Externalización

Hay situaciones, a todas luces injustas, que no se discuten por llegar a considerarlas normales hasta que nos sorprenden con el estallido de un conflicto que se alarga en el tiempo, con las consiguientes molestias de personas ajenas al origen y desarrollo de la cuestión. Tal es el caso de la huelga declarada por los trabajadores del aeropuerto de Barcelona.

El conflicto laboral puso de manifiesto las consecuencias de la privatización de servicios públicos desempeñados por personal civil. El proceso llamado externalización se inició en las empresas privadas y no tardó en ser aplicado también en el sector público. Consiste en que las primeras dan de baja en sus plantillas a personal poco cualificado que desempeñan labores auxiliares, tales como limpieza, mantenimiento, vigilancia, etc, el cual pasa a depender de otras empresa, habitualmente en peores condiciones laborales, a la vez que, globalmente, se incrementa la desigualdad de ingresos con respecto a los empleados que conservan sus puestos.

En cuanto a los organismos públicos, el proceso comienza por la privatización de determinados servicios que se encomiendan a empresas privadas seleccionadas por concurso, uno de cuyos méritos es la rebaja ofrecida del coste. Volviendo al caso de Barcelona nos encontramos con que Aena privatizó el 49% del capital mediante una oferta pública de venta en bolsa cuyas acciones fueron un excelente negocio para los compradores, y dio la concesión de la seguridad a la empresa Eulen.

Tanto la empresa pública como privada, con la externalización buscan reducir costes, a la vez que se despreocupan de bajas por enfermedad y vacaciones. De lo que no pueden librarse es de las huelgas que se produzcan en la concesionaria cuando las relaciones con su personal se tensan demasiado y no hay acuerdo entre ambas. El personal de Eulen en el aeropuerto, según noticias de prensa, percibían un sueldo bruto de menos de mil euros y una intensidad de trabajo fuera de lo normal. Sus reivindicaciones se centraban en un refuerzo de la plantilla y un sobresueldo de 350 euros. Como las negociaciones no dieron resultado, el ministerio de Fomento se vio obligado a recurrir a la designación de un árbitro que emita un laudo de obligado cumplimiento, ante las desesperantes colas delante de los filtros de seguridad.

El episodio descubrió los inconvenientes de la externalización de servicios públicos con finalidades lucrativas. Cuando sociedades mercantiles se hacen cargo de tales servicios, lo hacen con el propósito de obtener beneficios, porque tal es su razón de ser. Los medios para conseguirlo son solamente dos: aumentar los ingresos y/o disminuir  los gastos. Para lo primero suele acudirse a la elevación de precios, y para actuar con menores costes, la clave está en recortar el número de trabajadores y/o rebajar los salarios, lo cual redunda en un deterioro del servicio. Con estas prácticas la Administración contribuye indirectamente a la pauperización de los trabajadores y a la desigualdad social, justamente lo contrario de lo que se espera de un Estado social y de derecho como proclama la Constitución.

Las privatizaciones tienen su apoyo doctrinal en el neoliberalismo económico, según el cual, el Estado es el problema y no la solución, y en consecuencia, hay que transferir sus funciones a la iniciativa privada, con la mínima intervención regulatoria, opinión que no se compadece en absoluto con la realidad. Abandonar la actividad pública al libre juego de la oferta y la demanda da lugar a una sociedad compuesta de una elite poderosa y enriquecida, una clase media a la que se exprime el bolsillo y un sector, el más numeroso, de trabajadores mal retribuidos al borde o hundidos en la pobreza. Es decir, una sociedad dual de ganadores y perdedores. La mejor demostración de esta realidad la ofrece Estados Unidos que, siendo el país más liberal, es también el más desigual del mundo desarrollado. Respecto a la iniciativa privada es preciso recordar que las crisis económicas recurrentes son obra del mercado libre con insuficiente regulación administrativa de sus actividades.

A tal punto llega la ideología neoliberal que la Administración contrata con empresas privadas servicios tan delicados como la seguridad, y así vemos como el control de entrada a oficinas de juzgados, Hacienda, etc. son realizadas por vigilantes jurados. La cuestión es restringir al máximo el número de funcionarios públicos a los que, por otro lado, no se quiere tocar para corregir sus deficiencias, y por ejemplo, se creó el INEM con el objetivo de intervenir en la búsqueda de empleo pero se ha dejado en manos de empresas de empleo la búsqueda de nuevos puestos de trabajo, mediante, por supuesto, de una retribución, y la Xunta ofrece cantidades de hasta tres mil euros a la que consiga ocupación a un desempleado.