La
celebración del trigésimo cuarto año de la Constitución, no registró el
consenso con que fue aprobada por los españoles el 6 de diciembre de 1978.
Solo el PP se pronunció por mantenerla
inmutable, al menos de momento, mientras los demás partidos estuvieron de acuerdo,
por diferentes motivos, en dotarla de un nuevo uniforme para vestirla con
ropaje de nuestro tiempo por haber envejecido desde que se estrenó el
primitivo.
La
realidad muestra con claridad meridiana que ninguna Carta Magna nace con
vocación de eternidad y, con más o menos vida son sustituidas o enmendadas. Es
innegable que la nuestra tiene notables virtudes como lo prueba el hecho de
haber presidido el mayor plazo de paz y democracia conocidas, además de haber
sido la primera pactada y no impuesta.
Los redactores, sin duda temerosos de la volubilidad
de los españoles, pusieron tan difícil el propósito reformista que resulta muy
aventurado conseguir el voto favorable de los tres quintos del Parlamento y del
Senado, lo que supone contar con los dos mayores partidos que por ahora ya
hemos visto que no se da.
Opino que lo que no ha dado los frutos esperados
no fue tanto la Constitución como la utilización que de ella han hecho las
fuerzas políticas. El resultado ha sido que, junto al desconocimiento del texto
de muchos españoles, su disgusto por lo que consideran carencias y la falta de
garantías del cumplimiento de los derechos que consagra, como el de igualdad
ante la ley por el encarecimiento de las tasas judiciales o la concesión
caprichosa de hecho del indulto por el Gobierno.
Es evidente que con una Constitución
democrática, social y progresista no deberían tolerarse situaciones tales como la existencia de cientos de miles de viviendas
desocupadas y otros tantos desahuciados
sin hogar, que en situaciones de dificultades extremas el Gobierno acentúe la
desprotección de los más débiles, o que más del 22% de la población esté inmersa en la pobreza.
Entiendo que el daño no proviene de nuestra
ley de leyes sino del capitalismo salvaje, un sistema económico-político en que
vivimos que no reconoce la existencia de necesidades si quienes las sufren no
son solventes. Ello no obsta para que sea deseable un “aggiornamento”, pues
desde que entró en vigor se produjeron acontecimientos trascendentales (incorporación
de España a la UE, caída del muro de Berlín. implementación del Tribunal Penal
Internacional) que deberían tener su reflejo en el articulado de nuestra norma
constitucional.
A mi juicio, lo prudente sería
la creación de una comisión mixta de expertos de los partidos políticos e
independientes que en un plazo prefijado presentase en el Parlamento sus
conclusiones donde serían debatidas para iniciar seguidamente la tramitación de
las reformas, con arreglo a los requisitos establecidos por la propia
Constitución.
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