Actividades públicas y secretas

Ante todo permítaseme aclarar que entiendo lo público como propio de la Administración del Estado en sus distintos niveles y ámbitos de actuación.
Aún cuando no sea del todo exacta la equiparación de la Administración con una empresa privada, ambas tienen en común determinadas similitudes. Los medios de que ambas se valen son los recursos que los ciudadanos en su caso y los socios en otro ponen a su disposición para el cumplimiento de sus fines propios: el bien general y la rentabilidad del negocio respectivamente. Aunque su naturaleza sea distinta, ciertas condiciones limitan en la práctica la extensión de los calificativos, de modo que ni la publicidad de lo público –valga la redundancia- es total, ni la privacidad empresarial es rigurosamente cierta.
Así ocurre que la sociedad privada está obligada por ley a certificar sus cuentas mediante una auditoría externa para ser sometidas después a la aprobación de la asamblea de socios. Estos datos están a disposición de quien quiera consultarlos en el Registro Mercantil.
El gobierno, por su parte, elabora el presupuesto anual de ingresos y gastos que es discutido y aprobado en su caso por el Parlamento. Lo mismo que acontece con los gobiernos autónomos, y en cierto modo, con las Diputaciones y Ayuntamientos, pero su publicidad es parcial y escasa, y a posteriori es examinada por el Tribunal de Cuentas, si bien con notable retraso. Pero no hay rendición de cuentas en sentido estricto ni ante las Cámaras ni, por supuesto, ante la opinión pública. Y no hace falta que aludamos a los fondos reservados cuya existencia contradice el carácter público del Estado que en numerosos casos vulneran la ley al realizarse los pagos a confidentes sin justificante y sin que el precepto esté sujeto a impuesto alguno.
Si del presupuesto estatal pasamos al de las Administraciones periféricas (Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos) la opacidad es aún mayor. Los presupuestos son aprobados por los concejales, pero no así en qué grado de su cumplimiento.
No se comprende que, mientras el consejo de administración de una sociedad anónima ha de redactar una memoria justificativa de su actuación y explicar las desviaciones de los objetivos trazados, a ninguna de las Administraciones se les exige que justifiquen, por ejemplo, por qué el presupuesto se cerró con déficit, o por qué tal o cual obra pública costó el doble de lo presupuestado. Y si esto es cierto con respecto a las propias Administraciones, el oscurantismo es mayor en relación con los organismos autónomos que de ellas dependen que, por este procedimiento, se sustraen al control parlamentario. El contraste se hace todavía más patente si reparamos que participar en una empresa es una opción voluntaria, en tanto que la condición de contribuyente viene impuesta coactivamente por la ley.
Tengo la fundada sospecha de que si el sector público siguiera el ejemplo de las sociedades anónimas, desaparecería en buena parte la resistencia que suscita la exacción de tributos, que no sabemos adónde van ni cómo son administrados. Lo mínimo que parece exigible es la publicación en la prensa de la liquidación para que los datos puedan llegar al público. El contribuyente merece mayor respeto por los gestores públicos y este derecho debería estar reconocido por la normativa legal. En otro caso, uno se siente tentado de creer que los políticos actúan con irresponsabilidad y ligereza porque disparan con pólvora del rey que paga Juan Pueblo.

Paraísos fiscales

“Decidimos (en la cumbre del G-20 en Washington en noviembre de 2008) que ningún actor (financiero) podría volver a escapar de una autoridad reguladora. Esta regla debería aplicarse … por supuesto a los paraísos fiscales”. Así de rotundo se expresó por escrito el presidente francés Nicolás Sarkozy en un artículo aparecido en “El País” el 1 de abril de 2009.
La eliminación de esos antros del ocultismo financiero era uno de los objetivos de la cumbre de Londres celebrada el 2 de abril. La realidad, sin embargo, quedó lejos de lo esperado. El comunicado oficial, en su párrafo 15 se limita a recomendar “tomar medidas (sin especificar cuales) contra las jurisdicciones no cooperativas, incluídos los paraísos fiscales”.
Habrá que esperar, aunque sea con escepticismo, que el acuerdo se traduzca en medidas legislativas que introduzcan claridad y transparencia en las operaciones que los paraísos fiscales realizan con opacidad y secreto.
Es preciso reconocer que el solo anuncio de que el asunto se iba a tratar en la reunión de Londres produjo el efecto de que muchos de tales centros financieros se adelantasen a prometer que abandonarían el secreto bancario, y la simple publicación por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) hizo salir los colores a gobernantes de países que amparaban estas prácticas irregulares y se comprometieran a cambiarlas en adelante.
El “optimista antropológico” como se autodefine el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a decir que el secreto se acabó, apreciación excesiva que el primer ministro británico, Gordon Brown se sintió obligado a corregir, aclarando que se trataba de un paso hacia el principio del fin.
Los paraísos fiscales acogen depósitos de capitales que evaden la tributación legal de los países donde se originaron las rentas o plusvalías , mientras los salarios de los trabajadores soportan la carga impositiva sin posibilidad de eludir la exacción. Por lo general, los beneficiarios de esta actitud insolidaria acuden a la creación de sociedades “offshore” o sociedades pantalla domiciliadas en territorios donde los impuestos son mínimos o nulos. Al ser sus titulares considerados no residentes, están exentos de tributación. Dichos lugares son, por tanto, refugios del dinero negro.
Como muestra de la importancia que representa esta forma de evasión fiscal, la ONG Intermon Oxfam estima en 94.000 millones de euros lo que los países en vías de desarrollo pierden por este concepto. Esta cantidad es superior a los 78.000 millones que los países más pobres reciben en concepto de ayuda al desarrollo.
Pero, además de amparar el fraude, los paraísos fiscales constituyen el sistema circulatorio del terrorismo, del narcotráfico y de la criminalidad organizada, a través del secreto de sus transacciones.
Siendo perfectamente conocidos los efectos perversos de estos centros financieros opacos, uno se pregunta por qué operan en la legalidad, y por qué la comunidad internacional, pudiendo hacerlo, no impide su existencia. La respuesta no puede ser otra que el poder de los intereses creados de los más poderosos amparados por los gobiernos que, siendo demócratas, se abstienen de actuar en defensa de los intereses generales de la población. Ello hace temer que faltará la voluntad política para dar efectividad a los acuerdos de Londres por lo que podrían quedar reducidos a simple papel mojado.
En la aludida relación de la OCDE aparecen 43 paraísos fiscales y, si bien muchos tienen su sede en pequeñas islas atlánticas, colonias del Reino Unido, Estados Unidos y Holanda, 15 de ellos están residenciados en naciones europeas que se presentan como modelos de respeto a la ley: Suiza, Austria, Bélgica y Luxemburgo. De ahí la fundada sospecha de que quieran realmente cumplir lo acordado. Tampoco EE.UU. está exento de culpa, dado que tres de sus estados (Wyoming, Nevada y Delaware) practican el secreto de sus cuentas bancarias, aunque sorprendentemente no aparezcan en la lista de la OCDE, como denunció Suiza, irritada por estar incluida en ella.

Medidas anticrisis

En la extensa, profunda y prolongada crisis que nos aflige, es obvio que nadie sabe con certeza como paliar los daños colaterales que provoca el estancamiento económico. La ciencia lúgubre, como la llamó Carlyle, no ha encontrado aun la receta que prevenga o cure los espasmos cíclicos en que se desenvuelve la actividad humana.
Lo que nadie discute es que en tales circunstancias se impone la austeridad, lo que conlleva la supresión de los gastos improductivos y la reducción de costes empresariales para incrementar la productividad y mejorar la posición competitiva del sistema económico. Por supuesto que ello no será el bálsamo de Fierabrás, pero sí contribuirá a hacer menos dolorosos los efectos de la crisis y a adelantar la recuperación de la economía nacional.
Es evidente que cuanto mayores sean los recursos detraídos del consumo prescindible, mas serán los disponibles para inversiones que aumenten el bienestar y creen empleo en momentos en que el paro hace estragos y se convierte en el mayor de los problemas.
En el capítulo de gastos susceptibles de recibir el tijeretazo están, entre otros, la proliferación de asesores de los gobiernos central y autonómicos, teñidos de amiguismo y nepotismo; la publicidad institucional con la que a menudo se premia a los medios afines o para seducir a los que no lo son; la emisión de TVE las veinticuatro horas, con informativos que duplican los de otras cadenas autonómicas; la iluminación nocturna de los edificios oficiales; y los viajes institucionales que a veces parecen ignorar la existencia de las embajadas. Por supuesto que estos pasos no serán el bálsamo de Fierabrás para curar las heridas de la crisis y hasta puede que alguien las llame el chocolate del loro, pero tendrán al menos el valor de la ejemplaridad.
Estas medidas de ahorro deberían ir acompañadas de otras de moderación salarial en los tramos más altos, de aplicación inmediata, sin perjuicio de un tratamiento posterior a fondo de carácter general en aras de una homogenización y equidad del abanico salarial a fin de que las consecuencias de la recesión no recaigan como siempre sobre las espaldas de los más débiles.

Con una cifra de desempleados que rebasa los cuatro millones y un descenso del índice de precios al consumo que implica un riesgo de deflación, parece oportuna una contención selectiva de las rentas salariales con arreglo a dos criterios: que comenzase por los ministros, directores generales, altos cargos de organismos públicos y parlamentarios, y que el Ejecutivo promoviese iniciativas legislativas de tipo fiscal para que el ejemplo se extendiese a la empresa privada.
Se evitarían así espectáculos obscenos protagonizados por directores de grandes empresas como el presidente del BBVA al cobrar en 2008 la cantidad de 5,3 millones de euros, tanto como percibiría un mileurista en 378 años –y no es el que bate el record- al mismo tiempo que se pide a los trabajadores la congelación de sus sueldos.
Con un Gobierno de izquierda como se supone que es el que tenemos –aunque algunos de sus hechos lo desmientan- es inaceptable la coexistencia
de esas escandalosas remuneraciones con el salario mínimo en vigor.
Sin duda la macroeconomía precisa otras medidas de estímulo para compensar la inhibición inversora de la empresa privada. En este contexto, la Administración debería actuar con arreglo a un doble plan, a corto y medio plazo: a corto, como actuación urgente con el propósito de ralentizar el paro masivo; y a largo, con programas de infraestructuras educativas, sanitarias y de transportes que generan economías externas y propician un desarrollo económico sostenido.
Con relación a esto último, las Administraciones públicas central y autonómicas procurarán disponer de una cartera de proyectos elaborados para que cuando se cuente con los medios de financiación necesarios se puedan iniciar las obras sin demora.
En situaciones críticas como la presente, lo dicho no agota ni mucho menos el catálogo de medidas con las que revertir la tendencia depresiva del ciclo, y todas son pocas, pero al menos, las propuestas son fácilmente comprensibles y se apartan de las frases huecas tan socorridas que aluden a planes estratégicos y reformas estructurales sin mayor concreción.
Sin duda, todo lo que se haga debe estar inspirado en el propósito de contribuir al bienestar general, pero si faltasen las virtudes de la solidaridad y la justicia social, la superación de la crisis sería imperfecta y el mundo sería menos habitable.

La imprevisión de los dioses

En la antigüedad los dioses se comunicaban con los hombres por medio de profetas y legisladores para ilustrarles sobre el bien y el mal y dictarles normas sobre lo que era lícito e ilícito. A este grupo de iluminados pertenecen Moisés (siglo XIV a,C.), Confucio (551-479 a,C), Buda (560-480 a.C.) y Mahoma (570-632). Pero al parecer, entre sus inmensos poderes no estaba incluida la facultad de prever el futuro, y por tanto, sus mandatos y advertencias no pasaban de referirse a los asuntos que a la sazón eran por todos conocidos. Por ello, sus prohibiciones se limitaban a hechos y costumbres vigentes a la sazón que se juzgaban perjudiciales, por ejemplo, el homicidio, el robo o el engaño. Entre sus recomendaciones estaban las de practicar el bien, amarse los unos a los otros, y sobre todo, amar a sus dioses respectivos sobre todas las cosas. Curiosamente, no incluían en sus catálogos el deber de predicar con el ejemplo, o sea, amarse entre ellos, pero a ellos no se les pueden pedir explicaciones.

Lo que ocurre es que los dioses, que se suponen omniscientes, desconocían al parecer la forma y dimensiones del planeta y por ello no avisaron de la existencia del nuevo mundo, lo que indujo que al ser descubierto, se pusiera en duda la condición humana de sus indígenas.

Tampoco los dioses previeron que los humanos después de que Prometeo les robase el fuego y Adán mordiese el fruto del árbol del conocimiento, iban a desvelar muchos de los secretos que ellos habían ocultado, los cuales pondrían en entredicho sus revelaciones y algunos de sus mandatos.

Así ocurrió con la prohibición de Mahoma de consumir bebidas alcohólicas para evitar la embriaguez de los beduinos, pero dado que Alá les escamoteó la existencia de América, no pudo prevenir a sus adeptos contra el tabaco, no menos perjudicial que el alcohol. Como consecuencia, los musulmanes pueden fumar cuanto quieran sin temor a perder el derecho de entrada en el paraíso. Reducirán así la prevalencia de la cirrosis hepática pero no la del cáncer de pulmón y demás patologías conexas. Tampoco Alá advirtió a Mahoma del peligro de las drogas estupefacientes, por lo que el último omitió su consumo en la lista oficial de pecados. Algo que desacreditaría a cualquier vidente, no disminuyó un ápice la veneración y credibilidad de Alá, que sigue siendo grande y todopoderoso. De donde se deduce que los creyentes son más benévolos y tolerantes que sus dioses.

Un dato singular es que mientras la cuna de la humanidad se sitúa en Africa, la factoría de las grandes religiones hoy extendidas por todo el mundo, está radicada en Asia. Tal vez las divinidades hayan acordado conceder sus entrevistas en exclusiva a los habitantes de dicho continente.

A partir de Mahoma, las deidades se retiraron a sus lares en el empíreo, y los mortales, huérfanos de su asistencia, quedaron abandonados a su suerte, enfrentados a la responsabilidad de crear su propia axiología de valores, sin una instancia superior a la que acudir en busca de inspiración o refrendo a sus preceptos morales, o seguir ciegamente a las clases sacerdotales en sus interpretaciones de los textos sagrados para afrontar situaciones inéditas.

En los tiempos modernos, y especialmente durante el siglo XX se han dado pasos agigantados en el conocimiento de la naturaleza y del cosmos, lo que a su vez dio lugar a situaciones no contempladas antes, con repercusión en la vida cotidiana, que ponen a las religiones ante hechos nuevos que, en ocasiones dejan en entredicho los dogmas religiosos.

Como los dioses no actualizan su doctrina, en su ausencia los filósofos tomaron la palabra y crearon la ética que estudia y valora las acciones humanas. La ética establece un código de principios que determina si la conducta es buena o mala, admisible o inaceptable.

A medida que se suceden los avances en el conocimiento de las funciones y el tratamiento de las enfermedades, se fue haciendo necesaria la elaboración de criterios con arreglo a los cuales juzgar lo que es permisible y lo que debe ser prohibido de las nuevas posibilidades que ofrece la medicina y la investigación biológica. Así nació la bioética como una nueva rama de la ética, o sea ética de la vida. El término fue creado por el oncólogo estadounidense Va Rensselaer que lo utilizó en 1970 como título de un artículo.

El criterio fundamental que defiende la bioética se basa en el respeto a la dignidad de las personas, y al ser este término difícil de precisar y definir, ha devenido en opiniones encontradas entre quienes se aferran a sus creencias religiosas y quienes propugnan el uso de la tecnología en la solución de problemas en los que están en juego la felicidad, la salud o el sufrimiento de los seres vivos.

En fecha tan reciente como 1979, dos bioéticos norteamericanos, T.L. Beauchamp y J. F. Childress, establecieron cuatro principios rectores de la bioética, a saber: autonomía (que el individuo actúe de forma autónoma); beneficencia (obligación de respetar los legítimos intereses ajenos); maleficencia (abstenerse de actuar en daño o perjuicio de otros); y justicia (obligación de evitar las situaciones de desigualdad).

Los propios autores reconocen que los cuatro principios no son absolutos porque pueden colisionar entre sí, en cuyo caso habrá que determinar el orden de prioridades especificando las razones en cada situación.

La casuística es muy diversa y aumenta con la frecuente aparición de nuevas técnicas que inciden en la generación, la conservación y la extinción de la vida. Bastaría citar a título de ejemplo las siguientes cuestiones de candente actualidad que son objeto de agrias polémicas en los medios de comunicación:

- Fecundación asistida

- Clonación terapéutica

- Encarnizamiento terapéutico

- Penalización o despenalización del aborto

- Eugenesia

- Eutanasia

- Relaciones médico-paciente

- Derechos de los animales

En el tratamiento bioético de estos temas están implicadas consideraciones de tipo psicológico, jurídico, médico, político, sociológico, religioso y antropológico. De ahí la dificultad de concordar todas las opiniones al respecto. Solo el tiempo irá decantando las posiciones opuestas hacia un consenso social, si bien surgirán nuevas aplicaciones biomédicas que mantendrán viva la polémica. Es la consecuencia de la insaciable curiosidad del ser humano por traspasar los límites del saber.

De cómo se alimenta la desigualdad

Desde que los seres humanos vivieron en sociedades organizadas se idearon normas y procedimientos que propiciaban el enriquecimiento de una minoría a costa del resto, conformándose así las clases sociales con separación entre ellas de los acaudalados y los que “viven de sus manos” como los llamó Jorge Manrique.
La situación de ambas clases se traduce en una serie de factores encadenados que actúan a modo de círculos virtuosos en favor de los ricos y círculos viciosos en perjuicio de los pobres.
Expondré a continuación cómo la sociedad actual impulsa la acumulación de la riqueza en pocas manos y fomenta la proliferación de los desheredados.
Cabe admitir, en principio, que alguien ahorre una parte de sus ingresos, incluso a costa de privaciones, y si a este aspecto previsor se suma una buena capacidad de trabajo y hasta una cierta creatividad, pasado cierto tiempo reunirá un patrimonio como fruto de su esfuerzo y como retribución de su ahorro, transformado en capital productivo. Este proceso podría considerarse como el origen lícito del primer capitalista, pero todos sabemos que no sería sino la excepción que confirma la regla.
Cuando nuestro hombre muera, su fortuna la heredarán sus hijos que disponen así de una plataforma económica sin mérito propio alguno, desde la que podrán incrementar sus beneficios sin necesidad de someterse a ninguna clase de privaciones ni sacrificios personales, como podría haber sido el caso del fundador de la saga familiar.
Los herederos al nacer en una situación privilegiada habrán podido recibir una sólida formación que les dará ventaja para dirigir sus empresas y acceder a los altos puestos de la Administración. Se realiza así la simbiosis de la riqueza y el poder que en adelante se apoyarán mutuamente. Sus relaciones sociales se desarrollarán en un ámbito de clase alta, por lo que es probable que los matrimonios se convengan entre familias de similar posición social que favorecerán a su vez el aumento de las fortunas.
Cuando los empresarios quieran ampliar sus negocios pueden acudir al crédito bancario en condiciones favorables, tanto por disponer de garantías reales como por la influencia de las relaciones familiares, lo que permite asimismo ampliar sus empresas.
Un medio adicional de incrementar los patrimonios consiste en situar fondos en paraísos fiscales con alta rentabilidad libre de impuestos por tratarse de inversiones desconocidas por Hacienda. Otra forma de reducir la tributación es la creación de sociedades ficticias que absorben gastos y rebajan la base tributaria aprovechando la menor tarifa del Impuesto de sociedades con respecto al Impuesto sobre la renta (IRPF).

Las relaciones familiares o la pertenencia a los consejos de administración de grandes empresas permiten disponer y utilizar en provecho propio información privilegiada para operar con ventaja en Bolsa sin apenas riesgo de que pueda probarse el delito tipificado en el Código Penal.
El broche final de esta serie de facilidades para el redondeo de beneficios y el incremento del capital lo pone el sistema tributario. El procedimiento consiste en recargar los impuestos indirectos (los que se pagan por el consumo, independientemente de la capacidad económica de los contribuyentes) y disminuir la fiscalidad sobre los directos (es decir, los que gravan los salarios y las rentas del capital). La misma discriminación la sufren las rentas del trabajo (salarios) respecto de las producidas por el capital (intereses, dividendos y alquileres, principalmente). La aplicación de este tratamiento diferenciado se refleja en la recaudación del impuesto sobre la renta (IRPF) que recae en el 80% sobre rendimientos del trabajo frente al 20% que aportan las rentas del capital.
Por si fuera insuficiente esta injusta discriminación, en el sistema neoliberal en que vivimos, los sucesivos gobiernos compiten por implantar rebajas de impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Sociedades que afectan a los más ricos, manteniendo entretanto intocable el IVA que se paga al adquirir los artículos de consumo y también los de primera necesidad , de los que nadie puede prescindir.
En España, la moda de las rebajas fiscales selectivas, propia de la derecha ha contagiado a la sedicente izquierda socialdemócrata como si ambas se hubieran puesto de acuerdo para quitar a los pobres para dar a los ricos, influidos, quizás por el texto evangélico.
Como la avaricia es insaciable y el dinero llama a dinero, los mayores contribuyentes aun recurren a un último truco para reducir su deuda tributaria: el fraude. Dado que sus ingresos no están controlados con la misma rigurosidad que las nóminas de los asalariados, alteran sus declaraciones y hurtan al fisco una parte de su contribución porque el beneficio potencial excede al riesgo de ser descubiertos. Como consecuencia, la defraudación alcanza cifras elevadas aun cuando las acusaciones de delito fiscal que prosperan son prácticamente inexistentes. Y aun tienen a su favor la posible promulgación de amnistías fiscales que hacen borrón y cuenta nueva.
Así como existen diversas formas de discriminación positiva que favorecen a los más adinerados, hay otras que operan en perjuicio de los necesitados. Veamos como actúan algunas de estas últimas:
Desde el nacimiento en el seno de una familia pobre, el niño se enfrenta a un entorno desfavorable. Su alimentación es deficiente y puede perjudicar su desarrollo físico e intelectual y otro tanto puede decirse de su educación en el más amplio sentido. El ambiente familiar suele ser poco propicio para despertar su curiosidad intelectual. .
Como consecuencia, en el colectivo de alumnos de su condición económica se da la mayor proporción de fracaso escolar. En cualquier caso, lo habitual es que sus posibilidades educativas terminen en la enseñanza gratuita obligatoria.
El resultado es que las opciones laborales se limiten a los empleos menos cualificados, y consiguientemente, peor remunerados. Compárense, por ejemplo los 9,78 millones de euros que cobró en 2006 Francisco González, presidente del BBVA, equivalentes al salario de 1225 trabajadores acogidos al salario mínimo.
Si una familia adquiere los alimentos necesarios, lo habitual es que el precio sea más caro por unidad de producto que el que paga una familia pudiente por una compra similar de mayor cantidad.
Las ayudas a la agricultura establecidas por la Unión Europea se calculan en proporción a la producción obtenida, con lo cual, un reducido grupo de terratenientes reciben gran parte del presupuesto acordado.
Cuando un modesto consumidor contrata un servicio de suministro esencial (agua, energía eléctrica, teléfono) el contrato de adhesión contiene una cláusula que permite facturar un consumo mínimo aunque éste no haya
tenido lugar. De esta forma, la obsesión ahorradora del supuesto usuario habrá sido contraproducente, aparte de que el precio unitario de la cantidad mínima suele exceder del aplicado a un consumo de mayor cuantía.
Si a costa de privaciones y sacrificios consigue unas modestas economías y las deposita en una entidad financiera, el tipo de interés que ésta le abona es inferior al que devenga una cuenta millonaria, y además el saldo se ve minorado por el cargo de comisiones de mantenimiento y administración, que por el contrario suelen ser condonadas a los grandes clientes. Y por supuesto, las facilidades crediticias son escasas, por no decir nulas.
Quienes obtienen ingresos inferiores a la base tributaria mínima exenta (como es el caso de muchos trabajadores) no están obligados a presentar declaración del IRPF, con lo cual pierden la opción de acogerse a las bonificaciones y desgravaciones fiscales establecidas por la ley, por ejemplo, por el número de hijos menores, así como a la devolución del impuesto retenido por los intereses que hubieran devengado sus cuentas de ahorro. Beneficios que sí disfrutan los demás contribuyentes.
Se podrá alegar que tales son las reglas de la economía de mercado, pero es indudable que ésta castiga a los menos acomodados y que deja en la cuneta a muchos perdedores.
La injusticia social no está en la naturaleza de las cosas, sino que es resultado de la estrecha alianza tejida entre el dinero y el poder para ajustar la legislación al beneficio de ambos.

Perplejidades éticas

El drama del hombre moderno reside en su incapacidad de evolucionar sicológicamente al mismo ritmo que lo hacen los cambios promovidos por el desarrollo de la ciencia y la técnica a lo largo de un proceso imparable crecientemente acelerado. De este desfase se derivan las dificultades para acomodar sus actitudes vitales a las nuevas situaciones a las que ha de enfrentarse. La inadaptación se produce porque el mundo cambia con más rapidez que nuestra mentalidad con el riesgo de que la asimetría se agudice con el tiempo progresivamente en lugar de converger.
Las nuevas realidades han originado el nacimiento de la bioética como rama de la ética filosófica dedicada a investigar la dimensión moral de prácticas y técnicas relacionadas con la vida y la muerte, partiendo de los principios éticos de no dañar y no instrumentalizar a las personas como medios de otros fines porque ambos son la base de la dignidad humana que, según Kant proceden de que no podemos ser utilizados como medios ni tenemos precio.
Un terreno especialmente conflictivo con la ética es el de la biotecnología, cuyos espectaculares avances en los últimos tiempos suscitan dilemas entre las posibilidades terapéuticas y las amenazas implícitas que evocan el mito prometeico.
Limitándonos aquí y ahora al tema de la procreación mediante la técnica de la fecundación asistida, su aplicación da lugar a una casuística muy compleja que se enriquece constantemente originándose cuestiones que llegaron a los tribunales y trascendieron a los medios de comunicación.
La fecundación asistida, si bien proporciona los medios de que personas estériles puedan tener descendencia, también da lugar a situaciones polémicas que han puesto en más de un aprieto a los bioéticos, por cuanto sus postulados distan de ser aceptados por unanimidad.
La técnica consiste en la extracción de óvulos y espermatozoides que son fecundados “in vitro”, y una vez obtenidos los correspondientes embriones, son implantados en el útero de la mujer, conservando los sobrantes congelados por si fuera necesario repetir el intento.
Como resultado, surge una serie de interrogantes que han merecido respuestas de variado signo. He aquí algunos ejemplos: ¿Qué destino debe darse a los embriones sobrantes? ¿destruirlos?, ¿donarlos?, ¿emplearlos para investigación sobre células madre?. ¿Puede decidirlo uno de los donantes o requiere el acuerdo de ambos? El problema se complica en caso de separación o divorcio o si uno de ellos hubiera fallecido porque la utilización podría tener implicaciones económicas como derechos de herencia.
Para resolver situaciones de infertilidad de la mujer se puede recurrir a las llamadas madres de alquiler, pero si ésta, llegado el parto se niega a entregar el recién nacido, ¿cual de las dos madres tiene el derecho de maternidad?
Con el fin de evitar la transmisión de enfermedades hereditarias existe el empleo del diagnóstico preimplantacional para aplicar la selección de embriones con el fin de elegir los que no tengan genes defectuosos. En principio, este supuesto no presenta objeciones de tipo moral, pero si se generalizase su aplicación a medida que se conozcan las funciones de los genes se podría incurrir en procesos de selección de sexo y de determinadas cualidades eugenésicas, que esto sí que es rechazado por la mayoría de los bioéticos.
¿Se consideraría aceptable que la Seguridad Social sufragase el elevado coste de los procesos a costa de otras prestaciones?
¿Desde qué edad y hasta qué edad sería lícito que una mujer se acogiera a la fecundación asistida?
La biología y la medicina van por un lado y la técnica va por otro. Hacer compatibles los beneficios que aporta la ciencia y que se respete la dignidad de las personas es el gran reto pendiente que se complica a medida que se agranda la distancia entre el conocimiento científico y su encaje en normas éticas, dado que siempre habrá una zona difusa entre lo técnicamente posible y lo moralmente aceptable. La línea de separación entre ambos puntos de vista es demasiado tenue.
El criterio a seguir en estos casos ha de regirse por los cuatro principios considerados rectores de la bioética, esto es, autonomía (que implica responsabilidad de los actores), beneficencia, que induce a actuar en beneficio de otros, no maleficencia, o sea, no causar daño, y justicia, que significa tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Reivindicando la vejez

No se puede asegurar que si alguien pudiera elegir para su vida entre la juventud y la ancianidad, escogería esta última etapa de nuestra existencia, Pero tampoco sería lícito pasar por alto los alicientes de esta etapa de nuestra existencia que también tiene su lado bueno. Lo que deberíamos aprender todos es a acometer esta etapa vital, con optimismo, y esperar siempre algo nuevo que vale la pena conocer, no perder la curiosidad y recibir cada día que amanece como un regalo que se pone a nuestra disposición para disfrutarlo.
Como la vejez va unida al cese de la actividad laboral, es saludable reconocer que hay vida más allá de la jubilación, especialmente en nuestros días en que la gerontología ofrece expectativas no solo de mayor longevidad sino también de creciente mejora del estado de salud muy superiores a las que conocieron nuestros padres y abuelos..
Si siempre ha habido ejemplos de senectos que conservaron su actividad intelectual y creatividad durante la vejez, actualmente los casos se multiplican .
En la antigüedad destaca el caso de Sófocles (495-405 a,C). que escribió la última de sus tragedias cumplidos los 90 años. En el Renacimiento, Tiziano (1488-1490), pintó a la misma edad su autorretrato que se conserva en e Museo del Prado; más tarde Thomas Hobbes (1588-1679) tradujo a los 87 la “Iliada” y “La Odisea”. En el siglo XX, Bertrand Russell (1872-1970), pasados los 90 publicó el tercero y último volumen de su espléndida autobiografía y en nuestro país, Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) dio a conocer “La canción de Rolando” pasados los 91.
Bastaría citar en nuestros días los ejemplos de los siguientes centenarios de quienes, pese a su longevidad, siguen desarrollando una actividad creadora ciertamente fuera de lo normal: Francisco Ayala,(1906), escritor que celebró recientemente sus primeros cien años sin dejar su actividad literaria, el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer (1907), autor de proyectos revolucionarios en Brasilia que sigue trabajando en su estudio, el cineasta portugués Manuel de Oliveira (1909) que continúa dirigiendo películas o el actor holandés Johannes Heesters que en diciembre de 2008 celebró su 105 cumpleaños actuando en el Winterhalter Fahrhaus de Hamburgo en la ópera “Im Weissen Rossi”, de Ralph Benantzsky.
Todos ellos son testimonios elocuentes de que la vejez puede ser productiva.
Volviendo al tema que da título a este escrito, la senescencia, que comienza con la jubilación, supone la recuperación del control de nuestra vida, abre la posibilidad de dedicar el tiempo a las aficiones que antes no pudimos practicar, y nos libera de la tiranía del reloj que regulaba el cumplimiento de nuestros obligaciones laborales.
Se puede decir que el senecto aumenta su grado de libertad para expresar sus opiniones sin temor a incomodar a determinados censores laborales, religiosos o sociales. Ya no se necesita luchar vanamente contra el tiempo simulando tener una edad menor de la real o aparentar una vitalidad inexistente en una época como la actual en la que impera el culto al juvenilismo y a la belleza física.
Su retiro del trabajo remunerado le inmuniza contra el estrés y la carrera por la competitividad, que deja muchos perdedores en la cuneta.
Los años vividos le dan al anciano una nueva perspectiva de la realidad, le capacita para distinguir lo accesorio de lo esencial, ver las cosas y juzgar a las personas con ecuanimidad, sobriedad, templanza y comprensión de las debilidades humanas.
Estas circunstancias explican que desde la antigüedad se atribuyera a los ancianos el don de la sabiduría, lo que indujo a los romanos a confiarles el Senado como Consejo supremo del imperio.
El mismo reconocimiento lo aseveran los dichos populares de que el diablo sabe más por viejo que por diablo, o aquel que propone “del viejo, el consejo”.
Lamentablemente, nuestra sociedad ha trastocado la escala de valores y considera a los mayores, precisamente cuando su número aumenta, meros sujetos pasivos o como consumidores, condenándolos al ostracismo. Es justo aspirar a que las pensiones alcancen un nivel digno, pero no se trata solamente de una cuestión de dinero. Se necesita reinventar mecanismos que eviten la discriminación por razón de edad, como ahora está sucediendo con las prejubilaciones, sino implementando su papel como protagonistas del bienestar y la prosperidad que disfrutamos.
Hay que abrir cauces a la participación altruista de los mayores en las tareas colectivas, tanto en el ámbito público como privado, de forma que no se esterilicen sus conocimientos y experiencia adquiridos por el estudio y el ejercicio de una profesión u oficio, sin que su aportación sea valorada con criterios estrictamente economicistas sino como un medio de realización personal y de una aportación generosa al bien común.
Al Estado compete facilitar la comunicación intergeneracional que beneficiará a todos y a la sociedad en su conjunto. Por su parte, a los partidos políticos corresponde rectificar su política de inclusión de los mayores a sus candidaturas, hasta ahora prácticamente inexistente en las listas electorales.

Mientras los mayores de 64 años representan la tercera parte del electorado no figuran en las cabezas de lista. En las elecciones municipales de 2003 no salió elegido ningún candidato de 64 o más años en las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Vigo y otras muchas. Se puede afirmar, por tanto, que un sector importante de la población no está representado en los órganos de poder. Toda una discriminación injustificable.