Círculos viciosos y virtuosos

En épocas de bonanza el ejercicio de la política económica se ve facilitado por la concurrencia de factores que, cuando funcionan correctamente se interrelacionan y favorecen mutuamente, y en conjunto, coadyuvan al crecimiento equilibrado de la economía de un país, fomentando la prosperidad general, que es lo que caracteriza la fase alcista del ciclo. Es lo que podríamos llamar un círculo virtuoso. El ejemplo más próximo lo hemos vivido los españoles entre los años 1996 y 2007, un período tan largo que hizo pensar en la superación de la teoría de los ciclos.
El crecimiento económico de Occidente, impulsado por la prologada expansión de EE.UU. propició el aumento de las exportaciones españolas, las inversiones extranjeras y la llegada de turistas, todo lo cual redundó en el incremento de la actividad económica y la mejora de la balanza por cuenta corriente. La mayor actividad se tradujo en la creación de empleo, lo que tuvo su reflejo en la elevada recaudación fiscal y de la seguridad social que propició el equilibrio presupuestario e incluso el superávit en algún ejercicio. La reducción del déficit y el impulso de la competencia frenaron las tendencias inflacionistas atenuadas también por la bajada del precio de las materias primas y la de productos energéticos de los que España es extraordinariamente dependiente.
La relativa moderación del IPC propició la rebaja de los tipos de interés impuesta por el Banco Central Europeo en la Eurozona, lo que favoreció el consumo y la inversión a crédito, abarató el coste de la deuda pública y favoreció el equilibrio presupuestario. Se había logrado el cuadro mágico de crecimiento económico, estabilidad de precios, ausencia de déficit, mejora del empleo y equilibrio exterior. Esta situación constituye la felicidad de los ministros de hacienda.
Pero la economía es un proceso dinámico sometido a los intereses contrapuestos de los agentes económicos (Estado, empresas, familias) cuyo resultado tiende al desajuste por el crecimiento desigual de las distintas magnitudes macroeconómicas. En prever a tiempo estos desfases y evitarlos, consiste el acierto de la política económica anticíclica que pocas veces se logra de forma duradera.
En lugar de eso, los gobiernos omitieron medidas regulatorias que frenaran las maniobras especulativas en la creencia de que el mercado se autocorrige y ello impulsó el cambio de coyuntura y la entrada en un círculo vicioso. En lugar de emplear el superávit fiscal en la amortización de la deuda pública, incrementar las reservas de la seguridad social y dedicar más recursos a la formación profesional e I+D, se suprimió el impuesto del Patrimonio y Sucesiones, es decir, los que favorecen a los más adinerados, así como rebajar 400 euros a los contribuyentes y conceder 2.500 por cada nacido sin tomar en consideración el nivel económico de la familia progenitora.
Entre las omisiones más notables figura la de regular el sistema financiero y contener el auge excesivo de la construcción que se derrumbó con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Se pudo haber evitado el desastre imponiendo a las entidades financieras un mayor coeficiente de caja, y limitando su endeudamiento exterior. En lugar de eso se les dejó operar libremente y al estallar en agosto el año anterior en Estados Unidos la crisis, aquí nos encontramos con un enorme stock de viviendas invendibles, construidas o en construcción con créditos incobrables y con bancos y cajas de ahorros endeudadas en los mercados mayoristas y abocadas a unas tasas de morosidad imparables.
Nos hallamos pues, en pleno círculo vicioso con factores concatenados que tienden a multiplicar los efectos dañinos de la crisis. Las entidades financieras, apremiadas por su apalancamiento y la morosidad de sus clientes, cierran la espita del crédito a las empresas; éstas, asfixiadas por la falta de liquidez, cancelan proyectos, reducen inversiones y recortan plantillas sin poder evitar verse abocadas al cierre. El paro crece, los ingresos de las familias menguan y el consumo se contrae al disminuir la capacidad adquisitiva. El Estado recauda menos impuestos, al tiempo que aumenta el importe destinado a prestaciones de desempleo y suben los intereses de la deuda por la presión de los mercados internacionales. A medida que se debilita la demanda global (gastos e inversiones) el círculo vicioso despliega todos sus efectos negativos y crece el malestar de los más directos perjudicados.
En esta situación, la salida de la crisis se vuelve más y más dificultosa y arriesgada. El Estado se ve forzado a escoger sobre quién descarga el peso del ajuste. Lo más equitativo sería que los que más contribuyeron al desplome fueran los más perjudicados, pero los más poderosos unen a su capacidad de presión, la disponibilidad de fórmulas, a veces admitidas o alentadas por la ley, para hurtar su contribución al bien común. En consecuencia, la carga se distribuye entre los trabajadores, inmersos en el paro masivo, los funcionarios públicos y los pensionistas que, en su conjunto, forman la mayoría de la población y cuentan con menos capacidad de presión.
A punto de cumplirse el cuarto año de la crisis, el panorama socioeconómico sigue siendo muy oscuro. Sólo dos sectores económicos muestran cierto vigor: el turismo y las exportaciones, pero su impulso es insuficiente. El cambio de tendencia sólo puede venir de la generación de confianza y esta requiere que vuelva a fluir el crédito. Desgraciadamente, el sistema financiero, que hace muy pocos años era tenido por uno de los más solventes del mundo, no sabe cómo solventar sus problemas de liquidez y recapitalización, y en esta tesitura, los mercados internacionales aprietan el dogal al cuello: elevan el riesgo país y amenazan con el rescate de España, como antes ejecutaron el de Grecia, Irlanda y Portugal, y para colmo de males, coincide con la inestabilidad política de que se adelanten las elecciones generales y la imposibilidad de los dos partidos mayores de arrimar el hombro. Las perspectivas a corto plazo son por demás sombrías. O se detiene el ataque de los meracados o el propio euro estará en peligro.

Prioridades injustas

En el mes de mayo de 2011 al gobierno socialista le entraron unas inusitadas prisas por tramitar sin demora el decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros, el cual impone “medidas para el afloramiento del empleo sumergido” que forma parte de lo que llamamos ocupación en negro, y sancionar con especial rigor a quienes redondean con “chapuzas” sus magros ingresos por el paro.

No merece objeción la persecución legal de tales irregularidades, pero se echa de menos el mismo empeño en corregir el fraude fiscal, la lucha contra los paraísos fiscales, la regulación del sistema financiero, y no digamos la promulgación de una reforma fiscal que refleje la progresividad de los impuestos directos como proclama la Constitución.
Y sin olvidar que con sólo la prestación por desempleo, muchas familias no podrían subvenir a sus necesidades básicas y sostener a los miembros en paro, y que tales percepciones son temporales y duran menos que el tiempo que se tarda en hallar un puesto de trabajo.
Se echa en falta que la diligencia mostrada por las autoridades en la detección y sanción del trabajo oculto no se haga extensiva a los grupos privilegiados que conforman los máximos directivos de las grandes empresas industriales y financieras que escandalizan con sus sueldos de fábula, sabiendo además que estos han contraído una indudable responsabilidad en la situación que desembocó en la aguda crisis que padecemos desde hace casi cuatro años. El mismo tratamiento especial que se dispensa a las grandes fortunas que aparcan sus inversiones mobiliarias en las famosas Sicav (sociedades de capital variable) con tributación mínima, favorecidas también con la supresión del impuesto sobre el patrimonio y por el IRPF que se mantiene invariable después de las rebajas introducidas por el gobierno de Aznar primero y por el “progresista” de Zapatero después. Todo ello se hizo sabiendo que el grueso del fraude proviene de las rentas del capital, por cuanto las del trabajo están bien controladas a través de las nóminas. Esto explica, por ejemplo que las rentas salariales representen el 46% de la renta nacional y sin embargo soportan el 80% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el más progresista del sistema tributario, porque se paga con arreglo a los ingresos percibidos y no sobre el consumo realizado.
Esta lacerante desigualdad de trato fiscal da lugar a situaciones tan escandalosas como que en 2010, mientras Caritas registraba el doble de peticiones de ayuda urgente y millares de familias perdían sus viviendas por no poder hacer frente a sus hipotecas, las grandes empresas comercializadoras de artículo de lujo, con sedes sociales o sucursales en España, veían crecer sus beneficios. Los potentados no se recatan de hacer alarde de sus riqueza, lo que hace más hiriente la pobreza de quienes pagan el precio de una fiesta en la que no han tomado parte.

El difícil gobierno de la economía

A nadie se le oculta que gobernar con acierto la economía de un país es empeño harto difícil. El desideratum consiste en lograr la optimización duradera de cuatro parámetros, a modo de cuadro mágico, a saber: crecimiento económico, estabilidad de precios, equilibrio de la balanza exterior y pleno empleo. La meta es difícil de alcanzar y más difícil aún hacerlo con larga duración por la rapidez con que cambia el entorno. Ello es debido a que los cuatro factores están interrelacionados y la variación de cualquiera de ellos influye en el comportamiento de los demás, de ahí el talento y hasta la buena suerte que se precisa para mantener el equilibrio dinámico de las cuatro magnitudes macroeconómicas.

Este paradigma es esencialmente inestable porque está sometido a las presiones de fuerzas sociales contrapuestas que pugnan por apropiarse de la mayor porción posible de la tarta común en detrimento de los demás partícipes. Los trabajadores reivindican mayor capacidad adquisitiva de sus salarios, reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de trabajo. Los empresarios, por su parte persiguen rebajar los costes de producción, comenzando por los salarios y las condiciones sociales, siguiendo por los impuestos y la rebaja de los tipos de interés. Y todo ello con niveles crecientes de demanda de los consumidores. Es fácil comprender que las pretensiones de una de las partes chocan con las de la otra.
Finalmente, las familias aspiran a lograr objetivos que mejoren su bienestar, que en parte son contradictorios: ampliación y mejora de los servicios públicos, rebaja de impuestos, aumentos de las prestaciones sociales, precios estables, bajos tipos de interés para sus créditos y buena retribución de sus ahorros.
El papel del Estado como gestor de la economía nacional es el de instrumentar las políticas que garanticen y equilibren los intereses generales por encima de los deseos particulares y de los grupos de presión, lo que lo convierte en un árbitro de muy difícil neutralidad por estar formado por personas con ideologías e intereses propios. Para que dichas condiciones se cumplan debe implementar políticas económicas que eviten desajustes macroeconómicos. Así procurará que el crecimiento del PIB no dispare la inflación, que los ingresos fiscales garanticen la suficiente financiación del sector público para mantener y mejorar los servicios que presta y la protección social, y al mismo tiempo, vigilar y controlar el gasto público para evitar el déficit presupuestario excesivo que obligaría a cubrirlo con deuda. Para complicar aun más las cosas habrá que tener en cuenta lo que ocurra más allá de nuestras fronteras, especialmente la situación económica de nuestros socios comerciales, ya que las crisis internacionales son contagiosas, y más en una economía globalizada como la actual donde se ha agudizado la interdependencia, habida cuenta de que la política económica está mediatizada por las directrices que emanan de Bruselas y de Frankfurt y no se atienen a la situación particular de cada Estado miembro.
Si el sistema económico sufre perturbaciones es preciso que los agentes económicos y sociales contengan sus reivindicaciones de forma equitativa ya que la satisfacción excesiva de uno de ellos irá en detrimento de los demás, y en definitiva, de todos al provocar crisis más o menos profundas cuyas manifestaciones externas son el desempleo, estancamiento o recesión, inflación y déficit fiscal, todos ellos síntomas patológicos susceptibles de alterar la convivencia ciudadana.
Si, por ejemplo, los empresarios, abusando de su capacidad negociadora, redujeran en exceso el nivel de los salarios, se contraería la demanda, la industria no podría dar salida a su producción, surgiría la recesión y se incrementaría el paro. Por el contrario, en un supuesto en que los sindicatos impusiesen una elevación excesiva de las retribuciones laborales sin correspondencia con la productividad, al elevarse los costes de producción, los empresarios perderían competitividad y se verían abocados al despido como mecanismo de ajuste a las nuevas circunstancias, o bien, de ser posible, a repercutir los mayores costes en los precios con peligro de elevar la tasa de inflación que podría anular la subida salarial.
En definitiva, la política económica semeja el juego del siete y media en que es preciso sortear tanto el peligro de pasarse como el de quedarse corto.

Inversiones desmesuradas

Desde que la primera pareja fue expulsada del paraíso, los humanos hemos vivido en un mundo de necesidades infinitas y recursos limitados, al perder el maná que todo lo solucionaba.

Por ello estamos obligados a establecer un orden de prioridades de modo que se satisfagan primero las consideradas básicas o de máxima urgencia y se pospongan las demás.
Estos principios de cordura tienen su aplicación en la distribución de los gastos particulares y sobre todo en el consumo e inversiones de los organismos públicos, porque de su eficiencia nos beneficiamos todos en caso de acierto o lo pagamos todos cuando se incurre en despilfarro.
Cuando, por ejemplo, una familia se monta en un tren de vida superior a lo que le permiten sus ingresos, se podrá endeudar de momento –si tiene quien le preste-, pero en un plazo más corto que largo no podrá cumplir sus obligaciones de pago y estará abocada a la quiebra y obligada a recortar drásticamente su nivel de gastos.
La calificación de las necesidades por orden de urgencia obedece a criterios subjetivos, y en caso de las administraciones públicas, de las que aquí nos ocupamos, la facultad de elegir entre unas y otras la delegamos en nuestros representantes políticos, que por tanto deben seleccionar en primer lugar aquéllas que produzcan el máximo provecho al mayor número de personas, dentro del margen que permiten los medios disponibles que, como es sabido, provienen fundamentalmente de los impuestos que pagamos como contribuyentes, y sin endeudarse en exceso.
Estos prudentes criterios no siempre son tenidos en cuenta, y con excesiva frecuencia son pasados por alto, y así se han acometido obras de infraestructura carentes de lógica, de utilidad limitada o de costes desmedidos, incompatibles con la estabilidad económico-financiera que anticipan o propician situaciones de crisis como la que ahora padecemos.
En la última década se ha extendido en España la idea disparatada de que nos habíamos vuelto ricos y tanto los ciudadanos como el Estado, con los recursos propios, los obtenidos de la UE, así como los provenientes de préstamos, nos hemos liado la manta a la cabeza y nos hemos endeudado hasta las cejas y lanzado a consumir e invertir alegremente. El Estado, por su parte, se embarcó en obras faraónicas de escasa o nula rentabilidad.
Gracias a este desmadre contamos con la más extensa red de ferrocarriles de alta velocidad de Europa y con la menor intensidad de tráfico; el mayor número de aeropuertos con la media más baja de viajeros (alguno de los aeródromos todavía no estrenó aviones). Al entrar en competencia la aviación, el ferrocarril y las líneas regulares de autobuses, la rentabilidad está bajo mínimos y su futuro se atisba complicado y oscuro.
Para evitar la caída en barrena, con los impuestos de todos subvencionamos a RENFE y a las compañías aéreas de bajo coste, en este último caso, en beneficio de usuarios pudientes como pueden ser turistas u hombres de negocios. Esto se llama beneficencia a la inversa. Si esto es un uso correcto de los fondos públicos, venga Dios y lo vea.
Tal panorama irracional y carente de sentido común abarca a toda España y nuestra comunidad autonómica no es excepción. Dígase si no qué justificación ampara la creación y mantenimiento de tres aeropuertos en una línea de 160 kilómetros unidos por ferrocarril y autopista, o un superpuerto en A Coruña y otro en Ferrol, el establecimiento de siete universidades, etc. etc.
Y a todo esto tenemos una Hacienda pública que se ve y se desea para hacer frente a sus pagos, asediada por los mercados, urgida de reformas a la brava por los organismos internacionales so pena de ser intervenida por la UE. Entre tanto, nadie asume responsabilidad por el estropicio, y los errores cometidos (en el mejor de los casos) no impiden que los políticos sigan pidiéndonos que los reelijamos. No me negarán que es para indignarse como nos piden dos nonagenarios que a su experiencia unen una lucidez envidiable: Stéphane Hessel y José Luis Sampedro.

Política económica

Para juzgar la bondad o el error de la política económica de un país hay que evaluar el grado en que se cumplen cuatro objetivos esenciales: crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de precios y equilibrio de la balanza de pagos.
Aplicado el modelo a la coyuntura española, salta a la vista que no deja margen para el optimismo: el PIB crece a un ritmo del 0,8%, el paro afecta a cerca de cinco millones de trabajadores con una tasa del 20,8% de la población activa, el doble de la media europea, el IPC se sitúa en el 3,5%, y la balanza exterior registra un serio desequilibrio junto con un elevado déficit presupuestario.
A la vista de estos datos adquiere sentido el fuerte varapalo sufrido por el partido socialista en las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo que no supo llevar el barco a buen puerto al contrario de los principales socios europeos, si exceptuamos los casos de Grecia, Irlanda y Portugal, curiosamente gobernados también por los socialistas. La lección debería hacer reflexionar a los políticos y pensadores de la socialdemocracia.
Evidentemente, pintan bastos para los partidos que se reclaman de izquierda y progresistas, por más que hayan hecho política de derechas o tal vez por eso, lo que ha decepcionado a sus electores sin convencer a los votantes conservadores que, con buena lógica prefieren el original a la copia.
En esta tesitura, las encuestas vaticinan para las elecciones generales de marzo una derrota aun más contundente para el PSOE con el correspondiente triunfo del Partido Popular que tendrá por delante cuatro años para encauzar el rumbo de la economía y aliviar la insoportable carga del paro masivo que en la juventud afecta al 42%.
Debemos partir de la base de que en economía no existen bálsamos de fierabrás ni recetas milagrosas y, a reserva del programa popular, que no es conocido, obviamente se precisa adoptar medidas más enérgicas y justas que las aplicadas hasta ahora por quienes detentan el poder, medidas que abarcan más allá del ámbito laboral para hacer más real la democracia, combatir a fondo la corrupción y el fraude fiscal, regular el sistema financiero y dejar de arrodillarse ante los mercados sin orden ni ley.
Es sin duda ingenuo pensar que estas directrices orienten la política económica y social del PP, pero sería una mala decisión que quienes negaron primero la crisis y la gestionaron después tan mal se encargaran de sacarnos del atolladero. Se dan las circunstancias para que la palabra “cambio” adquiera su plena efectividad. En todo caso, hay que dar la oportunidad de que cumplan sus promesas quienes han estado siete años en la oposición, y guiarnos después por la sentencia evangélica “por sus obras los conoceréis”. Y que Dios reparta suerte, porque el panorama que se avizora en 2012 –en el caso de que Rodríguez Zapatero mantenga la absurda postura de no adelantar las elecciones y quemarse un poco más- no promete muchas alegrías, a pesar de lo cual, que no falte la confianza y la esperanza pues sin estas virtudes sólo cabe ponerse en lo peor.

En torno a la evolución

El filosofo húngaro Erwin Laszlo (Budapest, 1932), en su libro “Evolución. La gran síntesis” expone una sugestiva teoría global que podría abrir el horizonte a una mejor comprensión del ser humano y de su medio, que denomina “el paradigma evolucionista”.
Partiendo de la hipótesis de que todo lo creado se mantiene en constante evolución, plantea dos cuestiones sustantivas: si existe una interdependencia de los procesos particulares (de nuestra especie, del cosmos y de las sociedades) y hacia donde tiende esa evolución en su conjunto.
Según Laszlo, la respuesta a la primera pregunta es afirmativa porque los estudios científicos ofrecen pruebas suficientes de que los terrenos físico, biológico y social no carecen de relación. En último término, un tipo de evolución prepara el terreno para el siguiente. De las condiciones creadas por la evolución en el terreno físico surgen las que permiten la aparición de la vida, y el comienzo de la evolución biológica y de las condiciones creadas por ésta, proceden las que permiten al hombre y a otras muchas especies, desarrollar ciertas formas de organización social.
En virtud del paradigma evolucionista, los sistemas dinámicos –que son los “jugadores” en el juego de la evolución- no están sometidos a una determinación rigurosa; tienen una fundamental propiedad de divergencia. Dadas idénticas condiciones iniciales, se desarrollan diferentes sucesiones de hechos dentro de los límites y posibilidades que establecen las leyes evolucionistas.
No está claro si la evolución es un continuo o si actúa a saltos como suponía Stephen Gould (1941-2002), alternándose largos períodos de estabilidad con otros espacios en los que la evolución se acelera.
Respecto al siguiente interrogante, la teoría sostiene que la evolución avanza de tipos de sistemas más simples a otros más complejos, y del nivel organizativo inferior al superior, sin que esta evolución se manifieste de manera uniforme al paso del tiempo, sino a saltos relativamente bruscos, a través de fases de azar e indeterminación.
Tampoco es posible predecir el fin de la evolución, así en lo relativo al universo como en destino del hombre y la organización de la sociedad.
Tras una lenta evolución de la especie surgió el “homo” como el sistema más complejo de la biosfera, capaz de pensamiento consciente y de organización social compleja.
Esta reflexión nos invita a indagar el papel que desempeñamos los seres humanos, lo que equivale a interrogarnos sobre el sentido de la vida en el mundo y en el más allá y si este sentido existe.
Frente a las dudas e incertidumbres que rodean a cuanto se refiere a la existencia e inmortalidad del alma, hay un hecho real e incontrovertible que es nuestra presencia aquí y ahora, en un mundo hostil que pone a prueba nuestra capacidad de adaptarnos a las condiciones del medio. Esta realidad es decepcionante, lo que explica que mucha gente prefiera refugiarse en un mundo de fantasía en el que todo está ordenado por un ser superior que premia y castiga a los mortales.
Lo evidente que podemos contrastar y sufrir en carne propia cada día desde nuestra venida al mundo desnudos y llenos de necesidades es una aparente y radical soledad cósmica. La experiencia nos muestra con meridiana claridad que sólo de nosotros mismos depende que podamos realizar nuestros anhelos y lograr la plenitud existencial. La misma certeza empírica nos muestra que si no cooperamos, las divinidades celestiales y el planeta que habitamos giran en el espacio, indiferentes a nuestras desgracias y miserias.
Lamentablemente, la humanidad no acaba de abrir los ojos a esta realidad desalentadora. Diríase que la evolución actúa con excesiva lentitud, a menos que los dioses quieran cegarnos para que nos perdamos.

Galicia no atrae inversiones

La comunidad autónoma gallega es una de las que viajan en el furgón de cola de las españolas. Su PIB es de los más bajos, y aunque el crecimiento de los últimos años ha sido importante, las demás también han progresado, y por consiguiente, el puesto en el “ranking” no ha variado significativamente.

Para que esta clasificación cambie es preciso incrementar las inversiones que se traducen en una mayor producción de bienes y servicios, y consiguientemente, en la creación de puestos de trabajo. Como el ahorro propio es insuficiente para cumplir el objetivo, se precisa la aportación de recursos procedentes del exterior, y a este respecto se ha conocido recientemente un dato harto desalentador,
La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha elaborado un estudio de la cantidad de inversiones extranjeras directas recibidas por España y su distribución regional entre 1995 y 2008 y cifra el total en 250.000 millones de euros, de los que correspondieron a Galicia 1.800 millones, es decir, un 0,7%, que la coloca en el puesto 12 del conjunto de las comunidades autónomas.
En el reparto se llevan la mayor parte Madrid, Cataluña y País Vasco con un valor porcentual del 64,2, 14,9, y 4,5 respectivamente. En conjunto, las tres autonomías absorbieron el 83,5% del total. Son las más desarrolladas del país y tienen muchas probabilidades de seguir ampliando el diferencial. Lo más decepcionante para los gallegos es que el estudio en cuestión califica la comunidad gallega de “atrasada”, señala que la capacidad de captación de recursos foráneos es “baja”, y como resultado de factores negativos, la inversión extranjera es “irrelevante”.
El pobre diagnóstico debería alertar a las autoridades económicas y hacerlas reaccionar para contrarrestar la falta de competitividad para captar inversiones del exterior.
Como es sabido, los capitales se mueven por las expectativas de beneficio que puedan conseguir, y a ello contribuye una amplia serie de factures naturales y sociales que interactúan para conformar los puntos fuertes y débiles de la economía regional.
Entre los primeros cabe citar la situación geográfica próxima a una de las rutas marítimas más frecuentadas del Globo, la que comunica Europa con África y América; la disponibilidad de buenos puertos (Ferrol, A Coruña, Vilagarcía y Vigo); un clima templado y húmedo con escasa incidencia de fenómenos meteorológicos extremos. En el lado opuesto figuran la desfavorable orografía que dificulta y encarece la construcción de infraestructuras de comunicación con el norte de España y la meseta; la posición periférica con respecto a Europa y la Península, la mediocre calidad edafológica de los terrenos de cultivo; y finalmente, la exigua presencia de materias primas y productos energéticos.
Los factores sociales positivos son, entre otros, una buena calidad de vida, nivel de equipamientos sociales aceptable (educativos, judiciales, y sanitarios); buenas comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas; mano de obra cualificada, con salarios industriales inferiores a los de las comunidades más avanzadas, entorno legal y judicial favorable; sistema financiero desarrollado y eficiente; disponibilidad de terreno en polígonos industriales, y centros de enseñanzas técnicas superiores.
Sólo falta que las Administraciones central, autonómica y local coordinen sus esfuerzos para dar a conocer a las empresas extranjeras las ventajas comparativas de Galicia para captar industrias de tecnología punta y alto valor añadido; impulsar la creación de nuevas empresas de capital riesgo y potenciar las públicas existentes (Emprende, Adiante y Sodiga); crear centros de conocimiento e investigación vinculados a las universidades y fomentar la investigación empresarial: impulsar las infraestructuras de comunicaciones y el uso de Internet y por último, priorizar las inversiones públicas en recursos humanos (enseñanza, investigación y formación profesional dirigida a las nuevas técnicas).
Si se cumplieran estas condiciones, el éxito sería más que probable para que Galicia ascendiese peldaños en la escala del bienestar.