lunes, 17 de diciembre de 2012

Una Constitución mejorable



La celebración del trigésimo cuarto año de la Constitución, no registró el consenso con que fue aprobada por los españoles el 6 de diciembre de 1978.   

    Solo el PP se pronunció por mantenerla inmutable, al menos de momento, mientras los demás partidos estuvieron de acuerdo, por diferentes motivos, en dotarla de un nuevo uniforme para vestirla con ropaje de nuestro tiempo por haber envejecido desde que se estrenó el primitivo.

    La realidad muestra con claridad meridiana que ninguna Carta Magna nace con vocación de eternidad y, con más o menos vida son sustituidas o enmendadas. Es innegable que la nuestra tiene notables virtudes como lo prueba el hecho de haber presidido el mayor plazo de paz y democracia conocidas, además de haber sido la primera pactada y no impuesta.

    Los redactores, sin duda temerosos de la volubilidad de los españoles, pusieron tan difícil el propósito reformista que resulta muy aventurado conseguir el voto favorable de los tres quintos del Parlamento y del Senado, lo que supone contar con los dos mayores partidos que por ahora ya hemos visto que no se da.

    Opino que lo que no ha dado los frutos esperados no fue tanto la Constitución como la utilización que de ella han hecho las fuerzas políticas. El resultado ha sido que, junto al desconocimiento del texto de muchos españoles, su disgusto por lo que consideran carencias y la falta de garantías del cumplimiento de los derechos que consagra, como el de igualdad ante la ley por el encarecimiento de las tasas judiciales o la concesión caprichosa de hecho del indulto por el Gobierno.

    Es evidente que con una Constitución democrática, social y progresista no deberían tolerarse  situaciones tales como  la existencia de cientos de miles de viviendas desocupadas  y otros tantos desahuciados sin hogar, que en situaciones de dificultades extremas el Gobierno acentúe la desprotección de los más débiles, o que más del 22% de la población  esté inmersa en la pobreza.

    Entiendo que el daño no proviene de nuestra ley de leyes sino del capitalismo salvaje, un sistema económico-político en que vivimos que no reconoce la existencia de necesidades si quienes las sufren no son solventes. Ello no obsta para que sea deseable un “aggiornamento”, pues desde que entró en vigor se produjeron acontecimientos trascendentales (incorporación de España a la UE, caída del muro de Berlín. implementación del Tribunal Penal Internacional) que deberían tener su reflejo en el articulado de nuestra norma constitucional.

    A mi juicio, lo prudente sería la creación de una comisión mixta de expertos de los partidos políticos e independientes que en un plazo prefijado presentase en el Parlamento sus conclusiones donde serían debatidas para iniciar seguidamente la tramitación de las reformas, con arreglo a los requisitos establecidos por la propia Constitución.

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