Distribución de la renta

    El que fuera secretario de Defensa norteamericano con el presidente Bush, Donald Rumsfeld, además de muchas actitudes poco virtuosas, es autor de una curiosa clasificación del conocimiento, según  la cual, hay que distinguir entre lo que sabemos, lo que sabemos que ignoramos y lo que ignoramos que ignoramos.

    Aplicando esta taxonomía a la crisis económica que padecemos y el tratamiento que prescribe la eurozona, estaríamos en el primer caso. Sabemos por convicción y por evidencia empírica que la receta de austeridad extrema y el recorte a todo trance del gasto público como cura de la recesión no solo es inútil sino contraproducente. Es como echar gasolina al fuego según se aprecia en Grecia, Irlanda y Portugal, y en similar proporción en España e Italia. Tras años de medicar  al enfermo con esa pócima solo se ha conseguido debilitarlo más hasta la extenuación.

    Sin embargo, los gobiernos cierran ojos y oídos a la realidad y se empeñan en aplicar  la misma cura de caballo contra toda evidencia, por más que el resultado sea profundizar la recesión y colapsar la economía. El empecinamiento conlleva unos costes sociales que recaen con especial virulencia sobre los trabajadores, pensionistas, parados y clase media.

    El economista vigués Antón Costas denunció en un reciente artículo la ceguera de las élites europeas para no percibir las consecuencias sociales y políticas y atribuye esta estrategia a prejuicios ideológicos y al hecho de que sus miembros son ajenos al sufrimiento que causan a la mayoría de la población. Esas mismas personas no tendrán que comer en establecimientos de beneficencia, ni serán desahuciados de sus viviendas, ni siquiera verán menguados sus ingresos de siete dígitos. Al contrario. El sueldo medio de Wall Street en los dos últimos años, en plena crisis, creció un 17%. Gracias a ellos, las grandes compañías que comercializan artículos de lujo obtienen beneficios record.

    En una democracia consolidada, Estados Unidos, en contra de lo que proclama el ideal, el poder reside en una minoría opulenta del 1% de la población según advierte el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, constituida  por los más ricos, y no por casualidad, sino por la presión que sus miembros están en condiciones de ejercer sobre el Gobierno, del que normalmente forman parte para que apoye sus intereses, de modo que poco más de tres millones de personas deciden sobre lo que afecta a 313 millones de estadounidenses.

    Si trasladamos el escenario a nuestro país, cabe pensar que alrededor de 460.000 españoles decretan el destino de 46 millones de ciudadanos.

    En ambos casos las poderosas minorías dominantes integradas por políticos, banqueros, industriales, grandes terratenientes, directivos empresariales y máximos representantes de la jerarquía militar y judicial. En conjunto comparten y defienden intereses comunes y legislan o dictan las leyes que les benefician.

    De hasta que punto lo logran da fe el hecho de que España figura en el vagón de cola en las estadísticas  que expresan el grado de desigualdad social entre las rentas más altas y las más bajas. El llamado coeficiente de Gini (por el nombre del estadístico italiano Corrado Gini, 1884-1965)  mide la diferencia de ingresos  en un país  y en un momento determinado. Si este coeficiente fuera cero, el país en cuestión  registraría una igualdad perfecta, es decir, todos sus habitantes  percibirían la misma renta. Por el contrario, el coeficiente uno significaría la máxima desigualdad. Pues bien, el dato español en 2011 fue de 34, el nivel más alto desde que hay registro y el mayor de la UE. En el extremo opuesto, el más bajo correspondería a Noruega (aunque no forma parte de la UE) con 22,5.

    Eurostat, la oficina de estadística de la Comisión Europea, utiliza otro indicador denominado 80/20 que consiste en comparar los ingresos del 20% de la población que consiguen la mayor cantidad con el 80% que percibe menos. Los valores más altos del primer tramo muestran la mayor desigualdad. Nuevamente, España aparece con los datos de mayor concentración de ingresos, con un multiplicador de 7,5 que contrasta con el 5,7, valor medio de la UE y con el 3,3 de Noruega, de modo que el 20% de la población española más rica tiene una renta 7,5 veces mayor que el 20% más pobre. Cualquier indicador que tomemos resalta la amplitud de nuestra brecha social.

    Ciertamente, en el caso español influye la enorme cifra de parados que ven disminuidos o anulados sus ingresos, así como el recorte de los servicios públicos pero el mal proviene de un reparto muy desigual de la riqueza que no se ha sabido o querido corregir.

    Obviamente la injusta situación de la sociedad española no se remedia con actos de caridad o instituciones de beneficencia por muy meritorios que sean quienes participan en ellas con donaciones y entrega personal. La corrección reclama leyes que distribuyan con más equidad la renta nacional. Es lo que ansían millones de familias que sufren hambre y sed de justicia.

¿Somos ricos los españoles?

    La pregunta así planteada no admite fácil respuesta porque la realidad es compleja y ambigua. Un extranjero que visitase el país dudaría como pronunciarse porque los hechos observados podrían ser interpretados de forma diferente y contradictoria.

    Si hubiera asistido en Basilea (Suiza)  a la final de la Liga Europea de Fútbol entre el Liverpool y el Sevilla el 18 de mayo de 2016 y contemplado la cantidad de hispalenses que se trasladaron a dicha ciudad, se sentiría tentado a creer que los hispanos vivimos en la opulencia. Y esta opinión se reforzaría si acudiese en la capital española al partido del  Barcelona y el Sevilla para disputar la final de la Copa del Rey en el Bernabéu, abarrotado de aficionados, además de los muchos que se quedaron fuera por agotamiento de las entradas a pesar de su elevado precio. La misma impresión le causaría querer comer en un restaurante de lujo y no poder hacerlo por estar ocupadas todas las mesas.

    Si nuestro supuesto viajero no se conformase con la observación de los signos externos y se documentase en fuentes estadísticas fiables, llegaría a conclusiones distintas de las anteriores en virtud de datos como los siguientes: la estructura social de España está formada por el 60,6%  de familias de clase media, el 26,6% de clase baja y el 12,8% de clase alta. La crisis que se inició en 2008 cambió la estratificación y en 2013 (último año de información disponible), la clase media baja llegó al 38,5%, la de renta media descendió al 62,3%, con una caída que afectó a tres millones de personas; por el contrario, el 8,92% mejoró su situación económica (“Distribución  de la renta, crisis económica y políticas distributivas”, informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, 2016).

    La cruda realidad  es que cinco millones de compatriotas están en paro forzoso, que de ellos, dos millones han agotado sus prestaciones de desempleo, que 500.000 personas viven en pobreza severa y que si la situación no ha desembocado en un estallido se debe a entidades de beneficencia y ONG (Cruz Roja, Caritas, Banco de Alimentos, etc.) y a las redes familiares que con la pensión del padre o del abuelo mantienen a los hijos que por su edad deberían estar emancipados.

    Las políticas implantadas por el Gobierno para enfrentarse a la crisis han sido asimétricas. En tanto las clases medias más débiles han sufrido con mayor rigor las consecuencias, una minoría privilegiada ha visto mejorado su participación en la renta nacional y en la riqueza del país. El resultado, como,  es lógico, fue ahondar la brecha que separa a los que tienen de los que no tienen, sin que se atisben medidas que corrijan el desfase.

    Según Oxfam Intermon, los veinte españoles más ricos poseen un patrimonio de 115.100 millones de euros que equivalen a la riqueza  acumulada por el 30% de la población  más pobre, o sea, a unos catorce  millones de personas. Lo que es aún más injusto es que en 2015 los bienes del primer grupo crecieron el 15% que no por casualidad coinciden con lo que disminuyó la riqueza de los que menos tienen. Otro ejemplo: los sueldos de los consejeros de las empresas cotizadas en el Ibex 35 crecieron el 9,1% en 2015, situándose en una media de 364.700 euros mientras el salario mínimo subió el 1% sin pasar de 9.300 €. Los presidentes de las mismas sociedades cobran 158 veces lo que un trabajador medio. En teoría los sueldos más altos tributan al 50% por el IRPF, pero es muy probable  que se valgan de la ingeniería financiera para reducir el impuesto a menos de la mitad. Todo ello explica que España sea la nación más desigual de la UE. Lo atestiguan, entre otras fuentes, el llamado índice de Gini que mide la máxima igualdad en cero (igualdad absoluta) y en 100 la máxima desigualdad. El dato español en el período comprendido entre 2007 y 2013 se desplazó del 32,5% al 38,4%. Con esta información a la vista, a nuestro hipotético visitante le habría resultado fácil adivinar a qué clase pertenecerían los  españoles que se desplazaron a Suiza  para presenciar un partido de fútbol.

Guerra Fría

    Todos dábamos por cierta la versión oficial de que la guerra fría concluyó en 1991 con la implosión de la URSS,  pero en realidad siguió viva hasta nuestros días, si bien con espacios temporales y geográficos de latencia. En aquella fecha había motivos para creer que, derrotado uno de los contendientes, no tenía sentido continuarla, y que el victorioso  se contentaría con disfrutar las mieles del triunfo. Con la caída del comunismo desapareció la organización económica del bloque soviético llamado Comecon, y lo mismo la organización militar, el Pacto de Varsovia. La nueva Rusia en manos del dipsómano Boris Yeltsin, fácil de manipular, quedaba sometida a Occidente para sobrevivir a la debacle, una vez derrocado Gorbachov.

    Pero a Yeltsin le sucedió Vladimir Putin, un antiguo  espía de la KGB que supo encarnar las aspiraciones  del pueblo ruso de recuperar su papel de protagonista de la política mundial. Este proyecto despertó la suspicacia de EE.UU. que se sintió incómodo al quedar sin enemigo que combatir y justificar así el cuantioso gasto armamentístico, tan querido por el complejo militar industrial,  como lo denominó Eisenhower.

    La política de Yeltsin llevó a la desintegración  de la Unión Soviética y al nacimiento de la República Federal de Rusia y otras catorce naciones independientes. La primera sigue siendo el país más extenso del mundo, tiene una población de 150 millones de habitantes, posee el segundo mayor arsenal nuclear y ostenta el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

    Washington teme que Rusia pueda disputarle la hegemonía y para impedirlo mantiene una política de acoso que da lugar a que ambas potencias confluyan y choquen en diversos escenarios con situaciones que evocan las que produjo la Guerra Fría en sus peores momentos.

    Estados Unidos, usando como arma la Alianza Atlántica no pierde ocasión de acorralar y hostigar a su rival. Primero fue la reunificación  de Alemania tolerada por Gorbachov, después fue la adhesión a la OTAN de Polonia, los Países Bálticos, Hungría, Bulgaria y Rumania. Simultáneamente, Reagan aprobó el proyecto del escudo antimisiles so pretexto de defenderse de la amenaza nuclear de Irán, que Rusia siente como dirigida contra ella. Un reciente episodio consistió en la promesa de adhesión de Ucrania a la UE como primer paso para la incorporación a la OTAN. Cumplido el plan,  el territorio ruso no solo quedaría rodeado de  bases militares potencialmente enemigas, sino que la flota rusa perdería su base de Sebastopol y el acceso al Mediterráneo. El último acto de la campaña fue la realización de importantes maniobras militares en Polonia próximas a la frontera rusa en las que participaron numerosos países europeos, al mismo tiempo que siguen en vigor las sanciones impuestas por la UE como represalia por la virtual anexión de Crimea.

    En este clima de guerra fría han empeorado las expectativas  de una solución negociada de diversos conflictos, comenzando por el más sangriento que es el de las guerras civiles de Siria y Ucrania, así como la lucha contra el Estado Islamista, problemas todos ellos insolubles sin el acuerdo entre EE.UU. y Rusia que, logrado en el caso de Irán,  permitió su renuncia a producir armamento atómico.

    El temor a la destrucción mutua asegurada (MAD) por el posible empleo de armas nucleares evitó el estallido de la tercera guerra mundial, pero al coste de multiplicarse los conflictos bélicos llamados guerras de baja intensidad, alentados o sostenidos por las dos superpotencias, que cumplían dos objetivos complementarios: debilitar al rival y servir de polígonos de pruebas de nuevas armas.

    Desgraciadamente, seguimos sin aprender la lección de que para preservar la paz es tan indispensable el entendimiento de Washington y Moscú como poner fin a la Guerra Fría.

Lo que espera al ganador

    La obcecación, el partidismo, y la falta de altura de miras de los líderes políticos ha llevado a los españoles a repetir el 26 próximo los comicios del 20-D con perspectivas de repetir los resultados después de conducir al país a un callejón sin salida. La verdad es que con su irresponsable actitud se han ganado la desafección de los ciudadanos con nuevos motivos para declarar que no los representan.

    Detrás de este cerrilismo se oculta el apetito desaforado por llegar a la Moncloa. Viendo la tenacidad con que han perseguido el objetivo, uno se hace preguntas que nadie responde. ¿Guía el comportamiento de los políticos  el patriotismo, su vocación de servicio al pueblo, su adicción al poder o simplemente su aspiración  a disfrutar las prebendas del poder (que no son pocas) y vivir de la mamandurria?

    Sean cuales fueren las razones que impulsan su empeño, es lo cierto que a quien gane la carrera electoral no le aguarda un camino de rosas ni un disfrute placentero del premio conseguido. Habrá de afrontar numerosos desafíos con medios disponibles insuficientes. Por su parte, la oposición, cumpliendo su cometido, se encargará de echarle en cara los fracasos, el incumplimiento de las promesas hechas a los votantes, su incapacidad para erradicar la corrupción, etc. etc. De poco le valdrá echar mano del archisabido recurso de la herencia recibida.

    Con una situación económica volátil y cambiante sometida a múltiples variables endógenas y exógenas, la tarea de gobernar los próximos cuatro años semeja una navegación por mares procelosos en la que llevar el barco a buen puerto representa una hazaña hercúlea.

    Veamos, como ejemplo,  una muestra de los problemas a los que el Gobierno nonato tendrá que dedicar atención preferente, comenzando por la elaboración aprisa y corriendo de los presupuestos generales del Estado de 2017 y su problemática aprobación parlamentaria. He aquí una lista incompleta de asuntos a resolver a corto plazo. 1º, frenar los desahucios de las primeras viviendas; 2º, remediar la situación de desamparo en que han quedado muchos desempleados al haber agotados sus prestaciones; 3º, corregir con leyes especiales la precariedad de quienes tienen un trabajo que no les libra de caer en la pobreza; 4º, garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, sin romper la hucha; 5º, cumplir los compromisos contraídos con Bruselas sin hacer más recortes ni aumentar los impuestos; 6º, disminuir la deuda pública que absorbe una de las mayores partidas del gasto presupuestario: 7º, encauzar el lío del independentismo catalán, etc. etc.

    Con estos y otros asuntos por delante, lo que puede asegurarse es  que el nuevo inquilino de la Moncloa  no tendrá tiempo para aburrirse ni le faltará para reflexionar si habrá valido la pena tanto denuedo para alcanzar tan exigua recompensa.

    El próximo domingo día 26 se celebrará la final de un partido en el que todos podemos ganar más o menos según la papeleta que introduzcamos en las urnas. Al igual que en los encuentros futbolísticos, deseemos que gane el mejor, para que sufran menos los que viven peor y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

Crisis del trabajo

    Acabo de leer “El fin del trabajo” (Paidos, colección Booket, Barcelona 2014), un libro en el que el renombrado economista norteamericano Jeremy Rifkin examina la situación del mercado laboral de su país referida a la última década del pasado siglo y extrae conclusiones que son válidas para los demás países desarrollados. Estamos inmersos en una fase avanzada de la tercera revolución industrial y el factor que más influye en ella es el progreso tecnológico.

    El creciente empleo de la informática, la robótica, la microelectrónica y la digitalización nos lleva a las máquinas programadas y autómatas cada vez más perfeccionadas que reducen los costes operativos y abaratan la producción. Como consecuencia, al sustituir las máquinas a la mano de obra, se produce el paro masivo, por la incapacidad del sistema económico de ofrecer ocupación a la población activa.

    El ritmo de evolución se agudiza en tiempos de crisis como la que estamos padeciendo, pero la destrucción de empleo y la precariedad laboral ya eran visibles y preocupantes en Estados Unidos y en España antes de que la burbuja inmobiliaria hiciera su aparición. Rifkin muestra con datos que los despidos masivos ya se daban antes de la crisis. Y no solo los despidos, la congelación y rebaja de salarios y la desprotección legal de los trabajadores, que se extendieron después a otras latitudes.

    Parece obvio que los redactores e inspiradores de la reforma laboral que el Gobierno aprobó en 2012, tuvieron en cuenta la situación sociolaboral de Estados Unidos, expuesta en la obra que comentamos, pues en aquel escenario estaban presentes los rasgos característicos del mercado de trabajo tales como el abaratamiento del despido, la dualidad del empleo fijo y eventual, el trabajo temporal sin límite de rotación y a tiempo parcial, la supresión de mejoras pactadas en convenios vencidos y la transformación forzada de asalariados en autónomos para eludir las cotizaciones de la seguridad social. No es extraño que el autor proponga reconocer la categoría estadística del subempleo en la que estarían incluidos  quienes tienen que aceptar empleo a tiempo parcial, por lo que no deberían llamarse ocupados, los cuales perciben ingresos de miseria. Sorprende que hasta las Administraciones públicas acuden a las nuevas formas de contratación y a la automatización de tareas para ahorrar personal  y consiguientemente, incrementar el paro tecnológico.

    Quienes impugnan los efectos negativos de la “tecnología cambiante” sobre el mercado laboral, sostienen que las innovaciones, además de propiciar aumentos espectaculares de productividad y el descenso de los precios, generarán suficiente demanda para impulsar la creación de más empleos que los que destruyen.

    No seré yo quien niegue la evidencia de las ventajas de todo tipo que proporcionan las nuevas tecnologías, pero la experiencia demuestra con rotundidad que la pérdida de puestos de trabajo es superior a los nuevos que crean. Primero fue la agricultura, el sector que experimentó la mecanización de las tareas, y los trabajadores desplazados solo en parte fueron absorbidos por la industria naciente. Más tarde, este sector experimentó el mismo proceso y mucha de la mano de obra cesante encontró acomodo en los servicios, pero a partir de mediados del siglo XX el sector servicios se vio afectado por la introducción de sistemas informatizados y procesos intensivos de automatización con una constante disminución de trabajo humano hasta llegar a la oficina virtual en la que una sola persona con un teléfono y un ordenador desempeña múltiples funciones. Las nuevas TIC crean muchos menos puestos de trabajo que los que dejan vacantes. Pensemos, por ejemplo, en el número de contratos de Facebook, a pesar de atender a 1.500 millones de usuarios o en los recortes sucesivos de plantillas de las compañías de telecomunicaciones y de la banca por medio de prejubilaciones y EREs.

    El resultado lo tenemos a la vista con casi cinco millones de parados según la última encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre de 2016, sin que a lo largo de varios años  la tasa haya bajado del 20%. La UE contabiliza 23 millones de desempleados.

    Salir de esta situación va a requerir tiempo, esfuerzos, imaginación y una honda redistribución de la renta personal que atenúe la brecha social. Si los avances de la tecnología mejoran y mejorarán la productividad del trabajo, es injusto que beneficie solamente al capital. Si en España el PIB creció el 3,2% en 2015 y con un aumento de solo 0,70% de la masa salarial, no es de recibo que el capital se haya apropiado del 2,50% restante.

    Estamos abocados a un cambio de época en la que se impondrá el reparto del trabajo porque ha devenido escaso. Habrá que recurrir como medidas alternativas o complementarias a la reducción de la jornada laboral y a la mayor duración de las vacaciones. No pueden coexistir ocho horas para unos y ninguna para otros. Es imperativo conseguir que algunos trabajen menos para que otros trabajen también. Como reivindican las centrales sindicales italianas, “lavorare meno, lavorare tutti”

    Los futuros yacimientos de empleo estarán en  el sector de determinados servicios vinculados al Estado de bienestar  y relacionados con el ocio así como en la promoción y apoyo al llamado tercer sector que constituyen las asociaciones sin ánimo de lucro y ONG que ocuparán parte del tiempo libre.

    Para que el cambio sea factible y viable, es indispensable que el Estado disponga de los recursos económicos necesarios. Las nuevas fuentes de ingresos serán, además de las tradicionales, las de desplazar la carga tributaria que grava las rentas  del trabajo a las del capital, de forma que se consiga un reparto equitativo de la riqueza. Se deberán endurecer los impuestos sobre el vicio (tabaco, alcohol, juego y lujo), y tal vez otros  nuevos sobre grasas saturadas y tasas sobre el uso  y deterioro del medio ambiente, además de  combatir con la máxima eficacia el fraude fiscal. Hay indicios de que la opinión general respecto al cumplimiento de los deberes fiscales está cambiando, acentuándose la condena de la insolidaridad de los más ricos, al mismo tiempo que se reclama del Estado su función redistribuidora, a fin de lograr un reparto más equitativo de la riqueza y una efectiva igualdad de oportunidades. A tal fin se deben incrementar los impuestos sobre patrimonio y transmisiones a partir de un límite razonable.

    De conseguirse implantar estas reformas,  tendríamos una sociedad más justa, más preocupada por la pacífica convivencia y menos por medidas represivas y más prisiones.