La resaca

    Agolada es un municipio rural de la provincia de Pontevedra, poblado por unos 4.000 habitantes con evolución decreciente, que ha adquirido notoriedad mediática con  motivo de los tijeretazos al presupuesto, acordados por la corporación para cumplir el plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda con el fin obtener ayuda con la que poder abonar las facturas de los proveedores.

    Los recortes incluyen el cierre de la biblioteca, la Casa de la Cultura, una de las piscinas municipales, la supresión de un empleo de socorrista, así como la eliminación

de dedicación exclusiva de un concejal y la plaza del secretario del alcalde.

    No se piense, sin embargo,  que Agolada es un caso excepcional. Al contrario, se trata de uno de tantos municipios que para cumplir la orden de Hacienda se ve obligado a clausurar servicios y aumentar las tasas.

    Durante los años que precedieron a la crisis que estalló en septiembre de 2007, los municipios vivieron una auténtica fiesta en la que se disparó el gasto, con la agravante de que se financió a costa de endeudarse hasta límites insostenibles, y cuando llegó la merma de ingresos fiscales, cayeron en la cuenta de que no podían afrontar el pago, es decir, estaban en quiebra. La fiebre gastadora no fue exclusiva de los ayuntamientos sino que siguieron la estela de las demás administraciones públicas.

En efecto, si la deuda global de los municipios asciende a 36.860 millones de euros, la de las comunidades autonómicas es de 145.117 millones, y la de la Administración central suma 724.549 millones. No se salva nadie. La clase política –y también  empresas y particulares- perdió el miedo al apalancamiento como si nunca hubiera que  devolver lo prestado. Tras la orgía sobreviene la resaca.

    Continuando con el ejemplo de Agolada  -extrapolable al resto del país- en materia de ocio, cultura y deporte, además de los elementos ya citados-, cuenta con banda de música, coral polifónica, centro social de la tercera edad, varias piscinas, pabellón de deportes y campo de futbol. No parece que alguien hubiera pensado que además de la inversión inicial habría que soportar los gastos de funcionamiento, y como consecuencia, si las arcas municipales dispondrían de recursos suficientes de carácter permanente.

    Probablemente, la proliferación de instalaciones de cultura, ocio y deportes en un municipio no especialmente rico, sea resultado de ofertas electorales de las corporaciones como cebo para atraer votos y continuar al mando, sin que fuera obstáculo el excesivo endeudamiento y es que, los humanos en general, si pueden obrar a su arbitrio con impunidad y administran dinero ajeno, sienten la tentación de cometer abusos y disparates.

    Aun siendo enemigo de la exuberancia burocrática, creo que se impone la necesidad de crear un cuerpo estatal de inspectores que supervisen los presupuestos de los ayuntamientos antes de su entrada en vigor, Su labor sería complementaria de la del Tribunal de Cuentas. El primero actuaría “ex ante” y el segundo “ex post”.

    Llegado el momento inaplazable de apretarse el cinturón surge el dilema de por donde iniciar los recortes. ¿Qué debe ser prioritario, cerrar la biblioteca o el pabellón de deportes? ¿La casa de la cultura o el campo de fútbol? Como por suerte, estamos en democracia, entiendo que la elección debe respetar la opinión de la mayoría debidamente informada.

    Si en lugar del derroche en instalaciones más o menos suntuarias y medidas efectistas de relumbrón, se hubiera invertido en reformas productivas con retornos de rentabilidad y empleo, se habría evitado el desequilibrio financiero y creado alicientes para el arraigo de la población en evitación del éxodo rural causante del cierre de muchos pueblos y la desertificación del territorio.

    Lo que está claro es que al socaire de la aparente riqueza, que se evaporó con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las administraciones públicas cometieron excesos y lo que ahora procede es cambiar el rumbo y vivir con austeridad que equivale en la realidad a sentirnos pobres de nuevo. No obstante, es éticamente exigible que el reparto de los sacrificios se haga con equidad, afectando lo menos posible a los sectores más vulnerables de la sociedad, tanto por razones de justicia como por reconocimiento de que no tuvieron parte alguna en el desencadenamiento de la crisis.

    Cabe preguntarse, ¿habremos aprendido la lección para no repetir la experiencia en el futuro? Ojalá; mas me temo que la respuesta sea negativa, no solo porque las crisis son indisociables del sistema capitalista como porque la memoria de los pueblos es corta y poco duradera, de modo que estamos condenados a  tropezar en la misma piedra nuevamente y a repetir los errores. Si la historia fuera maestra de la vida como quería Cervantes, se habría evitado la repetición de sucesos fatales como las guerras.

    Conformémonos, de momento, con habilitar fórmulas que cierren el paso a políticos manirrotos e infractores de la ley, que se les exijan responsabilidades por su gestión desleal y por los perjuicios ocasionados a los intereses generales.