Cabe esperar grandes cambios sociales en
España si de verdad queremos que no siga profundizándose la brecha que separa a
una elite opulenta de la inmensa mayoría de la población. Si los acontecimientos
no se orientaran en esta dirección, peligraría la cohesión social y la
estabilidad política.
Este desafío está relacionado con la
evolución de las pensiones públicas. Con los planteamientos actuales la hucha
corre peligro de romperse en cuestión de algunos años una vez agotado el fondo
de reserva. Por un lado está el aumento anual de las pensiones por partir de
sueldos y cotizaciones más altas, y por otro la mayor longevidad de los
pensionistas que deja obsoletas las tablas de mortalidad que rigen los seguros
de vida. Por último y muy importante, está la insoportable tasa de paro del 26%
que afecta a más de la mitad de los jóvenes. La conjunción de estos tres
factores hace inviable cualquier sistema de pensiones basado en el régimen de
reparto como el que existe en nuestro país.
Para estos últimos el futuro se presenta incierto
y oscuro. Sin empleo no se cotiza, y sin cotizaciones no se generan derechos de
pensión. ¿Cuáles van ser sus medios de vida en la vejez? ¿Acogerse al sistema
de pensiones no contributivas? Evidentemente el problema de fondo es la falta
de crecimiento económico y el desempleo que origina sin que se atisben a corto
ni a medio plazo expectativas de mejora significativas. Al confluir este estado
de cosas con una menor intensidad de trabajo en los procesos productivos a
causa de los avances tecnológicos, la creación de puestos de trabajo tenderá a
ralentizarse.
Hasta ahora a los políticos, con la visión
alicorta que les caracteriza, solo les preocupa cómo ganar las próximas
elecciones, y por ello omiten en sus programas las grandes reformas que exigirá,
cada vez con mayor urgencia, el nuevo paradigma socioeconómico. Por el momento,
solo se ha implantado un remedio parcial consistente en desgravar en el IRPF
las aportaciones a los planes de pensiones complementarias que favorecen el
negocio bancario y dejan en el desamparo a quienes, por insuficiencia de
ingresos, no pueden acogerse a esta fórmula de previsión.
Si aceptamos, como parece lógico, y porque
así ha ocurrido en anteriores crisis, que más o menos pronto la economía
repuntará, es indispensable que los próximos gobiernos acometan las reformas
necesarias para que los frutos del desarrollo se repartan con más equidad que
hasta ahora. Su ausencia se refleja en hechos tan anómalos como que en 2012 el
paro creció y los salarios descendieron, y alrededor de 1.400.000 hogares
sufrieron cortes de luz por impago. En cambio, en el mismo año, el número de
millonarios se incrementó un 13%.
La reforma tributaria que el Gobierno prevé
aprobar en marzo de 2014 podría ser un instrumento adecuado de redistribución,
pero a la vista de los precedentes y de los vínculos visibles e invisibles con
las grandes fortunas, sería un exceso de optimismo pensar, por ejemplo, que se
quiera cambiar el tratamiento fiscal que se dispensa a las rentas del capital. En
todo caso, mucho dependerá de la prontitud e intensidad con que se produzca la
reactivación económica tras la superación de la recesión que anuncian los
medios oficiales.
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