Dice una vieja sentencia que el pez grande
se come al chico. Y si el primero es supergrande, puede tragarse también a otro
de tamaño mediano. Se vio confirmado este juicio el 7 de junio de 2017 con la
compra por el Banco Santander por un euro, del Banco Popular para evitar su
bancarrota, nunca mejor empleada la palabra. El comprador tiene en números
redondos, 12.000 oficinas, 188.000
empleados y cuatro millones de accionistas., frente a 1.779, 12.000 y 305.000,
respectivamente.
Hace no más de diez años, el Banco Popular,
con cerca de un siglo de antigüedad, era uno de los siete grandes y el más
rentable de todos. Otras entidades financieras fueron engullidas antes, como el
Vizcaya por el BB y más tarde el Argentaria; el Central y el Hispano por el
Santander que ya había adquirido en subasta el Español de Crédito. Se produjo
así una concentración de poder en el sector en perjuicio de la competencia.
¿Qué Gobierno podrá legislar en contra de sus intereses?
Hoy por hoy, solo sobreviven los dos
absorbentes antes citados y dos antiguas cajas de ahorros transformadas por ley
en bancos: Bankia y Caixabank. La concentración bancaria se ha llevado por
delante el sistema financiero gallego.
La baja del Banco Popular nos deja varias
lecciones importantes. En primer lugar, la estrecha interdependencia entre el
negocio bancario que debe inspirar seguridad y fortaleza y la confianza del
público. Si esta confianza se pierde, es imposible evitar el cierre.
Cuando se produce una situación de crisis en
una entidad de crédito, es preciso adoptar medidas drásticas y urgentes, sajar el
tumor y sustituir al gestor que presidió la fase de caída. En el caso que nos
ocupa nada de esto fue tenido en cuenta.
Otro factor que precipitó el desenlace fue
la práctica de operaciones en corto de particulares y sobre todo de fondos de
inversión de alto riesgo que venden para que baje la cotización y cuando lo han
conseguido compran y devuelven las acciones que el banco les había prestado,
lucrándose con la diferencia de precio.
Pocos días después de la venta del Popular,
los especuladores se cebaron en las cotizaciones de Liberbank y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) prohibió durante un mes tales operaciones sin haberlo
hecho así anteriormente. Regular esta parcela especulativa parece tan razonable
como necesario.
En el caso que nos ocupa quedó en
entredicho la fiabilidad de las auditorías y se hizo visible el fracaso de los
organismos supervisores, llámense Banco de España o CNMV, las cuales deberían
responder de su actuación. Uno se pregunta cómo interpretan e investigan la
información que reciben y cómo justifican su pasividad y la omisión de medidas
que deberían haber adoptado a tiempo.
El tema de intervención en la actividad
bancaria incide en la polémica de si es excesiva como alegan las entidades
financieras, o es insuficiente para controlar los riesgos en que aquéllas
pueden incurrir en perjuicio de los legítimos intereses de miles de personas
engañadas por falsas apariencias de honestidad y solvencia. La realidad
demuestra con claridad meridiana que toda cautela es poca para controlar y
prevenir situaciones que pueden darse en un negocio tan especial como el de
banca en el que están en juego los ahorros de tanta gente.
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