La reforma laboral

A más de cinco años pasados desde la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por el Gobierno, es pertinente examinar las diversas opiniones sobre los resultados obtenidos con su aplicación. Como era de esperar, las valoraciones son divergentes según la posición social de cada uno.

Si los encuestados son los sindicatos sus opiniones son pesimistas, y no digamos si la pregunta se dirige a trabajadores en paro y los que solo laboran unas horas a la semana, con sueldos proporcionales que no permiten a sus familias llegar a fin de mes.

Quienes se muestran contentas pero no satisfechas son las organizaciones empresariales, curiosamente apoyadas por organismos internacionales tales como la Organización para la Cooperación y el desarrollo (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea. Para ellas la norma es acertada pero debería ser completada con nuevas disposiciones complementarias. Sus representantes  repiten como un mantra la necesidad de aumentar la flexibilidad laboral y salarial en aras de la competitividad. El Gobierno buscó con su reforma la devaluación salarial, la precarización del empleo en forma de contratación temporal, trabajo a tiempo parcial y el abaratamiento del despido, y lo ha conseguido. En estas condiciones es cierto que se han aligerado las listas del INEM pero con muchos empleos que no han liberado de la pobreza a los interesados. No se entiende el afán de la CEOE por exprimir aun más las condiciones de trabajo como no sea que pretenda legalizar el despido libre y gratuito. O sea, la completa indefensión de los trabajadores.

Es injusto que según las previsiones del Banco de España, el PIB crecerá en 2017 el 3,1% en tanto que los salarios no se incrementarán en más del 1%. Ello supone que algunos agentes económicos recibirán el 5% o más de la riqueza producida.

A todo esto vino a terciar en la cuestión el prestigioso economista vigués Antón Costas en su columna quincenal de El Pais Negocios. A su juicio, el mercado laboral español no es menos flexible que el de la mayoría de los países de nuestro entorno y atribuye la restricción de la competitividad a la pobre calidad media de la gestión empresarial, a la escasa dimensión media de las empresas y considera que los efectos de la reforma de 2012 sobre la competitividad y el crecimiento son irrelevantes.

Es posible que el crecimiento de las exportaciones se deba en una parte al menor nivel de los costes salariales, a lo que coadyuvaron otros factores coyunturales como la devaluación del euro, que por su naturaleza no son estables. Según Costas, la vuelta al crecimiento a partir de 2013 tiene poco que ver con la reforma y sí con la nueva política del Banco Central Europeo y la relajación de la Comisión en cuanto a su exigencia de austeridad fiscal.

Si los buenos datos de la economía deben poco a la reforma laboral, ¿qué efectos produjo o se derivaron de ella? Se puede decir que envileció el mercado laboral, erosionó el Estado de bienestar, decapitó las defensas de los trabajadores, debilitó la capacidad de los sindicatos y, como resultado de todo ello, descargó sobre la parte más débil de la sociedad el peso de la crisis, y ahondó la desigualdad social.

La derogación o corrección a fondo de la reforma es un imperativo de justicia social, de equidad y de solidaridad. Es un requisito indispensable para que el Derecho del Trabajo recobre el carácter tuitivo que tuvo desde su origen.