México estrena presidente

Los Estados Unidos Mexicanos –tal es su nombre oficial- tendrán nuevo presidente a partir del 1 de diciembre próximo como resultado de las elecciones celebradas el 1 de julio, en las que  el Partido Revolucionario Institucional (PRI) liderado por Enrique Peña Nieto obtuvo la mayoría relativa con el 37,9% de los votos emitidos. Los otros dos contendientes fueron el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dirigido por Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) con el 31,7% y el Partido de Acción Nacional  (PAN) encabezado por Josefina Vázquez Mota, con el 25,48%.

En la consulta electoral se registraron dos hechos novedosos: la participación como candidata a la presidencia por primera vez de una mujer, y la aparición de un  grupo juvenil denominado “Yo soy 132” de características similares al 15 M español. Habrá que esperar a ver como se consolida y el futuro de su papel en la política nacional.

El PRI es ideológicamente indefinible aunque es indudable que le sobra la R de revolucionario: el PRD, escindido del anterior se proclama de izquierda, y el PAN es de centro derecha. El primero, que se repitió en el poder durante 70 años, se pasó los últimos 12 en la oposición en los que gobernó el PAN. Ahora tiene su segunda oportunidad y significa la alternancia política. No obstante, no tiene mayoría absoluta  en la Cámara Baja, compuesta por 500 diputados, ni en la Alta, de 128 senadores, por lo que será necesaria la negociación para permitir al gobierno sacar adelante sus iniciativas de reformas como se espera del candidato vencedor.

Como novedad, Peña Nieto fue elegido por  los mexicanos y no por el “dedazo” como fueron designados sus predecesores priistas. Movió su campaña electoral sobre generalidades. Por consiguiente, tendrá que traducirlas en medidas de gobierno concretas para que el pueblo crea en sus ambiguas promesas. Prometió “ganar más en un entorno de paz, sacar al país de la pobreza, la violencia y el miedo”, crear un sistema de seguridad social y bajar la tarifa eléctrica, además de realizar muchas obras de infraestructura. Ofreció asimismo aprobar la reforma fiscal –tan necesaria dado que el 5% de la población detenta el 30% de la  renta y aporta solamente el 5% de la recaudación fiscal- y laboral, así como abrir PEMEX, el monopolio del petróleo, a la iniciativa privada, un tema tabú desde que fuera nacionalizado en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas.

En la lucha contra el narcotráfico dijo que no habrá “tregua ni pacto”, sobre lo que muchos mexicanos abrigan serias dudas.

El nuevo presidente electo es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. vinculada al Opus Dei. Es padre de tres hijos habidos de su primera esposa, fallecida, y otros dos extramatrimoniales, y está casado en segundas nupcias con Angelina Rivera, actriz de telenovelas.

Los 114 millones de mexicanos esperan mucho del nuevo presidente, comenzando  por enfocar con más éxito la guerra del ejército contra los narcotraficantes que no fue resuelta por el presidente saliente a pesar de haber causado más de 50.000 muertos. El país necesita acometer una larga serie de reformas que comprende, entre otras, crear un millón de empleos al año que requiere el crecimiento demográfico, aminorar la economía sumergida (allá conocida como empleo informal), que abarca al 30% de la población activa, remediar la pobreza en que viven 42 millones de personas y moderar la desigualdad social, rebajar el nivel de corrupción comenzando por arriba, depurar y profesionalizar los cuerpos policiales, mejorar la calidad de la enseñanza, reconvertir la justicia que deja en la impunidad el 92% de los delitos, abatir el monopolio televisivo que comparten Televisa y Televisión Azteca, y desterrar el machismo y el racismo de la sociedad. Demasiada tarea, sin duda,  para completar en una legislatura, presuponiendo la decidida voluntad y el coraje de Peña Nieto y el sincero deseo de colaborar del Congreso.

    México es un gran país y merece coliderar con Brasil el protagonismo de Iberoamérica. Constituye el tercero del hemisferio con costas a dos océanos, el cuarto por su extensión y el tercero por población.

    Los españoles en general, y los gallegos en particular, miramos con especial afecto a la nación azteca, pues no en vano su nombre original fue Reino de Nueva Galicia, y además, después de Argentina es donde residen más gallegos en el extranjero. Por ello, hacemos votos porque  en las elecciones pasadas haya ganado México.

La burbuja inmobiliaria

Nota: el siguiente artículo lo escribí en febrero de 2003 (antes de que existiera este blog). He creído interesante incluirlo aquí ahora para mostrar cómo ya por aquel entonces la burbuja inmobiliaria se percibía como una amenaza, ante la cual los sucesivos gobiernos e instituciones públicas hicieron caso omiso.
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    Suelen cifrarse los principales problemas de la economía española a corto plazo en la inflación, el paro y la escasa productividad, factores que implican pérdida de competitividad, no compensados por la manipulación   del tipo de cambio como era habitual antes de nuestra adhesión a la Unión Monetaria y Económica (UEM) que supuso la adopción del euro como unidad monetaria.

    A las anteriores consideraciones habrá que añadir el encarecimiento desorbitado de la vivienda, que se ha traducido en una burbuja inmobiliaria con peligro de su imprevisto estallido. El alza de estos precios, fuera de toda lógica, es responsable en buena parte  del aumento experimentado por el IPC y el severo endeudamiento de las familias españolas sobre la deuda disponible al amparo de los bajos tipos de interés. El desfase de los precios no se justifica por la escasez de la oferta, teniendo en cuenta que en 2002 se construyeron 500.000 pisos, un número muy superior al de nuevos matrimonios. Por tanto, cabe pensar que una parta sustancial de los mismos habrá ido a incrementar el stock de desocupados, que ya excede de dos millones.

Esta situación tiene su origen, tanto en la preferencia de los españoles por la compra sobre el arrendamiento  como en la creencia de que la inversión en ladrillo es la más sólida y rentable, sobre todo en relación con la caída de las bolsas en los tres últimos años o con la mínima retribución de los depósitos de ahorro.

    El peligro que esconde el panorama inmobiliario es que la desaceleración de la economía, unida al descenso de la natalidad y nupcialidad derive en una fuerte contracción de la demanda que paralizaría las transacciones y originaría una grave crisis del sector, que evocaría lo ocurrido en Japón.

    Si llegara a producirse el desplome del mercado inmobiliario –y hay motivos para temerlo- las consecuencias serían graves. La contracción de la actividad constructora comportaría un aumento del desempleo y la pérdida de capacidad adquisitiva de las familias, muchas de las cuales se verían en apuros  para atender sus obligaciones de pago, con la doble consecuencia de la mayor morosidad bancaria, lo que a su vez agudizaría el efecto recesivo de la crisis. Hasta los ayuntamientos sufrirían una considerable disminución de sus ingresos al faltarles el cobro de las licencias de construcción.

    En resumen, si las alzas de la vivienda han subido desproporcionadamente y a contracorriente de la coyuntura, lo normal sería que a corto plazo se iniciase la inflexión de la curva de precios, tanto más pronunciada cuanto más se retrase la recuperación de la economía, de la que el sector inmobiliario no puede  divergir indefinidamente.

Dos estilos de gobierno

    Corea del Sur y España son dos naciones con varias similitudes y algunas diferencias. Geográficamente comparten sendas penínsulas, su demografía es semejante (unos 46 millones de habitantes), y disfrutan de regímenes democráticos. También desde el punto de vista económico ha sufrido cada una su crisis: ellos en 1997, que llevó a la intervención del FMI; nosotros en el presente, recién intervenidos los bancos. La mayor diferencia consiste  en la forma en que ambos países  se enfrentaron a ellas. Sus gobiernos protagonizaron dos modelos muy distintos. La reacción de las autoridades coreanas se centró en la apertura al exterior, el apoyo a las nuevas tecnologías de la información, la adopción del inglés como segunda lengua, medidas que en conjunto favorecieron la competitividad de forma que hoy es el primer productor mundial de teléfonos móviles y barcos, el tercero en semiconductores y el quinto en automóviles. A ello contribuye sobremanera la apuesta por la educación, la formación profesional y la investigación científica a la que dedica el 3,74% del PIB. Resultado de esta política es una tasa de paro del 3,3% de la población activa, un crecimiento del PIB del 3,6% y una balanza por cuenta corriente con un superávit del 2,4% el pasado año.

    Frente al exitoso balance coreano, el de España es especialmente negativo. Estamos combatiendo la crisis persiguiendo a toda costa la consolidación fiscal bajando los salarios, subiendo impuestos y recortando  drásticamente la inversión productiva sin exceptuar educación e I+D+i al que dedicamos el 1,35% del PIB. Consecuencia del tratamiento de la crisis es una prolongada recesión en ascenso;  una deuda pública y privada que por su volumen no podremos pagar en muchos años; un paro del 24% que en el sector juvenil alcanza el 50%, del cual el 23% no estudia ni trabaja. Fiamos nuestro desarrollo económico en un factor tan aleatorio y voluble como el turismo, del que depende el 11% del PIB.

    La disparidad de las políticas económicas seguidas por Corea del Sur y España durante las dos últimas décadas resalta todavía más si tenemos en cuenta que nuestro país tuvo cuantiosas ayudas de la UE, que en buena parte derrochó en proyectos faraónicos que, además de su coste inicial exigen gastos considerables para su mantenimiento, lo que compromete el futuro.

    Donde España ha tenido triunfos resonantes es en el campo de los deportes, merced en gran parte al éxito del plan ADO destinado a la preparación de deportistas de elite que contó con recursos necesarios. Gracias a esta prioridad, hoy somos campeones del mundo de futbol, tenemos equipos líderes en baloncesto y figuras tan destacadas como Rafael Nadal en tenis o Fernando Alonso en  Fórmula 1. Si hubiéramos aplicado la misma atención a la economía nacional, otro gallo cantaría. Lo peor del fracaso es que hemos perdido el prestigio de ser un país serio, y por ello, nos cuesta más la financiación de  nuestra deuda. Hercúlea tarea la que espera al ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Margallo, para relanzar la imagen de España en el exterior. Lamentablemente, para conseguirlo no bastará con nuestros triunfos deportivos, aunque ayuden.

    Sería bueno que nuestros políticos estudiasen con atención el modelo coreano para extraer las lecciones del caso, y comenzar prestando el mismo interés al fortalecimiento de nuestros investigadores y a la sociedad del conocimiento que al deporte. Lo celebraríamos todos.

La resaca

    Agolada es un municipio rural de la provincia de Pontevedra, poblado por unos 4.000 habitantes con evolución decreciente, que ha adquirido notoriedad mediática con  motivo de los tijeretazos al presupuesto, acordados por la corporación para cumplir el plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda con el fin obtener ayuda con la que poder abonar las facturas de los proveedores.

    Los recortes incluyen el cierre de la biblioteca, la Casa de la Cultura, una de las piscinas municipales, la supresión de un empleo de socorrista, así como la eliminación

de dedicación exclusiva de un concejal y la plaza del secretario del alcalde.

    No se piense, sin embargo,  que Agolada es un caso excepcional. Al contrario, se trata de uno de tantos municipios que para cumplir la orden de Hacienda se ve obligado a clausurar servicios y aumentar las tasas.

    Durante los años que precedieron a la crisis que estalló en septiembre de 2007, los municipios vivieron una auténtica fiesta en la que se disparó el gasto, con la agravante de que se financió a costa de endeudarse hasta límites insostenibles, y cuando llegó la merma de ingresos fiscales, cayeron en la cuenta de que no podían afrontar el pago, es decir, estaban en quiebra. La fiebre gastadora no fue exclusiva de los ayuntamientos sino que siguieron la estela de las demás administraciones públicas.

En efecto, si la deuda global de los municipios asciende a 36.860 millones de euros, la de las comunidades autonómicas es de 145.117 millones, y la de la Administración central suma 724.549 millones. No se salva nadie. La clase política –y también  empresas y particulares- perdió el miedo al apalancamiento como si nunca hubiera que  devolver lo prestado. Tras la orgía sobreviene la resaca.

    Continuando con el ejemplo de Agolada  -extrapolable al resto del país- en materia de ocio, cultura y deporte, además de los elementos ya citados-, cuenta con banda de música, coral polifónica, centro social de la tercera edad, varias piscinas, pabellón de deportes y campo de futbol. No parece que alguien hubiera pensado que además de la inversión inicial habría que soportar los gastos de funcionamiento, y como consecuencia, si las arcas municipales dispondrían de recursos suficientes de carácter permanente.

    Probablemente, la proliferación de instalaciones de cultura, ocio y deportes en un municipio no especialmente rico, sea resultado de ofertas electorales de las corporaciones como cebo para atraer votos y continuar al mando, sin que fuera obstáculo el excesivo endeudamiento y es que, los humanos en general, si pueden obrar a su arbitrio con impunidad y administran dinero ajeno, sienten la tentación de cometer abusos y disparates.

    Aun siendo enemigo de la exuberancia burocrática, creo que se impone la necesidad de crear un cuerpo estatal de inspectores que supervisen los presupuestos de los ayuntamientos antes de su entrada en vigor, Su labor sería complementaria de la del Tribunal de Cuentas. El primero actuaría “ex ante” y el segundo “ex post”.

    Llegado el momento inaplazable de apretarse el cinturón surge el dilema de por donde iniciar los recortes. ¿Qué debe ser prioritario, cerrar la biblioteca o el pabellón de deportes? ¿La casa de la cultura o el campo de fútbol? Como por suerte, estamos en democracia, entiendo que la elección debe respetar la opinión de la mayoría debidamente informada.

    Si en lugar del derroche en instalaciones más o menos suntuarias y medidas efectistas de relumbrón, se hubiera invertido en reformas productivas con retornos de rentabilidad y empleo, se habría evitado el desequilibrio financiero y creado alicientes para el arraigo de la población en evitación del éxodo rural causante del cierre de muchos pueblos y la desertificación del territorio.

    Lo que está claro es que al socaire de la aparente riqueza, que se evaporó con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las administraciones públicas cometieron excesos y lo que ahora procede es cambiar el rumbo y vivir con austeridad que equivale en la realidad a sentirnos pobres de nuevo. No obstante, es éticamente exigible que el reparto de los sacrificios se haga con equidad, afectando lo menos posible a los sectores más vulnerables de la sociedad, tanto por razones de justicia como por reconocimiento de que no tuvieron parte alguna en el desencadenamiento de la crisis.

    Cabe preguntarse, ¿habremos aprendido la lección para no repetir la experiencia en el futuro? Ojalá; mas me temo que la respuesta sea negativa, no solo porque las crisis son indisociables del sistema capitalista como porque la memoria de los pueblos es corta y poco duradera, de modo que estamos condenados a  tropezar en la misma piedra nuevamente y a repetir los errores. Si la historia fuera maestra de la vida como quería Cervantes, se habría evitado la repetición de sucesos fatales como las guerras.

    Conformémonos, de momento, con habilitar fórmulas que cierren el paso a políticos manirrotos e infractores de la ley, que se les exijan responsabilidades por su gestión desleal y por los perjuicios ocasionados a los intereses generales.

Dos reformas a destiempo

    Cuando el actual gobierno del PP inició su andadura, la primera reforma legislativa que llevó a cabo fue la laboral por medio del Real Decreto 3/2012 de 10 de febrero, con tanta prisa que acudió al Decreto-Ley para abreviar su tramitación parlamentaria, sin que le importase prescindir del consenso con los agentes sociales, que había sido presupuesto de otras reformas anteriores. Fue como si la mayoría electoral que le otorgaron las urnas al partido le autorizase a legislar por su cuenta cual si estuviesen en posesión de la verdad absoluta.

    Antes de examinar someramente su contenido, digamos que sus promotores sufrieron un error de calendario, pues como se vio muy pronto, lo verdaderamente prioritario era acometer la reforma del sistema financiero, donde se ocultaba la fuente de los problemas que, ya existentes a la sazón,  no hicieron más que agravarse día tras día. Pero tal vez ahí estarían implicados otros intereses que al PP no le interesaba desvelar y combatir.

    Desde distintos puntos de vista, lo que importaba era alterar profundamente el contenido del Estatuto de los Trabajadores de 1985 para abaratar los salarios y la indemnización por despido para remediar la insoportable tasa de paro del 23% de la población activa, que en lo que a la juventud se refiere, llegaba al 50%. En cuanto al concepto indemnizatorio por despido improcedente, mientras el Estatuto la establecía en 45 días por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades, la nueva norma la rebaja a 20 días y 12 mensualidades, respectivamente.

    Entre tanto, altos directivos de las empresas, al producirse el cese, por despido o dimisión, se embolsan sumas millonarias, independientemente de que su gestión hubiera sido nefasta, fruto de la libertad de contratación de esta élite privilegiada.

    En cuanto a los efectos de la reforma conocidos hasta ahora, lo menos que puede decirse es que defraudó todas las expectativas. El desempleo siguió creciendo como era de prever. Al facilitarse y abaratarse el despido, las empresas vieron la oportunidad de  de reducir sus costes salariales recortando la plantilla y sustituyendo trabajadores con años de antigüedad por otros de nuevo ingreso con sueldos inferiores.

    A la clase trabajadora en general se le metió el miedo en el cuerpo al sentir la amenaza implícita o expresa, a modo de espada de Damocles, de perder el empleo, creándose así una situación que nos retrotrae a tiempos pasados que creíamos superados.

    Por otro lado, la demora en conocer y reconocer la verdadera situación de bancos y cajas, que al día en que escribo sigue siendo un misterio, ha llevado a la pérdida de confianza de los mercados, lo que se traduce en un aumento descontrolado del riesgo país que a su vez encarece el coste de la deuda soberana hasta el extremo de haberse  convertirse en el mayor capítulo de gasto presupuestario, lo que asimismo compromete  la consolidación fiscal que es un compro miso irrenunciable del gobierno.

    El reciente rescate de la banca sigue sin formalizarse, según la canciller alemana porque el gobierno español aun no ha cursado la oportuna solicitud. El país está sumido en una crisis sin fondo y los gobernantes encargados de gestionarla semejan enanos políticos desbordados por los acontecimientos, mientras no paran de afirmar que siguen su hoja de ruta, sin dar la cara ni informar al Parlamento y al pueblo de cómo piensan salir del atolladero, En situaciones como ésta surge espontáneamente la expresión de “que Dios nos coja confesados” seguida de “sálvese quien pueda” que es el peor camino para salvarnos todos.

Sueldos y supersueldos

Como es sabido, las empresas se constituyen para obtener beneficios y no para hacer amigos. Esta característica general es de especial aplicación en el caso de las sociedades financieras cuyas penurias actuales son tema de recurrente actualidad, de las que voy a ocuparme.

    Conseguir simultáneamente ganancias y amigos no deberían ser objetivos contradictorios porque la actividad empresarial debe basarse en la confianza mutua, condición indispensable tratándose de las empresas que se dedican al tráfico de dinero. Sin embargo, si no es fácil hallar motivos para bendecir éticamente a las empresas en general, lo es aun menos en el caso de los bancos y cajas de ahorros cuya relación con la moral es harto conflictiva.

    La tentación de beneficios crecientes puede jugar malas pasadas a los gestores de las entidades financieras que termina enajenando la confianza de sus clientes. Haciendo abstracción de acciones tipificadas como  delictivas en el Código penal, existen comportamientos alegales no menos censurables. Comenzando por las relaciones laborales, frente a remuneraciones desmesuradas de la cúpula directiva se urden procedimientos  para abaratar los sueldos más bajos con fórmulas restrictivas de derechos que configuran los llamados “contratos basura”. Si de lados de los costes se exageran los trucos para reducirlos al mínimo, del de los ingresos, la imaginación juega su papel, y no para de incorporar el lanzamiento al mercado de productos a cual más sofisticado y más oscuro haciendo uso de su capacidad de crear dinero. Invertir los ahorros de sus clientes en operaciones rentables, seguras y con liquidez es el desideratum de cualquier establecimiento bancario, pero como dichas condiciones son incompatibles entre sí, el problema se resuelve con una equilibrada distribución, de modo que, en conjunto, se consigan los tres objetivos en un grado razonable. Así lo manda la ortodoxia financiera.

    Este delicado equilibrio ha sido vulnerado muchas veces, comenzando por las quiebras bancarias de la década de los ochenta para culminar con el agujero negro en que están sumidos bancos y cajas que obligó a su intervención por los organismos internacionales después de haber arrastrado a la ruina a muchas familias y dejado en la calle a miles de empleados, al mismo tiempo que los gestores causantes del estropicio se retiran tranquilamente a disfrutar de los millones que se autoadjudicaron, sin que los gobiernos ni los jueces tengan nada que decir al respecto. Si esto se considera legal, habría que concluir que estamos regidos por la ley del embudo.

    Entre las malas prácticas de las entidades financieras a las que hemos asistido en los últimos años, figuran los depósitos-seguros de prima fija, la falta de celo en la detección del blanqueo de capitales o la relación con los paraísos fiscales, para terminar con la emisión de las llamadas participaciones preferentes colocadas entre pequeños ahorradores ayunos de cultura financiera que no eran conscientes de los riesgos que asumían ni los empleados se ocuparon de explicárselos. Atraídos por la alta rentabilidad, los suscriptores firmaron los documentos que les presentaron sin darse cuenta que los intereses solamente se abonarían si la entidad emisora  tenía beneficios –lo que ahora no ocurre- y la recuperación de la inversión solo era posible a través del mercado secundario entre compradores y vendedores de participaciones, el cual dejó de funcionar, y en consecuencia no se puede deshacer la operación.

    Gran parte de la culpa de los apuros en que se encuentra el sistema financiero hay que atribuírsela al Banco de España que, teniendo facultades  de regulación y supervisión, omitió ejercerlas, dejando a las entidades en libertad de actuación, con los resultados que conocemos: la bancarrota propia, el engaño de sus clientes y un daño enorme al país. A todo esto, el gobernador, que cobraba un sueldo de 176.000 euros, se va a su casa un mes antes de que terminara su mandato y solo se le ocurre decir que “tal vez se haya podido cometer algún error”.

    Que tantos fallos y conductas impropias queden impunes y se salden

con una vaga disculpa, pone de relieve el mito de que ante la ley todos somos iguales.

La locura de los pueblos

    La demencia es una enfermedad que altera el estado normal de la mente con manifestaciones esquizofrénicas o paranoicas que afecta tanto a individuos como a grupos sociales.

    En el primer caso, las consecuencias las sufre el propio interesado y su ámbito familiar. Pero la perturbación colectiva puede darse también  en grupos más o menos numerosos, e incluso afectar a buena parte de la población de un país, con daños catastróficos. En el origen de estos fenómenos sociales puede estar un ideólogo que propugne soluciones utópicas o irracionales, casi siempre violentas a problemas de convivencia con minorías étnicas, religiosas, políticas o lingüísticas que se presentan como incompatibles.

    La historia es testigo de que estas ideologías violentas desencadenaron en el pasado y en el presente episodios de exterminio de colectivos por el hecho de profesar creencias políticas o religiosas que sirvieron y sirven de justificación a invasiones de pueblos vecinos seguidos de conflictos bélicos de independencia.  

    Es frecuente que en el origen de estos desórdenes estén teorías elaboradas por mentes desequilibradas que logran transmitir su vesania y convencer a masas de adeptos. Una muestra incontestable sería el libro de Adolfo Hitler “Mein Kampf” (Mi lucha) en el que acusaba  a los judíos  de ser culpables  de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y por ello propugnaba su aniquilación. Como es sabido, dichas teorías  llevaron al Holocausto y al hundimiento del país que lo provocó.

    También los españoles tenemos la dolorosa experiencia de convivir con una pesadilla de 50 años de terrorismo de ETA, apoyado por un sector importante de la población vasca, para poner en práctica las elucubraciones xenófobas de Sabino Arana, apóstol del odio a los demás españoles y del independentismo vasco.

    En ocasiones, el discurso de los reformadores ha sido llevado a la práctica con sentido y medios totalmente opuestos a los que inspiró a los fundadores. En materia religiosa basta comparar el amor, la pobreza, la humildad y el pacifismo de Jesucristo con lo que ha sido y es el comportamiento de las Iglesias cristianas para comprender la distancia que separa  a ambas partes.

    Otro tanto podría decirse en el terreno político de lo ajeno que son las teorías de Marx y la interpretación que de ellas han hecho los regímenes comunistas que en el mundo han sido. No en vano se ha dicho que la desgracia del maestro es tener discípulos.

    Los ejemplos de tales perversiones son innumerables. Refiriéndonos a los casos más recientes, viene a cuento citar el contraste entre las enseñanzas evangélicas y como son vividas por los cristianos que se reclaman creyentes. Si Marx, que propuso el reino de la igualdad y la justicia en este mundo sin esperar a que se cumplan en el cielo, levantase la cabeza, le daría un pasmo al ver como sus ideales son transformados en brutal represión  de los derechos de los ciudadanos por una elite política que detenta el poder, ajena a la opinión pública a la que se le niega el derecho a hacerse oír en los países proclamados comunistas  (China, Cuba, Corea del  Norte).

    Aun no se ha descubierto una vacuna que inmunice a los pueblos contra sus locuras, pero existen fórmulas a modo de medicamentos cuyo uso previene la aparición de sus manifestaciones patológicas. En la medida en que reine la justicia, se amplíen los cauces de participación en los asuntos públicos, se mejore la educación, se fomente la tolerancia, la transparencia y el pensamiento crítico, será más fácil alejar el peligro que representan la demagogia, el extremismo y el fanatismo. Demasiados objetivos para poder confiar  en su próximo cumplimiento. Pero  no tenemos otra solución a nuestro alcance.