Conocido
que fue el informe sobre la reforma tributaria presentada por el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, el 20 de marzo de 2014, desató toda clase de
críticas negativas, e incluso el Gobierno que lo había pedido se desligó de su
contenido. Claro que ante el rechazo uno se pregunta por qué se hizo el encargo
a espaldas de organismos públicos como el Instituto de Estudios Fiscales. O cómo
se seleccionó a los componentes del comité llamado de “sabios”. El coordinador,
Manuel Lagares intervino en todas las reformas del sistema tributario desde
1970, excepto la de 2006 en que el Gobierno socialista prescindió de su
asesoramiento.
Los efectos que produjeron nadie se
atrevería a calificarlos de brillantes, ya que el sistema impositivo español
suscita más reproches que elogios, toda vez que descansa sobre las rentas del trabajo y cuando el
empleo disminuye se resiente la recaudación, lo que denota su ineficiencia e inequidad.
El encargo y el rechazo del Gobierno del trabajo
de los expertos, recuerda la auditoría que Feijoo encomendó a KPMG sobre la
solvencia de Caixagalicia y Caixanova con vistas a la fusión de ambas
entidades. La tarea se concluyó en 15 días, y como el que paga manda, la
conclusión fue la que deseaba la Xunta, si bien no sirvió
para nada porque el Banco de España contaba con los informes de los inspectores.
El coste de un millón de euros se podría haber ahorrado sin perjuicio para
nadie y probablemente podrá decirse lo mismo del dirigido por Lagares, cuyo
precio no se ha hecho público. Su fama de “sabio” no lució a gran altura
durante los años que estuvo vinculado a la Confederación
Española de Cajas de Ahorros, cuyas entidades en su inmensa
mayoría terminaron en bancarrota.
En cuanto al informe en cuestión, destaca
su marcada tendencia protectora de las rentas más altas. Propone, entre otras
cosas, subir el IVA del 21% al 23% y reducir el IRPF pasando el tipo mínimo del
24,75% al 20% y el máximo del 56% al 50%. La rebaja del tipo mínimo quedaría más
que compensada por el nuevo IVA que incluiría además pasar del 10% al 21% los
alimentos elaborados que forman parte de la cesta de la compra. A este último
cambio la terminología oficial llama reclasificación de conceptos, al igual que
a la amnistía fiscal la denominaron regularización extraordinaria.
Lo que hace falta en materia fiscal es una
reforma a fondo que se base en los
impuestos directos como es el IRPF y el de Sociedades para obtener el grueso de
la recaudación que gravan los ingresos y no en los indirectos que recaen sobre
el consumo. Los primeros son más progresistas y más redistributivos, y además,
los primeros tienen la ventaja de no incidir en los precios, con lo que se
evitan las tendencias inflacionistas, Otro cambio, debe reducir la diferencia entre
la presión fiscal de las rentas del capital y las del trabajo que atenta contra
la equidad del sistema lo cual no parece haber preocupado en absoluto a los
redactores del informe comentado.
Son solo algunos de los aspectos que deberá
contener una auténtica reforma para que pueda ser considerada como tal y que
contribuya a atenuar la desigualdad social.
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