miércoles, 27 de noviembre de 2013

Requiem por las cajas de ahorros



    Sin duda una de las consecuencias más inesperadas y traumáticas de la crisis desencadenada en 2008 y que seguimos sufriendo, fue la práctica desaparición  de las Cajas de Ahorros como tales, con un arraigo en el país de cerca de dos siglos. Fueron desalojadas del mundo financiero como destrozadas por un tsunami.
    Los perjuicios de esta pérdida son múltiples y diversos, tanto de orden financiero y crediticio como social. Habían sido concebidas por el legislador del siglo XIX como entidades semipúblicas, sin ánimo de lucro, dedicadas a administrar el ahorro de las familias, conceder crédito a las pequeñas y medianas empresas y dedicar los excedentes a constituir reservas y crear obras sociales no atendidas por los poderes públicos en los más variados campos de la cultura y la asistencia social en favor de las clases más necesitadas. Con su conversión en bancos comerciales, su objetivo, como el de cualquier empresa privada es conseguir beneficios a repartir entre los accionistas.
    El pecado que más ilustra el desastroso final fue el que cometieron sus gestores olvidando la naturaleza y fines de las Cajas a las que deberían servir, acompañado de una ostensible falta de ética y un exceso de codicia, compartidas ciertamente por las clases dirigentes del país. No le falta razón a la catedrática de Ética Adela Cortina al afirmar que “si nos hubiéramos comportado éticamente no tendríamos una crisis como la actual”, que es además de financiera, económica, política, social y cultural.
    Las manifestaciones prácticas de una gestión que cabe calificar de impropia, desacertada y arriesgada, tienen su concreción en hechos causales como los siguientes:
a)      Crecimiento desequilibrado, excesivo y sin control.
b)     Deficiente evaluación del riesgo en los créditos concedidos a promotores inmobiliarios.
c)     Infracción de los principios básicos de las inversiones: seguridad, rentabilidad y liquidez.
d)    Endeudamiento excesivo en los mercados mayoristas internacionales agravado por su corto plazo y su empleo en hipotecas a largo plazo.
e)     Consejos de Administración integrados mayoritariamente por miembros inexpertos con la agravante de algunos provenientes de la política, defensores de intereses ajenos a los de las Cajas.
    La responsabilidad de lo acaecido salpica a muchos organismos por acción u omisión. Entre ellos es inevitable citar: el Estado, encarnado en los Gobiernos, con especial implicación de los ministerios de Economía, por las normas dictadas que hacían imposible la supervivencia de las Cajas; el Banco de España, por dejación de sus funciones  de regulación y supervisión; los Gobiernos autónomos, por no defenderlas e influir en sus decisiones inspiradas en motivos políticos; la Confederación Española de Cajas de Ahorros, por no adoptar a tiempo acuerdos que corrigiesen o frenasen  las desviaciones del “modus operando”; y finalmente, los gestores, que no supieron estar a la alturas de las circunstancias. Los resultados de sus decisiones se los endosaron al Estado, o sea, a los contribuyentes. La conclusión es que entre todos las mataron y ellas solas se murieron.
    Nos podemos preguntar, como en las novelas policiacas, “Qui prodest?”, ¿a quién benefició la muerte de las Cajas de Ahorros? La respuesta la tienen los grandes bancos, que vieron eliminadas a destacadas competidoras, las cuales habían llegado a controlar la mitad de los depósitos y del mercado crediticio. Tales recursos se concentraron en el sector bancario, del cual, las tres mayores entidades captaron 100.000 millones de euros solamente en el año 2012, fugados en gran parte de las Cajas inmersas en un el proceso de reconversión en pequeños bancos, con excepción de Bankia, sumida en un escándalo, y Caixabank, proveniente de la antigua Caja de Pensiones de Cataluña y Baleares. El dinero es por naturaleza medroso y huye de la inseguridad, por lo que no extraña que se refugie en las entidades que considera más seguras.
    Tanto la economía nacional como la sociedad en general, tardarán mucho en rehacerse del daño infligido a la actividad financiera y la obra social, todo lo cual conllevó, entre otros efectos, el cierre de oficinas y la pérdida de empleo.

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