Un mes de infarto

Probablemente marzo de 2011 pasará a los anales de la historia como un mes singular por la cantidad y calidad de los acontecimientos que en él tuvieron lugar cuyos efectos sin duda pesarán en los años venideros.

El primero de obligada referencia fue el horrísono terremoto de 9 grados en la escala de Richter, seguido de un maremoto con olas de 10 metros de alto que abatieron y devastaron la parte nororiental de Japón el día 11.
A consecuencia de ambos fenómenos extremos murieron o desaparecieron unas 30.000 personas, y la central atómica de Fukushima de seis reactores, sufrió un grave deterioro con fugas de radiactividad que obligaron a las autoridades a ordenar el desplazamiento de la población en un radio de 30 kilómetros. La magnitud de la avería constituye el segundo desastre de esta naturaleza después del de Chernobil en 1986. Al terminar marzo, la central se hallaba fuera de control.
La alarma producida por el accidente se extendió por todos los confines y condujo a una reconsideración a fondo de las centrales nucleares como fuentes de energía, paralizó muchos de los programas de nuevas construcciones y se sometieron las existentes a más estrictas medidas de seguridad y trastornó los distintos programas de obtención de energía por la fisión de los núcleos atómicos. Por el contrario las energías renovables experimentarán un notable impulso.
El accidente reavivó el dilema entre restringir el consumo de energía –con la con siguiente reducción del nivel de vida en los países industrializados- o asumir la complementariedad de las tres fuentes de energía disponibles (fósiles, renovables y nucleares) en tanto no se pueda utilizar la energía por fusión -asumiendo las ventajas e inconvenientes y los riesgos que esta fórmula conlleva.
El segundo acontecimiento relevante ocurrió el viernes 18, consistente en la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la Resolución 1973 que autorizó a una coalición formada por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, España, Bélgica, Catar y Emiratos Arabes Unidos a adoptar las medidas necesarias, - incluidos los ataques aéreos- para defender la vida y la seguridad de la población libia que se rebeló contra la represión, el despotismo y la corrupción del lider Muamar el Gadafi y su gobierno.
El acuerdo del Consejo de Seguridad , fundado en la aplicación del principio de proteger a la población civil, consagrado por Naciones Unidas, puede suponer la caída del estrafalario dictador libio y con ello, un fuerte estímulo para los movimientos revolucionarios que se extienden por el norte de África desde Marruecos a Egipto contagiados a otros Estados árabes asiáticos como Jordania, Arabia, Bahrein, Siria y Yemen en demanda de justicia social y libertades democráticas. Lo que salga de los cambios en curso aun está por ver pero puede representar una nueva etapa histórica de dichos pueblos comparable con lo que significó primero el Renacimiento y siglos más tarde la Revolución Francesa o para Europa Central la caída del Muro de Berlín.
Otro aspecto del acuerdo onusiano reside en su trascendencia como precedente comprometedor frente a situaciones similares a las contempladas en Libia en las que se reaccionó de forma diferente. Si, por ejemplo, las protestas populares y la subsiguiente represión se agudizasen, ¿se reaccionaría con la misma contundencia? La respuesta es rotundamente negativa como quedó de manifiesto antes en la vulneración de los derechos humanos en Myanmar, China, Corea del Norte, Rusia o Israel. La realidad es muy compleja y ciertamente, cuando se aplican raseros diferentes a situaciones homogéneas, la justicia no merece tal nombre. No obstante, ello no debe inducirnos a censurar hechos como la intervención en el país norteafricano para evitar las represalias con que Gadafi amenazó a la población de Bengasi, una ciudad de 700.000 habitantes a la que calificó de “ratas grasientas”.
Una lección aprendida en este caso fue que, dado que la acción militar recayó sobre todo en Estados Unidos dejó constancia de que la UE no dispone de medios ni de voluntad política para afrontar en solitario situaciones de emergencia y por ello hemos de resignarnos a vivir en un mundo bajo la dirección de EE.UU. como apagafuegos. La inanidad de la UE quedó en evidencia pese a los esfuerzos de Francia por atribuirse un papel de protagonista.
Otro suceso de notable trascendencia en la política española ocurrió el día 23 protagonizada por el Tribunal Supremo al denegar la inscripción del nuevo partido Sortu con el que los abertzales vascos pretendían concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, por entender que se trataba de una nueva versión de la ilegalizada Batasuna. A los simpatizantes de ETA se les cerraba de momento el derecho a participar en las instituciones, salvo que el Tribunal Constitucional, en caso de que los promotores presentasen recurso, les diese la razón. La solución final de este asunto podría influir en el futuro de ETA -al parecer en fase preagónica- y su desaparición a corto plazo como fenómeno patológico de la política española con más de 48 años de actividad criminal. Un hecho largamente esperado por la población española que pagó un doloroso tributo de centenares de asesinatos, amenazas y extorsiones.
Al día siguiente, el 24 hemos asistido alarmados a la noticia protagonizada por el Parlamento portugués al rechazar un nuevo plan de ajuste –el cuarto- presentado por el gobierno para ceder a las presiones de Bruselas y el acoso de los mercados con objeto de reducir el déficit presupuestario.
La derrota parlamentaria obligó al primer ministro, el socialista Jose Sócrates a presentar su dimisión al presidente Anibal Cavaco Silva manteniéndose el gobierno en funciones hasta las elecciones convocadas para el 5 de junio. Esta nueva situación agravará la crisis lusa al dejar atada la Administración para adoptar medidas tendentes a corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que padece la economía e incrementar el riesgo de que Portugal tenga que acudir al rescate de la UE y el FMI que impondrían drásticas medidas de contención del déficit. Si este paso se diera, a la inestabilidad económica se uniría la inestabilidad política. Las perspectivas de Portugal son dramáticas.
Quienes hemos convivido con el acaecimiento de tantos hechos destacados como la caída del Muro de Berlín, la implosión del imperio soviético o el comienzo de la carrera espacial, tuvimos en el mes de marzo ocasión de añadir nuevas fechas a nuestro calendario de sucesos memorables preñados de consecuencias.

Paradojas cotidianas

Desde que se produjo el desplome de los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental, se ha acentuado la orfandad ideológica en que vive la izquierda, en la que bien podría decirse que muchas fuerzas políticas y sociales han perdido la brújula y no encuentran mejor guía intelectual para respaldar su quehacer que un pragmatismo romo, que lo que en realidad esconde es la carencia de ideas compatibles con principios verdaderamente progresistas.

Aun cuando el fenómeno es de ámbito mundial, por razones de espacio examinaré solamente sus manifestaciones en España, donde se observan características tan contradictorias como las siguientes:
1. Los sindicatos presionan a las autoridades y llegan a erigirse en salvadores de empresas en crisis frente a la Administración. No se pretende, como pudiera pensarse, la mejora de la productividad o la cogestión, ni ofrecer fórmulas que comprometan la armonización de los legítimos intereses de los trabajadores con la viabilidad empresarial, sino lisa y llanamente, que se concedan subvenciones a fondo perdido, a cargo de los contribuyentes, como premio a la ineficiencia. Pasar de la lucha sindical clásica por la obtención de mejoras laborales a hacer causa común con los patronos para asegurarles sus beneficios, es un salto mortal sin red. Si Marx y Pablo Iglesias levantaran la cabeza se morirían de nuevo del susto. El decreto sobre el carbón que obliga a las empresas eléctricas a consumir hulla de producción nacional, de peor calidad que la importada, ejemplifica lo expuesto,
2. Empresarios y trabajadores exigen el mantenimiento de empresas públicas deficitarias a cargo del erario público, y simultáneamente la reducción del déficit presupuestario y la rebaja de impuestos. Como se ve, la lógica y la racionalidad brillan por su ausencia.
3. La CEOE reclama la reducción de la cuota patronal de la seguridad social, el incremento de incentivos a la producción en forma de ayudas y una menor presión fiscal, o sea, la cuadratura del círculo.
4. Por su parte, el PSOE, en el Gobierno, olvida sus principios fundamentales y sus ideales por los que lucharon los fundadores, y privatiza cuanto está a su alcance y rebaja o suprime impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Transmisiones) argumentando en tiempos distintos que tan de izquierda es incrementar como rebajar impuestos. Se defiende lo uno y su contrario.

En tiempos no lejanos esta ideología sirvió para dar cobertura legal a operaciones espurias, conocidas como “socialización de pérdidas”, consistentes en traspasar al INI (Instituto Nacional de Industria) empresas privadas en quiebra –como muestra elocuente, recuérdese el caso paradigmático de HUNOSA- de lo que en Vigo hemos conocido ejemplos notorios (empresa Alvarez, entre otras). Es a todas luces injusto y contradictorio cargar al sector público con empresas inviables y sostener después que su gestión es ineficiente, y es inadmisible postular la máxima libertad de la iniciativa privada cuando el viento sopla a favor, y clamar por ayudas estatales en tiempos de vacas flacas. La esencia de la empresa privada es su capacidad para asumir riesgos, y solo en su virtud se justifica la ganancia. El empresario es una especie de profeta que gana cuando acierta en sus predicciones, y puede arruinarse si se equivoca. Eliminar el riesgo empresarial sería tanto como privar al empresario de su razón de ser.

Inversamente, no es de recibo que el gobierno socialista haga almoneda de empresas públicas, saneándolas previamente con recursos presupuestarios para devolverlas a la iniciativa privada. Curiosamente, algo similar representa el decreto ley que regula la recapitalización de las cajas de ahorro. En él se dispone que aquellas entidades que no puedan alcanzar el “core” capital mínimo (reservas, porque dichas financieras no disponen de capital propio) serán nacionalizadas temporalmente inyectándoles fondos públicos para ser vendidas después, previsiblemente, a un banco. Es una claudicación ideológica renunciar a la transformación de la sociedad, asumiendo la defensa de los más débiles y desamparados que proliferan bajo la libertad de la oferta y la demanda, y equivale a traicionar los postulados en que se asienta el ideal de la izquierda.

Para muchos es una verdad inconclusa el fracaso de la economía planificada por el Estado, pero su daltonismo ideológico les impide ver las crisis recurrentes del capitalismo salvaje y sus estragos. La falta de ideas claras explica que los partidos de izquierda se muevan en un mar de confusiones y se rijan por un cóctel de liberalismo e intervencionismo, libre competencia y dominio de mercados, libertad de mercado y proteccionismo, como si fuera posible mezclar el agua y el aceite. Si el llamado socialismo real defraudó por sus resultados, tampoco el capitalismo liberal es la solución a los problemas sociales y medioambientales, y si ha pervivido desde los tiempos de Adam Smith, se debe a su camaleonismo, puesto que el que conocemos se parece muy poco al antiguo “laissez faire, laissez passer”. De lo que se deduce que si no aparece un Keynes que lo renueve, tendrá que surgir un Marx que lo destruya.

La retribución de los ejecutivos

La crisis que venimos padeciendo desde agosto de 2007 comporta graves perjuicios de toda índole para la mayoría de la población, por más que el Gobierno diga y repita que todos debemos apretarnos el cinturón.
Lo más justo sería que quienes con sus errores y operaciones especulativas, en definitiva, con malas prácticas provocaron la catástrofe tuvieran que pagar los platos rotos, incluida la responsabilidad penal si a ello hubiera lugar, en compensación a las ganancias ilícitas que obtuvieron.
La realidad, no obstante, es muy distinta, y demuestra que no siempre el que la hace la paga. Quienes verdaderamente llevan las de perder son otros que no tuvieron arte ni parte en el desaguisado: los asalariados que perdieron su empleo, los prestatarios abocados al desahucio por no poder pagar sus hipotecas, los autónomos forzados al cierre de sus negocios por la caída del consumo. A todos les toca afrontar las consecuencias del mal que hicieron otros.
Por el contrario, los directivos y consejeros de las entidades financieras y de las grandes multinacionales que ocasionaron el hundimiento de la economía no solo quedaron exentos de responsabilidad ni vieron reducidos sus ingresos sino que mejoraron sus sueldos millonarios complementados con retribuciones variables en forma de bonus, asignación a fondos de pensiones y blindajes económicos de sus puestos en caso de despido sin que sea obstáculo que su mala gestión haya menguado los beneficios de sus empresas, las cuales, en ciertos casos obligaron al Estado a inyectarles cuantiosas ayudas para salvarlas de la quiebra, en un ejemplo escandaloso de privatización de ganancias y socialización de pérdidas.
En buena lógica, el salario fijo, que para sí quisiera el 98% de los españoles, debería compensar la dedicación plena, eficaz inteligente y leal de un ejecutivo a su empresa, ya que de no ser así, cubriría también la deficiente atención y fallos de gestión , algo que repugna a la lógica y la justicia. Por consiguiente, la retribución variable que los propios beneficiarios se conceden, incluso cuando las empresas entran en pérdidas, resultan de muy difícil justificación sobre todo por su desmesurada cuantía. Por otro lado, ni el éxito ni el fracaso de una compañía cabe atribuirlos en exclusiva a los consejeros o ejecutivos, sino al conjunto de los trabajadores que participan en la tarea común.
Aun cuando los mayores abusos de esta índole se registran en Estados Unidos como meca del capitalismo, en España no faltan ejemplos que poco tienen que envidiar a los norteamericanos.
Los consejeros y altos directivos de las empresas del Ibex percibieron en 2010 una media de un millón de euros, con casos en que los cobros fueron muy superiores. Así, ocho ejecutivos de Amadeus, una central de reservas de viajes se repartieron 55 millones de euros; el presidente de Repsol se embolsó siete millones, y el de Iberdrola ganó otro tanto, además de recibir un elevado número de acciones de Iberdrola Renovables, sociedad filial de la primera. En contraste con tan fantástica recompensa, quienes invirtieron sus ahorros en la última sociedad, pagaron las acciones a 5,30 en su salida a Bolsa y ahora Iberdrola ofrece recomprarlas a 2,97, lo que equivale a una pérdida del 44%, en una operación que tiene el tufo de una estafa sin responsabilidad penal.
Lo más curioso es que todos estos hechos, verdaderos atentados contra la ética y equidad, discurren en una situación de estricta legalidad, sin que por tanto, sus autores sufran la menor molestia de las autoridades, y no digamos de orden moral porque se da por supuesto que sus estómagos están preparados para digerir lo que les echen.
Si así es el orden jurídico que tenemos, evidentemente no se puede afirmar que esté inspirado en los sanos principios de la justicia y la decencia. Un Estado de derecho no debería amparar tales prácticas.

Barrer la delincuencia

El 8 de septiembre de 2002, el a la sazón presidente del Gobierno, José María Aznar, declaró que iba a “barrer de las calles a los pequeños delincuentes que amargan la vida a los ciudadanos”. Fue significativa la precisión de que la amenaza iba dirigida a los delincuentes de poca monta, porque los grandes no frecuentan las calles sino que actúan desde despachos enmoquetados, defendidos físicamente por vigilantes jurados y jurídicamente por competentes abogados. La declaración compone una metáfora obscena porque las personas son eso y nunca basuras que barrer para arrojar al vertedero, aunque sean pobres e incluso rateros.
El sistema de palo y tente tieso debió aprenderlo Aznar de su amigo y mentor George W. Bush que mantenía a dos millones de compatriotas entre rejas y cuatro millones y medio más en libertad condicional. La aplicación de esta receta comportaba un doble objetivo: barrer las calles y reducir la tasa oficial de paro, dado que los reclusos no buscan trabajo, lo tienen asegurado bajo la atenta mirada de sus guardianes. Lo que interesa es sacar de la circulación a los que la ley tipifica como indeseables, mayoritariamente sin medios de vida.
En España tenemos actualmente unas 75.000 personas privadas de libertad. Se ve que la escoba funciona a pleno rendimiento. Bien está que las autoridades se preocupen de garantizar la seguridad ciudadana pero no con acciones represivas. Se echa en falta una política integrador para prevenir el delito y no limitarse a corregir sus efectos.
El problema debe enfocarse a largo plazo, de forma que el plan contemple las medidas necesarias que eviten las situaciones de discriminación y exclusión social porque siempre ha sido mejor prevenir que curar. A los políticos se les pide y se les paga para resolver problemas y merecerán aplauso si los evitan. En este contexto encaja la mejora de la educación y la estabilidad de los planes de estudio concebidos no como un atiborramiento de conocimientos teóricos, sino como método de inculcar valores cívicos.
Otro medio de lucha eficaz contra la delincuencia es la reforma del sistema penitenciario, dotándolo de medios suficientes para que pueda cumplir el papel que le asigna el artículo 35 de la Constitución de rehabilitar y resocializar a los reclusos a fin de que disminuya la reincidencia. Es preciso que los gobernantes se conciencien de que es mucho lo que nos jugamos en la apuesta de lograr una sociedad más justa, solidaria y cohesionada en la que nadie se siente excluido ni carezca de oportunidades acordes con sus aptitudes.
Dado que gran parte de los autores de delitos contra la propiedad proceden de las capas de la población económica y culturalmente más desfavorecidas, es imperativo invertir más en protección social a fin de que ni la necesidad ni la falta de oportunidades sean campo abonado de conductas antisociales.

La religión y los pobres

En general, las grandes religiones predican el amor al prójimo, la caridad y la austeridad de costumbres, así como el enaltecimiento de los pobres como fieles predilectos de las distintas creencias, mas los hechos no acompañan a las palabras, ni por parte de los representantes más cualificados, ni de la mayoría de los creyentes. Se hace alarde de lujo y suntuosidad en los lugares donde se rinde culto a los respectivos dioses, pero la solidaridad con los más necesitados brilla por su ausencia. Más bien puede afirmarse que allí donde predomina la religión la desigualdad es más patente, de lo que constituye una buena muestra el aspecto que ofrece el mundo musulmán.
Si trasladamos la atención a la religión cristiana y comparamos la doctrina y los hechos del Fundador con el ejemplo que dan las jerarquías eclesiásticas, el contraste no puede ser más demoledor. El centro del poder del catolicismo, el Estado Vaticano, rebosa opulencia y derroche, que en nada recuerda los humildes lugares escenarios de la primera predicación. Su imitación del ejemplo de Jesucristo es la pura negación del modelo. No en vano se dice que “vista Roma, fe perdida”. Desde el Papa, pasando por los cardenales y obispos, su aspecto no se parece en nada a la proverbial pobreza de Jesús. En su entorno, la modestia y humildad están ausentes. Por las calles romanas deambulan orondos prebostes de vestimenta talar y estómagos prominentes, a los cuales el ayuno y la abstinencia les son desconocidos.
Si los máximos representantes de la fe siguen este comportamiento, no sorprende que el ejemplo cunda en la cristiandad y por doquier se alzan suntuosas catedrales, mientras a poca distancia viven gentes en míseras chabolas y los palacios episcopales destacan por su amplitud y magnificencia. La misma contradicción entre lo que se proclama y lo que se practica hace que la desigualdad entre los creyentes sea la tónica dominante, con el pertinaz olvido del mandato evangélico “ama al prójimo como a ti mismo”. Por ello es lícito afirmar que donde la religión es omnipresente, la justicia social está ausente. Múltiples ejemplos podrían traerse a colación pero bastaría citar lo que ocurre en Iberoamérica, donde la desigualdad es extrema.
Cuando el papa Pablo VI inició las giras internacionales que su sucesor Juan Pablo II continuó multiplicadas para ser recibido en baño de multitudes, viajaba en avión especial rodeado del máximo confort y acompañado por una cohorte de religiosos y periodistas, incluido portavoz oficial, todo un despliegue de medios a distancia cósmica de la entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de una borrica. Oh tempora! oh mores!, como exclamó Cicerón en sus “Catilinarias”.

La coyuntura política

Estamos inmersos en una grave crisis económica de imprevisible evolución que tiene su reflejo, obviamente, en la situación política que vivimos, caracterizada por el fracaso de las políticas del Gobierno, la oposición irresponsable del Partido Popular y, como consecuencia, el descrédito, la desconfianza, y el rechazo de la clase política.
La política económica seguida ha sido tan ineficaz como injusta; primero por el tardío reconocimiento de la existencia de la crisis, y después por la serie de medidas descoordinadas con efecto de paños calientes, en lugar de un plan global coherente de reformas que atajasen el deterioro de la economía. Finalmente, cuando los mercados pusieron al Gobierno entre la espada de las reformas y la amenaza de la intervención, el presidente optó por cargar el peso del ajuste sobre las espaldas de los más débiles: parados, pensionistas, funcionarios, autónomos, etc.
El resultado de tantos errores no podía ser otro que el estancamiento económico, un número de desempleados sin precedentes y una preocupante tasa de inflación. Todo conforma augurios que oscurecen el horizonte del año que comienza.
No hace falta ser economista para darse cuenta de que, si el aumento de ingresos públicos para recortar el déficit presupuestario se fía a la elevación de los impuestos indirectos como el IVA, dejando intactos los que dependen del nivel de renta (IRPF), el efecto inmediato es la presión inflacionaria por el carecimiento de los precios, lo cual, automáticamente, se traduce en la reducción del consumo que a su vez provoca la ausencia de crecimiento.
Las medidas adoptadas, además de injustas –y por tanto contrarias a lo que cabría esperar de un gobierno socialdemócrata– son insuficientes, impopulares y antisociales. El efecto previsible es que hundan las expectativas electorales del PSOE, comenzando por los comicios municipales del 22 de mayo próximo mientras el PP se frota las manos de contento viendo el camino abierto para recuperar el poder, y tanto más seguro cuanto más Rodríguez Zapatero prosiga en la misma línea “cueste lo que cueste”. Al país, claro.
Sin embargo, Rajoy pide públicamente el adelanto de las elecciones como táctica política, ya que su interés consiste en que el PSOE prolongue su agonía, como muestran las sucesivas encuestas, e implemente medidas que le evitarán a él acometerlas cuando se produzca el relevo.
Para entonces completará el menú atribuyendo la culpa al Gobierno saliente, con las medidas precisas para aplicar la cura de caballo a la que son proclives los partidos de derecha. Desde luego, a buen seguro que no incrementará los impuestos a las grandes fortunas. El futuro inmediato puede conducirnos de málaga a malagón y convertir nuestro incipiente Estado de bienestar en Estado de malestar. Ojalá que estos temores resulten infundados.

Destronamiento del ser humano

Desde que la ciencia adquirió entidad propia y se desligó de la teología a fuerza de formular preguntas y desmontar mitos y leyendas, ha devenido en debeladora implacable del orgullo del hombre por creerse especie única semidivina, como le atribuyen las religiones monoteístas en el libro sagrado del Génesis.
En la lista de ataques a nuestro antropocentrismo, ocupa el primer lugar el asestado por el polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) al postular que el Sol no gira alrededor de la Tierra como se sostuvo durante quince siglos desde que Tolomeo formuló la teoría geocéntrica, sino a la inversa.
Ya en el siglo XX, el paso siguiente lo dio el estadounidense Harlow Shapley (1885-1972) al descubrir que la Vía Láctea, a la que pertenece el sistema solar, además de ser mayor de lo que hasta entonces se creía, en ella el Sol no ocupa el centro ni nada de posición especial.
Más tarde, el también norteamericano Edward Hubble (1889-1953), usando el telescopio del Monte Wilson de 254 cm. (el mayor del mundo a la sazón) descubrió que nuestra galaxia no era única ni la mayor, sino una de los miles de millones que puebla el Universo.
En el orden cronológico es preciso volver al siglo XIX por haber sido testigo de la mayor acometida a nuestro narcisismo con la publicación en 1859 del libro “El origen de las especies” de Charles Darwin (1809-1882) que revolucionó las ideas establecidas acerca del origen de nuestra especie.
Finalmente, en fecha tan reciente como 2001 el Instituto Nacional de la Salud (INH) de EE.UU. junto con la empresa dirigida por el científico John Craig Venter descifraron el genoma humano y quedó claro que nuestro genoma coincide en un 99% con el del chimpancé. Solo esa insignificante diferencia nos distingue de los primates que fueron nuestros lejanos ancestros.
Por si aun quedaba algún motivo para mantener nuestro endiosamiento, el último asalto procedió del médico austriaco Sigmund Freud (1856-1939) con su teoría del psicoanálisis, al mostrar que nuestros actos no responden del todo a nuestro voluntad sino que están influidos por el subconsciente, con lo que perdemos el dominio del libre albedrío.
No somos el centro de nada ni nuestro origen es distinto del de las demás especies. ¿A qué podemos asirnos para sostener nuestro narcisismo? De pocas cosas podemos presumir para considerarnos un punto y aparte de la creación, pero es justo reconocer que ocupamos la cúspide piramidal de la evolución natural, que estamos dotados de inteligencia, comunicación simbólica, imaginación y fantasía y capacidad para prever las consecuencias de nuestros actos, cualidades todas ellas ausentes en los demás seres vivos.
No podemos olvidar, sin embargo, que las poseemos en cantidades limitadas en competencia con fuerzas instintivas que pueden ser vencedoras en la lid interna.
Inmersos en esta competencia, primamos con frecuencia el progreso material sobre el progreso ético con desarrollo asimétrico entre la inteligencia y los resultados de su aplicación, lo que se traduce, entre otras cosas, en el invento de armas más y más destructivas que favorecen los enfrentamientos intra especie y con el medio ambiente, en perjuicio de la convivencia pacífica y de la conservación de la naturaleza que nos sostiene, lo que implica la subordinación de la mente a la sinrazón.