viernes, 7 de marzo de 2014

Estampas del siglo XX



     Las nuevas generaciones criadas en la democracia no suelen ser conscientes de las diferencias que les separan de quienes vivieron en el régimen anterior a la transición política. Por ello, interesa repasar los antecedentes de la situación actual para saber de donde venimos y explicarnos ciertos detalles de nuestra idiosincrasia.
    Los orígenes del franquismo están ligados al fascismo italiano y al nazismo alemán que lo patrocinaron. Las tres ideologías eran visceralmente anticomunistas, liberticidas y nacionalistas. Todas estaban dirigidas por sendos dictadores que acaparaban la integridad de los poderes y ostentaban nombres superlativos: Mussolini era Duce, Hitler era Führer y Franco era Generalísimo. Cronológicamente, el poder del primero arranca de la marcha sobre Roma en 1922; el del segundo llega por haber ganado las elecciones en 1933, y Franco se convirtió en caudillo “por la gracia de Dios” tras la victoria de la Guerra Civil en 1939.
    Una vez asentados en el poder, los miembros del trío suprimieron todo tipo de oposición, comenzando por la disolución de los partidos políticos y los sindicatos de clase con el fusilamiento de sus directivos sin juicio previo. La actividad política quedó confiada en exclusiva a partidos únicos. En España ese papel lo desempeñó en exclusiva el Movimiento Nacional que englobaba a falangistas y requetés antes de la unificación. El Parlamento se sustituyó por las Cortes orgánicas compuestas por procuradores representantes del sindicato, la familia y el municipio, además de otros de la Iglesia. Eliminados los sindicatos, fueron sustituidos por uno único, vertical, de afiliación obligatoria, formado por productores y empresarios.
    Los tres dictadores proyectaron fundar sendos imperios, a saber: Hitler el III Reich, que duraría mil años (su vida se agotó a los doce), considerando como primero el Sacro Imperio Romano Germánico, y el segundo sería el creado en 1871 por Bismarck; Mussolini soñaba continuar el imperio romano fundado por Rómulo y Remo. Franco, por su parte, conducía el país “por el imperio hacia Dios” hacia una “España grande y libre” que nunca llegó a ser lo uno ni lo otro.
En efecto, vio como el protectorado de Marruecos proclamaba su independencia en 1956; la colonia de Guinea Ecuatorial seguía el ejemplo en 1969 pese a habérsele otorgado la condición de provincia; y el Sahara Occidental, con el mismo “status” administrativo, fue ocupado por Marruecos en 1975. Franco fue, en realidad, el liquidador de los últimos flecos del impero colonial español. En cuanto a lo de libre, España hubo de ceder bases militares en su territorio a Estados Unidos, un país que 55 años antes nos había arrebatado Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
    Hasta aquí hemos señalado algunas semejanzas compartidas por los tres autócratas que protagonizaron la etapa más violenta del siglo XX. Pero también hubo diferencias entre ellos. Mientras para el italiano y el alemán su muerte significó el fin de sus regímenes, Franco les sobrevivió y mantuvo las riendas del poder desde 1939 hasta 1975 en que falleció a los 83 años de muerte natural tras una larga agonía el 20 de noviembre de 1975. Después hubo que desmontar pieza a pieza el sistema que había creado hasta el 6 de diciembre de 1978 en que fue aprobada en referéndum la Constitución vigente.
    A partir de entonces, los españoles poseemos unas libertades como nunca habíamos disfrutado. Podemos afiliarnos a cualquier partido o a ninguno, y hacer lo mismo respecto a un sindicato, profesar la religión que más nos convenza o declararnos agnósticos. Está a nuestro alcance desplazarnos libremente por el país sin salvoconducto, y salir al extranjero sin pasaporte. La Constitución establece la igualdad ante la ley y que nadie es culpable sin haber sido condenado por sentencia firme (principio de presunción de inocencia); se ha abolido la pena de muerte. Tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, participar en manifestaciones públicas, y como trabajadores, a recurrir a la huelga para reivindicar las condiciones laborales.
    Son solo una muestra de los derechos y libertades que nuestros padres y abuelos no pudieron disfrutar porque el régimen no los había reconocido o se los había arrebatado.
    Desde 1939 hasta hoy, 2014, España no ha reincidido en sus endémicas guerras, golpes de Estado, sediciones militares, cuartelazos y cambios traumáticos a los que nos acostumbró el siglo XIX y la primera mitad del XX. Ante tan prolongado período de paz cabe preguntarse si los horrores de la Guerra Civil nos han vacunado contra la violencia por motivos políticos, sobre todo después de extinguida la actividad criminal de ETA. La respuesta no puede ser categóricamente afirmativa. Ojalá se haya instalado entre nosotros la cultura de paz, pero no hay que olvidar que somos herederos de los que Goya retrató en sus “Disparates” y los episodios del terrorismo registrados desde la Transición nos lo recuerdan.
También lo hacía el Caudillo al decir que “la vida es lucha y la paz es solo un accidente”.
    Esperemos que ese “accidente” se asiente definitivamente en el solar hispano y en todo el mundo, pero que sea una paz basada en la justicia, porque solo así podrá ser verdadera y asegurar el asentimiento de la ciudadanía y el bienestar de todos. Una aspiración que dicta el corazón a la que se resiste la realidad.

domingo, 2 de marzo de 2014

Información y manipulación



    El mundo nunca ha estado tan inundado de información como ahora. Los medios empleados para la difusión de noticias han crecido de forma exponencial, y es imposible huir de su influencia. Unos son públicos y otros de propiedad privada, pero todos defienden intereses propios, lo que les lleva a seleccionar los temas, escoger las fuentes y darles un tratamiento diferenciado. Todo ello sin aludir al lenguaje de los políticos enfocado a andarse por las ramas, evitar pronunciamientos definidos, desviar la atención o salirse por cerros de Úbeda y eludir cualquier relación entre las preguntas y las respuestas. En una palabra, lo que se busca es manipular la información coherente con el objetivo buscado. Detectar la manipulación y   formar criterio propio es sumamente difícil. Lo que debiera ser aliciente de reflexión se transforma en vehículo de posturas preconcebidas.
    El objetivo, expreso u oculto, es disuadir al receptor de pensar por su cuenta y cerrar el paso a ciudadanos conscientes, responsables y críticos. Con tal fin se eluden cuestiones que nos deberían preocupar y se sustituyen por la trivialización de otras materias como el chismorreo.
    Hay muchos temas que no reciben el tratamiento informativo acorde con su importancia o no se profundiza en ellos, en sus causas o consecuencias y sobre los cuales conviene tener opinión formada. A título de ejemplo, he aquí un resumido catálogo:
-         La escandalosa y truculenta formación del precio de la electricidad que nos obliga a pagar la tarifa más cara de Europa.
-         El negro futuro que espera a las pensiones de los jóvenes al no poder cotizar lo suficiente a consecuencia del paro.
-         La injustificable pervivencia de los paraísos fiscales donde se aparcan enormes capitales huidos del fisco.
-         La falta de una reforma fiscal equitativa y progresiva, que cumpla los requisitos señalados por el art. 31 de la Constitución.
-         El inexplicable retraso de la promulgación de una ley que combata eficazmente la ola de corrupción tanto con medidas preventivas como represivas.
    El temario podría alargarse mucho más, a lo que renuncia en aras de la brevedad a la que debe ajustarse un artículo.
    Para evitar el desgaste de las neuronas y que la gente se evada de la “funesta manía de pensar” que le prometieron a Fernando VII en la Universidad de Cervera, la receta más socorrida es hablar y escribir largo y tendido de deportes con especial hincapié en el fútbol que vino a sustituir con ventaja el “pan y circo” de los romanos.
    Por su parte, los Gobiernos emplean con profusión mecanismos informativos como maniobras de distracción creando problemas artificiales que eviten el debate público sobre otros de mayor enjundia que no se quiere o no se puede afrontar.
    ¿Por qué Rodríguez Zapatero sacó en 2010 a la palestra la reforma de la ley del aborto sin que existiera demanda social por el cambio de la que estaba en vigor desde 1985? Sencillamente porque convenía hablar lo menos posible de la crisis, antes negada, y de las antisociales medidas que tomó para combatirla.
    ¿A qué se debió que Rajoy, como un mago que saca un conejo de la chistera, aprobase en Consejo de Ministros otra ley sobre el aborto que nadie reclamaba, para complacer a la Conferencia Episcopal y al sector más ultracatólico de su partido? Porque había que desviar la atención de los seis millones de parados, de las nefastas consecuencia de la reforma laboral, de la multiplicación de la deuda pública, de los desahucios, de los cierres de empresas, etc.
    Un motivo recurrente de maniobras de distracción lo constituye la colonia de Gibraltar y las incidencias a que da lugar. Se suceden las declaraciones opuestas de ambas partes, y cuando parece que se avecina una crisis en las relaciones con Gran Bretaña, el tema se desvanece por si solo sin que nada cambie… hasta la próxima a reedición como viene sucediendo desde hace 300 años.

domingo, 23 de febrero de 2014

Violencia machista



Pienso que uno de los mayores fracasos de la humanidad, con manifestaciones concretas en la sociedad española es, sin duda, el feminicidio, la muerte violenta de tantas mujeres a manos de su pareja masculina, precedido, por lo general, de una larga serie de malos tratos. En España el fatídico balance de 2013 se cerró con 48 víctimas. Representa un pequeño descenso con relación a años anteriores, pero mientras una sola mujer pierda su vida en estas circunstancias seguirá siendo motivo de escándalo, de que uno sienta vergüenza de ser varón.
Nunca habrá disculpas para estos crímenes. Quienes hemos formado  una familia, con o sin vínculo matrimonial, sabemos que es como una navegación en la que se dan singladuras de calma y placidez con otras por aguas turbulentas de las que surgen diferencias sobre la forma de entender la convivencia, discrepancias sobre la educación de los hijos, o como sobrellevar mejor las dificultades de la vida cotidiana. Toda desarmonía pasajera es superable acudiendo al respeto mutuo, la comprensión del otro y, sobre todo, habiendo hijos, por el propósito de preservar su estabilidad emocional y evitarles situaciones conflictivas de las que ellos son inocentes. Incluso, si las desavenencias se vuelven permanentes hasta degenerar en conflicto irresoluble, siempre queda el recurso propio de personas civilizadas de acudir a la separación o divorcio en términos razonables.
La decisión de vivir en pareja es un hecho trascendental en la vida de las personas por lo que no puede adoptarse sin reflexión o con frivolidad. Bien al contrario, conlleva una serie de derechos y deberes que exige un alto sentido de la responsabilidad.
El origen de la discriminación de la mujer se remonta a la noche de los tiempos, pero que sea antigua no le otorga legitimidad. Pienso que se trata de una tremenda injusticia que urge remediar. Podemos felicitarnos de que el pasado siglo XX, que tantos males ha soportado, pueda preciarse de haber incubado la protesta feminista que, sin haber agotado sus frutos, ha supuesto una pacífica revolución y el cambio social más trascendente en siglos, al haber incorporado a la mujer al mundo del trabajo y la cultura, reconociendo el protagonismo que le corresponde en virtud de la igualdad de derechos con el varón.
Lamentablemente, la naturaleza de los cambios no es aceptada por un sector de la sociedad que entiende las relaciones entre ambos sexos como el abuso de uno sobre el otro. Para erradicar esta idea aberrante todo los esfuerzos serán pocos. Es necesario que desde la cuna primero, y a través de la escuela y la familia después, se inculque a los niños el concepto de igualdad y el respeto a la dignidad de la mujer que es igual que la del varón. En este contexto, considero un error la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía –lo que no excluye que pudiera ser mejorable– por ser indispensable para la formación de ciudadanos conscientes y responsables, conocedores de los derechos y obligaciones como tales.
Sin perjuicio de todas las medidas legales preventivas y represivas implantadas por las autoridades, se echa en falta una mayor implicación activa de la Iglesia contra la violencia de género. Las declaraciones innovadoras del recién elegido Papa permiten abrigar la esperanza de que impulsará en la institución la consecución de este objetivo, tan justo como necesario.
No quiero concluir estas reflexiones sin añadir una sugerencia: que a los contrayentes de matrimonio religioso o civil se les entregue un librito con recomendaciones de comportamiento e información de cómo la mujer puede hacer uso de sus derechos si fuera objeto de abusos o violencia.

domingo, 16 de febrero de 2014

¿Qué nos ha pasado?


    Es tan intensa y extensa la ola de corrupción que nos invade que uno se pregunta cual puede haber sido la causa de tamaña relajación moral de las costumbres que ha contagiado a buena parte de la sociedad, sin que ello suponga que venimos de un pasado ejemplar.
    Lo cierto es que los escándalos que vamos conociendo día a día a través de los medios de comunicación superan nuestra capacidad de asombro para transformarse en desconfianza general e indignación.
    La codicia pervirtió la conciencia  de muchas personas tenidas por honorables y se extendió a buena parte de las instituciones, desde las más altas del Estado (Corona, poder ejecutivo y judicial) hasta los gobiernos autónomos y locales con los respectivos organismos por ellos creados, sin olvidar los agentes sociales y económicos, e incluyendo, por supuesto, a directivos empresariales. Casi parece que no se corrompió quien no tuvo ocasión de hacerlo.
    Uno de los frutos amargos de la situación creada fue la crisis que padecemos. Entre 1995 y 2009, España vivió una época de prosperidad ficticia, ayudada en parte por más de un billón de euros procedentes de la ayuda de la UE, haciendo creer a los gobernantes que el crecimiento económico no tenía por qué interrumpirse y que el enriquecimiento era fácil como dijo un ministro de Economía. En este caldo de cultivo se relajaron los frenos legales, éticos y religiosos con derroche de fondos públicos, prevaricación, apropiación indebida, gestión fraudulenta, falsedad contable, fraude a Hacienda y pérdida del respeto al endeudamiento familiar, empresarial y público.
    La burbuja estalló en 2009 y los gobiernos del PP y PSOE contrajeron una grave responsabilidad por no contener a tiempo el apalancamiento de la banca y adoptar medidas para mantener embridado el déficit por cuenta corriente.
    Otro factor que contribuyó a empeorar las cosas fue la descentralización de la Administración, basada en el principio de subsidiariedad que presupone ventajas por la aproximación de la Administración a los ciudadanos. Sin negar que esto sea cierto, también es preciso admitir que incorpora disfunciones como facilitar el clientelismo y amiguismo, lo que se traduce en el ámbito municipal en decisiones tomadas bajo presión de intereses particulares como pueden ser recalificaciones urbanísticas especulativas o la licitación de obras a dedo. Si las decisiones se toman a distancia es más fácil eludir las presiones interesadas.
    Veamos tres muestras que corroboran lo dicho: Primero, la UE advirtió al Gobierno de la inadecuación de la legislación hipotecaria con cláusulas tan desiguales como la llamada  “cláusula suelo” y la no admisión de la dación en pago de deuda; después el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo anulando la conocida como “doctrina Parot” por aplicación indebida del principio de irretroactividad penal; y muy recientemente la Comisión Europea anunció la apertura de expediente a siete clubes de fútbol por subvenciones públicas ilegales, recalificaciones de terrenos sospechosas y tratamiento fiscal privilegiado. Todas ellas, son irregularidades que han tenido que ser desmontadas desde Bruselas para vergüenza y sonrojo nuestro.
    Se aduce a veces para justificar el malestar actual que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero esto es una verdad a medias. No los trabajadores normales ni mucho menos los pobres compraron segunda vivienda, cambiaron de coche cada año o se fueron de vacaciones a países lejanos. Quienes incurrieron en tales gestos de ostentación fueron, sobre todo, miembros de la clase política y de clase media alta.
    ¿Hemos de resignarnos a convivir con un nivel de corrupción igual o mayor que el que tenemos ahora, como algo inevitable e innato de la condición humana? Admitamos que como seres imperfectos que somos no se puede erradicar el mal como si de una enfermedad física se tratase, curable con un antibiótico. Reconozcamos también que las prácticas corruptas no son exclusivas de ningún país. Lo que singulariza el fenómeno en España es la facilidad con que se disculpa por la opinión pública y la falta de un código ético promovido y respetado por los partidos políticos. Anta la inculpación judicial de un político el interesado se declara inocente y tranquilo, y a continuación sus correligionarios se ofrecen a poner la mano en el fuego por él (y con frecuencia la queman).
    Siendo un hecho patente la dificultad de acabar con la corrupción, la aplicación de un plan coherente podría lograr que la honradez de los cargos públicos fuera la norma y el engaño o la extorsión fueran la excepción. El plan en cuestión debería incluir medidas preventivas de eficacia demorada como la educación en valores y también medidas represivas, de acción inmediata. En este contexto, creo que fue un error de origen ideológico la supresión de la asignatura “Educación ciudadana”.
    Sin propósito exhaustivo sino a título enunciativo, en cuanto a la represión de las conductas dolosas, propondría los siguientes tratamientos: Imponer una amplia ley de transparencia de los actos administrativos, publicar el patrimonio al ingresar en el cargo político y al abandonarlo, establecer sistemas de control interno, evitando en lo posible las decisiones unipersonales, reformar el Tribunal de Cuentas de forma que sea independiente para que pueda proponer sanciones a los infractores y dotarlo de  medios personales y materiales para que pueda enjuiciar el año anterior a la inspección, evitando el retraso con que ahora funciona, establecer sanciones penales a las corporaciones locales que tomen acuerdos en contra de los informes preceptivos del secretario e interventor de las mismas. Por último, para que los ciudadanos no tengamos motivos  para quejarnos de la lentitud de  los procesos judiciales, revisar y actualizar sus  Reglamentos y dotar a los órganos de Justicia del personal suficiente y de los recursos presupuestarios a fin de que puedan cumplir su función y no se demoren más de lo indispensable los autos y sentencias.

domingo, 9 de febrero de 2014

Democracia y mayoría absoluta



    En las últimas elecciones generales celebradas en 2011, los ciudadanos otorgaron el PP la mayoría absoluta para gobernar durante cuatro años. Este mandato fue interpretado como carta blanca para imponer sus decisiones de forma unilateral sin respetar las razones de la oposición e incluso contraviniendo su programa electoral que sirvió para seducir el coto de los electores.
    Las opciones de toda elección se reducen a dos: dar a un partido la mayoría absoluta o repartir los sufragios entre varios. Ninguna de las dos es perfecta porque perfectos no somos lo humanos. En el primer supuesto el partido victorioso no admite límites a su política e impone sus decisiones gusten o no gusten empleando en el Parlamento el rodillo para aprobar sus leyes, comenzando por la del presupuesto. A falta de triunfo mayoritario, el gobierno solo es posible por una coalición expresa o tácita, es decir, con participación plural en el ejecutivo, o de un solo partido con apoyo de otro o varios para contar con al menos la mitad más uno de los diputados. En este caso las líneas de gobierno tienen que ser consensuadas, renunciando los socios a la aplicación estricta de sus respetivos programas.
    El uso que el PP hace de su poder pone de relieve el desprecio de la oposición a la que ignora, gobernando a golpe de decreto-ley que elude el debate parlamentario de las medidas implantadas, negando cualquier comisión de investigación y apropiándose de las instituciones mediante el nombramiento de representantes adictos al frente de las mismas. Se aprueban leyes de marcado carácter ideológico (LOMCE, Reforma Laboral, Seguridad Ciudadana, etc.) con sus únicos votos, desoyendo cualquier objeción o propuesta de los demás grupos. En materia económica se escuda en la crisis para para aumentar impuestos, incumpliendo sus promesas, precariza el empleo y se recortan derechos y prestaciones sociales, justificándose con que “es lo que hay que hacer”. Lo que al parecer no hay que hacer es gravar las grandes fortunas, distribuir las cargas con más equidad o publicar los nombres de los defraudadores, como los que se acogieron a la escandalosa amnistía fiscal. De los evasores que denunció Falciani nunca más se supo. Los platos rotos que los paguen los de siempre aunque no hayan tenido arte ni parte en el estropicio. Que se ahonde la desigualdad entre los españoles no parece preocuparles.
    El gobierno de mayoría absoluta se convierte de hecho en una dictadura partidista que además acumula un daño adicional. Proporciona a los políticos la impresión de que todo está permitido, de que cualquier transgresión  de la ley quedaría impune, o sea, se abre el camino para que  fluya libremente la corrupción, cumpliéndose el aforismo que acuñó el político británico Lord Acton (1834-1902): el poder tiende a la corrupción y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo vemos confirmado con la oleada de escándalos que afecta principalmente al partido gobernante en todas las instituciones, desde el gobierno central a los ayuntamientos pasando por las autonomías, como antes protagonizó el PSOE en su etapa mayoritaria.
    Hay motivos más que sobrados para exclamar: “De mayorías absolutas líbranos Señor”.