Políticos y actores

Un viejo político y presidente de la República griega, llamado George Papandreu, a sus setenta años se presentó a unas nuevas elecciones, dispuesto a seguir en el ruedo político porque, según declaró, los políticos y actores no se retiran nunca.
Efectivamente, ambas profesiones carecen de fecha de caducidad y manifiestan cualidades comunes que se potencian recíprocamente. La historia reciente registra dos casos elocuentes: uno fue el dos veces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que antes de dedicarse a la política participó como actor de reparto en algunas películas: el segundo fue el papa Juan Pablo II que en su juventud practicó el arte de Talía. Ambos vendieron sus dotes actorales para seducir a las masas. Y se reconocían y admiraban mutuamente. Una primera similitud entre actores y políticos es que ambos actúan cara al público, si bien los primeros lo entretienen con sus interpretaciones, en tanto que los segundos lo aburren o lo cabrean, con la variante de que la influencia que ejercen los actores termina con sus representaciones, en tanto que la de los políticos es más duradera y se ejercen a través de sus decisiones sin que los ciudadanos puedan sustraerse a sus efectos. Por ello los actores nunca pueden ser funestos, mas no así los que viven –y medran- con su actividad vocacional.
Otra afinidad entre dichas profesiones es que a los actores les jubila el público cuando deja de aplaudirles y quienes dedican su labor a la “res pública” terminan su carrera cuando los electores les retiran su confianza en las elecciones. En estos últimos se da con frecuencia el rechazo al retiro y prefieren morir con las botas puestas.
Cabe barajar distintas hipótesis para interpretar la persistente vocación de servicio que alegan. Una de ellas consistiría en reconocer que la dedicación a la política no requiere la concurrencia de especiales cualidades incompatibles con la longevidad. Aun cuando los políticos, por lo general, hablan pestes de la política, son infrecuentes los casos de quienes se despiden de ella por voluntad propia, más bien semejan adictos a lo que se ha dado en llamar erótica del poder.
Como esta posible explicación no parece demasiado convincente habrá que atribuir su empeño al irrefrenable espíritu de servicio a los demás que puede transformarse en sacrificio ajeno a su servicio. Tal debe ser la intención del poeta que en el siglo XIX escribió estos versos: “Aceptando una cartera/ el político don Luis/ dice que hace un sacrificio/ y es verdad, el del país”.
De ahí la responsabilidad que todos contraemos al otorgar nuestro voto a tal o cual candidato que desea gobernarnos. No puede decirse, sin embargo, que el acierto haya acompañado muchas veces a la selección de los elegidos a juzgar por cuantos han protagonizado escándalos de corrupción o han incurrido en los pecados que suelen imputárseles: amiguismo, clientelismos, nepotismo y transfuguismo.
La frecuencia con que se ve defraudada la confianza de los ciudadanos hace temer que abundan demasiado los corruptos y como son salidos de la sociedad hace pensar que el fallo radica en el organismo social que segrega tales especimenes, en cuyo caso se cumpliría la sentencia de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Me resisto a creer que nos merezcamos a los malandrines que pululan por los despachos oficiales.

Sueldos de los políticos

La crisis ha puesto al borde de la quiebra a muchos ayuntamientos y diputaciones, y sus arcas están exhaustas. Procede, por tanto, revisar y reajustar a fondo las partidas de gasto, comenzando por los sueldos de los alcaldes y presidentes así como de los concejales y diputados provinciales, partiendo de que sueldo no es sinónimo de ingresos con cargo al erario público, ni es cosa de valorarlos altos o bajos, pues depende de con quien se comparen: si la comparación se hace con la remuneración del consejero delegado de una gran empresa serían escasos; si se hace con el salario medio, serían elevados. Como dijo el poeta, todo es según el color del cristal con que se mira.

Lo que no admite una explicación convincente es que el tope salarial quede al arbitrio de la propia corporación que, con toda probabilidad será proclive a complacer y halagar al mandamás. Es ilógico que las retribuciones de los cargos políticos dependan exclusivamente de ellos mismos en un ejercicio de Juan Palomo. Los caudales públicos no son “res nullius” ni bienes libres, y los gestores son elegidos para administrarlos con transparencia y escrupulosidad. Faltar a estas condiciones es traicionar la confianza depositada en ellos por los ciudadanos.
En este contexto causa sorpresa la discrecionalidad con que se retribuye a los ediles en concepto de dietas por asistencia a plenos o comisiones con cantidades que varían significativamente entre ayuntamientos sin que se conozcan los criterios empleados a tal fin, como serían, por ejemplo, el importe del presupuesto o la población del municipio.
Es indudable que el ordenamiento jurídico adolece de una laguna normativa al no regular la cuantía, o al menos los topes máximos salariales con cargo al presupuesto, así como el número de concejales con ocupación exclusiva. La ausencia de normas reglamentarias propicia la arbitrariedad y el abuso, en unos casos porque los candidatos van a la política “para forrarse” como declaró en un exceso de cinismo un diputado valenciano; en otros porque los protagonistas sobrevaloran el lucro cesante al aceptar la incompatibilidad del cargo con el empleo o profesión que tuvieran. Salvo escasas y honrosas excepciones la idea de servicio a la comunidad que en teoría es propia del ejercicio de la política, brilla por su ausencia.
Está claro que la dedicación y responsabilidad de gestionar los asuntos públicos merecen ser recompensados, pero es preciso convenir que la democracia ha encarecido la gestión a un ritmo superior al resultante de aplicar a los sueldos el IPC. Ya no se trata de asegurar una retribución digna al regidor, y si acaso al teniente de alcalde, sino de que otros concejales liberados, bien pertenezcan al partido de gobierno o al de la oposición figuren en la nómina, siendo así que su tarea resulta de difícil justificación y que en algunos casos es susceptible de entorpecer la burocracia, dada la redundancia con funcionarios de titulación adecuada para el desempeño de los distintos cometidos.
Cuando tanto se habla de regularizaciones de empleo, congelación de plantillas, moderación salarial y reducción del gasto público, ganaríamos todos con una mayor dosis de racionalidad en la gestión de las corporaciones locales, que son empresas a las que por obligación pertenecemos todos.

Globalización

La caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior desintegración del bloque soviético en 1991 aceleraron el complejo proceso que conocemos por globalización, que es un fenómeno típico del capitalismo triunfante, al quedarse prácticamente sin rival ideológico.
En la lógica del capitalismo está que el mundo sea un mercado único en el que los capitales circulen libremente a la procura del máximo beneficio de sus dueños aunque estos movimientos vayan asociados a crisis monetarias desestabilizadoras como la que sufrimos desde 2007. Al mismo tiempo, el proceso es compatible con el cierre de las fronteras a los desplazamientos de inmigrantes y a la subvención de las exportaciones de los países más desarrollados que cierran los mercados a las de los países en desarrollo en clara competencia desleal, lo que no deja de constituir una monstruosidad ética y jurídica. En un mercado mundial compiten con ventaja las empresas de grandes dimensiones con sede en los países ricos a causa de las economías de escala porque los gastos fijos no aumentan en proporción directa al volumen de transacciones. Por eso asistimos a una fase creciente de concentración de empresas dentro y más allá de las fronteras nacionales. En esta carrera, favorecida por la crisis, ya es una realidad de nuestros días que las 500 mayores sociedades movilizan el 70% del comercio internacional. El método consiste en la adquisición de otras complementarias o competidoras mediante OPA (oferta pública de adquisición de acciones) amistosas u hostiles, fusiones y absorciones, así como pactos o alianzas entre ellas a fin de ampliar los mercados, restringir la competencia y aprovechar las sinergias que se producen por la integración.
Existen sectores económicos en los que la concentración está llegando al límite como ocurre en la construcción aeronáutica con solo dos empresas dominantes: Boeing en EE.UU. y Airbus en la UE. Y no cabe descartar que a medio plazo ambas actúen, legal o ilegalmente, repartíéndose el mercado o fijando precios de común acuerdo, convirtiendo el duopolio actual en monopolio de hecho. Algo similar se da en consultoría, telecomunicaciones, servicios financieros e industria farmacéutica.
¿Qué efectos son previsibles a medida que avance el proceso de integración empresarial sin límites geográficos? Las grades decisiones las tomarán unas cuantas multinacionales como ya lo hacen actualmente los mercados, extendiendo sus tentáculos a través de los “lobbies” a lo largo del planeta, de modo que los Estados no podrán legislar contra ella aunque quisieran hacerlo Alcanzada esa fase, la esencia del capitalismo, que es la libre competencia, no solamente se habría esfumado sino todo tipo de libertades. Tendremos un poder político subordinado al poder económico, o lo que es peor, ambos en las mismas manos. El control de las macroempresas residirá en el sistema financiero, que a través de participaciones accionariales propias y representadas por delegación, formarán el núcleo duro de los consejos de administración. Estaríamos ante un poder fáctico, no democrático, sin ninguna instancia que pudiera meterlo en cintura. La sociedad hará bien en prevenirse contra este peligro de la globalización que no se extiende a cuestiones de interés general como la justicia o los derechos humanos y de manera especial las organizaciones sindicales que podrían ver invalidada su defensa de los trabajadores por la capacidad de las corporaciones transnacionales de deslocalizar sus factorías trasladándolas a los países en desarrollo donde la presión fiscal y los salarios son más bajos, no existe seguridad social y las leyes son permisivas en materia de protección medioambiental.

Un mes de infarto

Probablemente marzo de 2011 pasará a los anales de la historia como un mes singular por la cantidad y calidad de los acontecimientos que en él tuvieron lugar cuyos efectos sin duda pesarán en los años venideros.

El primero de obligada referencia fue el horrísono terremoto de 9 grados en la escala de Richter, seguido de un maremoto con olas de 10 metros de alto que abatieron y devastaron la parte nororiental de Japón el día 11.
A consecuencia de ambos fenómenos extremos murieron o desaparecieron unas 30.000 personas, y la central atómica de Fukushima de seis reactores, sufrió un grave deterioro con fugas de radiactividad que obligaron a las autoridades a ordenar el desplazamiento de la población en un radio de 30 kilómetros. La magnitud de la avería constituye el segundo desastre de esta naturaleza después del de Chernobil en 1986. Al terminar marzo, la central se hallaba fuera de control.
La alarma producida por el accidente se extendió por todos los confines y condujo a una reconsideración a fondo de las centrales nucleares como fuentes de energía, paralizó muchos de los programas de nuevas construcciones y se sometieron las existentes a más estrictas medidas de seguridad y trastornó los distintos programas de obtención de energía por la fisión de los núcleos atómicos. Por el contrario las energías renovables experimentarán un notable impulso.
El accidente reavivó el dilema entre restringir el consumo de energía –con la con siguiente reducción del nivel de vida en los países industrializados- o asumir la complementariedad de las tres fuentes de energía disponibles (fósiles, renovables y nucleares) en tanto no se pueda utilizar la energía por fusión -asumiendo las ventajas e inconvenientes y los riesgos que esta fórmula conlleva.
El segundo acontecimiento relevante ocurrió el viernes 18, consistente en la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la Resolución 1973 que autorizó a una coalición formada por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, España, Bélgica, Catar y Emiratos Arabes Unidos a adoptar las medidas necesarias, - incluidos los ataques aéreos- para defender la vida y la seguridad de la población libia que se rebeló contra la represión, el despotismo y la corrupción del lider Muamar el Gadafi y su gobierno.
El acuerdo del Consejo de Seguridad , fundado en la aplicación del principio de proteger a la población civil, consagrado por Naciones Unidas, puede suponer la caída del estrafalario dictador libio y con ello, un fuerte estímulo para los movimientos revolucionarios que se extienden por el norte de África desde Marruecos a Egipto contagiados a otros Estados árabes asiáticos como Jordania, Arabia, Bahrein, Siria y Yemen en demanda de justicia social y libertades democráticas. Lo que salga de los cambios en curso aun está por ver pero puede representar una nueva etapa histórica de dichos pueblos comparable con lo que significó primero el Renacimiento y siglos más tarde la Revolución Francesa o para Europa Central la caída del Muro de Berlín.
Otro aspecto del acuerdo onusiano reside en su trascendencia como precedente comprometedor frente a situaciones similares a las contempladas en Libia en las que se reaccionó de forma diferente. Si, por ejemplo, las protestas populares y la subsiguiente represión se agudizasen, ¿se reaccionaría con la misma contundencia? La respuesta es rotundamente negativa como quedó de manifiesto antes en la vulneración de los derechos humanos en Myanmar, China, Corea del Norte, Rusia o Israel. La realidad es muy compleja y ciertamente, cuando se aplican raseros diferentes a situaciones homogéneas, la justicia no merece tal nombre. No obstante, ello no debe inducirnos a censurar hechos como la intervención en el país norteafricano para evitar las represalias con que Gadafi amenazó a la población de Bengasi, una ciudad de 700.000 habitantes a la que calificó de “ratas grasientas”.
Una lección aprendida en este caso fue que, dado que la acción militar recayó sobre todo en Estados Unidos dejó constancia de que la UE no dispone de medios ni de voluntad política para afrontar en solitario situaciones de emergencia y por ello hemos de resignarnos a vivir en un mundo bajo la dirección de EE.UU. como apagafuegos. La inanidad de la UE quedó en evidencia pese a los esfuerzos de Francia por atribuirse un papel de protagonista.
Otro suceso de notable trascendencia en la política española ocurrió el día 23 protagonizada por el Tribunal Supremo al denegar la inscripción del nuevo partido Sortu con el que los abertzales vascos pretendían concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, por entender que se trataba de una nueva versión de la ilegalizada Batasuna. A los simpatizantes de ETA se les cerraba de momento el derecho a participar en las instituciones, salvo que el Tribunal Constitucional, en caso de que los promotores presentasen recurso, les diese la razón. La solución final de este asunto podría influir en el futuro de ETA -al parecer en fase preagónica- y su desaparición a corto plazo como fenómeno patológico de la política española con más de 48 años de actividad criminal. Un hecho largamente esperado por la población española que pagó un doloroso tributo de centenares de asesinatos, amenazas y extorsiones.
Al día siguiente, el 24 hemos asistido alarmados a la noticia protagonizada por el Parlamento portugués al rechazar un nuevo plan de ajuste –el cuarto- presentado por el gobierno para ceder a las presiones de Bruselas y el acoso de los mercados con objeto de reducir el déficit presupuestario.
La derrota parlamentaria obligó al primer ministro, el socialista Jose Sócrates a presentar su dimisión al presidente Anibal Cavaco Silva manteniéndose el gobierno en funciones hasta las elecciones convocadas para el 5 de junio. Esta nueva situación agravará la crisis lusa al dejar atada la Administración para adoptar medidas tendentes a corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que padece la economía e incrementar el riesgo de que Portugal tenga que acudir al rescate de la UE y el FMI que impondrían drásticas medidas de contención del déficit. Si este paso se diera, a la inestabilidad económica se uniría la inestabilidad política. Las perspectivas de Portugal son dramáticas.
Quienes hemos convivido con el acaecimiento de tantos hechos destacados como la caída del Muro de Berlín, la implosión del imperio soviético o el comienzo de la carrera espacial, tuvimos en el mes de marzo ocasión de añadir nuevas fechas a nuestro calendario de sucesos memorables preñados de consecuencias.

Paradojas cotidianas

Desde que se produjo el desplome de los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental, se ha acentuado la orfandad ideológica en que vive la izquierda, en la que bien podría decirse que muchas fuerzas políticas y sociales han perdido la brújula y no encuentran mejor guía intelectual para respaldar su quehacer que un pragmatismo romo, que lo que en realidad esconde es la carencia de ideas compatibles con principios verdaderamente progresistas.

Aun cuando el fenómeno es de ámbito mundial, por razones de espacio examinaré solamente sus manifestaciones en España, donde se observan características tan contradictorias como las siguientes:
1. Los sindicatos presionan a las autoridades y llegan a erigirse en salvadores de empresas en crisis frente a la Administración. No se pretende, como pudiera pensarse, la mejora de la productividad o la cogestión, ni ofrecer fórmulas que comprometan la armonización de los legítimos intereses de los trabajadores con la viabilidad empresarial, sino lisa y llanamente, que se concedan subvenciones a fondo perdido, a cargo de los contribuyentes, como premio a la ineficiencia. Pasar de la lucha sindical clásica por la obtención de mejoras laborales a hacer causa común con los patronos para asegurarles sus beneficios, es un salto mortal sin red. Si Marx y Pablo Iglesias levantaran la cabeza se morirían de nuevo del susto. El decreto sobre el carbón que obliga a las empresas eléctricas a consumir hulla de producción nacional, de peor calidad que la importada, ejemplifica lo expuesto,
2. Empresarios y trabajadores exigen el mantenimiento de empresas públicas deficitarias a cargo del erario público, y simultáneamente la reducción del déficit presupuestario y la rebaja de impuestos. Como se ve, la lógica y la racionalidad brillan por su ausencia.
3. La CEOE reclama la reducción de la cuota patronal de la seguridad social, el incremento de incentivos a la producción en forma de ayudas y una menor presión fiscal, o sea, la cuadratura del círculo.
4. Por su parte, el PSOE, en el Gobierno, olvida sus principios fundamentales y sus ideales por los que lucharon los fundadores, y privatiza cuanto está a su alcance y rebaja o suprime impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Transmisiones) argumentando en tiempos distintos que tan de izquierda es incrementar como rebajar impuestos. Se defiende lo uno y su contrario.

En tiempos no lejanos esta ideología sirvió para dar cobertura legal a operaciones espurias, conocidas como “socialización de pérdidas”, consistentes en traspasar al INI (Instituto Nacional de Industria) empresas privadas en quiebra –como muestra elocuente, recuérdese el caso paradigmático de HUNOSA- de lo que en Vigo hemos conocido ejemplos notorios (empresa Alvarez, entre otras). Es a todas luces injusto y contradictorio cargar al sector público con empresas inviables y sostener después que su gestión es ineficiente, y es inadmisible postular la máxima libertad de la iniciativa privada cuando el viento sopla a favor, y clamar por ayudas estatales en tiempos de vacas flacas. La esencia de la empresa privada es su capacidad para asumir riesgos, y solo en su virtud se justifica la ganancia. El empresario es una especie de profeta que gana cuando acierta en sus predicciones, y puede arruinarse si se equivoca. Eliminar el riesgo empresarial sería tanto como privar al empresario de su razón de ser.

Inversamente, no es de recibo que el gobierno socialista haga almoneda de empresas públicas, saneándolas previamente con recursos presupuestarios para devolverlas a la iniciativa privada. Curiosamente, algo similar representa el decreto ley que regula la recapitalización de las cajas de ahorro. En él se dispone que aquellas entidades que no puedan alcanzar el “core” capital mínimo (reservas, porque dichas financieras no disponen de capital propio) serán nacionalizadas temporalmente inyectándoles fondos públicos para ser vendidas después, previsiblemente, a un banco. Es una claudicación ideológica renunciar a la transformación de la sociedad, asumiendo la defensa de los más débiles y desamparados que proliferan bajo la libertad de la oferta y la demanda, y equivale a traicionar los postulados en que se asienta el ideal de la izquierda.

Para muchos es una verdad inconclusa el fracaso de la economía planificada por el Estado, pero su daltonismo ideológico les impide ver las crisis recurrentes del capitalismo salvaje y sus estragos. La falta de ideas claras explica que los partidos de izquierda se muevan en un mar de confusiones y se rijan por un cóctel de liberalismo e intervencionismo, libre competencia y dominio de mercados, libertad de mercado y proteccionismo, como si fuera posible mezclar el agua y el aceite. Si el llamado socialismo real defraudó por sus resultados, tampoco el capitalismo liberal es la solución a los problemas sociales y medioambientales, y si ha pervivido desde los tiempos de Adam Smith, se debe a su camaleonismo, puesto que el que conocemos se parece muy poco al antiguo “laissez faire, laissez passer”. De lo que se deduce que si no aparece un Keynes que lo renueve, tendrá que surgir un Marx que lo destruya.

La retribución de los ejecutivos

La crisis que venimos padeciendo desde agosto de 2007 comporta graves perjuicios de toda índole para la mayoría de la población, por más que el Gobierno diga y repita que todos debemos apretarnos el cinturón.
Lo más justo sería que quienes con sus errores y operaciones especulativas, en definitiva, con malas prácticas provocaron la catástrofe tuvieran que pagar los platos rotos, incluida la responsabilidad penal si a ello hubiera lugar, en compensación a las ganancias ilícitas que obtuvieron.
La realidad, no obstante, es muy distinta, y demuestra que no siempre el que la hace la paga. Quienes verdaderamente llevan las de perder son otros que no tuvieron arte ni parte en el desaguisado: los asalariados que perdieron su empleo, los prestatarios abocados al desahucio por no poder pagar sus hipotecas, los autónomos forzados al cierre de sus negocios por la caída del consumo. A todos les toca afrontar las consecuencias del mal que hicieron otros.
Por el contrario, los directivos y consejeros de las entidades financieras y de las grandes multinacionales que ocasionaron el hundimiento de la economía no solo quedaron exentos de responsabilidad ni vieron reducidos sus ingresos sino que mejoraron sus sueldos millonarios complementados con retribuciones variables en forma de bonus, asignación a fondos de pensiones y blindajes económicos de sus puestos en caso de despido sin que sea obstáculo que su mala gestión haya menguado los beneficios de sus empresas, las cuales, en ciertos casos obligaron al Estado a inyectarles cuantiosas ayudas para salvarlas de la quiebra, en un ejemplo escandaloso de privatización de ganancias y socialización de pérdidas.
En buena lógica, el salario fijo, que para sí quisiera el 98% de los españoles, debería compensar la dedicación plena, eficaz inteligente y leal de un ejecutivo a su empresa, ya que de no ser así, cubriría también la deficiente atención y fallos de gestión , algo que repugna a la lógica y la justicia. Por consiguiente, la retribución variable que los propios beneficiarios se conceden, incluso cuando las empresas entran en pérdidas, resultan de muy difícil justificación sobre todo por su desmesurada cuantía. Por otro lado, ni el éxito ni el fracaso de una compañía cabe atribuirlos en exclusiva a los consejeros o ejecutivos, sino al conjunto de los trabajadores que participan en la tarea común.
Aun cuando los mayores abusos de esta índole se registran en Estados Unidos como meca del capitalismo, en España no faltan ejemplos que poco tienen que envidiar a los norteamericanos.
Los consejeros y altos directivos de las empresas del Ibex percibieron en 2010 una media de un millón de euros, con casos en que los cobros fueron muy superiores. Así, ocho ejecutivos de Amadeus, una central de reservas de viajes se repartieron 55 millones de euros; el presidente de Repsol se embolsó siete millones, y el de Iberdrola ganó otro tanto, además de recibir un elevado número de acciones de Iberdrola Renovables, sociedad filial de la primera. En contraste con tan fantástica recompensa, quienes invirtieron sus ahorros en la última sociedad, pagaron las acciones a 5,30 en su salida a Bolsa y ahora Iberdrola ofrece recomprarlas a 2,97, lo que equivale a una pérdida del 44%, en una operación que tiene el tufo de una estafa sin responsabilidad penal.
Lo más curioso es que todos estos hechos, verdaderos atentados contra la ética y equidad, discurren en una situación de estricta legalidad, sin que por tanto, sus autores sufran la menor molestia de las autoridades, y no digamos de orden moral porque se da por supuesto que sus estómagos están preparados para digerir lo que les echen.
Si así es el orden jurídico que tenemos, evidentemente no se puede afirmar que esté inspirado en los sanos principios de la justicia y la decencia. Un Estado de derecho no debería amparar tales prácticas.

Barrer la delincuencia

El 8 de septiembre de 2002, el a la sazón presidente del Gobierno, José María Aznar, declaró que iba a “barrer de las calles a los pequeños delincuentes que amargan la vida a los ciudadanos”. Fue significativa la precisión de que la amenaza iba dirigida a los delincuentes de poca monta, porque los grandes no frecuentan las calles sino que actúan desde despachos enmoquetados, defendidos físicamente por vigilantes jurados y jurídicamente por competentes abogados. La declaración compone una metáfora obscena porque las personas son eso y nunca basuras que barrer para arrojar al vertedero, aunque sean pobres e incluso rateros.
El sistema de palo y tente tieso debió aprenderlo Aznar de su amigo y mentor George W. Bush que mantenía a dos millones de compatriotas entre rejas y cuatro millones y medio más en libertad condicional. La aplicación de esta receta comportaba un doble objetivo: barrer las calles y reducir la tasa oficial de paro, dado que los reclusos no buscan trabajo, lo tienen asegurado bajo la atenta mirada de sus guardianes. Lo que interesa es sacar de la circulación a los que la ley tipifica como indeseables, mayoritariamente sin medios de vida.
En España tenemos actualmente unas 75.000 personas privadas de libertad. Se ve que la escoba funciona a pleno rendimiento. Bien está que las autoridades se preocupen de garantizar la seguridad ciudadana pero no con acciones represivas. Se echa en falta una política integrador para prevenir el delito y no limitarse a corregir sus efectos.
El problema debe enfocarse a largo plazo, de forma que el plan contemple las medidas necesarias que eviten las situaciones de discriminación y exclusión social porque siempre ha sido mejor prevenir que curar. A los políticos se les pide y se les paga para resolver problemas y merecerán aplauso si los evitan. En este contexto encaja la mejora de la educación y la estabilidad de los planes de estudio concebidos no como un atiborramiento de conocimientos teóricos, sino como método de inculcar valores cívicos.
Otro medio de lucha eficaz contra la delincuencia es la reforma del sistema penitenciario, dotándolo de medios suficientes para que pueda cumplir el papel que le asigna el artículo 35 de la Constitución de rehabilitar y resocializar a los reclusos a fin de que disminuya la reincidencia. Es preciso que los gobernantes se conciencien de que es mucho lo que nos jugamos en la apuesta de lograr una sociedad más justa, solidaria y cohesionada en la que nadie se siente excluido ni carezca de oportunidades acordes con sus aptitudes.
Dado que gran parte de los autores de delitos contra la propiedad proceden de las capas de la población económica y culturalmente más desfavorecidas, es imperativo invertir más en protección social a fin de que ni la necesidad ni la falta de oportunidades sean campo abonado de conductas antisociales.