domingo, 26 de abril de 2015

Siria



    El pasado marzo se cumplieron cuatro años del comienzo de la tragedia que se abatió sobre Siria en forma de guerra civil. En ese tiempo han muerto casi 250.000 personas y varios millones han tenido que abandonar sus hogares y buscar refugio en los países vecinos ante la pasividad de la comunidad internacional, que parece observar con indiferencia el inenarrable sufrimiento de tanta gente.
    Todo comenzó con manifestaciones pacíficas al amparo de la primavera árabe, que fueron severamente reprimidas por las fuerzas armadas y policiales. Los opositores iniciaron entonces la lucha armada con el aplauso de Occidente. Y el país se vio envuelto en una guerra civil con intervención de varias potencias extranjeras que han empantanado el conflicto bélico sin que se atisbe una solución a corto plazo. Son muchos los protagonistas y de ninguno puede decirse que sea bueno frente al malo.
    Para entender el curso de los acontecimientos, echemos un vistazo a los factores geopolíticos en presencia. Siria tiene –o tenía- una población de 22 millones de habitantes, mayoritariamente musulmana compuesta de sunitas (70%), alauitas (12%, una rama del islamismo chií), y un 10% de cristianos.
    Políticamente es una dictadura implantada en 1970 por Hafez el Asad que al morir en 2000 le sucedió su hijo Bachar el Asad, actual jefe de Estado, ambos pertenecientes a la minoría alauí. Sobre este mapa étnico y religioso se proyecta la influencia de Irán, Irak, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Estados Unidos
    Irán es mayoritariamente chií, encarnizado enemigo de Washington que provee de armas y dinero a Hezbolá (Partido de Dios), un grupo terrorista que colabora con el gobierno sirio. Disputa con Arabia la supremacía del Próximo Oriente. Irak, donde gobierna la minoría chií, mantiene buenas relaciones con Irán y en su territorio nació, después de la desastrosa gestión de la ocupación norteamericana, el llamado Estado Islámico, un grupo terrorista suní próximo a Al Qaeda, desde donde se extendió a Siria para convertirse en un nuevo factor de la contienda. Por su parte, Arabia y Emiratos Árabes Unidos son de religión wahabí, la rama más rigurosa del Islam, y se enfrentan a Irán por dos motivos: la religión y el poder en la región.
    En cuanto a Rusia, defiende sus intereses en Siria donde mantiene la base naval de Tartius y le suministra armas. Otro de sus objetivos es oponerse a los planes de EE.UU de ejercer el liderazgo. Es un escenario donde chocan los intereses de ambas potencias.
    En el puzle sirio se  alinean, por un lado Bachar el Asad, dispuesto a aferrarse al poder cueste lo que cueste,  defendido por el ejército y apoyado por alauitas, rusos, cristianos y Hezbolá; en frente están los rebeldes enfrentados entre ellos, y por último los radicales islamistas del EI con la  participación de miles de voluntarios de numerosos países. El balance estratégico se mantiene equilibrado y todo indica que la solución no vendrá por la vía militar, pues ambos bandos disponen de buenos proveedores de armamento.
    En realidad, en Siria se libran simultáneamente tres guerras distintas: una, religiosa, otra, entre Estados Unidos y Rusia que parecen dispuestas a eternizar la guerra fría, y una tercera, por la hegemonía regional entre Arabia e Irán.
    Dados los medios extraños que están en juego, se puede ver en principio, como un elemento positivo el acuerdo a que llegaron el grupo P5+1 (EEUU, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia más Alemania) e Irán sobre la energía nuclear. Como declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javar Zarif, si se elimina la profunda desconfianza con Washington se podría emprender el diálogo sobre otras áreas, una de las cuales es ciertamente Siria. Confiemos que el acuerdo se firme en junio como está previsto pese a la oposición que encuentra en sectores de ambas partes. Ningún obstáculo debería impedir que así fuera para acabar con el calvario que sufre el pueblo sirio.

sábado, 18 de abril de 2015

Sorpresas de las elecciones andaluzas



        Las elecciones celebradas el 22 de marzo de 2015 han deparado varias sorpresas. Dejaron sin representación al Partido Andalucista y a UPyD, castigaron a IU y más todavía al Partido Popular. El ganador fue el PSOE que logró mantener la representación que tenía (47 escaños) a pesar de los casos de corrupción que le afectan (los del ERE y los de Formación), lo que no deja de ser una victoria pírrica porque le obliga a buscar alianzas que es la misma situación en que se encontraba antes de anticipar los comicios. Dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos se alzaron con 15 y 9 diputados, respectivamente.
    La mayor sorpresa fue el varapalo que los andaluces infligieron al PP con la deserción de 500.000 electores y la pérdida de 17 puestos en el Parlamento autonómico. Este resultado puso en movimiento a la maquinaria pensante del Partido a la búsqueda de los factores que pudieran haber provocado los magros frutos cosechados. La conclusión a la que llegaron fue que todo se debió a no haber sabido explicar los logros del Gobierno, que solo hubo un fallo de comunicación. Por supuesto, de autocrítica o arrepentimiento, nada.
    El argumento recuerda el parto de los montes, del que, como se sabe, nació un ratón. Más bien parece implicar, tal vez sin pretenderlo, una acusación al presidente del Partido, Mariano Rajoy que acudió cinco veces a otros tantos mítines. De ahí surgieron enfrentamientos soterrados y resquemores en la cúpula que indujeron al Presidente a convocar una conferencia el 8 de abril con delegados de todo el país. En ella tomó la palabra Rajoy para pedir unidad y a continuación se abrió un debate sin que nadie pidiera la palabra, lo que no dice mucho de la independencia y personalidad de los asistentes. Nadie quiso amargarle la fiesta al jefe. Lo ocurrido confirma que la victoria tiene cien padres y la derrota nace huérfana.
    Más esclarecedor de los fallos habría sido debatir sobre lo que se hizo y lo que se omitió por el Gobierno. Habrían salido entonces a relucir las medidas tomadas para combatir la crisis y las que debieron haberse implementado y no se acometieron.
    Unas y otras acusan un fuerte tufo ideológico de derecha con el propósito de cargar sus efectos sobre las clases más débiles y facilitar la ganancia de los más ricos. Como ejemplos de medidas antisociales destacan la subida del IVA incluido el cultural que pasó del 10% al 21% y es el más alto de la UE, el aumento de las tasas judiciales y universitarias, la elevación de los impuestos con énfasis en los indirectos, la privación de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares, etc. Por el contrario, favorecieron los intereses del capital con la reducción o supresión del
impuesto de Patrimonio y Sucesiones.
Todos sabemos que estamos inmersos en una profunda y duradera crisis, pero para remediarla pueden emplearse distintas armas y las que se elijan serán indicativas de la ideología que las inspira. Entre las normas que, a pesar de ser reconocida su necesidad, cayeron en el olvido, destacan la fusión de municipios, la eliminación de las diputaciones, la intensificación de la lucha contra el fraude a la que no se dotó de efectivos suficientes, la tan prometida reforma de la Administración, etc. Sí se aprobaron leyes contra el criterio de toda la oposición utilizando el rodillo de la mayoría absoluta que ostenta el PP, como la LOMCE y la de Seguridad Ciudadana, llamada ley mordaza. En cambio se dejó en el olvido la Ley de Memoria Histórica.
    Si a todo ello sumamos la ola de corrupción que enfanga al Partido, se ve con claridad meridiana que no falló la propaganda sino que no fue creída. La gente tiene memoria y ha agudizado el sentido crítico.
    La lección que cabe extraer de las elecciones andaluzas es que pueden haber iniciado una mutación importante en el panorama político del país. Puede haberse dado el primer paso para poner fin al bipartidismo que gobernó desde el comienzo de la democracia. Si la próxima consulta del 24 de mayo mantiene la tendencia, ya no habrá mayorías absolutas como la que detenta ahora el PP y se iniciará una era de pactos en la que las leyes ya no serán aprobadas por el voto exclusivo del partido gobernante.
    Como acontece siempre cuando algo cambia, será notable la resistencia, lo que se traducirá en una campaña electoral más agresiva con ataques y descalificaciones recíprocas. Preparémonos para que los líderes nos aburran con las promesas de lo que vana a hacer y que no hicieron cuando ocuparon el poder. Los votos decidirán si los nuevos partidos confirman las expectativas que han despertado o si sus apuestas no han conseguido la confianza de los españoles.

viernes, 10 de abril de 2015

Democracia mejorable (II)



   El cuarto protagonista de la política, el más importante de todos, es el ciudadano corriente, el que el político italiano Don Sturzo llamó “L’uomo cualunque”, el hombre cualquiera, al fundar el partido Demócrata Cristiano. Es quien con su voto decide quien ha de gobernar el municipio, la comunidad autónoma y la nación, premia con la reelección a quien lo ha hecho bien o expulsa del poder a quienes defraudaron las expectativas. De ahí su gran responsabilidad y la trascendencia del voto que la democracia pone en sus manos.
    No siempre estos actúan con coherencia a la hora de depositar su papeleta en la urna, lo que quita legitimidad a sus quejas si los elegidos defraudan con sus medidas o comportamientos. El mal uso del sufragio se produce principalmente por dos causas distintas: la insuficiente información respecto a candidatos y problemas, y haber sido seducidos con falsas promesas de imposible cumplimiento. Lo que menos disculpa tiene es el autoengaño de quienes eligen a personas de reconocida insolvencia moral por estar imputados en procesos judiciales.
    Si la solución de un problema comienza por el diagnóstico, el aplicado a la democracia en España dista de ser satisfactorio; por el contrario, aparece manifiestamente mejorable. Hemos visto que los cuatro agentes implicados adolecen de patologías severas pero no incurables. Todo depende del interés, el entusiasmo, la independencia y la generosidad con que las llamadas fuerzas vivas se pongan a la tarea.
    Comenzando por el marco legal, son muchos los retoques que precisan los textos legales, comenzando por la Constitución, y de ahí a la ley electoral, la financiación de los partidos y hasta el Reglamento del Congreso, porque no hay nada que sea inmutable, y por el contrario, las leyes envejecen y es necesario actualizarlas y adoptar los cambios que exigen los tiempos, venciendo el temor y la inercia causantes del inmovilismo. Un ejemplo se vivió el 25 de marzo de 2015 en que por sexta vez quedaron rotas las conversaciones destinadas a cambiar el reglamento de la Cámara baja a pesar de ser reconocido por todos que ha quedado obsoleto, que restringe las iniciativas parlamentarias y que pone demasiadas barreras al funcionamiento de las comisiones de investigación hasta hacerlas inoperantes.
    En el contexto de las reformas legislativas están inmersos los partidos políticos para democratizar su funcionamiento. Cerrar los resquicios a la financiación irregular, responsabilizar a las cúpulas directivas de los procedimientos ilegales y garantizar la separación de los poderes del Estado, son asignaturas pendientes.
    También la inadaptación del marco legal favorece los comportamientos inadecuados de los políticos que cambian el papel de servidores públicos por el de aprovechados mercaderes, faltando a la le, la ética y la verdad.
    Todo militante que se postulase para político debería someterse a un riguroso examen, no solo de sus aptitudes como tal sino de sus antecedentes morales, sin que ello le eximiese de la vigilancia por parte de la directiva del partido al que pertenece. Los políticos tienen las mismas virtudes y defectos que los demás mortales, pero una responsabilidad añadida: ser depositarios de la confianza depositada en ellos por los electores.
    Suele haber consenso en evitar la profesionalización de la política y la conveniencia de la limitación temporal de cargos, de modo que nadie se mantenga el ellos más de ocho años.
    Finalmente, los ciudadanos deben ser conscientes del valor de su voto para dárselo a los candidatos que reúnan las mejores condiciones, eliminando, por supuesto, a quienes tengan problemas con la justicia; lo contrario implicaría  que la corrupción tiene premio. No debemos olvidar, sin embargo que detrás de un corrupto hay un corruptor al que también hay que perseguir judicialmente. Tenemos el deber de informarnos adecuadamente sobre las cualidades de los candidatos y los programas de los partidos en liza sin dejarnos engatusar con promesas irreales. Seremos impulsores del cambio si nos interesamos por los asuntos públicos, si somos más proclives al asociacionismo y a la participación ciudadana en la política.
    Si todos asumimos nuestra parte de responsabilidad conseguiremos la regeneración de la política que todos reclaman, incluso los partidos que contribuyeron a su desprestigio. No cabe, sin embargo ser excesivamente optimistas porque la transformación de las estructuras tropieza con el factor humano, con sus debilidades y apetencias, lo cual no debe llevarnos a renunciar a la tarea de suprimir obstáculos y corregir defectos a fin de que el sistema funcione cada vez  mejor.

domingo, 5 de abril de 2015

Democracia mejorable (I)



    La democracia es una forma de gobierno que, sin ser perfecta, como toda obra humana, es la mejor de cuantas se han ensayado hasta el presente. Reúne, entre otras virtudes, la de ser un régimen abierto, y por tanto, dispuesto a mejorar sus procedimientos hasta acercarse al ideal de ser lo que su nombre indica: el gobierno del pueblo para el pueblo.
    Para que el modelo implantado en España después de la transición política responda a su enunciado, se necesita una serie de reformas que afecten a los cuatro agentes que intervienen en el sistema: las reglas de juego, los partidos políticos, los servidores del sistema y los ciudadanos.
    Por reglas de juego se entiende el conjunto de normas legales que regulan el funcionamiento. Son perfectibles y por tanto, susceptibles de mejora, entre otras, las circunscripciones provinciales que favorecen la representatividad de los nacionalismos periféricos; la ley D’Ont por vulnerar el principio de igual valor de los votos en beneficio de las formaciones mayoritarias; por ejemplo, en las elecciones andaluzas del 22 de marzo de 2015, el Partido Popular obtuvo el 26% de los sufragios y 33 diputados; en cambio, a Podemos y Ciudadanos, con el 24% les correspondieron 24 escaños.
    Otros fallos legislativos reseñables son la admisión de listas bloqueadas y cerradas que impiden al elector seleccionar los candidatos de un mismo partido; la falta de democracia interna por ausencia de elecciones primarias; la laxitud de la ley de financiación de los partidos que alienta la captación de fondos por vías corruptas como las que tan a menudo saltan a los medios de comunicación.
    No ignoro que las posibles reformas propuestas tienen contrapartida, y que de llevarse a cabo podrían resolver un problema y crear otros porque lo mejor es enemigo de lo bueno, pero en cualquier caso, las normas pueden y deben ser sometidas a debate para eliminar sus disfuncionalidades, ya que de la discusión sale la luz.
    La existencia de los partidos políticos como cauces de participación indirecta de los ciudadanos es consustancial con la democracia, y su funcionamiento no carece de motivos de crítica, que en buena parte están implícitos en las deficiencias de la reglas de juego. Creo que las leyes aplicables deberían ser más rigurosas en sus exigencias, así en su aspecto preventivo de irregularidades como represivo cuando se cometan a fin de restringir el riesgo de que se conviertan en focos de corrupción y cumplan el papel que les asigna la Constitución.
    En lo concerniente a los políticos en activo, se les acusa de haber caído en el descrédito y los numerosos casos de corrupción denunciados han puesto en duda que ante su imputación por supuestos delitos se debería aplicar la presunción de culpabilidad en lugar de la de inocencia que todos se apresuran a reclamar cuando se ven en apuros.
    Se les acusa también, con sobrada razón en muchos casos, de hacer promesas irrisorias a sabiendas de no cumplirlas, de faltar a lo que ofrecen en sus programas electorales, lo que equivale a mentir y tomar por tontos a los ciudadanos; de dilapidar los caudales públicos en inversiones inadecuadas o con fines partidistas antes que en beneficio del interés general burlando la confianza que los electores han depositado en ellos. Cuando se hace evidente que han cometido una tropelía, terminan diciendo que asumen su responsabilidad sin que esta confesión se traduzca en clase alguna de medidas. El verbo dimitir no saben conjugarlo. Finalmente, para colmo de males, son muchos los corruptos, vencidos por la codicia y la falta de escrúpulos. Otra imputación que se les hace es la de crear problemas en vez de resolverlos.
    La política es una actividad noble y generosa en beneficio del bien común, empero, no pocos de sus servidores pervierten la función, lo que hace pensar que tales personas no son manzanas podridas en un cesto, sino que lo que está putrefacto es el sistema.
    Si hablamos de diputados nacionales o autonómicos, los reglamentos de las Cámaras los reducen a dóciles aplaudidores a la señal de los portavoces y a pulsar el botón que les han indicado, y si acaso hacen declaraciones, repiten como papagayos las directrices que marcan los líderes, sin salirse del guion. Tal es el oficio de los padres de la patria. La personalidad, la iniciativa o el criterio propio desaparecen de los debates.