La importancia de ser diputado

    Ser diputado en el Congreso es un cargo envidiable por muchos conceptos que solo está al alcance de 350 elegidos cada cuatro años, aunque algunos afortunados se las arreglan para repetir. Aquí se cumple el dicho de que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Son empleos importantes por los honores y prebendas que comportan. Es un honor  representar teóricamente  a 131.428 conciudadanos, resultado de dividir  el número de 46 millones de españoles entre los 350 escaños, y es deseable también por las retribuciones que le corresponden y los complementos adheridos que detallaré más adelante.

    Nada extraño, por tanto, que sean numerosos los aspirantes, toda vez que las condiciones exigibles se reducen a ser mayor de edad y carecer de antecedentes penales. El requisito indispensable, real pero no escrito,  es estar bienquisto con el político que hace las listas de candidatos que suele coincidir con el jefe máximo del partido político. No hace falta estar en posesión de  de ningún título académico o profesional, si bien en la práctica suele designarse a licenciados en Derecho o Ciencias Políticas como materias más afines a la gestión de los asuntos públicos. Sin especial bagaje intelectual se puede llegar a jefe del gobierno. No hace falta ganar oposiciones sino sumar voluntades y tener madera de líder.

    La función de los diputados es la elaboración de leyes y además, los de la oposición  ejercen el control del Gobierno. Tarea aneja al cargo es la de aplaudir las intervenciones  de los portavoces propios y de los ministros si pertenecen al mismo partido.

    Para remunerar tan compleja labor, el diputado percibe 3.125 euros al mes que, sin ser una gollería, equivale a más del doble del salario medio, y no digamos del salario mínimo. A lo que llamaríamos sueldo del diputado raso se suman los complementos,  que son muchos y variados; dietas de viaje de 120 euros en el interior del país y 150 en el extranjero; si el viaje se realiza en avión es gratis en categoría business, 300 euros al mes para desplazamientos en taxi, indemnización por no residir en Madrid, utilizar la cafetería del Congreso a precios subvencionados; sobresueldos desde el presidente –actualmente presidenta– a vicepresidentes, portavoces, viceportavoces, presidentes de comisiones, etc.

    En el capítulo de privilegios, nuestros representantes disfrutan de los siguientes: compatibilidad de la dedicación exclusiva con determinadas actividades privadas (clases, conferencias, tertulias mediáticas), ausencia de control laboral, disponibilidad de iPad e iPhone y ordenador portátil, pensión máxima asegurada al cumplir 65 años habiendo cotizado siete años (a los trabajadores se les exigen 35). Finalmente, están sujetos a aforamiento. La lista no es exhaustiva pero es suficientemente expresiva. Para mayor detalle consúltese la web “Privilegios de los políticos.com”

    Cuando el parlamentario pierde su acta puede elegir entre varias opciones; retornar a su ocupación anterior, acceder a otro cargo político (eurodiputado, senador, ejecutivo de un organismo oficial) o utilizar el mecanismo de las puertas giratorias sin solución de continuidad. La elección dependerá de que el interesado  haya conservados sus amistades o cultivado otras nuevas.

    El significado de la democracia es el gobierno del pueblo, pero con frecuencia, gobernantes y gobernados viven en planos diferentes, excepto durante las campañas electorales en que los primeros buscan el aplauso –y sobre todo los votos- de las  multitudes, sin distinción de sexo, edad o condición. Entonces  los candidatos visitan los mercados y se interesan por los precios del pescado. Una vez instalados en sus poltronas, la distancia  entre ellos y los ciudadanos corrientes se vuelve insalvable.

    Bien está que los diputados reciban una remuneración razonable  -no me atrevo a calificarla de digna porque es un término demasiado impreciso- que puede ser el triple o más del salario medio pero no sería pedir demasiado que prescindieran  de sobresueldos de difícil justificación, y sobre todo de privilegios que les separan del resto de los mortales. Quienes escogen libremente dedicarse a la función pública no deberían adjudicarse  ventajas injustas sobre los demás. Bien al contrario, les honraría ser ejemplo de altruismo, equidad, civismo, morigeración y sobriedad. En todo caso, las retribuciones que perciban deben ser aprobadas con luz y taquígrafos y con conocimiento de los ciudadanos y contribuyentes.

    El hecho de que estos deseos no tengan reflejo en la realidad es causa  del disgusto con que los españoles juzgamos a la clase política y ello explica que hayan surgido nuevos partidos de tinte populista en las elecciones del 20-12 que quebraron el bipartidismo y prometieron practicar  una nueva política distinta de la de “la casta” en la que encasillaron a los partidos tradicionales, y prometieron  resolver los problemas del país de forma que preservarían el Estado de bienestar.

    Ciertamente, acertaron en el diagnóstico, lo que propició su ascenso electoral, pero propusieron remedios de discutible viabilidad, y sorprendentemente,  no ofrecieron eliminar la selva de privilegios y sobresueldos  con lo que la “nueva política” no se distingue de la vieja. La excepción la protagonizó la UPyD al proponer la renuncia de las ventajas y beneficios que acumulan los llamados servidores públicos, pero el proyecto naufragó por la oposición de los colegas parlamentarios, entre ellos quienes no tuvieron empacho en aprobar el Decreto-Ley de  Reforma Laboral que privó a millones de trabajadores de derechos adquiridos. Está visto que no es lo mismo predicar que dar trigo.