Transcurridos siete años del estallido de
la burbuja inmobiliaria que significó el comienzo de la crisis económica, es
oportuno examinar el tratamiento político que el PP le dio y los diversos efectos
que produjo en la sociedad.
La terapia aplicada se basó en la
austeridad a ultranza traducida en recortes de servicios públicos esenciales,
complementada con el rescate de los bancos en un conjunto de medidas
conducentes a una devaluación interna articulada, disminución del gasto público
y aumento de la presión fiscal.
Frente a la recesión provocada por la caída
de la demanda, la doctrina económica propone dos metodologías diferentes y
contrapuestas: a) la de tipo keynesiano que salvó la Gran
Depresión de 1929, consistente en impulsar la inversión
pública en compensación de la abstención de la iniciativa privada; y b) la
reducción del gasto público para rebajar costes y propiciar la inversión
privada con el fin de mejorar la competividad del país, y simultáneamente
incrementar la recaudación de impuestos con que atajar el déficit de
Hacienda.
Algunas de las medidas tomadas fueron las
siguientes, con incumplimiento del programa electoral:
Presión
fiscal:
a)
Aumento del IVA, del 18 al 21%, con tratamientos tan
inequitativos como aplicar la tarifa máxima al cine y teatro, y
al fútbol la reducida del 10%.
b)
Elevación de las matrículas universitarias y de las
tasas judiciales.
c)
Implantación del copago farmacéutico.
Recorte
de gastos:
a)
Disminución del presupuesto de educación y sanidad.
b)
Idem de la ayuda al desarrollo.
c)
Idem de la asignación a investigación y desarrollo.
d)
Paralización de la ley de dependencia.
e)
Reducción de los sueldos de los funcionarios públicos.
f)
Desconexión de las pensiones con el IPC como establecía
el Pacto de Toledo.
g)
Restricción de las becas al exigirse mayor calificación.
h)
Retirada de la tarjeta de sanidad a 800.000 inmigrantes
irregulares.
i)
Congelación del salario mínimo.
j)
Devaluación de los salarios y disminución de las rentas
salariales en el PIB.
Como se ve,
ninguna de estas medidas tocó al bolsillo de los más adinerados.
El Gobierno escogió el segundo modelo que
receta el neoliberalismo y apoya férreamente Alemania por temor atávico a la
inflación. El resultado inmediato fue la recesión, el aumento del paro, la
disminución de la demanda y el consumo, la restricción del crédito, el
crecimiento de la morosidad bancaria, las quiebras empresariales, los miles de
desahucios y los cierres de negocios, el aumento de la pobreza y la exclusión
social. En síntesis, un fuerte ataque al Estado de bienestar y una situación de
emergencia social.
Resultados.
Solo a partir del 4º trimestre de
2013, tras cinco años de crecimiento negativo se inició una incipiente
recuperación del PIB (disminución del
paro a cambio de pésimas condiciones laborales), mejor saldo del comercio
exterior, crecimiento del turismo, caída de la inflación y ligera mejoría de la
recaudación impositiva) situación a la que contribuyeron factores externos identificados
como el abaratamiento de los tipos de interés, la depreciación del euro frente
al dólar, el desplome del precio del petróleo y la inestabilidad política de
países receptores de turismo. Lo que puedan durar estas favorables
circunstancias está por ver.
La positiva evolución de las
macromagnitudes y la continuación de los recortes, la persistencia de la
elevada tasa de desempleo y la degradación de los salarios al mismo tiempo que
se mantienen y aun aumentan los sueldos estratosféricos de los máximos directivos,
dio lugar a la profundización de la brecha entre ambos y a que se agudizase la
pobreza en intensidad y extensión (se cifran en 13 millones los afectados) en
tanto aumentaba el número de multimillonarios. Ello explica que el Gobierno
hable del éxito de sus medidas sin que la población perciba la mejoría.
Si a todo ello se añade la escandalosa ola
de corrupción de cargos públicos se comprende la indignación de mucha gente de
la que se derivaron las protestas populares como la del 15-M que a su vez dieron
origen a la formación de partidos emergentes como Podemos y Ciudadanos, cuyo
futuro se jugará en las elecciones del 20 de diciembre.
Es evidente que los dos partidos políticos
(PP y PSOE) que sustentaron el bipartidismo y gobernaron alternativamente sin
solución de continuidad desde el advenimiento de la democracia, cayeron el
mayor descrédito y su recuperación dependerá del resultado de la consulta
electoral antes aludida.
Efectos colaterales de la crisis fueron la
desaparición de las cajas de ahorros, lo que conlleva la debilitación de la
competencia crediticia, la aparición del déficit presupuestario y la
multiplicación por tres de la deuda pública y el agotamiento de las reservas de
la Seguridad Social
por el paro y la rebaja de los salarios y de las cotizaciones..
Como consecuencia del reparto inequitativo
de los sacrificios las familias sufren el peso de la austeridad de múltiples
formas como efectos invisibles, desde retraso de los matrimonios, descenso de
la natalidad, suicidios, divorcios y hasta rechazos de herencias por no cargar
con las deudas fiscales y hasta donación de cadáveres para investigación con el
fin de evitar los gastos funerarios.
Se han abierto muchas heridas y cuando hayamos
dejado atrás la crisis habrá que hacer el balance de daños que produjo como al
terminar una batalla se hace el recuento de bajas.
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