lunes, 24 de octubre de 2016

Los amos del mundo



    El 14 del pasado setiembre se firmó la mayor compra empresarial conocida hasta la fecha. Ese día la farmacéutica alemana Bayer adquirió la norteamericana Monsanto por 58.500 millones de euros. La alemana es líder en la fabricación de productos fitosanitarios y la segunda tiene la patente de alimentos transgénicos.
    La antedicha operación mercantil es un nuevo hito en la corriente de concentración empresarial que se lleva a cabo a través de compras, fusiones o absorciones dirigidas a conseguir posiciones dominantes en el mercado interno para extenderse después a otras regiones, sin límites administrativos o geográficos hasta convertir el mundo en un mercado único dirigido por un reducido número de multinacionales que se mueven como pez en el agua en la globalización.
    El proceso integrador se autoalimenta, ya que cuando una compañía fagocita a un competidor, despierta en otras el instinto defensivo que induce a reaccionar en el mismo sentido para no quedarse atrás y perder competitividad. La gigantesca sociedad resultante ya no mide su cuota de mercado en términos nacionales sino mundiales.
    Favorecidas por su tamaño y merced a la globalización, las estrategias implementadas por los colosos surgidos de la concentración  se orientan al logro de economías de escala, aumento del I+D, complementariedad de productos y de líneas de comercialización, reducción de costes que suele comenzar por el recorte de plantillas y siguen por la deslocalización de las factorías trasladándolas a países donde los salarios son más bajos, los impuestos menores y la permisividad medioambiental mayor, conservando en el de origen la sede y los puestos directivos. El objetivo final es la eliminación de competidores y la actuación en régimen de monopolio. Cuanto más crezca la dimensión de las corporaciones más se debilita el poder  de los gobiernos y su capacidad negociadora, capacidad mermada también por la necesidad de promover inversiones que fomenten el empleo, aunque sea a costa de precarizarlo y estrechar el abanico salarial.
    El desafío que se plantea a las autoridades nacionales es el de preservar el Estado de bienestar y defender la legislación laboral tuitiva con la creación de alicientes a la implantación de nuevas industrias competitivas como puede ser la seguridad jurídica, la estabilidad política, el buen funcionamiento de las instituciones, la disponibilidad de mano de obra formada  y una buena red de comunicaciones. En todo caso, el creciente poder de las megaempresas consigue una mayor flexibilidad y tolerancia de las autoridades laborales, fiscales y sanitarias de los países en desarrollo. Basta recordar el desastre provocado  por la sociedad Carbide en Bhopal (India) en 1984 que  ocasionó la muerte de más de 25.000 personas y afectó  a más de 600.000.
    Es de notar que el sector financiero (banca y seguros) también  está inmerso en la corriente integradora reforzada por participaciones accionariales cruzadas, es clave en el sistema capitalista. La propiedad de estas entidades suele estar repartida entre millones de pequeños accionistas, pero solo unos cuantos poseen suficiente número de títulos para formar parte de los consejos de administración que gobiernan y toman las decisiones. Los minoritarios se conforman con cobrar los dividendos y acostumbran a delegar su representación en las asambleas a los bancos, lo que concede a estos  un poder relevante en la adopción de los acuerdos.
   En resumen, se trata de que un pequeño grupo de familias sea quien gobierne los hilos de las economías nacionales que se irán extendiendo a lo ancho y largo del planeta. Da una idea de su poder el hecho de que a 31 de diciembre de 2015, el valor bursátil de las diez  mayores empresas –que por cierto, son todas estadounidenses- era de 3,4 billones de euros, es decir, casi tres veces y media del PIB de España. Todo un auténtico poder fáctico que ejerce fuerte presión sobre los gobiernos para obtener concesiones.
    De continuar en adelante la concentración empresarial, en un futuro no lejano sobreviviría un reducido grupo de corporaciones transnacionales  que actuarían monopolísticamente e impondrían su ley en los distintos sectores económicos y financieros. Su poder –que no tiene nada de democrático– sería tan avasallador que los Estados no podrían legislar contra ellas, suponiendo que quisieran hacerlo. En ese momento, la libre competencia que fue enseña del capitalismo desde Adam Smith, habría muerto. Sería un poder autónomo capaz de condicionar la política económica de los países en que decidieran instalarse.

lunes, 17 de octubre de 2016

Amar la violencia



     Siempre me ha intrigado la fascinación que no poca gente siente por el ejercicio de la violencia y por la contemplación del dolor de otros, que no representa sino las dos caras de la misma moneda: la agresividad y el deseo de aniquilar la vida ajena.
    El regodeo en la crueldad está tan extendido en el mundo que es lo que estimula la industria cinematográfica y televisiva, en los celebrados géneros “western”, gangsters, bélico, etc. La adicción a la violencia no es exclusiva de ningún pueblo o raza. En cualquier lugar podemos ver la aceptación que despiertan las películas de terror, de las que la publicidad  exalta que cada minuto irá en aumento la angustia del espectador que le paralizará de espanto y le clavará en el asiento. Quien de tal modo experimenta delectación por la barbarie ficticia es de temer que tampoco la rehúya en la vida real.
    Me resulta incomprensible que alguien pague por presenciar las imágenes de un espectáculo inhumano para ver como un caníbal destripa a sus víctimas. ¿En qué recóndito pliegue de nuestro inconsciente anida esa  atávica obsesión por el olor y el color de la sangre que ciega la razón? ¿Cuándo se desprenderá el linaje humano de esa adherencia viscosa de agresividad heredada de nuestros ancestros cazadores?
    Lamentablemente, el progreso en tal dirección es apenas perceptible, si es que de verdad existe. Valga de muestra la evolución de los espectáculos de masas. Si bien es cierto que desaparecieron las luchas a muerte de los gladiadores, las exhibiciones en las que los actores ponen en riesgo sus vidas con la complacencia, cuando no con el azuzamiento de los espectadores, siguen presentes en el catálogo de actos supuestamente festivos, bien sea por enfrentamiento personal entre los protagonistas, cual ocurre en el boxeo, bien por jugarse la vida ante una bestia que es la esencia del toreo, por mucho arte que los defensores de la llamada fiesta nacional le quieran echar al espectáculo.
    En ambos casos, el público que ha pagado su entrada se siente investido del derecho a exigir a los actuantes  que extremen el riesgo, pidiendo al uno  que pegue más fuerte a su rival y al otro que se arrime más al toro. Si el primero recibe un golpe mortal o el segundo es empitonado, no son más que accidentes profesionales de los que, quienes momentos antes les incitaban, no se sienten en absoluto responsables. Cuando en cierta ocasión veía en televisión  al padre lloroso de un infeliz banderillero muerto en el ruedo, no sabía que condenar más, si a quien cría un hijo para que sirva de acerico a las astas de la fiera o a una sociedad que permite y estimula espectáculos tan salvajes.

lunes, 10 de octubre de 2016

Endeudamiento excesivo



    Cuando alguien desea adquirir un bien sin contar con dinero para satisfacer su precio, es habitual acudir a un préstamo, que normalmente obtiene en un banco, ya que esta es una actividad a la que dedica buena parte de los depósitos que les confían los ahorradores.
    Endeudarse permite  anticipar el disfrute de un bien cuyo coste espera diferir en el tiempo, como es el caso de la compra de vivienda propia. En este supuesto la prudencia aconsejaría  ahorrar antes una parte significativa  de precio  a fin de evitar que los  pagos mensuales  sobrepasasen el 30% de sus ingresos. El riesgo en que se incurre es la incertidumbre sobre la disponibilidad  de ingresos con que abonar  las cuotas de amortización e intereses. El problema se agudiza por la precariedad del empleo que implica la inseguridad de conservarlo, en contraste con lo que era  frecuente tiempo atrás en que el trabajador se jubilaba en la empresa en la que había iniciado su vida laboral. La misma prudencia disuadiría de acudir al crédito para atender gastos consuntivos como podrían ser unas vacaciones o comprar una segunda vivienda si los plazos a pagar excediesen el 30% de sus ingresos.
    Las mismas consideraciones son válidas para las operaciones de apalancamiento del Estado. Endeudarse representa trasladar la carga a las generaciones venideras. Desde el punto de vista macroeconómico, la UE establece como límite  el 60% del PIB, y sin embargo, por efectos  de la crisis, varios países, y entre ellos España, superan el 100%. Ello obliga a  presupuestar para el pago de intereses la mayor partida de gasto, que sobrepasa los 30.000 millones de euros. Y si no es mayor se debe a los bajos tipos de interés que rigen actualmente  gracias a la intervención del Banco Central Europeo, y no sabemos hasta cuándo. Cada 1% que aumentasen supondría incrementar la carga en 10.000 millones.
    Las expectativas a corto plazo son poco favorables. Como ciertos gastos tienden a crecer, por ejemplo, las pensiones, y la recaudación disminuye, en parte por la rebaja del IRPF acordada en 2015 para propiciar la victoria del PP en las elecciones de 2015, el resultado es el desajuste de las cuentas que incrementan el déficit, el cual a su vez agranda la deuda e impide cumplir los compromisos con Bruselas respecto a la reducción escalonada del déficit. El castigo podría ser que la Comisión Europea  impusiera una multa de hasta 5.000 millones y la retención de fondos estructurales a que nuestro país tiene derecho.
    Según estudios de varios economistas norteamericanos, si la deuda pública llega al 90% de PIB se pone en peligro la estabilidad presupuestaria y el crecimiento de la economía.
    El crédito no debe utilizarse para financiar el gasto corriente y solo es admisible si se destina a costear infraestructuras que aumenten la producción y originen retornos en forma de beneficios recurrentes que a su vez faciliten  la amortización de la deuda. Este análisis deberá llevar a una rigurosa selección de las obras que se proyectan, calculando los costes de mantenimiento y el coste de oportunidad a fin de que se cumplan dichas condiciones y que reúnan más ventajas que cualquier otra inversión alternativa.
    Lamentablemente son muchas las obras cuya ejecución  no se ajusta a tal metodología sino con sujeción a intereses particulares o a presiones de poderes locales con motivación política. Por citar un ejemplo elocuente, me referiré al plan del AVE o ferrocarril de alta velocidad que prevé  que España tenga más líneas que cualquier otro país europeo y cuyo coste superará los 50.000 millones aparte de mantenimiento de 100.000 euros por kilómetros, y encima solo es utilizable para el transporte de viajeros. Por consiguiente, habrá que mantener en servicio la red preexistente para el tráfico de mercancías. Está claro que la extensión del AVE es desproporcionada  y falta de realismo en relación con las necesidades y los recursos,  lo que conllevará  la infrautilización  de la capacidad disponible, y consiguientemente, la ausencia de rentabilidad, mírese como se mire. Una alternativa económicamente más ventajosa podría haber sido la modernización de la red actual que cubriría el transporte de mercancías y viajeros.
    Si pensamos que España ha descuidado la calidad de la educación, especialmente la de las universidades, la despoblación del rural, la atención a la dependencia y tantos aspectos de lo que denominamos Estado de bienestar, es inevitable concluir que muchas grandes obras de comunicaciones y transportes se han llevado a cabo por un erróneo orden de prioridades y con olvido de los costes de oportunidad. A este respecto es notable  la infradotación de I+D que sobre una inversión ya exigua del 1,2% del PIB se recortó en los últimos años el 40% que dio motivo a la interrupción de varios proyectos de investigación  y a la emigración forzosa de jóvenes científicos en cuya formación se habían invertido muchos millones que ahora fructificarán en otros países. Se trata de justificar los recortes con el pretexto de la crisis, pero es precisamente en esos casos cuando está indicado un mayor esfuerzo inversor para cimentar el futuro. Bastaría mirarse en el espejo de Corea del Sur que siguió el camino inverso  a partir de la crisis de 1997 y de ahí salieron empresas innovadoras como Samsung.

jueves, 6 de octubre de 2016

Igualdad ante la ley



    La igualdad ante la ley de todos los españoles es uno de los pilares de nuestra Constitución, por lo que conculcarla sería un atentado contra el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la plena y desnuda realidad muestra  cuan frecuente es su incumplimiento sin que ello suponga consecuencias.
    La primera forma de vulneración que viene a cuento es la de los aforamientos de políticos y jueces, entre otros. En virtud de este trato desigual, si un aforado es acusado de conducta delictiva, el juez natural no puede  interrogarle, investigarle ni juzgarle. Tendrá que  elevar la causa al Supremo para que este Tribunal investigue, y en su caso, juzgarle. El número de personas que gozan de este privilegio se acerca a los 17.000.
    Lo más sorprendente es que muchas de las fuentes de desigualdad son otras tantas leyes de menor rango como lo atestiguan los ejemplos que  citaré a continuación. Cuando alguien es acusado de un delito grave puede dar con sus huesos en la cárcel, pero si es económicamente pudiente, puede librarse de ir a prisión depositando una fianza que exija el juez. Si en el juicio fuera absuelto, no sufriría ninguna penalización. Si por el contrario, el inculpado careciese de recursos,  habría estado en prisión el tiempo que se demorase la instrucción  del proceso.
    Otro caso de discriminación legal proviene de la distinta valoración  entre el autor de un robo constitutivo de delito si el valor de lo sustraído excede 400 euros,  y el fraude que,  para que sea calificado como delito deberá superar los 120.000 euros. El vulgar ladrón habría perjudicado  a un ciudadano en tanto que el defraudador habrá dañado a toda la ciudadanía. En estos casos adquiere sentido la frase de Bertolt Brecht “cárcel para el que roba un pan, libertad para el gran ladrón”.
Otro caso de discriminación. Si usted obtiene una renta  procedente de su sueldo, está obligado a pagar el IRPF con arreglo a la tarifa correspondiente, que puede llegar a ser la más alta. Pero si su vecino  consigue una base liquidable igual o superior a la suya, procedente de intereses, alquileres, dividendos y plusvalías, la tarifa aplicable es muy inferior. El trabajo como virtud queda devaluado ante el capital. El primero requiere esfuerzo; el segundo  puede proceder de herencia, suerte o negocio más o menos legal.
    Cuando un defraudador reconoce sus delitos contra la Hacienda Pública que conlleva pena de cárcel, puede eludirla pactando con el fiscal un acuerdo que le exima de reclusión mediante el pago de una cantidad convenida. Está reciente el caso  de la familia Carceller que firmó el 8 de setiembre un acuerdo por el que quedó libre de cargos a cambio de ingresar 92,37 millones de euros.
    Fuente de otras muchas formas de desigualdad tiene su origen en las Comunidades Autónomas. Estas tienen facultades transferidas para crear o bonificar determinados tributos cuya efectividad influye tanto en los gastos como en los ingresos, lo que a su vez condiciona la ejecución de los servicios públicos y las prestaciones sociales.
    En cuanto a los impuestos sobre el patrimonio, transmisiones hereditarias y donaciones, cada comunidad las aplica a su manera, y algunos, como la de Madrid, han renunciado a su exacción respecto del patrimonio. Ello da lugar no solo a renunciar a una parte de lo que podría haber recaudado, sino que se convierten de hecho en paraísos fiscales que atraen la domiciliación de millonarios en perjuicio de otras comunidades en las que el gravamen se mantiene.
    La menor recaudación influye en el gasto público que se traduce, por ejemplo en el importe de la Renta Mínima de Inversión Social, también llamada pensiones no contributivas, así como en las ayudas por dependencia, de modo que no es lo mismo ser dependiente en una comunidad que en otra. Igualmente difiere mucho el coste de las matrículas universitarias y precio de los masters que puede ser el triple de las más bajas.
    Las comunidades vasca y navarra, por mor de sus fueros reconocidos en la Constitución, administran sus ingresos y gastos y pagan al Estado una cuota anual negociada entre ambas partes. Este tratamiento excepcional  les confiere indudables ventajas que las distingue del resto. Gracias a esas ventajas, en ellas, el gasto social por habitante es de 3.000 euros mientras la media de las demás es de 2.200.
    Como vemos, el precepto constitucional está lejos de cumplirse. Los casos expuestos son solamente una parte de los que existen. Comprendo que la justicia perfecta es una utopía en el mundo imperfecto en que vivimos. No obstante, un Estado de derecho como el que por suerte tenemos en España tiene el deber de acercarse lo más posible suprimiendo los privilegios que profundizan la desigualdad y son otras tantas injusticias.

domingo, 2 de octubre de 2016

Cambio acelerado



    Tal vez la característica más notable del tiempo en que vivimos sea la profundidad y rapidez con que los cambios se suceden en todos los órdenes de la vida. Ciertamente el tiempo es testigo de que siempre se han producido mutaciones de la naturaleza y en el comportamiento de las personas, pero la aceleración histórica explica que en el presente las transformaciones sean más frecuentes  que en el pasado y que lo serán más en el porvenir.
    Ejemplo de mudanza nos lo dan dos de las instituciones más antiguas y arraigadas del mundo que hasta hace poco parecían relativamente inmunes al paso de los años y aun de los siglos: la Iglesia y el ejército. Religión y milicia  tienen varios aspectos comunes y con frecuencia se encuentran en las mismas trincheras, defendiendo valores parejos; ambas son esencialmente conservadoras, guardianes del orden establecido. Nada tiene de extraño por ello que en distintas épocas, algunas no muy lejanas,  se proclamase como un ideal la figura del hombre mitad monje y mitad soldado, y aunque el cristianismo no llegó a venerar a un dios específico de la guerra como hicieron los romanos con Marte, se invoca a Dios como señor de los ejércitos, los cruzados afirmaban que “Dios lo quiere”, y al Nazareno se le conoce como Cristo Rey, y en los altares se representa a  Santiago matamoros.
    Ambas instituciones son vistas por la sociedad actual de forma muy diferente del pasado, y como consecuencia, están sometidas  a convulsiones internas que ponen a prueba su flexibilidad  para adaptarse a los tiempos.
    Es visible que la sociedad civil muestra un aprecio decreciente por las carreras eclesiástica y de las armas, y la pérdida de vocaciones consiguiente deja las diócesis  sin seminarios y las ciudades sin cuarteles, al mismo que crecen el agnosticismo y el pacifismo a parecido ritmo. Los jóvenes no se sienten atraídos ni por la sotana ni por los vistosos uniformes marciales. A muy pocos les seduce vivir como un cura y la gente, en general, se preocupa más por librar el cuerpo de privaciones y sacrificios que de salvar el alma del pecado. Antes que ganar paraísos lejanos se prefiere el más prosaico placer aquí y ahora.
    Aun cuando los cambios afectan por igual a institutos armados y religiosos, cada uno muestra distinta  capacidad de reacción para acoplarse a los cambios.  El ejército arrincona sus prejuicios machistas y abre sus puertas a la mujer, en tanto la Iglesia, más inflexible y tradicionalista, se las cierra a cal y canto, e insiste en que el sacerdocio es cosa de hombres, si bien no de todos, sino de los  que sean heterosexuales –aun que luego estén obligados a vivir en castidad. Por el contrario las fuerzas armadas no distinguen entre homos y heteros y se puede ser oficial y caballero independientemente de la orientación sexual. Para la Iglesia, en cambio, el sexo sigue siendo tabú. Los militares someten a revisión sus principios organizativos y aceptan que las Ordenanzas de Carlos III ya no valen; la Iglesia, no solo acepta como inmutables las verdades consignadas en los libros sagrados, sino que rechaza modificar su constitución jerárquica piramidal, o admitir otros criterios que los de la ortodoxia para enjuiciar los fenómenos  sociales de nuestros días que los consagrados siglos ha por los distintos concilios. Lo malo para la curia es que los contestatarios ya no temen las hogueras de la inquisición, y los autores publican sus libros sin someterse al preceptivo “nihil obstat” de antaño, y por ello los creyentes estiman más plausibles las teorías de la evolución natural, o la del “Big Bang”,  que la creación del universo en seis días y uno de descanso. A la gente le ha dado por pensar por su cuenta sin dogmatismos ni censuras, sin esperar a que las verdades procedieran de los teólogos, y esto hace que se confíe más en la ciencia que en la religión para hallar respuestas al mundo que nos acoge.
    La endogamia sigue siendo una ventaja como cantera de vocaciones militares, pero la Iglesia institucional, al sustentar inamovible el principio del celibato sacerdotal, se priva de esta aportación de sangre nueva para nutrir sus filas, si bien cuenta con la inapreciable ventaja de su papel en la educación para reclutar a sus alevines en la infancia o la adolescencia en que resulta más eficaz el adoctrinamiento.