Aun cuando el famoso eslogan acuñado por Fraga
de que España es diferente pasó a mejor vida, ciertamente es un país de
características singulares que rayan en la anarquía. Díganlo si no, el número de comunidades autónomas con sus gobiernos,
parlamentos, himnos, banderas y un largo etcétera.
El Estado de las autonomías ha dado
variedad y riqueza de matices a nuestro entramado político y administrativo, somos diferentes en la manera de gobernarnos y
en la manera de entendernos: cuatro lenguas oficiales y otras a la espera de
ser reconocidas como tales (el valenciano y el bable, por ejemplo).
La democracia es un juguete caro y además desajustado. Cierto es que los demás sistemas
políticos conocidos tienen similares inconvenientes y carecen de las ventajas
inherentes al sistema democrático.
Como la cosa no podía quedar ahí, la
multiplicidad se trasladó a donde más duele, es decir, al dinero que cada uno
percibe por su trabajo o profesión al servicio de la Administración, sin
que importe respetar el principio de igual salario por la misma tarea. Una
anomalía que sufren en sus carnes las mujeres, injustamente discriminadas en el
terreno laboral.
Debido a la proliferación de tanto ente
autonómico que legisla “pro domo sua” (perdón por el latinajo), o sea, en
beneficio de sus miembros elegidos o servidores contratados, como hacen los
partidos, cada autonomía, diputación o ayuntamiento establece las remuneraciones
de sus cargos y así tenemos diputados autonómicos, diputados provinciales,
alcaldes y concejales que por sus sueldos podríamos clasificar de primera o de
segunda, y no es raro el caso de un regidor que cobra más que el presidente de
una comunidad; alguno de estos que ingresa más que un ministro e incluso más
que el presidente del Gobierno, y presidentes de organismo oficiales que
devengan sueldos superiores a los del presidente del Gobierno y de un ministro juntos. Todo un desbarajuste.
Y no se crea que esto obedece a un determinado criterio objetivo cuantificable;
simplemente, la diversidad depende de la capacidad normativa que la ley otorga
a quien decide al respecto.
Si de los cargos políticos pasamos a los
funcionarios públicos, vemos que, cambian de unos a otros organismos las
percepciones en cantidad y calidad. A juzgar por su sueldo, no es lo mismo ser
policía nacional que ser ertzaina vasco o mosso d’escuadra catalán.
La disparidad se agranda tratándose de la plaza de soldado
voluntario en relación con otros
uniformados, cuya labor lleva implícita la disposición a dar la vida por la bandera que ha jurado
defender. No es extraño que a poco de implantarse el servicio militar voluntario hubiera
dificultades de reclutamiento y hubo que recurrir al empleo de la mujer y de
extranjeros. Solo el aumento del paro facilitó la oferta de candidatos, pero no
parece que el entusiasmo aumente en circunstancias de mayor empleo.
Los agravios comparativos son mucho mayores
en las grandes empresas, donde las diferencias retributivas entre los más altos ejecutivos y el salario medio se disparan, pero nos movemos en el reino de
la iniciativa privada cuya ley
fundamental es la oferta y la demanda que los gobiernos respetan religiosamente
aunque aquéllas tengan pocas coincidencias con la moral.
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