Endeudamiento excesivo

    Cuando alguien desea adquirir un bien sin contar con dinero para satisfacer su precio, es habitual acudir a un préstamo, que normalmente obtiene en un banco, ya que esta es una actividad a la que dedica buena parte de los depósitos que les confían los ahorradores.

    Endeudarse permite  anticipar el disfrute de un bien cuyo coste espera diferir en el tiempo, como es el caso de la compra de vivienda propia. En este supuesto la prudencia aconsejaría  ahorrar antes una parte significativa  de precio  a fin de evitar que los  pagos mensuales  sobrepasasen el 30% de sus ingresos. El riesgo en que se incurre es la incertidumbre sobre la disponibilidad  de ingresos con que abonar  las cuotas de amortización e intereses. El problema se agudiza por la precariedad del empleo que implica la inseguridad de conservarlo, en contraste con lo que era  frecuente tiempo atrás en que el trabajador se jubilaba en la empresa en la que había iniciado su vida laboral. La misma prudencia disuadiría de acudir al crédito para atender gastos consuntivos como podrían ser unas vacaciones o comprar una segunda vivienda si los plazos a pagar excediesen el 30% de sus ingresos.

    Las mismas consideraciones son válidas para las operaciones de apalancamiento del Estado. Endeudarse representa trasladar la carga a las generaciones venideras. Desde el punto de vista macroeconómico, la UE establece como límite  el 60% del PIB, y sin embargo, por efectos  de la crisis, varios países, y entre ellos España, superan el 100%. Ello obliga a  presupuestar para el pago de intereses la mayor partida de gasto, que sobrepasa los 30.000 millones de euros. Y si no es mayor se debe a los bajos tipos de interés que rigen actualmente  gracias a la intervención del Banco Central Europeo, y no sabemos hasta cuándo. Cada 1% que aumentasen supondría incrementar la carga en 10.000 millones.

    Las expectativas a corto plazo son poco favorables. Como ciertos gastos tienden a crecer, por ejemplo, las pensiones, y la recaudación disminuye, en parte por la rebaja del IRPF acordada en 2015 para propiciar la victoria del PP en las elecciones de 2015, el resultado es el desajuste de las cuentas que incrementan el déficit, el cual a su vez agranda la deuda e impide cumplir los compromisos con Bruselas respecto a la reducción escalonada del déficit. El castigo podría ser que la Comisión Europea  impusiera una multa de hasta 5.000 millones y la retención de fondos estructurales a que nuestro país tiene derecho.

    Según estudios de varios economistas norteamericanos, si la deuda pública llega al 90% de PIB se pone en peligro la estabilidad presupuestaria y el crecimiento de la economía.

    El crédito no debe utilizarse para financiar el gasto corriente y solo es admisible si se destina a costear infraestructuras que aumenten la producción y originen retornos en forma de beneficios recurrentes que a su vez faciliten  la amortización de la deuda. Este análisis deberá llevar a una rigurosa selección de las obras que se proyectan, calculando los costes de mantenimiento y el coste de oportunidad a fin de que se cumplan dichas condiciones y que reúnan más ventajas que cualquier otra inversión alternativa.

    Lamentablemente son muchas las obras cuya ejecución  no se ajusta a tal metodología sino con sujeción a intereses particulares o a presiones de poderes locales con motivación política. Por citar un ejemplo elocuente, me referiré al plan del AVE o ferrocarril de alta velocidad que prevé  que España tenga más líneas que cualquier otro país europeo y cuyo coste superará los 50.000 millones aparte de mantenimiento de 100.000 euros por kilómetros, y encima solo es utilizable para el transporte de viajeros. Por consiguiente, habrá que mantener en servicio la red preexistente para el tráfico de mercancías. Está claro que la extensión del AVE es desproporcionada  y falta de realismo en relación con las necesidades y los recursos,  lo que conllevará  la infrautilización  de la capacidad disponible, y consiguientemente, la ausencia de rentabilidad, mírese como se mire. Una alternativa económicamente más ventajosa podría haber sido la modernización de la red actual que cubriría el transporte de mercancías y viajeros.

    Si pensamos que España ha descuidado la calidad de la educación, especialmente la de las universidades, la despoblación del rural, la atención a la dependencia y tantos aspectos de lo que denominamos Estado de bienestar, es inevitable concluir que muchas grandes obras de comunicaciones y transportes se han llevado a cabo por un erróneo orden de prioridades y con olvido de los costes de oportunidad. A este respecto es notable  la infradotación de I+D que sobre una inversión ya exigua del 1,2% del PIB se recortó en los últimos años el 40% que dio motivo a la interrupción de varios proyectos de investigación  y a la emigración forzosa de jóvenes científicos en cuya formación se habían invertido muchos millones que ahora fructificarán en otros países. Se trata de justificar los recortes con el pretexto de la crisis, pero es precisamente en esos casos cuando está indicado un mayor esfuerzo inversor para cimentar el futuro. Bastaría mirarse en el espejo de Corea del Sur que siguió el camino inverso  a partir de la crisis de 1997 y de ahí salieron empresas innovadoras como Samsung.