A juzgar por
la información aparecida en Faro de Vigo del 31 de julio, el panorama de las
inversiones de la Xunta
de Galicia como aportaciones a empresas privadas en dificultades, es todo menos
optimista, por las pérdidas que causan al erario público.
Xes Galicia (instrumento
de la Xunta para este fin) es la gestora de una sociedad anónima (Sodiga) y
seis fondos de capital riesgo: Emprende, Adelante, X-Innova, Fondo Tecnológico
I2C, Galicia Iniciativas Emprendedoras y X-Impulsa Ferrol. Todas ellas
financiadas mayoritariamente por el Instituto Gallego de Promoción Empresarial
(IGAPE), excepto el último fondo en que aparece como partícipe Abanca. En los
cuatro años anteriores a 2016 las pérdidas asumidas por Xes Galicia ascendieron
a 70 millones de euros. A la vista de estos resultados, parece razonable una
revisión de los procedimientos empleados y de la selección de las empresas
beneficiadas.
Lo primero que
sorprende a un observador imparcial es que todos los fondos, incluida Sodiga, y
el Igape tengan por objeto la promoción de la actividad empresarial y sin
embargo estén conformadas por entidades independientes. Demasiados gestores y
expertos. Es de esperar que unos y otros sean elegidos por su capacidad y
experiencia demostradas y no por sus afinidades políticas, como se hizo en las
cajas de ahorros con las nefastas consecuencias que hemos conocido.
La capacidad
de inyectar fondos públicos en organizaciones privadas en apuros es muy delicada
de ejercer con objetividad e independencia, porque abundan los cazadores de
subvenciones que lanzan la caña por si pica algún pez y de esta manera hacerse con
una parte de la tarta. Para hacerlo más difícil, quienes deciden no siempre
están libres de presiones. Si la responsabilidad se divide en siete entidades,
es más difícil unificar los criterios. Además, la pluralidad de entes aumenta
el personal y crece el aparato burocrático que puede atentar contra la agilidad
administrativa que se reclama a los organismos públicos.
La concesión
de ayudas públicas, además de ajustarse a la normativa aplicable, debe ir
precedida de un concienzudo estudio del balance contable, de la viabilidad y
competitividad de la empresa solicitante, del capital propio que arriesgan los
promotores y, sobre todo, de la capacidad demostrada de éstos como gestores y
cumplidores de sus obligaciones.
El hecho de
participar en el capital social debe implicar el derecho de supervisión de las decisiones
fundamentales de la sociedad ayudada, sin esperar a la presentación de las
cuentas anuales, con el fin de evitar a tiempo malas prácticas que pueden
conducir a la insolvencia.
Una cualidad
exigible a la Administración es la publicidad y transparencia de sus
actividades, condición especialmente aplicable a las convocatorias del IGAPE y
de Xes Galicia a fin de que puedan concurrir quienes se consideren con derecho
a hacerlo, habida cuenta del importe limitado de las ayudas disponibles. Con
respecto a la publicidad, llama la atención que en Internet solo aparezcan las
memorias del IGAPE de 2014 para atrás.
Por último,
las cuentas son auditadas por KPMG, pero supongo que tanto Sodiga como los
fondos, por ser entidades privadas, eluden la inspección del Tribunal de
Cuentas.
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