Se comprende fácilmente que los recortes
presupuestarios en servicios básicos perjudican el bienestar general, con
especial incidencia en los sectores de población más vulnerables. Los ajustes
también son negativos, especialmente con vista al futuro cuando reducen el
gasto en I+D, explicables en ambos casos por la necesidad de rebajar el
abultado déficit de las cuentas públicas, fruto del derroche en tiempos de
bonanza aparente.
Hay otras restricciones del gasto que son
doblemente nocivas porque no estimulan el crecimiento de la economía, y además
menguan los ingresos fiscales y dificultan el objetivo de consolidar el
presupuesto. Me refiero a la insuficiencia de medios personales y materiales
que necesitan la administración de justicia y la inspección de Hacienda.
En el primer caso, más de 200 fiscales se
dirigieron por escrito el 13 de enero al fiscal general del Estado para
denunciar la precariedad de medios y la excesiva carga de trabajo que soportan
para investigar la corrupción tras los recortes sufridos. El resultado
aumentará la ralentización crónica, provocará la paralización de los casos en
curso y obstruirá la investigación de los que permanecen ocultos. De esta
manera la tan criticada lentitud con que se desarrollan los procesos judiciales
se verá agravada, los ingresos por multas, tasas e indemnizaciones se demorarán
y los patrimonios embargados se desvalorizarán sin provecho de nadie, y
finalmente, muchos delitos quedarán impunes por prescripción. La escasez de
recursos explica en buena parte que muchos juicios se eternicen en los juzgados
y lleguen las sentencias después de largos años de tramitación.
Un servicio público como la justicia está
pidiendo a gritos su modernización y su proximidad a los ciudadanos y debería
gozar de prioridad de los poderes ejecutivo y legislativo para corregir sus
disfuncionalidades. Es una exigencia de pragmatismo y de racionalidad.
Por su parte, la inspección fiscal sufre
las mismas restricciones en la asignación de recursos que dificulta la eficacia
de la labor que tiene encomendada.
Cuantos más casos de fraude se descubran serán
mayores los ingresos que aporten al erario, y ello es fundamental para reducir
el déficit que tanto preocupa al Gobierno y a la Comisión Europea.
En consecuencia, nada hay más incoherente que desatender las necesidades de
personal que reclaman tanto la Organización
Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) como el Sindicato
de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Cumplir estas peticiones estaría en
consonancia con los deseos de la ciudadanía de que dos de las instituciones más
importantes del Estado estén a la altura de las circunstancias y sean modelo de
eficacia y responsabilidad. Todos los españoles saldríamos ganando.
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