España ostenta dos records europeos que
sería deseable perder porque nos sacan los colores. Con datos dados a conocer
recientemente, nuestro país es el más desigual de Europa y ocupa el número uno
en tasa de desempleo.
Ello es resultado del camino escogido para
combatir la crisis que nos aflige desde hace cinco años. Como es sabido, en el
mundo industrializado se adoptaron dos métodos distintos para solucionarla: uno,
el protagonizado por EE. UU., consistente en fortalecer la actividad económica
mediante incentivos monetarios y crediticios a trueque de aumentar el montante
de su deuda pública, siguiendo una receta keynesiana.
La UE por su parte, y de manera especial
España, bajo la presión de Alemania, optó por la austeridad a ultranza que
llevó a la recesión durante nueve trimestres. Si el acierto lo juzgamos por los
resultados obtenidos, es evidente que la fórmula estadunidense ha sido la más
eficaz para reducir los efectos negativos de la crisis, comenzando por la
destrucción de empleo. Es cierto que las condiciones que se daban en Estados Unidos
no eran las mismas que en Europa, y especialmente en nuestro país por la
importancia de la burbuja inmobiliaria que se dejó hinchar imprudentemente por
los gobiernos. La pertenencia a la UE hizo imposible recurrir a la devaluación
de la moneda, pero aun así, cabía la posibilidad de adoptar distintas medidas
anticrisis.
Se prefirió recurrir a la devaluación
interna que implicaba reducir salarios, aumentar impuestos y precarizar las
condiciones laborales, haciendo pagar los platos rotos a los trabajadores,
imponiendo la austeridad a toda costa con el consiguiente efecto de deprimir el
consumo, incrementar el paro y hundiendo el nivel de vida de las clases medias.
La consecuencia más palpable fue el empobrecimiento general con excepción de la
minoría más rica, ajena a toda clase de restricción, como ponen de manifiesto
los informes publicados últimamente.
Según el informe anual de Cáritas, 12 millones
de españoles viven por debajo del umbral de las pobreza, 3 millones tienen que
conformarse con menos de 307 euros al mes y más de un millón carecen de ingresos
de todo tipo, condenados a sobrevivir de la beneficencia.
En el extremo opuesto, el Crédit Suisse
informa que quienes poseen una fortuna superior a un millón de dólares
aumentaron en España un 13% entre mediados de 2012 y junio de 2013.
Esto se explica porque los sueldos
escandalosamente altos no se han tocado, porque la lucha contra el fraude no
descubre más que una pequeña parte de los casos, porque las grandes fortunas
siguen disfrutando de privilegios fiscales y porque la tributación de los
rendimientos del capital tienen un tope del 19 €, en tanto que el IRPF que grava
sobre todo los rendimientos del trabajo puede llegar al 56% en algunas
autonomías.
La cura de caballo recetada por el gobierno
de Rodríguez Zapatero y extremada por el de Rajoy ha ocasionado una fractura
social y heridas profundas que en la sociedad española tardará mucho en ser
restañadas. El daño inferido a la educación, la sanidad, la cultura y la
investigación dejarán huellas duraderas en el Estado del bienestar.
Al alcance del gobierno del partido popular
estaban otras alternativas más solidarias, más sensatas y menos dolorosas,
tanto aumentativas de ingresos fiscales como reductivas de gasto. En el primer
grupo figurarían, a título de ejemplo, las siguientes medidas: unificar los
ingresos de los diputados nacionales y autonómicos sometiéndolos a tributación
por IRPF como el resto de los salarios, luchar con más eficacia contra el
fraude, gravar los beneficios de las Sicav, igualar el IVA de las entradas al
futbol, que solo pagan el 4% con las del cine y teatro. Tendrían tanto efecto
recaudatorio como ejemplarizante.
En el capítulo de gastos cabría rebajar los
sueldos de los cargos políticos, revisar sueldos de cargos públicos en el
extranjero, reducir o eliminar los cargos designados a dedo llamados asesores,
id redundancias televisivas y duración de las programaciones, embajadas
autonómicas en el extranjero y casas de autonomías en Madrid, flotas de coches
oficiales, subvenciones a las líneas aéreas de bajo coste. Y por último,
suspender las obras del AVE que no estén en fase de terminación y dedicar parte
de los fondos liberados a la reparación de autovías y carreteras.
Finalmente, un mínimo de sensibilidad
social, aconsejaría paliar la pobreza severa con medidas de este tenor:
prolongar la duración de la prestación mínima de desempleo, ampliar el importe
y el número de pensiones no contributivas, reponer el almuerzo en los colegios
de primaria y la gratuidad de los libros de texto.
Omitir estas ayudas es tanto antisocial
como inhumano.
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