No descubro ningún mediterráneo al decir
que la tasa insoportable de paro es el peor mal de la economía española, la
máxima preocupación de los gobernantes y el más angustioso problema de quienes
lo sufren y sus familias.
Por consiguiente, no es extraño que
florezcan planes más o menos ingeniosos para cambiar la situación laboral sin
que el éxito los acompañe en el intento. Desde hace tiempo, el Gobierno contaba
con el INEM como organismo público dedicado a facilitar empleo, casando la
oferta y la demanda, pero a la vista de sus magros resultados, se autorizó la
entrada de las ETTs, que a cambio de buscar ocupación en competencia con el INEM,
cobraban del nuevo activo una cantidad.
Como la utilización conjunta de las
iniciativas pública y privada no lograba el cambio de la tendencia, el Gobierno
puso en marcha una nueva fórmula acorde con su ideología neoliberal de
privatizarlo todo, consistente en distribuir el año próximo 41,7 millones de
euros entre 80 empresas seleccionadas con criterios no especificados a cambio
de colocar a parados. El premio dependerá de la edad del solicitante de empleo,
del tiempo que lleve en el paro y de la duración del contrato. Para mayores de
55 años en riesgo de exclusión la cuantía de la subvención podría llegar a
4.500 euros.
Mucho me temo que el nuevo sistema de
combatir el desempleo, tanto por el importe presupuestado como por la eficacia
del método escogido, no vaya a tener un efecto significativo. Será como echar
un vaso de agua en el océano, y en cambio puede suscitar trampas para
aprovechamiento ilícito de los gestores.
No es lógico que los empresarios creen
demanda de mano de obra sin necesitarla, a no ser que se trate de algún
cazasubvenciones, en cuyo caso los puestos de trabajo conseguidos serían breves
y precarios. Por ejemplo, podría darse el caso de acuerdo entre mediador y
empleador para despedir a un trabajador y poco después emplear a otro para
repartirse la comisión.
El empleo estable en condiciones aceptables
solo tiene sentido por medio de empresas industriales y de servicios
competitivas.
Si no existiera un obsesivo rechazo por el
neoliberalismo económico de todo lo público, el Estado podría explorar otras
vías para aliviar el lastre del paro. Una de ellas sería potenciar las funciones
y el rendimiento del INEM (o suprimirlo en otro caso), y otra sería poner en
marcha un plan de inversiones en infraestructuras de tipo social (guarderías,
residencias públicas, I+D) aunque fuera detrayendo recursos del faraónico AVE.
Lo demás son paños calientes que a nada conducen.
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