Adecentamiento político

    Como consecuencia del profundo descrédito que ha caído sobre la política y sobre quienes de ella viven, se ha puesto de moda el tema de la regeneración que ambos precisan.

    Basta echar un vistazo a lo que aparece en las ofertas electorales y lo que se ejecutó en la práctica para comprender que las quejas y el disgusto de los ciudadanos están más que justificados. Si a ello añadimos los repetidos escándalos de corrupción, se hace evidente la urgencia de sanear la política mediante acciones legislativas que prevengan el delito, y en su caso, castiguen a los infractores. En esto, con ligeros matices,  coinciden todos los partidos, incluso los que más han sufrido sus zarpazos, pero corresponde al nuevo gobierno que salga de las elecciones adoptar las medidas oportunas , no para erradicar la perversión, que es imposible,  pero sí frenarla, hacerla más arriesgada, y sobre todo,  que no quede impune.

    Habrá que aprobar normas que garanticen la claridad, transparencia y responsabilidad que venzan la tentación de la codicia de quienes tienen a su cargo la gestión de los caudales públicos. La tarea es enorme y su dificultad recuerda las hazañas de Hércules de limpiar las cuadras de Augias. De su éxito depende que arraigue la democracia y de que el régimen tenga medios y los aplique para perseguir y corregir la administración culposa de los dineros de todos. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir que los políticos a quienes hemos elegido sean tan honrados como nos hicieron creer al postularse.

   Sin necesidad de implicar la reforma de la Constitución, que sería para largo, he aquí algunas medidas que contribuirían a devolver la confianza que debe presidir la relación entre gobernantes y gobernados, representantes y representados.

1.     Imponer la democratización interna de los partidos como establece la Carta Magna.

2.     Reformar la ley electoral para que los votos tengan el mismo valor.

3.     Reformar la ley de Indulto de 1907, de forma que impida su aplicación a políticos corruptos.

4.     Suprimir los aforamientos.

5.     Aprobar una nueva ley de financiación de los partidos  y de sus fundaciones.

6.     Clarificar y refundir los ingresos de los políticos con supresión de toda clase de privilegios para que les haga sentirse servidores públicos.

7.     Limitar a dos los mandatos políticos.

8.     Elaborar un protocolo que establezca condiciones y restrinja los desahucios.

9.     Reducir las prestaciones de presidentes autonómicos y nacionales, de forma que sea incompatible el cobro de la pensión con otros ingresos iguales o mayores.

10.   Legislar de forma restrictiva la utilización de las “puertas giratorias”.

11.   Reducir drásticamente el número de asesores. Su labor debe ser desempeñada por los empleados de los cuerpos técnicos.

12.   Prohibir que un político pueda ejercer más de un cargo.

    El cumplimiento de estas medidas no representarían ninguna revolución, pero su plasmación sería un paso adelante en dirección a un Estado más decente en el que los políticos fueran parte de la ciudadanía y no ponerse a mayor altura que los demás.