En noviembre de 1700 falleció en Madrid el
rey Carlos II el Hechizado (1661-1700) a los 39 años sin descendencia, pese a
haber contraído dos matrimonios. Un mes antes había otorgado testamento en el
que designaba heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Con su
muerte se extinguía en España la dinastía austriaca y se iniciaba la Guerra de
Sucesión en la que estaba en juego la corona española. En la contienda participaron,
de un lado Inglaterra, Austria y otras naciones, y del contrario Francia,
secundada por gran parte de España, excepto Cataluña. La guerra concluyó con el
Tratado de Utrech en 1713 en el que se daba vencedor a Felipe V y se reconocía
a Inglaterra la posesión de Gibraltar y Menorca.
La isla balear fue reconquistada en 1802
pero en el Peñón ondea desde entonces la bandera inglesa, sin que los repetidos
intentos bélicos y diplomáticos y diplomáticos consiguieran arriar el
estandarte británico.
La causa principal de que se sostenga la
única colonia europea tiene mucho que ver con la falta de una auténtica
política de Estado por parte de nuestro país. Es un hecho que Inglaterra se niega a negociar la
soberanía amparándose en el pretexto de que respeta la voluntad de los llanitos,
los cuales no quieren ni oír hablar de su anexión a España, ni siquiera como
región autónoma, con una superficie de 6,8 kilómetros cuadrados.
Desde un principio, Londres no dejó de
ampliar el escaso territorio practicando la política de hechos consumados. En
1938, mientras España guerreaba contra sí misma, construyó el aeropuerto en
terreno que no le pertenecía. Otra fórmula empleada fue y es la de ganar
terreno al mar mediante rellenos, a pesar de que España no le reconoce derecho
de aguas territoriales, si bien nosotros les vendíamos arena y rocas para
realizarlos. En 1968, al ver que Gibraltar no caía como fruta madura, Franco
ordenó el cierre de la Verja, con el mayor perjuicio para los españoles que
perdieron su empleo sobre todo en hostelería y servicio doméstico, sustituidos
por trabajadores marroquíes. Con la transición política se abrió de nuevo la
Verja y en años recientes el a la sazón ministro español de Asuntos Exteriores,
Moratinos, concedió 60.000 líneas telefónicas y facilidades aeroportuarias a
cambio de la promesa de iniciar negociaciones que nunca se cumplieron. Como se
ve, toda una política errática, sin que ni el palo ni la zanahoria hayan
resultado eficaces.
La Roca es un incordio en doble sentido:
como humillación y como fuente de perjuicios económicos. Los gibraltareños, o
Gran Bretaña, que para el caso es lo mismo, han ideado un modelo de economía de
servicios que les rinde óptimos resultados como se refleja en el hecho de tener
una renta per capita de 47.000 euros, más del doble de la española, y una tasa
de paro del 2,50%. Esto explica por qué no quieren ni oír hablar de su anexión
a España. Actúan como un paraíso fiscal, tienen domiciliadas más sociedades que
habitantes, y abren sus puertas a 16 sucursales de bancos internacionales y 55
compañías de seguros que se benefician de la reducida presión fiscal. Otras
fuentes de ingresos son el negocio de las apuestas por Internet que dan trabajo
a 2.500 personas, así como el repostaje de gasóleo de buques en alta mar
incumpliendo leyes comunitarias. Las autoridades españolas acusan a sus
homólogas gibraltareñas de permitir el contrabando de tabaco, fomentar o
tolerar el blanqueo de dinero, y por último, denuncian que 6.700 personas viven en España y disfrutan de los
beneficios sociales como la sanidad, pero no pagan impuestos por tener su
domicilio fiscal más allá de la Verja.
Lo extraño y sorprendente es que la política
española, por efecto de sus bandazos, no se preocupó de impedir o reprimir las
actividades no incluidas en el Tratado, y solo de vez en cuando salen a la luz
pública como auténticas serpientes de verano o maniobras de distracción. Si,
como parece, no está en un horizonte próximo el cambio del “statu quo”, aislemos
la Roca sin agresividad ni concesiones inútiles, y sobre todo, reactívese la
economía de la comarca para que sus habitantes no tengan que buscar empleo en
la colonia soportando un paro insoportable frente al pleno empleo en ella.
Necesitamos una genuina política de Estado sin altibajos, ajena a cualquier
cambio derivado de la llegada al poder de distintos partidos o Gobiernos. Que
Gibraltar deje de ser un problema para España en invierno y en verano.
Y por último, si los negocios de Gibraltar contradicen
la legalidad, denunciémosle ante las instancias judiciales internacionales incluido
el Tribunal Internacional de La Haya para restablecer la normalidad y defender
nuestros derechos.
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