Balance político apresurado

     Transcurrida la legislatura que protagonizó el PP entre 2011 y 2015, coincidente con los años más duros de la crisis, cabe hacer un balance provisional de su gestión desde el punto de vista político, económico y social, con la mayor objetividad posible.

    Es un hecho contrastado que  el Gobierno logró revertir la recesión, mejoró el saldo exterior, creó más de un millón de empleos, bajó el riesgo país, logró que en 2015 el PIB creciera más de un 3% y es probable que la tendencia  continúe en los dos próximos años.

    Una buena parte de este resultado se debe a circunstancias externas ajenas a la política nacional que conformaron un círculo virtuoso para impulsar el crecimiento. El desplome del precio del petróleo, que constituye el principal capítulo de las importaciones habrá ahorrado entre 15.000 y 20.000 millones de euros, según declaraciones del ministro de Economía el 18 de enero. La bajada del tipo de interés por el BCE redujo el servicio de la deuda y la compra de bonos por el mismo banco apuntaló las cotizaciones bursátiles y aminoró el riesgo país que a su vez favoreció la refinanciación de la deuda. Es indudable que ha habido recuperación económica que no fue acompañada de recuperación social. Las condiciones laborales han retrocedido varios años, los sueldos se han deprimido, el paro no bajó del 20%, el doble de la media europea, y los trabajadores se sienten desamparados ante los empresarios por temor a perder el empleo. La inmensa mayoría de los nuevos puestos de trabajo son temporales y a tiempo parcial.

    En el debe del balance hay que anotar la duplicación de la deuda pública hasta rozar el 100% del PIB que será una pesada carga en los presupuestos de muchos años y también el incumplimiento del déficit a las cifras convenidas.

    Después de los recortes en servicios básicos, la ley de reforma fiscal conservadora o regresiva de 2014 rebajó los tipos impositivos, pero cuantitativamente favoreció especialmente a los mayores contribuyentes por rentas del capital. Las rebajas acordadas para 2015 y 2016 en el IRPF, una especie de señuelo para las elecciones generales del 20 de diciembre ascienden a 9.000 millones de euros, cantidad que, curiosamente, coincide con la que reclama Bruselas para cumplir el déficit.

    La regresividad de la política fiscal, la reducción del gasto en dependencia, los cuatro millones de parados inscritos que han sufrido la merma  de prestaciones por desempleo o pérdidas en su totalidad, muestran claramente  que la lucha anticrisis la sufrieron de forma más acusada los trabajadores y las clases medias bajas.

    El resultado de tales factores, como no podía ser otro, fue la profunda brecha social. Ante el injustificable silencio del Instituto Nacional de Estadística respecto a la distribución personal de la renta, tenemos que valernos de ONG como Oxfam Intermón y de Cáritas para conocer la realidad social.

    Cáritas elaboró un informe que hizo público el 19 de enero de 2016 titulado “Una economía al servicio del 1%” en el que se afirma que los veinte españoles más ricos acumulaban el año anterior tanto como el 30% de la población más pobre. Como el 30% representa 13.950.000 personas, a cada uno le corresponden 7.200 euros, que en muchos casos significa la carencia de toda clase de recursos. Cada uno de los cresos tendría la misma fortuna que 77.000 de sus conciudadanos.

    Otro dato que ilustra como el partido conservador entiende la política es la forma en que legisló. Haciendo uso y abuso de su mayoría parlamentaria, aprobó una serie de leyes polémicas en solitario con desprecio de la oposición: reforma laboral, fiscal, educativa, aborto, seguridad ciudadana. De desafortunada debe calificarse la relación entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña por la incapacidad no solo de entendimiento sino incluso de diálogo entre ambas partes personificadas en Mariana Rajoy y Artur Mas. El segundo, culpable de su aventurerismo independentista y el primero, responsable de su inmovilismo y cerrazón. El resultado del enfrentamiento plantea un desafío que habrá de afrontarlo el nuevo Ejecutivo y cuyo desenlace causará heridas a ambas partes.

    Con los argumentos expuestos es imposible valorar el saldo como positivo. Así lo debieron entender los más de tres millones de sus votantes que le negaron su voto el 20-D, en justa reciprocidad a los oídos sordos que hizo ante las protestas y quejas del resto del Parlamento.

    Si, como parece, los próximos acontecimientos implican el final de la carrera política de Rajoy, no le echarán de menos los parados, los empobrecidos, los trabajadores precarios, los jóvenes emigrados o los que buscan en vano su primer empleo.