miércoles, 25 de septiembre de 2013

Cosas del fútbol



En fecha tan reciente como el 15 de septiembre actual, se firmó la renovación del contrato que vincula al futbolista portugués Cristiano Ronaldo con el Real Madrid durante los próximos cinco años, percibiendo por cada uno la modesta retribución de 21 millones de euros, que suponen 1,750.000 mensuales y equivalen a 2.713 veces el salario mínimo interprofesional. Si nos queda alguna capacidad de asombro, este nuevo escándalo futbolístico no puede dejarnos impasibles.
    Se me dirá que estas cuestiones son de índole privada, regidas por las leyes del mercado, pero cuando las leyes autorizan, amparan o permiten tamaños desafueros, lo que están pidiendo a gritos es la reforma de las mismas. Si la libertad, como en este caso, atenta contra los principios de la equidad y de la ética, no debería ser tolerada. Como alguien dijo refiriéndose a las condiciones abusivas de la contratación laboral, donde la libertad oprime, la ley redime.
    Que tales despropósitos se den en un país como el nuestro envuelto en la peor crisis desde que hemos estrenado democracia, que tiene en paro el 26% de la población activa y el 56% de los jóvenes, con varios millones sin ingresos tras haber agotado el derecho a prestación por desempleo, y miles de familias desalojadas de sus hogares por impago de alquiler o hipoteca, resulta a todas luces obsceno. Si estas injusticias se toleran sin rechistar y las autoridades miran para otro lado es que estamos ante una sociedad enferma. Aunque se haga en otros países, España no puede ostentar el récord de contar con el futbolista mejor pagado del mundo. Hasta la señora Merkel tiene autoridad moral para echárnoslo en cara.
    En la rueda de prensa convocada por el presidente del Club sin admitir preguntas, el jugador afirmó que “el dinero es importante, sí, pero no la prioridad”. Estas palabras, que suelen repetir los afortunados, viniendo de quien estuvo negociando por medio de su representante hasta el último momento, suenan a hipocresía. Como nunca he conocido a nadie  que declarase tener suficiente dinero, cabe preguntarse  si Ronaldo no acudirá a los consabidos subterfugios más o menos legales para eludir el pago de los impuestos que le correspondan, como hizo su colega y rival Messi.
    Uno tiene derecho a preguntar de donde salen los cuantiosos recursos que manejan a su antojo los directivos de las sociedades deportivas. Habrá que admitir ante todo que solo los dos de las mayores ciudades, Madrid y Barcelona son los que disponen de medios multimillonarios, los que han convertido la liga en un duelo a dos. Los ingresos sociales se dividen en dos grupos. Los ordinarios provienen de las cuotas de socios, de la venta de entradas y de los derechos de retransmisión de los partidos; los que podríamos llamar extraordinarios los proporcionan pelotazos urbanísticos y traspasos de jugadores que cambian de equipo cada temporada.
    A pesar de los notables ingresos que reciben, la situación económica de muchos de los clubes es deficitaria, y varios de ellos están endeudados, especialmente con Hacienda y la Seguridad Social, organismos que, curiosamente, les ofrecen facilidades que no aplican a los particulares. Los equipos están constituidos como sociedades anónimas, y por tanto, los socios tienen derecho a voz y voto, empero la experiencia demuestra que los aficionados no piden cuentas sino goles. De esta manera los presidentes tienen carta blanca para aumentar los fichajes aunque descuiden sus deberes como contribuyentes además de incurrir en las corruptelas que suelen darse en el negocio.

jueves, 19 de septiembre de 2013

Incoherencias en España



    La fundación BBVA hizo público recientemente un estudio comparado de diez países en relación con lo que sus ciudadanos declaran esperar del Estado. De dicho informe se desprende que en España es donde más se confía o reclama de los poderes públicos y, curiosamente, con escasa diferencia entre votantes del PP y de PSOE. La inmensa mayoría de unos y otros considera responsabilidad del Estado la sanidad, las pensiones y los subsidios por desempleo.
    Ello, en principio, presupone una notable adhesión a los postulados de la ideología de izquierda como promotora de la justicia social, mas la realidad es que en las últimas elecciones los ciudadanos dieron su voto y la mayoría absoluta al PP, partido que nos gobierna, autoproclamado de centro derecha. Primera incoherencia.
    Si los españoles somos los que más exigimos al Estado de los diez países encuestados, en buena lógica deberíamos dar ejemplo a la hora de proporcionarle los medios económicos necesarios, mas hete aquí que en evasión de impuestos y economía sumergida somos campeones. Segunda incoherencia.
    Cuando ocurre un desastre natural (sequías prolongadas, inundaciones) o no tan natural como los incendios forestales, los afectados reclaman de los poderes públicos una indemnización por los daños sufridos. Si se produce un accidente con víctimas mortales, sus familiares contratan a los mejores abogados (a veces solo los más caros que no siempre es lo mismo) para eximir de responsabilidad a los actores directos y cargarla sobre el Estado a fin de conseguir las máximas indemnizaciones posibles. Recordemos la tragedia del Yak 42 en Turquía, el incendio del avión Spanair en Barajas o la del AVE en Santiago. Siempre es papá Estado el que tiene que pechar con la culpa, suministrar los servicios, apagar los fuegos y curar todas las heridas físicas y económicas. Del poco aprecio de lo público es ejemplo la actitud de muchos huelguistas que al ver desatendidas sus demandas, sin duda justas en la mayoría de los casos, desahogan su ira quemando contenedores o destruyendo otros objetos del mobiliario urbano. La Administración siempre es el chivo expiatorio.
    De buena parte de esta conducta es culpable el propio Estado, es decir, somos todos,  por no aplicar la misma vara de medir a lo privado. Si alguien comete un hurto, el hecho será calificado como delito siempre que el valor excede de 400 euros, pero en cambio, para que exista delito fiscal (que es una forma de robar a todos) es preciso que el valor de lo defraudado sea superior a 120.000 euros. Hasta la última reforma del Código penal, el tope era de 90.000 euros.
    Semejante comportamiento ciudadano solo puede explicarse por desconocimiento de la naturaleza y fines del Estado que es, según la más conocida definición “la sociedad organizada para cumplir y hacer cumplir la ley”. A partir de ahí podemos comprender mejor el eslogan “Hacienda somos todos” que, siendo cierto, cayó en descrédito porque, indebidamente, no trata a todos por igual.
    Lo cierto es que la Administración del Estado no crea dinero ni dispone de más recursos que los que le proporcionamos los contribuyentes con nuestros impuestos, y si alguien se apropia de más de lo que en justicia le pertenece o elude por procedimientos tortuosos el pago de lo que la ley le exige, está defraudando a toda la sociedad.
 Lo que la ciudadanía debe reivindicar a través del Parlamento es que el Estado distribuya la carga fiscal con equidad, que priorice los gastos sociales sobre otros, y especialmente sobre los de carácter suntuario, que promulgue leyes justas para corregir las desigualdades que fomenta el mercado libre, que exija a sus servidores administrar con probidad, honestidad y rigor, erradicando la corrupción de los políticos que traicionan la confianza depositada en ellos por los ciudadanos.
    Lo que la realidad nos ofrece confirma la sospecha de que la contradicción e incoherencia son indisociables de la conducta humana. No obstante, hay que combatirlas sin esperar victoria, en la convicción de que sin buenos ciudadanos es muy difícil que tengamos un buen Estado.

martes, 17 de septiembre de 2013

Codicia



    En la vida hay sucesos que no dejan de sorprendernos por más frecuentes que sean cuando guardan relación con personas de relevancia social o política, y nos obligan a meditar sobre sus circunstancias causales. Me refiero en este caso a la codicia como factor determinante de determinadas conductas. La razón de que pergeñe estas líneas viene dada por la reciente lectura del periódico en una de cuyas páginas interiores aparecía la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –un curioso apellido trilítero como el mío-  imponía al que fue poderoso presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, y nueve directivos más de la empresa, una fianza conjunta de 1.200 millones de euros para responder de delitos societarios, estafa y falsedad en documento mercantil, y a la vuelta de la página figuraba el desglose de las ayudas públicas percibidas por la banca española por importe de 61.000 millones, aparte de otras cantidades a cargo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y sin incluir tampoco las pérdidas que puedan tener los compradores de los bancos nacionalizados asumidas por un programa denominado Esquema de Protección de Activos (EPA) por cuenta del Estado.

    Ambas noticias tienen en común el exceso de codicia que cegó a los gestores de Pescanova y los de los bancos y cajas de ahorros. Todos ellos se embarcaron en un proceso de expansión desbocada con la finalidad de aumentar las ganancias y obtener así sueldos más suculentos, aunque ello comportase el endeudamiento fuera de toda prudencia hasta poner en peligro la solvencia de las respectivas sociedades, peligro que se hizo real y efectivo al pincharse el globo de la burbuja inmobiliaria y conducir a la quiebra de unas y otras entidades. Otra coincidencia es que en ambos casos, los administradores manejaban dinero ajeno, y por tanto, mientras las cosas iban bien ellos se embolsaban sustanciosas retribuciones, y si la apuesta fallaba, los paganos serían los accionistas de la pesquera o el Estado, es decir, los contribuyentes. Eso se llama jugar con ventaja.

    Un aspecto en el que no coinciden los protagonistas es en la responsabilidad civil y penal de sus actos. Si se confirmasen los delitos que se le imputan a Fernández de Sousa podría dar con sus huesos en la cárcel. En cambio, los directivos de bancos y cajas se llaman andana y, o bien siguen en sus cargos como si nada hubiera pasado, o bien se retiraron a disfrutar de sus cuantiosos ingresos. Esta diferencia muestra que apropiarse de caudales públicos se considera menos delictivo que hacerlo en la esfera privada. Quienes con sus dislates provocaron la ruina y el paro de millones de españoles pueden imitar a aquel juez que envió a un ujier a notificar un auto y el destinatario le atizó dos sonoras bofetadas, y dirigiéndose al magistrado y señalando su cara dijo que en ella habían ofendido a su señoría, a lo que éste contestó “ahi me las den todas”. De momento, ningún banquero ha ido a prisión y el único que entró en ella salió a los ocho días, y al juez que lo encarceló le retiraron la instrucción de la causa y está sometido a denuncia por falta grave. Y después leemos en la Constitución que ante la ley todos somos iguales. Vivir para ver.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

La ayuda al tercer mundo



    La relación de Occidente con el Tercer Mundo ha sido y sigue siendo ambivalente. Centrando el análisis en África, nos encontramos con que hasta el siglo XV, cuando los navegantes portugueses bordearon la costa atlántica, era prácticamente desconocida su existencia. Tras el descubrimiento de América había que proveer de mano de obra barata aquellas tierras, y a tal fin se recurrió al comercio de esclavos negros, capturados por los propios africanos. De esta forma se traficó durante siglos con personas como si fueran animales en un comercio inmoral que se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XIX.
    En el Congreso de Berlín de 1884 se repartió el continente entre Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica y Portugal bajo el régimen de colonias con el pretexto de civilizar a los nativos, pero en realidad, era una forma de explotación de la población y de las riquezas naturales. A partir de la II Guerra Mundial surgió un rechazo del colonialismo apoyado por EE.UU que eclosionó en 1960 con la independencia de muchos países, de modo que las colonias se transformaron en Estados soberanos, muchos de ellos inviables y llenos de problemas de toda índole.
    Antes de la emancipación y después también, Occidente –y últimamente China-  expolian las riquezas minerales (oro, cobre, petróleo, hierro, diamantes) en connivencia con  los gobernantes locales, que se hacen ricos por su colaboración, en tanto que el pueblo llano no sale de su pobreza y atraso.
    Cuando ocurren desastres naturales, como pueden ser lluvias torrenciales seguidas de sequías prolongadas, la pobreza se convierte en miseria y la hambruna se apodera de grandes sectores de la población.
    La otra cara de la relación bilateral consiste en la transferencia de miles de millones de euros que bajo la designación de ayuda al desarrollo se dedica en gran medida a paliar emergencias, si bien, canalizada a través de los gobiernos y organizaciones locales, se filtra en gran parte en los bolsillos de intermediarios corruptos. A veces el tratamiento es peor que la enfermedad. Como la alimentación en África descansa fundamentalmente en el consumo de maíz y arroz, el reparto gratuito de estos cereales importados elimina todo aliciente para el cultivo “in situ”, en lugar de adquirirlos sobre el terreno, con lo cual se refuerza la dependencia en adelante. Esta forma de ayuda sin atacar las causas de la crisis, somete a los beneficiarios a la condición de pordioseros, al mismo tiempo que se sostiene implícitamente una red de corrupción que favorece a quienes desempeñan puestos de autoridad u ONG locales.
    Otras veces la ayuda se distribuye por medio de Organizaciones No Gubernamentales cuyo nombre no responde a la realidad, ya que se financian significativamente por aportaciones públicas. Si por ejemplo, construyen una escuela y se retiran, se corre el riesgo de que desaparezca o se transforme en un centro privado al que se asiste mediante pago.
    Otros agentes de la cooperación son los misioneros que tienen la ventaja de la permanencia, pero el inconveniente de buscar el adoctrinamiento y proscribir el uso de anticonceptivos, lo que contribuye a agravar el problema demográfico y a aumentar los estragos del sida.
    Es indudable que más de cincuenta años de cooperación al desarrollo y los miles de millones empleados no han modificado la triste condición del continente negro. La miseria y el desamparo, junto con la ausencia de educación, la sanidad y la vivienda, siguen tan presentes como siempre. Como causa y efecto de esta situación, con excesiva frecuencia estallan guerras en las que África pone las víctimas y los occidentales y los chinos ponen las armas. Los casos más recientes  se llaman Liberia, Mali, República Centroafricana, Sudán, Angola, Congo, Ruanda, Sierra Leona… La lista sería interminable
    Ante el decepcionante balance de los esfuerzos y a la vista de la triste realidad descrita por numerosos autores, es imperativo que Occidente cambie la estrategia de su ayuda, de tal modo que los africanos tengan un mayor protagonismo de sus asuntos propios, que se responsabilicen de su gestión, que se ocupen de la educación y sanidad y combatan la corrupción. Sin este compromiso, enviar dinero carece de sentido y en el mejor de los casos es pan para hoy y hambre para mañana.
    Los Gobiernos europeos deben ofrecer asesoramiento y respaldo económico para la creación y el respeto a los derechos humanos. Y por supuesto, adoptando medidas que fomenten el comercio internacional en igualdad de condiciones y evitando la exportación de armas y de bienes a precios subvencionados que ciegan las fuentes de riqueza locales.

jueves, 5 de septiembre de 2013

Algunas verdades sobre Gibraltar



    En noviembre de 1700 falleció en Madrid el rey Carlos II el Hechizado (1661-1700) a los 39 años sin descendencia, pese a haber contraído dos matrimonios. Un mes antes había otorgado testamento en el que designaba heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Con su muerte se extinguía en España la dinastía austriaca y se iniciaba la Guerra de Sucesión en la que estaba en juego la corona española. En la contienda participaron, de un lado Inglaterra, Austria y otras naciones, y del contrario Francia, secundada por gran parte de España, excepto Cataluña. La guerra concluyó con el Tratado de Utrech en 1713 en el que se daba vencedor a Felipe V y se reconocía a Inglaterra la posesión de Gibraltar y Menorca.
    La isla balear fue reconquistada en 1802 pero en el Peñón ondea desde entonces la bandera inglesa, sin que los repetidos intentos bélicos y diplomáticos y diplomáticos consiguieran arriar el estandarte británico.
    La causa principal de que se sostenga la única colonia europea tiene mucho que ver con la falta de una auténtica política de Estado por parte de nuestro país. Es un hecho  que Inglaterra se niega a negociar la soberanía amparándose en el pretexto de que respeta la voluntad de los llanitos, los cuales no quieren ni oír hablar de su anexión a España, ni siquiera como región autónoma, con una superficie de 6,8 kilómetros cuadrados.
    Desde un principio, Londres no dejó de ampliar el escaso territorio practicando la política de hechos consumados. En 1938, mientras España guerreaba contra sí misma, construyó el aeropuerto en terreno que no le pertenecía. Otra fórmula empleada fue y es la de ganar terreno al mar mediante rellenos, a pesar de que España no le reconoce derecho de aguas territoriales, si bien nosotros les vendíamos arena y rocas para realizarlos. En 1968, al ver que Gibraltar no caía como fruta madura, Franco ordenó el cierre de la Verja, con el mayor perjuicio para los españoles que perdieron su empleo sobre todo en hostelería y servicio doméstico, sustituidos por trabajadores marroquíes. Con la transición política se abrió de nuevo la Verja y en años recientes el a la sazón ministro español de Asuntos Exteriores, Moratinos, concedió 60.000 líneas telefónicas y facilidades aeroportuarias a cambio de la promesa de iniciar negociaciones que nunca se cumplieron. Como se ve, toda una política errática, sin que ni el palo ni la zanahoria hayan resultado eficaces.
    La Roca es un incordio en doble sentido: como humillación y como fuente de perjuicios económicos. Los gibraltareños, o Gran Bretaña, que para el caso es lo mismo, han ideado un modelo de economía de servicios que les rinde óptimos resultados como se refleja en el hecho de tener una renta per capita de 47.000 euros, más del doble de la española, y una tasa de paro del 2,50%. Esto explica por qué no quieren ni oír hablar de su anexión a España. Actúan como un paraíso fiscal, tienen domiciliadas más sociedades que habitantes, y abren sus puertas a 16 sucursales de bancos internacionales y 55 compañías de seguros que se benefician de la reducida presión fiscal. Otras fuentes de ingresos son el negocio de las apuestas por Internet que dan trabajo a 2.500 personas, así como el repostaje de gasóleo de buques en alta mar incumpliendo leyes comunitarias. Las autoridades españolas acusan a sus homólogas gibraltareñas de permitir el contrabando de tabaco, fomentar o tolerar el blanqueo de dinero, y por último, denuncian que 6.700  personas viven en España y disfrutan de los beneficios sociales como la sanidad, pero no pagan impuestos por tener su domicilio fiscal más allá de la Verja.
    Lo extraño y sorprendente es que la política española, por efecto de sus bandazos, no se preocupó de impedir o reprimir las actividades no incluidas en el Tratado, y solo de vez en cuando salen a la luz pública como auténticas serpientes de verano o maniobras de distracción. Si, como parece, no está en un horizonte próximo el cambio del “statu quo”, aislemos la Roca sin agresividad ni concesiones inútiles, y sobre todo, reactívese la economía de la comarca para que sus habitantes no tengan que buscar empleo en la colonia soportando un paro insoportable frente al pleno empleo en ella. Necesitamos una genuina política de Estado sin altibajos, ajena a cualquier cambio derivado de la llegada al poder de distintos partidos o Gobiernos. Que Gibraltar deje de ser un problema para España en invierno y en verano.
    Y por último, si los negocios de Gibraltar contradicen la legalidad, denunciémosle ante las instancias judiciales internacionales incluido el Tribunal Internacional de La Haya para restablecer la normalidad y defender nuestros derechos.