sábado, 23 de agosto de 2014

Crece la desigualdad



    La que fue llamada Compañía Telefónica Nacional de España y lleva ahora el nombre de Telefonica, ha tenido una tortuosa trayectoria desde que fue privatizada. Presidida ahora por César Alierta, en los últimos años ha despedido mediante un ERE a 15.000 trabajadores, sus acciones, las famosas “matildes”, han perdido el 50% de su valor bursátil con la crisis, y en el primer semestre del año en curso redujo sus ganancias en un 7,50% con relación al mismo período del año anterior. Para completar sus calamidades, ha sido objeto de diversas sanciones económicas, de las cuales la última y más reciente fue impuesta por la Comisión Europea a causa de abusos de su posición dominante. Por importe de 200 millones de euros.
    Con tan brillante historial, un observador objetivo dudaría de la capacidad gestora de su directiva y, por coherencia, supondría que sus retribuciones no serían demasiado ostentosas. La realidad, sin embargo desmiente este razonamiento. Vemos que el presidente sumó a su sueldo fijo millonario del pasado ejercicio un “bonus” de 3 millones de euros y tal vez previendo la proximidad del retiro, renunció al blindaje que tenía a cambio de una aportación única de 35,5 millones para su plan de pensiones cuyo fondo se eleva a 48,8 millones. No es fácil calcular la pensión de jubilación a que tendrá derecho pero sin duda multiplicará por varias decenas la de mil euros mensuales a que asciende la media de la Seguridad Social. Por supuesto estas anomalías tienen su encaje legal, lo que induce a pensar que las leyes en cuestión tienen muy poco de justas y equitativas. Son situaciones que aumentan la brecha entre privilegiados y los demás.
    El de Telefónica no es un caso único, ni mucho menos. Las retribuciones de los consejos de administración de las compañías del Ibex 35 aumentaron en los seis primeros meses del año actual el 7,1% y las de los altos directivos el 31,3%. ¿De verdad estamos inmersos en una aguda crisis? Está claro que ellos no la sufren, más bien les sirve de pretexto para defenderse mejor de ella. Fue el motivo aducido para congelar el salario mínimo de 645 euros, cantidad que muchos trabajadores con empleo no cobran, y no digamos los que estando inactivos han perdido el derecho al subsidio de desempleo.
    Tampoco los salarios desproporcionados son la única causa de enriquecimiento selectivo y del aumento de la desigualdad. Las rentas del capital crecen más que el PIB. Por citar un ejemplo, Amancio Ortega, el expresidente de Inditex, percibe unos ingresos que deben superar los mil millones de euros al año entre dividendos, intereses y alquileres, ingresos con tributación inferior a la de las rentas del trabajo.

lunes, 18 de agosto de 2014

Abandono del rural



        Asistimos con pesadumbre a la desertificación progresiva del territorio rural de España, sentido con especial intensidad en Galicia, sin que exista un plan oficial que prevea paliar los costes sociales de este fenómeno.
    Como consecuencia de este proceso imparable, la población gallega, que está en fase de descenso por otras causas, tiende a concentrarse en la franja costera y en las siete ciudades de Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, Pontevedra, Lugo y Ferrol. En conjunto han pasado de representar el 12% del censo gallego en 1900 a sobrepasar el 42% actualmente, en tanto que más de un centenar de aldeas se quedan deshabitadas cada año y se suman a las 1.300 que ya cerraron sus puertas.
    La desertificación comenzó a partir de la segunda mitad del siglo XX con el éxodo rural del campo a las ciudades y la emigración, y desde entonces la hemorragia demográfica no ha cesado. Los jóvenes siguieron el mismo camino porque el campo no ofrecía alicientes ni expectativas de mejora. El resultado fue que el número de vecinos menguó a ojos vista y al generalizarse el envejecimiento no existe renovación generacional y la muerte es solo cuestión de tiempo. Diríamos que se trata de una muerte anunciada como el título que lleva una de las novelas de García Márquez.
    Como consecuencia, al no existir apenas población infantil, los colegios de enseñanza primaria cierran sus aulas. La reducción del censo clausura las farmacias por descenso de ventas. Esa misma razón deja sin viajeros a las líneas de autobuses con lo que reducen las frecuencias o simplemente se suprimen.
    Hasta hace poco, esta evolución era particularmente intensa en los pueblos más pequeños, pero de algún tiempo a esta parte la sufren también los núcleos que son sedes de ayuntamientos y partidos judiciales. Tal es el caso de O Carballiño que cito, no porque sea el ejemplo más elocuente, sino por ser uno de los que mejor conozco.
    Hasta hace pocos años disponía de autobuses a diversos destinos, particularmente a Vigo, y de una estación de ferrocarril que fue inaugurada a raíz de la entrada en servicio de la línea Zamora-Ourense. Pues bien, la línea de autobuses tiene escasísima frecuencia y se suspende sábados y domingos. Con motivo de la entrada en servicio del AVE Santiago-Ourense, al no parar en la villa carballinesa se ha quedado sin tráfico, de modo que cuando alguien quiere viajar a Madrid deberá coger un taxi a la capital provincial para continuar después el viaje en tren. El último golpe que puede recibir vendrá del anteproyecto de organización de la justicia que resta competencias y personal a los partidos judiciales. El aislamiento de la villa está en marcha, con lo que redundará en la disminución del número de habitantes. Un paso más hacia el aislamiento.
    Los costes sociales, económicos, culturales y medioambientales que implica el proceso en marcha son evidentes, sin que ello sea motivo para que las autoridades tomen medidas para remediar la situación.
    En las aldeas abandonadas, las casas se derrumban con el peso del tiempo, las corredoiras se quedan silenciosas y muertas, y en medio de la soledad, la vida humana ha desertado. Tampoco quedan gallos que canten a la alborada ni perros que repliquen los ladridos de colegas lejanos. Todo se prepara para que la vida salvaje y la vegetación desordenada se adueñe del lugar. Todo un espectáculo melancólico, especialmente triste para quienes conocieron allí el sosiego y la paz animada por gentes que vivían sin prisas pero animaban el ambiente.

domingo, 10 de agosto de 2014

Carta al nuevo secretario del PSOE



        He leído con interés sus declaraciones en El País (03.08.14) y, a fuer de sincero debo confesar mi decepción, tanto por lo que dice como por lo que silencia.
    Usted afirma que lo que hay que hacer es reformar y modernizar el país, pero dicho así, es una frase hueca si no se explicitan los fines que se persiguen, sabiendo a donde se quiere llegar.
    Habla usted de “garantizar la estabilidad del sistema de financiación autonómica”, mas, para lograrlo no se necesita una reforma constitucional como propone; basta plasmar en la ley los principios que consagra el artículo 31 de la Carta Magna.
    Crecer y garantizar empleo de calidad es un objetivo compartido por todos pero es preciso ofrecer la receta para conseguirlo. El crecimiento no se logrará con promesas y buenos deseos, hacen falta medidas concretas, como un plan de reindustrialización para no depender tanto de vender sol y playa u ofrecer salarios de miseria para competir con los chinos. A propósito, ¿cómo espera conseguir la reducción de los costes energéticos, lo que constituiría un aliciente para futuros inversores?
    Sería muy conveniente exponer cuáles serían las bases de una futura reforma laboral que sustituiría a la promulgada por el Gobierno en 2012. Suscitan dudas que esté usted de acuerdo con que las empresas necesitan mecanismos de flexibilidad interna y que tengan “un trato privilegiado” además de defender la libertad económica. ¿Dónde queda el papel del Estado? La confusión dificulta la comprensión del silogismo.
    Manifiesta su conformidad con el rescate bancario, pero la fórmula ofrecía distintas opciones. La de Estados Unidos permite al Estado recuperar los fondos aportados, en tanto la instrumentada por el gobierno del PP costará a los contribuyentes muchos miles de millones a pesar de que Rajoy prometiese que el rescate no costaría un euro a los españoles. Otra solución hubiera sido la nacionalización de los bancos quebrados en lugar de sanearlos y a continuación ofrecérselos en bandeja a los grandes que no fueron ajenos a la crisis.
    Aunque me sorprendieron algunos de sus puntos de vista, me causaron mayor extrañeza los silencios y omisiones de temas que afectan a los españoles en general. Por ejemplo, su posición ante una ley de partidos que garantice la democracia interna y regule la financiación privada, reduzca a dos los mandatos, elimine el transfuguismo, determine cuando es exigible la dimisión, impida que se cobren pensiones públicas e ingresos privados.
    Sr. Sánchez, si el PSOE continúa sometiéndose a las leyes neoliberales del mercado y olvida la defensa a ultranza del Estado de bienestar y del principio de igualdad que deben ser sus señas de identidad, el partido se quedará sin espacio político, que será ocupado por la derecha, por la izquierda revolucionaria o por los populismos como muestran las encuestas.
    Permítame recomendar a los militantes del PSOE, y más a sus líderes, que repasen la vida y obra del fundador, Pablo Iglesias, para seguir su ejemplo y no el de discípulos aprovechados como Felipe González.

lunes, 4 de agosto de 2014

Regeneración de los políticos



    La corrupción de los políticos, cuyas noticias saturan los medios de comunicación un día sí y otro también, se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía. Se les acusa de todos los males que nos afligen, y muchas veces con sobrada razón. La situación recuerda el dicho italiano “piove, porco goberno”. Se les califica de ineptos, partidistas, venales. Sin embargo, al emitir juicio conviene hacer ciertas puntualizaciones. En primer lugar, que el mal comportamiento no es exclusivo de nuestros representantes, porque en cada caso de corrupción hay un corruptor, y en segundo, que no son marcianos venidos de otro planeta sino integrantes de la sociedad, que viven entre nosotros, y por lo tanto, con las mismas virtudes y defectos que el resto de los mortales. Se distinguen, no obstante, por una cualidad singular: son depositarios de la confianza que hemos puesto en ellos al votarles para resolver problemas y no para crearlos y, en consecuencia, con una responsabilidad añadida, aumentada por estar en sus manos, más que en las de nadie, legislar de formas que se restrinjan al máximo las conductas irregulares y en su caso, castigar a quienes incurran en ellas.
     Que nuestros representantes acierten o no en su tarea es algo que hemos de admitir como inevitable, pero que traicionen nuestra confianza y utilicen el cargo en beneficio propio, es algo por completo inaceptable. Si tienen poco fuste y observan conductas poco recomendables no podemos esquivar la responsabilidad que nos corresponde por haberlos elegido sin reunir las condiciones exigibles. Bien es cierto que de esto tiene buena parte de culpa la ley electoral al imponer listas cerradas y bloqueadas que obligan a votar la candidatura completa aunque incluya algún integrante que nos parezca impresentable.
    En todo caso, los ciudadanos cumpliríamos mejor nuestro papel  de electores si fuéramos conscientes del valor que la ley concede a nuestro sufragio, que puede ser decisivo para que triunfe una u otra alternativa, si nos interesáramos más por los asuntos públicos que son los de todos, si fuéramos más proclives al asociacionismo y si estuviéramos dispuestos a ser más participativos en las convocatorias electorales.
    Una persona bien informada está más inmunizada contra los cantos de sirena, eslóganes publicitarios, demagogia y populismo de quienes ofrecen soluciones simplistas a problemas complejos o promesas inalcanzables. Con buena información desecharíamos las candidaturas de partidos que hubieran incumplido sus programas, haciendo suya la cínica afirmación del que fuera alcalde de Madrid de que las promesas electorales están para no ser cumplidas. El mismo rechazo daríamos a los que incluyeran en sus listas a miembros imputados por indicios de delito. Si no acudimos a las urnas o votamos con frivolidad, nos faltará legitimidad para protestar por las posibles tonterías o fechorías de nuestros representantes.