martes, 28 de julio de 2015

Grecia



    Después de tanto como se ha hablado y escrito en relación con la profunda crisis griega, insistir en el tema es comprometido por temor a incurrir en repeticiones o latiguillos. Sin embargo, es de temer que Atenas seguirá estando de actualidad porque el acuerdo al que se llegó en Viena el 13 de julio tras una reunión maratoniana de 17 horas, está cosido con alfileres y nada garantiza que su vigencia sea duradera y que los acuerdos lleguen a buen fin. Tendremos embrollo helénico para rato.
    Me limitaré a plantear algunas cuestiones que a mi juicio no fueron bien explicitadas. El origen de la tragedia se remonta  a muchos años atrás por la desastrosa gestión  de sus gobiernos corruptos, tanto de la derecha como de los socialistas del Pasok, que condujo a endeudar el país más allá de todo límite razonable, a pesar de la ayuda recibida de la UE.
    La culpa de que el país se encuentre al borde de la quiebra le pertenece a las élites gobernantes que se han despreocupado de modernizar el Estado de forma que sea homologable con el de sus socios europeos. Cuando la situación se hizo insostenible los sucesivos gobiernos acudieron a los bancos internacionales en solicitud de créditos que fueron concedidos de forma irresponsable, por cuanto la suma excedía la solvencia del deudor y el riesgo de impago era previsible. Producido éste ni los políticos ni los banqueros rindieron cuentas.
    Las entidades financieras vieron en peligro sus inversiones y para salvar sus intereses promovieron en 2010 el primer rescate que sirvió para que los bancos transfiriesen sus créditos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. De esta manera el dinero se le entregaba a Grecia con una mano y con la otra se lo retiraban para dárselo a los acreedores. En definitiva, el impago de la deuda recaería sobre los contribuyentes europeos sin comerlo ni beberlo y sin que la economía griega recibiera más del 10%.
    La concesión del rescate llevaba implícita drásticas medidas de austeridad, recortes de gastos sociales y aumento de impuestos. Como resultado, la actividad económica colapsó, el malestar aumentó y la capacidad de reembolso desapareció.
    Tras el primer rescate, precedido de una quita, llegó el segundo con nuevas exigencias de austeridad. Todo en una huída hacia delante o un viaje a ninguna parte ya que sin crecimiento el sufrimiento de la población era inútil. Finalmente, en la citada reunión del 13 de julio se acordó iniciar la negociación de un tercer rescate a cambio de un nuevo giro de tuerca que incluye la rebaja de pensiones y el incremento del IVA al 23%.
   A tal extremo llegaron las condiciones impuestas por sus antes socios y ahora acreedores que primero la gerente del FMI, Cristine Lagarde, hubo de reconocer públicamente que se habían cometido errores en el tratamiento de la crisis, y poco después, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker declaró: “Hemos pecado contra la dignidad de los ciudadanos en Grecia”.
    Suele decirse que los errores se pagan, mas en este caso, quienes los cometieron se llamaron andana y las consecuencias las vienen pagando sobre todo las clases más vulnerables griegas.
    A la vista de lo ocurrido es ineludible plantearse algunas preguntas: ¿Por qué se aceptó la adhesión de Grecia a la UE si no cumplía las condiciones establecidas y no se le impuso la obligación de las reformas imprescindibles? Si Atenas falseó sus cuentas, ¿por qué no se verificaron los datos antes de admitir su ingreso en la Eurozona? Nadie ha explicado por qué se concedieron los sucesivos rescates sin exigir las reformas que facilitasen la modernización del país y posibilitaran el crecimiento mediante la corrección de vicios endémicos (corrupción generalizada, escasas medidas represivas del fraude fiscal o el aligeramiento de la Administración).
    Todo ello nos lleva a la conclusión de que los fallos habidos hicieron que el problema griego se transformase en un problema europeo y que la responsabilidad esté compartida por ambas partes.

sábado, 18 de julio de 2015

Una fecha para el perdón



    Hoy, 18 de julio de 2015 se cumple el septuagésimo noveno aniversario del estallido de la Guerra Civil, el día en que la mitad de los españoles se enfrentaron con odio a la otra mitad buscando la mutua destrucción. Setenta y nueve años es mucho tiempo pero por desgracia aun no ha sido suficiente para borrar la huella de aquella tragedia como hemos visto al poner en práctica la tardía y polémica Ley de Memoria Histórica.
    Sin duda, la resistencia al olvido obedece en buena parte al desconocimiento de la intrahistoria a causa del cierre de fuentes documentales, explicativas de los hechos y de las personas que los protagonizaron. Todavía gran parte de los archivos oficiales continúan secretos, y el que custodia la familia del dictador es de acceso restringido a los historiadores. Ello explica, por ejemplo, que nadie pueda dar una cifra precisa e irrebatible de las bajas de ambos bandos, tanto en los frentes de batalla como en la retaguardia, es decir el coste humano que ocasionó la contienda. Fueron autores extranjeros, hispanistas los que hicieron las primeras aportaciones bibliográficas desprejuiciadas, fruto de sus investigaciones. Los sucesivos Gobiernos que hemos tenido no han querido o podido resolver las dudas sobre aspectos concretos de la cuestión que siguen siendo discutidos. Pareciera como si airear determinados aspectos de aquella lucha fratricida levantase ampollas,
    El tiempo, que es bálsamo curativo, no ha surtido efecto para apaciguar las pasiones, para que la verdad no perturbe el sentido de la convivencia pacífica. No es sano ni justo que después de tantos años, los españoles tengamos vetado el conocimiento objetivo de los hechos de los que fueron protagonistas y víctimas nuestros padres o abuelos. Y no es sano porque las heridas si no se cicatrizan con la reconciliación y el perdón mutuo, continúan supurando.
    Propiciaría la auténtica reconciliación el conocimiento de lo que supuso una de las páginas más negras de nuestro pasado. Solo así haremos que no se cumpla la advertencia del filósofo George Santayana, de que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Tal vez por no haber aprendido la lección de las guerras civiles del siglo XIX la hemos repetido en siglo XX.
    Siendo inmensa la bibliografía a que dio lugar nuestra guerra incivil aún seguimos huérfanos de una historia verídica contrastada con los documentos oficiales. Tampoco tiene una explicación plausible que en los libros de texto se le dé un tratamiento mínimo y a veces sesgado de algo que tiene una importancia capital en la formación de las nuevas generaciones
    Tal vez quienes más podríamos pedir explicaciones sobre el largo silencio seríamos los que conservamos en la mente las terribles escenas de aquellos tiempos tumultuosos, pero ya quedamos muy pocos, y además, todos somos víctimas, por la sencilla razón de que éramos niños, y los niños no podemos ser jueces.
    Sin duda, nadie a estas alturas albergará el menor ánimo de venganza y desquite, entre otras razones, porque los implicados yacen bajo tierra. La muerte ha igualado a víctimas y verdugos. Descansen en paz.
    Pienso que quizás fuese útil la apertura de museos de la Guerra Civil para que todos pudiéramos ver a través de textos e imágenes el ambiente en que se desarrollaron los acontecimientos sin resentimiento y sin ofender a cuantos se sintieron obligados a empuñar las armas contra sus hermanos porque, entre otras razones, las culpas estarían compartidas. No se trataría de pedir cuentas a nadie sino de un gesto de desagravio a la desmemoria.
    Ojalá que a partir de hoy perdamos un poco de memoria retrospectiva y desarrollemos a cambio una visión más colaborativa y optimista del futuro que impulse la construcción conjunta de un país más justo donde sea imposible siquiera imaginar la posibilidad de reincidir en los mismos errores en que cayeron nuestros antepasados en fechas de infausto recuerdo.

lunes, 13 de julio de 2015

Obsequios electorales



Resultado de imagen de regalo    En vísperas de elecciones es tradición que quienes detentan el poder ofrezcan a los ciudadanos medidas atractivas, generalmente de índole tributaria, que buscan captar voluntades a manera de regalos a cambio de votos. Una de tales medidas fue la que anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 2 de julio, de adelantar la rebaja del IRPF con carácter retroactivo al 1º de julio en lugar de entrar en vigor en 2016 como estaba previsto. El regalo fiscal es, de menos a más, de 128 euros para sueldos comprendidos entre 6.000 y 10.000 euros y de 6.007 para quienes ganen 500.000 o más. El mayor multiplica por 47 lo percibido por el inferior.
    Está claro que el trato diferencial ahonda la desigualdad social. Quien cobre más de 12.000 ahorrará 255 euros. Se premia al que más gana y se exprime al asalariado de clase media, acentuándose el injusto reparto de cargas derivadas de la crisis desde un principio. Ello explica que, según encuestas recientes, desde 2008 el número de millonarios aumentó el 40% en tanto proliferan sueldos de 300 y 400 euros por puestos de trabajo temporales y a tiempo parcial que sirven para engrosar las estadísticas de creación de empleo.
    Si las normas tributarias fueran más equitativas cabría esperar que la rebaja comenzase por la tarifa del IVA que en 2012 pasó del 18% al 21%, en contradicción flagrante con las promesas electorales que dieron la mayoría absoluta al partido gobernante. Habría beneficiado a mucha más gente, y precisamente la más necesitada. En cambio, quienes cobran los mayores salarios incluyen a pocos más que los consejeros y altos directivos de las grandes empresas, los cuales cuentan con fórmulas amparadas por la ley para escamotear impuestos (sociedades pantalla, sicavs, paraísos fiscales, etc). Tal vez sea porque dinero llama a dinero.
    Políticas de este jaez dan por resultado que la desigualdad sea cada vez más extrema. En declaraciones de hace unos meses, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, lanzaba las campanas al vuelo al presumir de que la desigualdad había caído en 2013, después de cinco años de aumento. La respuesta acaba de llegar de la agencia estadística Eurostat al publicar el “ranking” de varios países. Y esos datos muestran que en 2014 España era el país más desigual de Europa, superando incluso a Grecia y Letonia que antes estaban peor situados. El coeficiente de Gini (que va de 0, igualdad total a 1, máxima desigualdad) fue en dicho año el 0,337, siendo el mínimo el de Finlandia con 0,256.
    Ciertamente, el factor que más daña los ingresos es el elevado desempleo en el que somos campeones, pero también coadyuvan la exigüidad de las políticas sociales y los recortes en servicios básicos. Cada año que pasa, muchos parados de larga duración agotan sus prestaciones desempleo y quedan desamparados.

domingo, 5 de julio de 2015

Abanico salarial



Resultado de imagen de salary    Uno de los principales motivos de la profunda desigualdad social que padecemos en España es la disparidad de las rentas salariales. El otro proviene de las rentas del capital. Las primeras muestran variaciones extremas como se expone a continuación.
    El salario mínimo interprofesional vigente está fijado en 645 euros mensuales (y muchos trabajadores, tras la reforma laboral de 2012, cobran menos de dicha cantidad). Frente a esta realidad los sueldos más elevados registran una diferencia abismal y pueden sobrepasar los 10 millones de euros anuales como es el caso del que perciben los altos directivos de las sociedades del Ibex 35. Si se incluyen otros complementos relacionados con el cargo, la suma se dispara. Sirva de ejemplo Juan María Nin, exconsejero delegado de Caixabank, antigua Caja de Ahorros y Pensiones, que tras desempeñar el cargo durante seis meses se embolsó 16,49 millones por todos los conceptos.
    No tengo nada contra la gente que gana mucho dinero; lo que me subleva es que haya gente que gane tan poco. Y esta rebeldía aumenta si la tendencia dominante es a agrandar las diferencias como ahora ocurre. El pasado año los directivos de las empresas del Ibex 35 subieron sus retribuciones más del 10%, en tanto las de los empleados descendieron el 0,6%.
    El origen de la disparidad retributiva arranca del Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1995 por el Gobierno de Felipe González que, en su artículo 1º excluye de su regulación al personal de alta dirección que se rige por el R D. 1382/1985 relativo a los contratos especiales de trabajo convenidos libremente entre las partes. La libertad de contratación establece diversas formas de remuneración: sueldo fijo, bonos por complemento de objetivos, asignación a fondo de pensiones, y fijación de indemnización, a menudo millonaria, en caso de despido. De hecho, en la práctica, todo esto da lugar a abusos mil, mírese por donde se mire.
    En principio parece lógico que habiendo un salario mínimo, debería haber también el máximo. Durante la I República hubo una iniciativa en tal sentido, pero la propuesta no prosperó; recientemente, en Suiza se intentó limitar la retribución máxima, mas un referéndum al que son tan aficionados los suizos, tumbó el proyecto,
    Los teóricos del tema admiten que se trata de algo difícil de delimitar como es calcular la aportación de un directivo a su empresa, pero de ningún modo lo es aplicar criterios de racionalidad y equidad para determinar un tope. Un principio a tener en cuenta sería limitar la remuneración a un número concreto de veces en que el salario máximo podría contener el mínimo o el sueldo medio de todos los empleados. Hoy por hoy, el múltiplo varía enormemente de unas empresas a otras. Un reportaje del diario EL País Negocios del 5 de mayo detalla la retribución de la persona mejor pagada y la media del conjunto de los empleados en las sociedades que cotizaron en bolsa en 2014, expresiva de la desigualdad salarial. La cifra máxima de la primera es, como hemos dicho, 16,49 millones y la media de la misma empresa, 81.383 euros, respectivamente. Hay casos más llamativos como el de Inditex donde los importes son 9,5 millones y 22.134 euros. En este caso, el presidente ganó 431 veces más que la media de sus empleados. ¿A quién puede parecerle justo el reparto? Reducir la brecha salarial debería ser uno de los principales objetivos de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. Las autoridades tienen la palabra.