Un mes de infarto

Probablemente marzo de 2011 pasará a los anales de la historia como un mes singular por la cantidad y calidad de los acontecimientos que en él tuvieron lugar cuyos efectos sin duda pesarán en los años venideros.

El primero de obligada referencia fue el horrísono terremoto de 9 grados en la escala de Richter, seguido de un maremoto con olas de 10 metros de alto que abatieron y devastaron la parte nororiental de Japón el día 11.
A consecuencia de ambos fenómenos extremos murieron o desaparecieron unas 30.000 personas, y la central atómica de Fukushima de seis reactores, sufrió un grave deterioro con fugas de radiactividad que obligaron a las autoridades a ordenar el desplazamiento de la población en un radio de 30 kilómetros. La magnitud de la avería constituye el segundo desastre de esta naturaleza después del de Chernobil en 1986. Al terminar marzo, la central se hallaba fuera de control.
La alarma producida por el accidente se extendió por todos los confines y condujo a una reconsideración a fondo de las centrales nucleares como fuentes de energía, paralizó muchos de los programas de nuevas construcciones y se sometieron las existentes a más estrictas medidas de seguridad y trastornó los distintos programas de obtención de energía por la fisión de los núcleos atómicos. Por el contrario las energías renovables experimentarán un notable impulso.
El accidente reavivó el dilema entre restringir el consumo de energía –con la con siguiente reducción del nivel de vida en los países industrializados- o asumir la complementariedad de las tres fuentes de energía disponibles (fósiles, renovables y nucleares) en tanto no se pueda utilizar la energía por fusión -asumiendo las ventajas e inconvenientes y los riesgos que esta fórmula conlleva.
El segundo acontecimiento relevante ocurrió el viernes 18, consistente en la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la Resolución 1973 que autorizó a una coalición formada por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, España, Bélgica, Catar y Emiratos Arabes Unidos a adoptar las medidas necesarias, - incluidos los ataques aéreos- para defender la vida y la seguridad de la población libia que se rebeló contra la represión, el despotismo y la corrupción del lider Muamar el Gadafi y su gobierno.
El acuerdo del Consejo de Seguridad , fundado en la aplicación del principio de proteger a la población civil, consagrado por Naciones Unidas, puede suponer la caída del estrafalario dictador libio y con ello, un fuerte estímulo para los movimientos revolucionarios que se extienden por el norte de África desde Marruecos a Egipto contagiados a otros Estados árabes asiáticos como Jordania, Arabia, Bahrein, Siria y Yemen en demanda de justicia social y libertades democráticas. Lo que salga de los cambios en curso aun está por ver pero puede representar una nueva etapa histórica de dichos pueblos comparable con lo que significó primero el Renacimiento y siglos más tarde la Revolución Francesa o para Europa Central la caída del Muro de Berlín.
Otro aspecto del acuerdo onusiano reside en su trascendencia como precedente comprometedor frente a situaciones similares a las contempladas en Libia en las que se reaccionó de forma diferente. Si, por ejemplo, las protestas populares y la subsiguiente represión se agudizasen, ¿se reaccionaría con la misma contundencia? La respuesta es rotundamente negativa como quedó de manifiesto antes en la vulneración de los derechos humanos en Myanmar, China, Corea del Norte, Rusia o Israel. La realidad es muy compleja y ciertamente, cuando se aplican raseros diferentes a situaciones homogéneas, la justicia no merece tal nombre. No obstante, ello no debe inducirnos a censurar hechos como la intervención en el país norteafricano para evitar las represalias con que Gadafi amenazó a la población de Bengasi, una ciudad de 700.000 habitantes a la que calificó de “ratas grasientas”.
Una lección aprendida en este caso fue que, dado que la acción militar recayó sobre todo en Estados Unidos dejó constancia de que la UE no dispone de medios ni de voluntad política para afrontar en solitario situaciones de emergencia y por ello hemos de resignarnos a vivir en un mundo bajo la dirección de EE.UU. como apagafuegos. La inanidad de la UE quedó en evidencia pese a los esfuerzos de Francia por atribuirse un papel de protagonista.
Otro suceso de notable trascendencia en la política española ocurrió el día 23 protagonizada por el Tribunal Supremo al denegar la inscripción del nuevo partido Sortu con el que los abertzales vascos pretendían concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, por entender que se trataba de una nueva versión de la ilegalizada Batasuna. A los simpatizantes de ETA se les cerraba de momento el derecho a participar en las instituciones, salvo que el Tribunal Constitucional, en caso de que los promotores presentasen recurso, les diese la razón. La solución final de este asunto podría influir en el futuro de ETA -al parecer en fase preagónica- y su desaparición a corto plazo como fenómeno patológico de la política española con más de 48 años de actividad criminal. Un hecho largamente esperado por la población española que pagó un doloroso tributo de centenares de asesinatos, amenazas y extorsiones.
Al día siguiente, el 24 hemos asistido alarmados a la noticia protagonizada por el Parlamento portugués al rechazar un nuevo plan de ajuste –el cuarto- presentado por el gobierno para ceder a las presiones de Bruselas y el acoso de los mercados con objeto de reducir el déficit presupuestario.
La derrota parlamentaria obligó al primer ministro, el socialista Jose Sócrates a presentar su dimisión al presidente Anibal Cavaco Silva manteniéndose el gobierno en funciones hasta las elecciones convocadas para el 5 de junio. Esta nueva situación agravará la crisis lusa al dejar atada la Administración para adoptar medidas tendentes a corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que padece la economía e incrementar el riesgo de que Portugal tenga que acudir al rescate de la UE y el FMI que impondrían drásticas medidas de contención del déficit. Si este paso se diera, a la inestabilidad económica se uniría la inestabilidad política. Las perspectivas de Portugal son dramáticas.
Quienes hemos convivido con el acaecimiento de tantos hechos destacados como la caída del Muro de Berlín, la implosión del imperio soviético o el comienzo de la carrera espacial, tuvimos en el mes de marzo ocasión de añadir nuevas fechas a nuestro calendario de sucesos memorables preñados de consecuencias.

Entresijos de la política

A veces la política se manifiesta en formas laberínticas que requieren un depurado análisis para captar su correcta interpretación. Un ejemplo de este tipo se vivió en el Parlamento español el pasado 27 de mayo.
El Gobierno sometía a votación la convalidación del decreto-ley anticrisis expresivo del más drástico ajuste realizado en el país desde la implantación de la democracia, ajuste soportado sobre todo por las clases medias y bajas. El proyecto se salvó “in extremis” por la mínima diferencia de un solo voto, gracias a la abstención del partido nacionalista catalán Convergencia i Unió, que ha demostrado tener más sentido de Estado que otras formaciones políticas, al comprender que su rechazo habría precipitado al país en el abismo de la intervención de la Eurozona como le ocurrió a Grecia.
Los demás partidos se han opuesto o abstenido, argumentando el carácter regresivo, precipitado, inequitativo, y por tanto, injusto de las medidas propuestas.
El busilis del asunto está en el papel representado por el PP que, como es sabido, se opuso desde el primer momento. ¿Significaba esto el deseo de que el Gobierno naufragase? Mi opinión es que no, pero le convenía disimular y aparentar lo contrario.
Le conviene más que el PSOE haga el trabajo sucio, que las disposiciones impopulares entren en vigor, que aumente el descontento, y si la reforma laboral consagra el fracaso del diálogo social, y los sindicatos convocan la huelga general, miel sobre hojuelas.
El PP, entre tanto, siguiendo el proverbio chino, se mantiene a la espera de ver pasar el cadáver de su enemigo, o lo que es lo mismo, a que el Gobierno, en plena soledad parlamentaria se hunda por sí mismo. En efecto, si el PSOE perdiera las próximas elecciones generales, no sería porque el rival le hubiera arrebatado la victoria sino por los bandazos de Rodríguez Zapatero, que afronta la crisis con políticas insolidarias y más que discutible eficacia.
La situación creada y las tardías cuanto negativas medidas arbitradas para combatirla, permiten a Rajoy erigirse en defensor de los pensionistas congelados y de los funcionarios rebajados, en una auténtica confusión de papeles y un baile de disfraces.
El sedicente partido de izquierda y progresista obligando a los más débiles a apretarse el cinturón y recortando derechos a los trabajadores, en tanto vemos al partido conservador proclamándose adalid de los pobres. Ante tales comportamientos nada tiene de extraño que los ciudadanos estén hastiados de la clase política que nos ha tocado en suerte hasta considerarla el tercer problema público en las encuestas.
Si al líder conservador le salieran las cuentas, sobre las ruinas del PSOE se encaramaría a la Moncloa y si entonces se viera forzado a endurecer aun más el proceso de ajuste, ya tendría asegurado el pretexto con la desastrosa herencia recibida.
Contra lo que pudiera parecer, creo que el PP se frota las manos con las dificultades del país sabiendo que le llevarán al poder. Otra cosa es que esa actitud se compadezca con el sentido de Estado, altura de miras o política honesta.