Pienso
que uno de los mayores fracasos de la humanidad, con manifestaciones concretas
en la sociedad española es, sin duda, el feminicidio, la muerte violenta de
tantas mujeres a manos de su pareja masculina, precedido, por lo general, de
una larga serie de malos tratos. En España el fatídico balance de 2013 se cerró
con 48 víctimas. Representa un pequeño descenso con relación a años anteriores,
pero mientras una sola mujer pierda su vida en estas circunstancias seguirá
siendo motivo de escándalo, de que uno sienta vergüenza de ser varón.
Nunca
habrá disculpas para estos crímenes. Quienes hemos formado una familia, con o sin vínculo matrimonial,
sabemos que es como una navegación en la que se dan singladuras de calma y
placidez con otras por aguas turbulentas de las que surgen diferencias sobre la
forma de entender la convivencia, discrepancias sobre la educación de los hijos,
o como sobrellevar mejor las dificultades de la vida cotidiana. Toda desarmonía
pasajera es superable acudiendo al respeto mutuo, la comprensión del otro y,
sobre todo, habiendo hijos, por el propósito de preservar su estabilidad
emocional y evitarles situaciones conflictivas de las que ellos son inocentes.
Incluso, si las desavenencias se vuelven permanentes hasta degenerar en
conflicto irresoluble, siempre queda el recurso propio de personas civilizadas
de acudir a la separación o divorcio en términos razonables.
La
decisión de vivir en pareja es un hecho trascendental en la vida de las
personas por lo que no puede adoptarse sin reflexión o con frivolidad. Bien al
contrario, conlleva una serie de derechos y deberes que exige un alto sentido
de la responsabilidad.
El
origen de la discriminación de la mujer se remonta a la noche de los tiempos,
pero que sea antigua no le otorga legitimidad. Pienso que se trata de una
tremenda injusticia que urge remediar. Podemos felicitarnos de que el pasado
siglo XX, que tantos males ha soportado, pueda preciarse de haber incubado la
protesta feminista que, sin haber agotado sus frutos, ha supuesto una pacífica
revolución y el cambio social más trascendente en siglos, al haber incorporado
a la mujer al mundo del trabajo y la cultura, reconociendo el protagonismo que
le corresponde en virtud de la igualdad de derechos con el varón.
Lamentablemente,
la naturaleza de los cambios no es aceptada por un sector de la sociedad que
entiende las relaciones entre ambos sexos como el abuso de uno sobre el otro.
Para erradicar esta idea aberrante todo los esfuerzos serán pocos. Es necesario
que desde la cuna primero, y a través de la escuela y la familia después, se
inculque a los niños el concepto de igualdad y el respeto a la dignidad de la
mujer que es igual que la del varón. En este contexto, considero un error la
supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía –lo que no excluye
que pudiera ser mejorable– por ser indispensable para la formación de
ciudadanos conscientes y responsables, conocedores de los derechos y
obligaciones como tales.
Sin
perjuicio de todas las medidas legales preventivas y represivas implantadas por
las autoridades, se echa en falta una mayor implicación activa de la Iglesia contra la
violencia de género. Las declaraciones innovadoras del recién elegido Papa
permiten abrigar la esperanza de que impulsará en la institución la consecución
de este objetivo, tan justo como necesario.
No
quiero concluir estas reflexiones sin añadir una sugerencia: que a los
contrayentes de matrimonio religioso o civil se les entregue un librito con
recomendaciones de comportamiento e información de cómo la mujer puede hacer
uso de sus derechos si fuera objeto de abusos o violencia.
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