Rejuvenecimiento de la Constitución

    A partir de ahora en que España está a punto de estrenar rey en la persona del que será Felipe VI, se antoja más fácil que las fuerzas políticas alcancen un acuerdo para remozar nuestra Carta Magna que, después de 36 años de vigencia, acusa un cierto grado de obsolescencia, fruto de la velocidad con que se sucedieron los cambios sobrevenidos desde que fue promulgada.

    El texto adolece de numerosas contradicciones y flagrantes omisiones, que si en su día pudieron verse como normales, están pidiendo una corrección para adaptarlo a la realidad presente.

    Comencemos por señalar las patentes contradicciones que existen entre los artículos 14 y 56. El primero reconoce que “los españoles somos iguales ante la ley”, pero a continuación, el segundo afirma que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Evidentemente, aquí se rompe el principio de igualdad. En realidad la norma se incumple desde el momento en que se establece que la jefatura del Estado se reserva al monarca, que la ejerce por derecho de herencia. A veces no caemos en la cuenta que también otras leyes vulneran el artículo 14 como las que autorizan el aforamiento de determinadas personas cuyo número no baja de 10.000, un privilegio que no admite parangón con el ordenamiento jurídico de nuestro entorno.

    En el capítulo de omisiones no son menos los ejemplos que urge subsanar. Comencemos por el anacronismo que representa el precepto del artículo 57 referente a la sucesión de la corona en el que el varón prevalece sobre la mujer. Esto a su vez constituye una vulneración del citado artículo 14 que, como hemos visto, establece la igualdad de todos los españoles (y de las españolas, por supuesto). Recordemos que, de momento, los herederos de Felipe VI son mujeres y si éste tuviera más tarde un hijo, descartaría a sus hermanas de su acceso al trono.

    La amplitud y ambigüedad del art. 56 no aclara si la inmunidad judicial del soberano se aplica a los actos que realice en el desempeño de sus funciones o se extiende a cualquier hipotético delito que pudiera cometer. Tal inconcreción se puso de manifiesto en 1999 cuando España suscribió el Tratado de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional, el cual determina que los jefes de Estado son responsables de genocidio o crímenes contra la humanidad. En aquella ocasión se salvó la situación con un dictamen del Consejo de Estado según el cual las normas sobre inmunidad no son extrapolables a la esfera internacional.

    Otros casos de omisión, explicables por la extemporaneidad de los hechos, remiten a la enunciación de las comunidades autónomas y a la adhesión a la UE, con la consiguiente renuncia de la soberanía nacional.

    Otros vacíos textuales menos explicables implican la vulneración de una norma expresa en la que se establece que “las abdicaciones y renuncias (…) se resolverán por una ley orgánica” precepto que cayó en el olvido durante treinta y cinco años. De ahí que la pereza o la desidia legislativa de las Cortes y los distintos gobiernos que se sucedieron, cogieran desprevenidos a unas y otros cuando Juan Carlos I anunció de forma sorpresiva su abdicación, lo que obligó a improvisar de prisa y corriendo y con carácter provisional todo lo relativo a la nueva situación creada por la transmisión de poderes.

    También debería haberse corregido la ausencia de regulación de las funciones reales por incapacidad o enfermedad, así como la edad de jubilación, ahora que hasta los papas se retiran, y el estatuto del soberano emérito.

    De lo dicho se desprende que no faltan motivos para acometer la revisión del texto constitucional que, como toda obra humana, acusa el paso y el peso del tiempo, y por ello, está necesitado de una cura de “aggiornamento”.

    Comprendo, no obstante la reticencia del PP por temor a que, abierto el melón surjan sorpresas, algunas de escaso calado y otras de trascendencia jurídico-política. Sin embargo, después de la nueva redacción del artículo 135 que dio prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otro gasto para complacer a la señora Merkel, lo acordaron los partidos mayoritarios en 24 horas, no debería ser problemático un nuevo consenso. No obstante, plantearlo ahora en momentos de crisis, podría ser un sobresalto creador de inestabilidad política. En todo caso, el PSOE, que dice tener en su ADN el republicanismo, podría  introducir en su programa  electoral la iniciativa, secundado por los demás partidos de izquierda, sobre todo si los próximos resultados electorales consolidasen  los de la las recientes europeas.

    A los políticos se les llena la boca cuando buscan el aplauso o los votos y dicen que el español es un pueblo maduro y sabio. Ojalá que esa madurez y sabiduría se ponga de manifiesto en las ocasiones importantes como sería la reforma constitucional.