Después
de tanto anuncio y cacareo, el Gobierno presentó el 20 de junio pasado un
anteproyecto de reforma fiscal, para lo que había encargado un informe a un
llamado comité de “sabios”, marginando al Instituto de Estudios Fiscales.
El anteproyecto que hemos conocido por
entregas, recuerda el parto de los montes en que, después de mucho ruido nació
un ratón. En realidad no merece el nombre de reforma, puesto que se limita a
una serie de retoques en los impuestos de Sociedades e IRPF. Para que lo fuera
tendría que haberse ocupado de una nueva regulación de los impuestos de
Patrimonio, Transmisiones, Sicav y sociedades pantalla, así como iniciativas
para hacer realidad la promesa de suprimir los paraísos fiscales. Resulta
especialmente llamativo el silencio sobre la lucha contra el fraude de las
grandes empresas y las mayores fortunas, que los expertos evalúan en 70.000
millones de euros, suficientes para eliminar el déficit, para lo que es indispensable
aumentar el número de inspectores de Hacienda. En Sociedades, la norma no pasa de
establecer recortes graduales de los tipos impositivos y algunas
desgravaciones, y en el IRPF el espectro es más amplio.
La pérdida de recaudación se estima en
9.000 millones de euros a los que habrá que añadir la reducción del déficit para
cumplir el compromiso de no pasar del 5,8% en 2014. Lo dicho confirma que la
propuesta incumple los principios básicos de todo sistema tributario, a saber:
suficiencia y progresividad. Sin ingresos públicos no puede haber servicios
esenciales, y la presión fiscal en España es siete puntos inferior a la media
de la UE. En lo
que a progresividad se refiere, su ausencia impide la redistribución de la
renta, tan necesaria en nuestro país en el que los índice de pobreza y
desigualdad social son alarmantes y vergonzosos.
Contra la progresividad atenta en el anteproyecto
la reducción de tramos de siete a cinco, y si bien para ingresos de 90.000
euros disminuye la cuota a pagar (48 euros para dicha renta y 330 para 35.000)
a todos los que ingresan más de 200.000 hasta 2.000.000 les aumenta la cuota en
1.210 euros.
La reforma que se anuncia hubo de esperar
tres años desde que el PP ocupa el Parlamento con mayoría absoluta y entrará en
vigor en dos fases en 2015 y 2016. Como en el primero está previsto que tengan
lugar las elecciones generales, queda clara la intención de influir en los
comicios. En 2016 caben dos posibilidades: que gane nuevamente el PP, lo cual,
a la vista de cómo evolucione el déficit le proporcionará la ocasión de
desdecirse y donde dije digo, digo Diego. Si, por el contrario, la victoria
electoral fuera del PSOE, tendríamos en perspectiva una nueva reforma.
Es indiscutible que un sistema tributario
justo y equitativo es fundamental para fortalecer la convivencia -del que
seguimos huérfanos- y así lo entendieron
los padres de la Constitución
al dedicarle el artículo 31. Los impuestos son lo que pagamos por vivir en una
sociedad civilizada. De cómo el Estado los recauda y de la honestidad con que
los gaste depende que los contribuyentes acepten de buen grado su deber o
apelen a todos los trucos posibles para eludirlos.
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