Democracia vs. Plutocracia

    En una tendencia que venía de atrás, la pérdida de peso de las rentas salariales en la formación del PIB, experimentó una desaceleración aun mayor con motivo de la crisis en relación con las rentas del capital. El proceso se agrava cuando éstas tienen un crecimiento mayor que el de la economía nacional, según documenta el economista francés Thomas Piketty en su libro recién aparecido “El capital en el siglo XXI”.

    Esta evolución conduce inevitablemente a una progresiva desigualdad entre una élite que acumula una desproporcionada riqueza y el resto de la población, que se reparte en tasa decreciente el resto de la tarta hasta llegar a un segmento que carece de toda clase de bienes.

    Según datos de la banca Credit Suisse existen en nuestro país 465.000 personas (el 1% de los españoles) que poseen un patrimonio de más de un millón de dólares, equivalente a 800.000 euros, sin contar la vivienda propia, joyas, cuadros y vehículos. Por el contrario, el 22% de la población sufre pobreza severa que afecta especialmente a la tercera parte de la infancia.

    Dado que fortuna y poder están indisociablemente unidos, se impone la conclusión de que la oligarquía capitalista controla el gobierno del país, bien por sus representantes directos, bien por políticos desclasados a su servicio.

    Dicha situación configura una plutocracia que el Diccionario de la Real Academia define como “preponderancia de los ricos en el gobierno de un Estado”. De tal detentación del poder solo cabe esperar que las leyes favorezcan sobre todo a la clase adinerada, como así ocurre. Las muestras podrían multiplicarse, mas en aras de la brevedad citaré solamente algunos ejemplos recientes.

    El gobierno de Zapatero, poco antes de abandonar la Moncloa indultó al consejero delegado del Santander. El presidente de este banco podría haber sido condenado pero el Tribunal Supremo archivó la causa en virtud de que la fiscalía no había ejercido la acusación, consagrándose así la que se llama “doctrina Botín”. El mismo gobierno se hizo con los nombres de 659 grandes defraudadores, facilitados por un empleado del banco HSBC en Ginebra llamado Falciani, pero optó por cobrar la deuda estimada sin la multa que correspondería, y todo con la máxima discreción para que no trascendieran los nombres de los infractores.

    Una actitud similar fue observada por el Ejecutivo del partido popular al decretar una amnistía fiscal a la que pudieron acogerse quienes disponían de dinero depositado en paraísos fiscales, sin temor a inspecciones que pudieran delatar el posible origen delictivo de los capitales ocultos.

    No me resisto a incluir en la lista de despropósitos el rescate de los bancos por 100.000 millones de euros que habremos de pagar con nuestros impuestos. Los mismos bancos que desahucian a centenares de miles de familias. Para ellos no hay rescate ni amnistía.

    Para no alargar la relación de desmanes citaré solamente que el gobierno socialista dejó prescribir el derecho a reclamar a las empresas eléctricas más de 3.000 millones de euros que habían cobrado de más a los abonados.

    Puesto que somos gobernados de hecho por una oligarquía plutocrática, cabe preguntarse si es posible la convivencia armónica de democracia y plutocracia. La respuesta es negativa porque la democracia exige la vigencia de principios, entre otros, el de una persona un voto, y todos con el mismo valor; por consiguiente, el gobierno salido de las urnas debe representar la voluntad mayoritaria y ajustar su actuación al bien común. La plutocracia, por el contrario, amputa la representatividad y defiende los privilegios de los mejor instalados en la sociedad. En la medida que predomine la plutocracia más se recortará el ideal democrático.

    No obstante, la convivencia de ambos regímenes se da en muchos países y también en el nuestro como consecuencia de la desigualdad que reina en ellos. Lo cual conlleva que el gobierno del pueblo por el pueblo se cumple de forma deficiente, por cuanto una parte considerable de cuantos teóricamente deciden, se abstienen de hacerlo, y cuanto menor sea la participación más sufre la legitimidad del sistema.

    La realidad nos muestra claramente que quienes viven en la pobreza son poco proclives a acercarse a las urnas, bien sea por su exclusión, bien sea por desconfianza hacia la clase política.

    En la medida que aumenta la pobreza como ocurre actualmente, crece el abstencionismo electoral que, como promedio de varias convocatorias electorales, está en torno al 35% del censo,

    Con el índice de participación del 65%, suponiendo como ejemplo, un censo de veinte millones de ciudadanos con derecho a voto, solo lo ejercitarían trece millones, con predominio de la clase media y alta. Si el partido vencedor obtuviera el 50% de los sufragios, tendría el respaldo de seis millones y medio. Por tanto, su gobierno solamente representaría la voluntad de un tercio de la población frente a los dos tercios restantes cuya voluntad no sería atendida. Si, como acontece en Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, los ciudadanos que votan apenas pasan del 50%, la legitimidad de los gobernantes queda más que cuestionada. No en vano se ha dicho que la democracia es el peor sistema político con excepción de todos los demás conocidos.

El impacto de la robótica

    Nos hallamos inmersos en una campaña permanente a favor de la productividad como arma necesaria para la conquista de los mercados exteriores, medida, como es sabido, por el cociente de dividir el producto interior bruto (PIB) de un país por el número de personas ocupadas, o por el número de horas trabajadas, comparando el resultado con el de años anteriores para evaluar la evolución en el período indicado.

   La principal estrategia de que se sirven las empresas para mejorar su productividad es la utilización de máquinas y herramientas cada vez más perfeccionadas y polivalentes que facilita la robótica con incorporación de conocimientos procedentes de la informática y la inteligencia artificial.

    Cuando el dramaturgo checo Karl Chapek introdujo en su obra R.U.R. (Robots Universales Rosum) estrenada en 1921, la palabra robota traducida por robot para designar un trabajo mecánico repetitivo, no podía imaginarse que estaba dando nombre a una nueva tecnología que sería fuente de inspiración para autores de ciencia ficción y para designar un trabajo repetitivo realizado por autómatas.

    Año tras año ha ido creciendo la fabricación de artilugios robóticos tanto industriales como domésticos que sustituyen el trabajo humano. La Federación Internacional de Robótica informa que actualmente existen 1,5 millones de los primeros y en 2013 se vendieron 179.000.

    Estamos a punto de estrenar una nueva generación de ordenadores que impulsarán la aparición de robots más complejos y potentes que ampliarán su campo de aplicaciones. La robótica comenzó a instalarse en laboratorios para dar paso al nacimiento de una industria en continuo crecimiento. Los primeros autómatas cumplían tareas rutinarias pero a medida que incorporan programas más afinados aumenta su capacidad para realizar actividades complejas como quedó demostrado cuando en 1997 el ordenador Deep II de IBM le ganó la partida al ruso Gary Kasparov, a la sazón campeón mundial de ajedrez. La máquina había derrotado al “homo sapiens”.

    El uso masivo de nuevas tecnologías –las conocidas y las que se hallan en fase de investigación y desarrollo- junto con la globalización, implicará muchos y variados conceptos, algunos de ellos son contradictorios entre sí. El primero es la eliminación de mano de obra en el proceso productivo. Es cierto que la fabricación de nuevas máquinas crea puestos de trabajo pero en número muy inferior al de los que destruye. El paro, que en España ya es alarmante tenderá a ser mayor. Solo hace falta visitar una fábrica de automóviles para darnos cuenta de cómo los autómatas han suplantado la presencia humana. No es de extrañar que el coste de la mano de obra de un vehículo no pase del 8% del precio.

    Esto, a su vez, generará otra contradicción. La producción de bienes aumenta y la industria tiene que darle salida. Si una proporción considerable de familias carece de ingresos no podrá adquirirlos porque en una economía capitalista solo cuenta la demanda solvente. Se trata de un dilema implícito en el modelo económico.

    Otra consecuencia del avance tecnológico es la prevalencia del capital sobre el factor trabajo, lo que eleva el paro.

    Si las leyes y las actuaciones de los gobernantes no regulan adecuadamente la evolución prevista, tendremos una sociedad polarizada que no augura nada bueno para la paz social. El mercado por sí mismo no corrige sus excesos; es el Estado quien tiene la responsabilidad de evitar los abusos y castigarlos cuando se producen. El desafío consiste en repartir con equidad los frutos del progreso.

Pobreza y riqueza

     En fechas recientes han sido hechos públicos dos informes con contenido socioeconómico de gran relevancia en nuestro país, que vale la pena analizar.

    Por orden cronológico apareció primero el informe de la Fundación Foressa auspiciado por Cáritas, cuyas conclusiones no pueden ser más alarmantes al describir el estado de pobreza y desamparo en que viven muchos conciudadanos. Entre otros ejemplos nos dice que el 25% de la población española –nada menos que 11,7 millones- padece exclusión social severa, lo que significa que está privada de servicios básicos, tales como sanidad, educación y correcta alimentación. A esas cifras se añaden otras no menos pesimistas. Menos del 40% de las familias llegan a fin de mes sin dificultades frente al 60% que no sabe cómo llegar. Medio millón de personas carecen de ingresos y la tercera parte de los niños están en riesgo de pobreza con las necesidades insatisfechas que ello conlleva. Y lo peor es que la situación tiende a empeorar a causa de la crisis económica que parece no tener fin, por mucho que el Gobierno insista en que hemos iniciado la recuperación.

    Estas personas de carne y hueso o de cuerpo y alma viven en la angustia de si podrán pagar el alquiler o la hipoteca o si serán desahuciados, si al comienzo del curso escolar podrán comprar los libros de texto de sus hijos o si podrán costearle la comida en el colegio o si en invierno tendrán que prescindir de la calefacción. Son solo algunos de los aspectos implicados en la carencia de medios en que se encuentra quienes quedan en paro y pierden la prestación por desempleo.

    La segunda información a la que me refería al principio, la facilita la revista “Forbes”. En ella se señala que los diez españoles más acaudalados reúnen una fortuna de 83.200 millones de euros, sin computar casas, joyas, pinturas, vehículos, o cuentas corrientes, y que los primeros veinte supermillonarios atesoran la misma riqueza que los catorce millones más pobres. Solamente la fortuna del primero bastaría para eliminar el déficit del Estado y aun seguiría siendo multimillonario.

    No prejuzgo la justificación de tal acumulación de bienes; lo que sí creo es que esas personas no abonan los impuestos que en conciencia les corresponderían y que no son de recibo diferencias tan abismales, sobre todo en un Estado que se precia de ser democrático, social y de derecho como reza la Constitución. En él nadie debería verse privado de satisfacer sus necesidades básicas como es la alimentación o la vivienda. Ello implica que las leyes son injustas y que los poderes públicos no cumplen su cometido, que es gobernar para todos. Como no lo hacen, tenemos, más que una injusticia, una enfermedad social. En una sociedad sana no pueden convivir tantos lázaros con unos cuantos ricos epulones a los que se refiere el Evangelio. Como los pobres no suelen llenar las urnas con sus votos, se les relega al olvido. Así se explica que en lo que va de legislatura, de las 395 iniciativas parlamentarias, solamente dos se hayan ocupado del tema de la pobreza.

    Me pregunto que placer pueden sentir los opulentos adinerados cuando al levantarse por la mañana ven que su balance acumuló mientras dormía varios millones más, en tanto que   muchos desheredados se han acostado con la incertidumbre de si al día siguiente tendrán un plato de comida o si tendrán que acudir a la beneficencia para conseguirlo. Vienen a la memoria las palabras “memento mori” (recuerda que has de morir) que le recitaban al emperador filósofo Marco Aurelio, el que dijo “Lo he sido todo, y todo es nada”.

Ser dueños de sí mismos

    Cuando designamos los órganos que alberga nuestro cuerpo los nombramos precedidos de los adjetivos posesivos mi o mios. Así, por ejemplo, decimos mi corazón, mi estómago, mis pulmones, etc.; pero ¿es real esta posesión? Cuando uno tiene la propiedad de algo se sobreentiende que ejerce  su dominio y puede escoger el uso que quiera darle, situación que en el caso que nos ocupa, no responde a la realidad, dado que nuestra capacidad de disponer sobre su funcionamiento es escasa o nula.

    Tomemos como muestra la relación bilateral con el corazón, un músculo que tiene una importancia capital en la duración y normalidad de nuestra vida, como lo demuestra ser una de las causas más frecuentes de fallecimiento.

    De acuerdo con nuestros conocimientos, el corazón puede pedirnos indirectamente  que no ingiramos mucha sal, que no bebamos un exceso de alcohol, que realicemos un mínimo de ejercicio físico y que no le sometamos a estrés, pero aunque cumplamos  a rajatabla estos mandatos, nada nos garantiza que él responda a nuestros deseos, y al margen de nuestra voluntad puede acelerar sus pulsaciones aumentándolas (taquicardia) o ralentizarlas (bradicardia) sabiendo que esta desviación del ritmo es un factor de riesgo para el mantenimiento de nuestra salud.

    En resumen, nuestra supuesta propiedad orgánica es ilusoria y más prudente sería afirmar que la relación con nuestros órganos internos es la de ser sus servidores o usuarios, pero no poseedores.

    Si el corazón pudiera dialogar con nosotros, tal vez alegaría que no lo hemos creado ni adquirido; lo hemos recibido gratuitamente de nuestros progenitores en usufructo, y por tanto, sin título de propiedad, lo cual se traduce en una relación desigual en la que dichos órganos deciden por su cuenta y disponen de nuestra salud ignorando nuestras apetencias y necesidades.

   Como no hay regla sin excepción, existe un único caso de una parte de nuestro cuerpo de la que podemos regular su actividad. Se trata de los órganos sexuales. Podemos emplearlos para cumplir la función reproductiva o mantenerlos inactivos por la castidad. No es mucho, mas es de gran importancia, ya que de ello depende la continuidad de la especie. Ser transmisores de vida comporta una enorme responsabilidad que no siempre se asume.

    Resultado de nuestra libertad de actuación en el campo de la actividad sexual es la obligación de atenernos a las consecuencias que se derivan, que encuentra su más clara manifestación en la admisión o rechazo de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que está implícito en la elección es si la madre es dueña de su cuerpo o debe soportar que otros decidan por ella.

    En la mayoría de los países desarrollados un sector de la población se opone al aborto por razones religiosas, en tanto que los gobiernos lo autorizan dentro de un límite temporal de la gestación y en función de la viabilidad del feto. No obstante, sigue siendo un tema polémico, origen de agrias disputas entre defensores y detractores. En España el aborto ha dado lugar a dos leyes y se planteó una tercera que más tarde fue retirada, con criterios diametralmente distintos de las precedentes.

    Pienso que un factor muy importante a la hora de decidir debe de ser la voluntad de la madre a  decidir, porque es protagonista y víctima a la vez de las circunstancias. Los hombres solo somos espectadores.

Un noviembre histórico

    Me refiero al noviembre de 1989 y concretamente al día 9 en que se conmemora un hecho trascendental en la historia contemporánea de Alemania, con repercusiones mundiales. En efecto, en ese día ocurrió inesperadamente la caída del muro de Berlín que no solo significó la reunificación de la República Federal de Alemania con la República Democrática Alemana para formar la actual Alemania que sobrevivió a la derrota de 1945, sino también el preludio del colapso de la Unión Soviética, completado dos años después.

    Ese último acontecimiento representó la desaparición del comunismo europeo llamado socialismo real, y como resultado, la victoria del capitalismo que se quedó sin antagonista ideológico. Tal circunstancia tuvo graves consecuencias que en parte seguimos experimentando.

    Por otro lado, el cambio dio paso en Rusia y en los países que giraban en su órbita a la transición del socialismo o al capitalismo de la que no había precedentes históricos, y cuyo desenlace supuso la privatización de las empresas públicas que cayeron en manos de una élite privilegiada de multimillonarios, y en política al gobierno democrático de líderes autocráticos por el estilo de Vladimir Putin.

    Pero si en economía hubo que acudir a la improvisación sobre la marcha para salir adelante, no fue menor la influencia del cambio en la situación sociopolítica en gran parte del mundo. El capitalismo se sintió libre de ataduras para poner en marcha su ideología. De ello se encargaron sobre todo Ronald Reagan en EE.UU y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, siguiendo las pautas marcadas por la escuela de Chicago dirigida por el economista Milton Friedman.

    Sus rasgos definitorios son la privatización de la economía, el ataque a los poderes estatales –“El  Estado es el problema”- , debilitar las organizaciones sindicales y eliminar organismos de control. La experiencia demostró lo errado de la receta, ya que las empresas privadas, obrando a su albedrío, provocan patologías económicas como las crisis recurrentes, porque los mercados no son buenos médicos de sus dolencias.

    Sumando al sistema económico neoliberal los efectos de la mundialización o globalización que instituye el libre movimiento de capitales a la vez que obstaculiza o restringe las migraciones, tenemos dibujado el panorama actual, caracterizado por la destrucción paulatina del Estado de bienestar que costó siglos de luchas sindicales conseguir, el paro masivo y el deterioro de las condiciones laborales. Los favores al capital se contraponen a los derechos de los trabajadores y los beneficios del capital aumentan exponencialmente en la misma proporción en que se deprimen los salarios y disminuye su peso en la formación del PIB, incrementándose consiguientemente la desigualdad. Vivimos en un estado de cosas en que el poder y el capital se han entremezclado y los gobiernos se mueven entre las urnas y los mercados.

    En todas estas transformaciones ha influido la caída del comunismo. Tras la Iª Guerra Mundial se inició la promulgación de leyes sociales, comenzando por el establecimiento de la jornada máxima legal de ocho horas, a lo que no fue ajeno el temor a que se extendiera la revolución bolchevique.

    En sentido inverso actuó el fenómeno político que se inició con la desaparición del muro de Berlín seguido del desplome del imperio soviético que confirmó el triunfo y la vigencia del capitalismo puro y duro.

    Estamos instalados en una fase crítica de la situación sociopolítica que genera un rechazo creciente con la desafección de la clase política y el descrédito de la democracia, en tanto en cuanto produce los frutos que conocemos y sufrimos. De esta pugna, hoy por hoy, afortunadamente pacífica, es previsible que como reacción surja la semilla de una renovación del sistema que nos gobierna. Es posible que estemos en los comienzos de una revolución sin darnos cuenta.