Balance de una legislatura

    Estamos habituados a escuchar a Rajoy, y repetido hasta la saciedad por sus portavoces, que el éxito ha coronado las políticas implementadas por su Gobierno en la pasada legislatura para revertir los efectos de la crisis.

    Es cierto que al iniciar su mandato en 2012 se encontró con muchas dificultades, si bien, como el objetivo era acceder al poder, durante la campaña electoral prometió vencerlas como quien dice en un plis plas. Es cierto también que a finales de 2016 se aprecian datos macroeconómicos favorables. Lo son la disminución del desempleo desde el 27% al 19%, el crecimiento de las exportaciones, el aumento del turismo, la recuperación del PIB al 3,2% en 2015 y en torno al 3% en el año siguiente.

    Estos logros parciales se vieron favorecidos por factores externos circunstanciales, como la devaluación del euro, el incremento de la demanda europea, la bajada de los tipos de interés, la compra de bonos por el Banco Central Europeo a partir de julio de 2012, el hundimiento de los precios del petróleo y la inseguridad de los países del sur del Mediterráneo que desvió a muchos turistas a nuestro país.

    Al ganar las elecciones de 2011 por mayoría absoluta, el nuevo Gobierno se enfrentó a una penosa situación económica que bautizó como la herencia socialista. Cualquier problema suele tener más de una solución  y en este caso la solución lleva implícita sobre quien recaerán las consecuencias. No es lo mismo aumentar el IRPF que el IVA y, en general, poner el acento en los impuestos directos o los indirectos.

    La opción escogida por el Gobierno determinó que los costes de la crisis  fueran  especialmente duros para los trabajadores y la clase media baja a través de una serie de políticas discriminatorias como las siguientes: a) reforma laboral que amplió las causas de despido, abarató la indemnización de 33 días por año de servicio a 20 y antepuso el convenio de empresa al de rama productiva; b) subida del IVA del 18% al 21%; c) reducción de plantillas en los servicios de sanidad y educación; d) congelación de las ayudas a la dependencia; e) restricción en la concesión de becas; f)  recortes en I+D; y congelación del salario mínimo. El conjunto de medidas supuso una severa devaluación salarial y un notable empeoramiento de las condiciones laborales.

    Por el contrario, las clases mejor dotadas no se vieron afectadas por  los recortes de los servicios básicos así como por la supresión del impuesto  sobre el patrimonio y el de transmisiones, este último reducido o eliminado  en varias comunidades autónomas. Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se sacó de la manga una amnistía fiscal que permitió lavar cuentas de evasores en paraísos fiscales, mediante el pago del 3% de los depósitos declarados. En la misma línea de protección a los más pudientes, los ingresos de altos directivos y consejeros empresariales se mantuvieron íntegros  o se incrementaron, y en el caso de las empresas financieras, -que provocaron o agravaron la crisis soportada por los contribuyentes de 53.000 millones de euros- mantuvieron sus puestos  o fueron despedidos  con pensiones e indemnizaciones de fábula.

    El giro de la política económica se inspiró en la ideología del partido gobernante. Ello explica, por ejemplo,  que mientras la reforma laboral, lesiva para los trabajadores, fue aprobada en los primeros seis meses de gobierno, en tanto la reforma fiscal entró en vigor en 2015 y 2016 con rebajas impositivas  a la vista de las elecciones que tuvieron lugar el 20 de diciembre del  primero de dichos años. La rebaja  concedida a las  bases impositivas de menor importe  fue insignificante, para las rentas más altas el beneficio fue muy significativo. La menor recaudación resultante  motivó que no fuese cumplido el límite previsto del déficit, igual que había ocurrido en los tres años anteriores.

    Esta política diferenciada dio como resultado el aumento del número de millonarios y también el de pobres con especial incidencia en la población infantil. No me extenderé más en detalles de las consecuencias de la austeridad impuesta, por no alargar el texto.

    A lo largo de toda la legislatura, el Gobierno navegó sobre una ola de corrupción con promesas sobre promesas que no se vieron avaladas por los hechos. Es verdad que los escándalos no respetaron a ninguna formación política pero las del PP superaron todas las marcas y contaminaron a figuras clave, todavía pendientes de juicio. Con este panorama socioeconómico el nuevo Gobierno inicia sus tareas con la promesa repetida  de ser guardián de la decencia, sin convencer a nadie  de que tal propósito sea realidad. Sobre todo después de haber ganado las dos últimas elecciones, cual si las aguas del Jordán le hubiesen exonerado de toda culpa revistiéndolo de plena legitimidad.