presupuestarios en servicios básicos perjudican el bienestar general, con especial incidencia en los sectores de población más vulnerables. Los ajustes también son negativos, especialmente con vista al futuro cuando reducen el gasto en I+D, explicables en ambos casos por la necesidad de rebajar el abultado déficit de las cuentas públicas, fruto del derroche en tiempos de bonanza aparente.
    Hay otras restricciones del gasto que son doblemente nocivas porque no estimulan el crecimiento de la economía, y además menguan los ingresos fiscales y dificultan el objetivo de consolidar el presupuesto. Me refiero a la insuficiencia de medios personales y materiales que necesitan la administración de justicia y la inspección de Hacienda.
    En el primer caso, más de 200 fiscales se dirigieron por escrito el 13 de enero al fiscal general del Estado para denunciar la precariedad de medios y la excesiva carga de trabajo que soportan para investigar la corrupción tras los recortes sufridos. El resultado aumentará la ralentización crónica, provocará la paralización de los casos en curso y obstruirá la investigación de los que permanecen ocultos. De esta manera la tan criticada lentitud con que se desarrollan los procesos judiciales se verá agravada, los ingresos por multas, tasas e indemnizaciones se demorarán y los patrimonios embargados se desvalorizarán sin provecho de nadie, y finalmente, muchos delitos quedarán impunes por prescripción. La escasez de recursos explica en buena parte que muchos juicios se eternicen en los juzgados y lleguen las sentencias después de largos años de tramitación.
    Un servicio público como la justicia está pidiendo a gritos su modernización y su proximidad a los ciudadanos y debería gozar de prioridad de los poderes ejecutivo y legislativo para corregir sus disfuncionalidades. Es una exigencia de pragmatismo y de racionalidad.
    Por su parte, la inspección fiscal sufre las mismas restricciones en la asignación de recursos que dificulta la eficacia de la labor que tiene encomendada.
    Cuantos más casos de fraude se descubran serán mayores los ingresos que aporten al erario, y ello es fundamental para reducir el déficit que tanto preocupa al Gobierno y a la Comisión Europea. En consecuencia, nada hay más incoherente que desatender las necesidades de personal que reclaman tanto la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) como el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
    Cumplir estas peticiones estaría en consonancia con los deseos de la ciudadanía de que dos de las instituciones más importantes del Estado estén a la altura de las circunstancias y sean modelo de eficacia y responsabilidad. Todos los españoles saldríamos ganando.

domingo, 19 de enero de 2014

¿Un Estado catalán?



        ¿Por qué somos tan propensos a crear problemas de pertenencia identitaria, resaltando diferencias minúsculas con otras personas o grupos, y despreciando las grandes afinidades y valores que compartimos con ellos?

    ¿Cómo puede explicarse que las dos comunidades autónomas más cultas y prósperas de España, Cataluña y País Vasco hayan sido manipuladas por los cantos de sirena de políticos nacionalistas que solamente aspiran a ocupar los puestos de gobernantes de los microestados que pretenden crear?

    En la actualidad es Cataluña la que ha suscitado de improviso el tema independentista hasta convertirlo en problema acuciante, al que voy a referirme en concreto. Su alegato es que no se le ha reconocido en el Estado el papel singular que reclaman, llegando a acusar a España de ladrona, lo cual no se compadece con el puesto privilegiado que ostenta entre todas las comunidades.

    Lo cierto, sin embargo, es que la única singularidad constatable es el idioma propio, a cuyo uso nadie se opone, y que la comunidad disfruta de un nivel de autogobierno como no ha tenido nunca. Los secesionistas rechazan su cuota de solidaridad con olvido manifiesto de que los demás españoles hemos tenido algo que ver con el grado de desarrollo allí alcanzado. Los aranceles proteccionistas que España implantó en el siglo XX para defender de la competencia a la industria textil catalana y la siderúrgica vasca, un factor que sostuvo el proceso industrializador, a cambio de consumir productos de peor calidad o precio que los que ofrecían los mercados internacionales.

    El resultado de la secesión sería tan descabellado que no resiste la más leve argumentación. Desde el punto de vista general significaría nadar contra corriente frente a la tendencia globalizadora que impone la creciente interdependencia de todas las naciones. Supone renunciar a las economías de escala propiciadas por los grandes espacios económicos.

    Con respecto al papel político, una Cataluña de siete millones de habitantes quedaría sumida en la irrelevancia. Si de esta consideración pasamos al coste económico y social, es difícil imaginar lo que representaría la construcción de un Estado (desde la Administración pública pasando por la diplomacia y defensa) y todo ello en un contexto de aislamiento y fuera de la Unión Europea. Es inimaginable que los países europeos apoyaran la independencia catalana por temor a enfrentarse al mismo problema en su interior (Gran Bretaña con Escocia, Francia con Córcega y el País Vasco Francés, Bélgica con Flandes, etc.). Lo previsible sería el veto a la integración, con el consiguiente descenso del nivel de vida.

    Los nacionalistas se empeñan en resaltar las supuestas ventajas que se derivarían del cambio, pero la realidad desmiente su factibilidad. Levantar barreras aduaneras alrededor del nuevo Estado no favorecería las relaciones comerciales y culturales, tratar como extranjeros a los catalanes desperdigados por España y a los españoles afincados en Cataluña no mejoraría en absoluto su situación actual.

    Es indudable que las pulsiones nacionalistas son sentimientos, y como tales no se inspiran en la racionalidad, pero las decisiones colectivas no deben ser ajenas al sentido común que los catalanes identifican con el “seny”. Y de los políticos cabe esperar un más acusado sentido de la responsabilidad. Independientemente de cual sea el final de la aventura, es innegable el daño inferido a la convivencia de todos los españoles. En este sentido, el presidente de la Generalitat señor Mas, debería cambiar su apellido por el señor Menos.

    Pese a todo, confiemos que el encontronazo entre Madrid y Barcelona no desemboque en un choque de trenes en el que todos saldríamos perdiendo.

sábado, 11 de enero de 2014

Paraísos fiscales: las cuevas de Alí Babá



   Debemos a “Las mil y una noches” el cuento de “Alí Babá y los cuarenta ladrones”, según el cual, éstos guardaban a buen recaudo en una cueva el fruto de sus pillajes.
    El cuento tiene muchos siglos de antigüedad pero nunca ha perdido actualidad. En nuestro tiempo, cuando alguien consigue mucho dinero, es habitual que eche mano de todos los medios a su alcance, legales o paralegales, para conservarlo y, en lo posible, obtener sustanciosos beneficios porque la codicia y la avaricia cabalgan juntas. La primera se vale entre otros artificios de hurtar a Hacienda el pago de impuestos, dejando a los demás el cumplimiento de la obligación de sufragar el coste de los servicios públicos que disfrutamos todos.
    Para facilitar el éxito de estas prácticas, el sistema financiero internacional se pone a su disposición, garantizando la impunidad del fraude. El instrumento son los paraísos fiscales cuyo número supera también los cuarenta. Estos refugios opacos de dinero huidizo aseguran el secreto bancario de cuentas numeradas que es invertido en fondos de inversión, fundaciones u otros activos, a cambio de comisiones.
    Los paraísos fiscales son verdaderas cuevas de Alí Babá. Allí va a parar el producto de todos los tráficos ilícitos (personas, armas, drogas, robos de dictadores) e incluso fondos del terrorismo, porque, una vez que el dinero llega a las cuevas, nadie pregunta por su origen ni investiga su procedencia. En esos centros financieros se depositan billones de euros que circulan extramuros de la ley.
    Ciñéndonos a los europeos, sin duda el más conocido es el de Suiza, que se defiende de su mala prensa alegando que también los poseen varios países europeos. En efecto, comenzando por Luxemburgo, cofundador de la Unión Europea, Gran Bretaña, con las islas Jersey y Gibraltar, Francia con Mónaco y Andorra y Liechtenstein, un microestado teóricamente independiente, de modo que quien se sienta inocente que tire la primera piedra. Es evidente que si se mantienen activos es porque falta voluntad política de que desaparezcan.
    Conscientes los Gobiernos de los peligros que comporta esa masa monetaria sin control, a raíz primero de los atentados del 11-S en EE.UU., y de la crisis económica desatada en 2007, se propuso como objetivo irrenunciable la eliminación de ese poder subterráneo. Sin embargo, el propósito pronto cayó en el olvido y el G-20 lo resucitó aligerándolo y ofreciendo a los países interesados adherirse al intercambio automático de información de las cuentas bancarias, lo que fue aceptado por varios Estados, entre ellos Suiza a partir de 2015. Se resignaron a perder clientes europeos, convencidos de que otros rusos, latinoamericanos y asiáticos seguirán acudiendo a ellos porque nunca faltarán tratantes de personas, comerciantes de armas, políticos ladrones o narcotraficantes deseosos de mantener ocultos sus saqueos.
    Quien rehúye cumplir sus compromisos económicos con terceros incurre en un delito asimilable al de robo o estafa. A este género pertenece el fraude a Hacienda, pero en este caso la ley aplica una normativa diferenciada. Mientras el hurto a un particular si su valor excede de 400 euros se convierte en delito, para que la elusión del impuesto tenga esta consideración legal ha de superar los 120.000 euros y demostrarse el propósito de defraudar (¡!).
    También por deducción lógica podríamos decir que quien esconde el fruto de un expolio realizado por otro se convierte en cómplice o colaborador necesario, mas aquí la lógica falla si nos referimos a la función que desempeñan los paraísos fiscales. Nadie reclama castigo para ellos ni pide la extradición de los culpables. Ni siquiera se publican sus nombres para respetar su privacidad como personas respetables.
   La justicia, como tiene los ojos vendados, no puede darse cuenta de su anómalo funcionamiento.

sábado, 4 de enero de 2014

Una ofensiva social



    La secretaria de organización del PP declaró en cierta ocasión que su partido era defensor de los trabajadores y, fiel a su vocación social, inspiró al Gobierno una serie de medidas administrativas y legislativas entre las que, en fase de ejecución o proyecto, se encuentran las siguientes:

a)      En beneficio de los pobres
Multas a los mendigos y artistas callejeros
Fuerte subida del precio de la electricidad
Copago de los medicamentos
Aumento del IVA en artículos de primera necesidad
Encarecimiento de las tasas judiciales para que no se excedan en su litigiosidad
Restricciones a la concesión de becas para que los aspirantes estudien más

b)      Ayudas a los inmigrantes
Adornar con cuchillas las alambradas que impiden la llegada a Ceuta y Melilla
Expulsar de la sanidad pública a los que carecen de permiso de residencia

c)      A favor de los trabajadores
Reforma laboral para facilitar y abaratar los despidos colectivos
     
d)     Otras disposiciones
Para que el reparto de favores sea más equitativo y abarque un mayor número de beneficiarios, a los pensionistas se les “ajusta” el poder adquisitivo, rompiendo la indexación con el IPC, como establecía el Pacto de Toledo.
A las mujeres se las obliga a ser madres aunque no lo quieran; y a todos, para estimular la virtud de la paciencia y sumisión, se les amenaza con fuertes multas si expresan su protesta de forma airada. Se considera adecuado que se aplauda al Gobierno, que hace “lo que hay que hacer”.

           Como no se puede tratar igual a los desiguales, a los poseedores de grandes fortunas, aunque defrauden, se les ofrece una amnistía fiscal y se ocultan sus nombres si se acogen a ella o son sancionados. Podría atentarse contra su privacidad y parece natural que se amparen en la Ley de Protección de Datos como personas respetables.
     A la vista de lo acordado, bien demostrado queda que el Gobierno, en dos años, ni se ha cruzado de brazos ni ha perdido el tiempo. Todo sea por un mundo feliz.
    A la vista de tantas medidas protectoras a favor de las clases pobres y trabajadoras, me viene a la memoria una anécdota narrada por un judío. Cuando éstos eran perseguidos y masacrados por los nazis, un hombre en la sinagoga se dirigía así a Yaveh: “Señor, llevamos cinco mil años siendo el pueblo elegido y mira como nos va. Te pedimos que nos libres de tu protección”.