Hacia el fin de ETA

    Con el comunicado de la banda terrorista emitido el 20 de noviembre de 2011 en el que anunció el cese definitivo de su actividad criminal, se abrió una nueva etapa de la historia contemporánea de España. Transcurrido un año de aquella fecha sin que haya desaparecido definitivamente,  cabe esperar, no obstante,  que el próximo año 2013 se confirme su disolución porque, privados de sus  recursos habituales, tienen amenazada de muerte su existencia, a menos que reanudasen  sus prácticas delictivas, lo cual no parece probable.

    El día en que se confirme su extinción habrá desaparecido la siniestra sombra que durante cuarenta años se proyectó sobre el panorama político, económico y social del país por culpa de una banda de iluminados, inspirados por las teorías identitarias de un grupo reducido de intelectuales mesiánicos capitaneados por el fanático Sabino Arana al que el PNV llama el maestro, sembrador de odio a todo lo español.

    Lo que en la jerga terrorista era lucha armada se desarrolló mediante   atentados indiscriminados con explosivos, asesinatos de quienes no compartían sus ideas políticas, secuestros y extorsiones a lo largo de toda España, poniendo en peligro la democracia y provocando zozobra, angustia y dolor en una campaña criminal  a la que la sociedad española, en un ejercicio de serenidad y confianza en las fuerzas de seguridad, no claudicó ni respondió con actos de represalia, como, por ejemplo, ocurrió en Irlanda del Norte frente al IRA.

    A falta de ulterior balance de lo que representó la vesania etarra, que ocasiono más de 800 víctimas mortales de toda edad y condición, con la única excepción de los curas, desde el 7 de enero de 1968 en que fue asesinado el guardia civil Manuel Jardines Arcay. En ese balance nunca se podrá valorar el duelo de tantas familias de uno y otro bando, heridas que seguirán abiertas por mucho tiempo.

    La banda no pudo lograr con sus atrocidades ninguno de los objetivos que perseguía, como eran la secesión del País Vasco y la anexión de Navarra. Su derrota se debió a la conjunción de diversos factores que pusieron a la organización contra las cuerdas y la obligaron a renunciar a su empeño. El mayor peso de la lucha recayó, como es lógico en la policía y la Guardia Civil pero también coadyuvaron al éxito, la colaboración del gobierno francés,  el cansancio de la fracción de la población que apoyaba a los etarras, la declaración de banda terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, y de gran eficacia, la presión judicial impulsada por el juez Baltasar Garzón que promovió la ilegalización de Batasuna y de otras organizaciones afines controladas por ETA, incluido el procesamiento de sus dirigentes. El juez no podrá recibir la gratitud popular al haber sido condenado a inhabilitación por diez años, en un proceso harto cuestionado y recurrido ante instancias internacionales.

    Las expectativas que abrió el cese de la violencia y el consiguiente proceso de paz permitieron la celebración libre, por primera vez en la democracia, de las elecciones autonómicas vascas el 25 de noviembre de 2012 que, sorprendentemente, premiaron con los votos a quienes compartieron los fines independentistas de ETA a costa de quienes la combatieron con la ley, si bien ahora los primeros usan como armas las papeletas y no las pistolas. La democracia, que estuvo secuestrada, recuperará paulatinamente la normalidad, por más que resulte complicada la convivencia de víctimas y victimarios. La gente podrá pasear libremente por la calle y expresarse sin temor  a ser atacada por la espalda, los 3.000 escoltas privados, al quedar cesantes, podrán reciclarse en otras profesiones, los empresarios dejarán de recibir cartas de extorsión y finalmente,  regresarán a su tierra  los vascos que se vieron obligados  a ausentarse por las amenazas y chantaje de los terroristas. Los ministros de Interior se liberarán del mal trago de asistir a los entierros de las víctimas.

    A cambio de la disolución no habrá negociación como pretendía la banda y el colectivo de presos. La única concesión que está dispuesto a hacer el Gobierno es en materia de política penitenciaria, en relación con los 700 reclusos que expían sus crímenes en cárceles españolas. Se les ofrece el acercamiento al País Vasco y la excarcelación de los que estén enfermos de gravedad, todo condicionado a que los afectados reconozcan el daño causado y soliciten la aplicación de los beneficios penitenciarios que les otorgue la ley.

    Es de esperar que pronto se cumplan las previsiones para que podamos felicitarnos de que la democracia haya vencido a sus enemigos y por despertar de un mal sueño que perturbó la vida de los españoles y nos torturó con su presencia durante tanto tiempo que parecía haber adquirido naturaleza epidémica.

    Cuando la nefasta organización haya abandonado la escena sin dejar rastro, confiemos en que la sociedad española quede inmunizada contra nuevos brotes terroristas y que la convivencia ciudadana discurra por cauces pacíficos permanentes, desmintiendo la cínica frase que pronunciara Franco de que “la vida es lucha y la paz

 un accidente”.

                                          FELIZ AÑO 2013