La propuesta del partido Ciudadanos de
suspender o posponer el proyecto de Zapatero de comunicar por AVE las 50
capitales de provincia ha originado la polémica entre quienes ya disponen de alta
velocidad ferroviaria y quienes esperan contar con ella en breve plazo. Los
primeros alegan el elevado coste que representaría y los segundos defienden su
posición desde el principio de igualdad de los españoles.
Digamos, ante todo, que el plan se puso en
marcha sin cumplir una serie de requisitos necesarios, tales como un análisis
previo de coste/beneficio, cálculo de retorno y cuantificación de la utilidad
social que pudieran justificar, así como los costes de oportunidad de
desatender otras necesidades. Se pudo haber incurrido en un nuevo error de planeamiento
ferroviario como fue el establecer un ancho de vía mayor que el europeo, que
tan caro nos ha costado.
Actualmente se encuentran en servicio 3.100 kilómetros y
otros 1.100 en construcción que casi en su totalidad se espera concluir en el
presente año. Ello convierte a España en el segundo país del mundo, después de
China, en longitud de la red. Y no olvidemos que China tiene 1.300 millones de
habitantes. La suma invertida asciende a 45.000 millones de euros y completar
el plan requeriría otros 13.000 millones.
Según un estudio elaborado por FEDEA,
ninguna línea es rentable. Si tenemos en cuenta que la construcción de cada
kilómetro cuesta una media de unos 18 millones de euros sin contar las nuevas
estaciones, y que el mantenimiento supone unos 100.000 euros por km y año,
parece lógico y sensato plantearse si el plan es sostenible.
Cierto que el AVE cohesiona las grandes
urbes, facilita la comunicación entre ellas y promueve la actividad económica,
pero tampoco se puede negar que está exento de inconvenientes que es necesario
contemplar. En primer lugar, está previsto que se dedique solamente al
transporte de viajeros, lo que obliga a mantener en servicio la red antigua
para el movimiento de mercancías; introduce una competencia ruinosa con otras
redes de transporte como son las aéreas y líneas de autobuses, añadidas al uso
de automóviles, lo que conlleva la infrautilización de todos los medios. La
rentabilidad del tren tropieza con dos dificultades: si los billetes son baratos,
aumentará el déficit; si son caros, disminuirá el número de viajeros y
discriminará por razones económicas. Asimismo, se enfrenta a un dilema: si se
busca el aprovechamiento máximo de la velocidad, deberá tener pocas paradas, y
si esta condición se cumple habrá más núcleos de población incomunicados y disminuirá
la cantidad de viajeros. Los datos son tozudos y en materia de inversiones,
cuando se omiten o se alteran, los resultados defraudan y salen caros. Lo
demuestra el rescate de las autopistas radiales madrileñas por insuficiencia de
demanda. Y más cerca tenemos las autovías gallegas del Salnés, de Barbanza y de
Celanova, explotadas en régimen de concesión por empresas privadas, afectadas
por graves problemas económicos a causa de una utilización que apenas excede de
la mitad de la calculada. Como el canon anual que perciben las empresas varía
en función de la cifra de viajeros, en 2014 cobraron 4,7 millones de euros en
lugar de los 13,2 millones presupuestados por la
Xunta. En caso de quiebra habría que
proceder al rescate y licitar de nuevo la concesión con enormes pérdidas.
Ante esta realidad, el Estado debe ser
prudente en materia de inversiones, especialmente si la financiación total o
parcial se obtiene con emisión de deuda, cuyos bajísimos tipos de interés
actuales no es probable que se sostengan mucho tiempo.
Dejar una carga financiera excesiva a las
próximas generaciones haría que éstas encontrasen su futuro hipotecado. Las
excepciones solo estarán justificadas con la creación de riqueza que a su vez
proveerá a Hacienda de nuevos ingresos. Desgraciadamente, a los partidos que gobiernan
les importa más ganar votos para asegurarse en el poder que gestionar la res
pública con honradez, justicia y eficiencia,
La simple publicidad de la propuesta de
Ciudadanos suscitó la queja de ciudades y provincias que podrían ver demorada
la llegada del AVE prometido, alegando el principio de equidad como derecho de
todos los españoles de disponer de los mismos servicios. Este principio llevado
al extremo conduce al absurdo. Quien vive en un pequeño pueblo no puede
reclamar una estación de ferrocarril, o un aeropuerto, o una universidad. Lo
que es justo es la igualdad de prestaciones educativas y sanitarias sin que
pueda exigir recibirlas en su aldea. Las circunstancias imponen su ley y
quienes deciden las inversiones públicas no pueden olvidar que los recursos
siempre son escasos y que hay que aplicarlos allí donde la utilidad social sea
mayor.
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