Los desastres de la naturaleza

La frecuencia y gravedad de las catástrofes naturales que se han sucedido en los últimos tiempos –recordemos como más recientes los terremotos de Haiti y Chile- avalan la hipótesis de que, por muy diversas razones, la peligrosidad del planeta va en aumento. Seísmos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, tornados y corrimientos de tierras son algunas de tantas manifestaciones de la inestabilidad telúrica, a la vez que no son ajenas a la actividad del hombre. A consecuencia de tales cataclismos, cada año perecen miles de vidas humanas y se ocasionan daños materiales por valor incalculable que sumen en la desesperación y la ruina a millones de supervivientes en las zonas afectadas.
Característica común de todos estos fenómenos es su mayor incidencia en los países menos desarrollados, que si bien obedecen a una falta de preparación para afrontarlos, pareciera que la madre naturaleza, ejerciendo de madrastra, se complace en ensañarse con los más débiles para agrandar sus desdichas.
Paradójicamente, son las economías más industrializadas las que más contribuyen al cambio climático y al desencadenamiento de las calamidades medioambientales con la emisión de gases de efecto invernadero, la deforestación de los bosques y la explotación exhaustiva de los recursos naturales no renovables.

A pesar de los avances científicos y técnicos, todavía no sabemos como domeñar las manifestaciones extremas de los elementos pero, así como la medicina se conforma con aliviar el dolor cuando no puede curar las enfermedades que lo producen, razones de justicia y responsabilidad deberían ser motivos suficientes para acceder con premura a los lugares devastados en auxilio de las poblaciones castigadas, asumiendo la comunidad mundial el coste de la reparación de los daños ocasionados.

Sugiero que la fórmula aplicable podría ser la de un seguro de riesgos catastróficos, gestionado por una agencia especializada de Naciones Unidas y financiada por un determinado porcentaje del producto interior bruto (PIB) de todas las naciones, lo que permitiría que el coste recayese mayoritariamente sobre los países más ricos, como es justo y equitativo.
Con un sistema asegurador de esta naturaleza sería posible contar con equipos de salvamento especializados y primeros auxilios y disponer de una red de depósitos estratégicamente situados en zonas seleccionadas con los que socorrer sin demora a los damnificados y tomar las medidas adecuadas para reducir al mínimo el número de víctimas y la gravedad de los siniestros, adoptando seguidamente las oportunas medidas para reparar las infraestructuras dañadas. Tendríamos así una especie de ejército internacional de paz que actuaría a modo de compensación de los graves perjuicios que comporta la globalización de la economía a las regiones más pobres por su incapacidad para defenderse de la explotación abusiva de las multinacionales y de los bajos precios que les pagan por sus materias primas y alimentos naturales.

Autores y víctimas de la crisis

Dos años después del estallido de la crisis financiera, ya es posible adelantar algunas lecciones que se desprenden de lo ocurrido y hacer con respecto a España un reparto de responsabilidades.
Responsables. Tal vez se pueda afirmar sin temor a equivocarse que son muchos los implicados con distinto grado de participación. Es inevitable citar a los banqueros como principales agentes causantes, pero también jugaron su papel el Gobierno, el Banco de España y los ciudadanos de a pie. Y entre todos la mataron y ella sola se murió.
Los banqueros, devorados por la codicia, alimentaron la burbuja inmobiliaria dando dinero a cambio de hipotecas con criterios tan heterodoxos que no solo valoraban los inmuebles ofrecidos en garantía con holgura sino que prestaban por encima del valor de tasación. La cuestión era ampliar el volumen de negocio en aras de aumentar el beneficio, aunque para ello tuvieran que endeudarse a corto o medio plazo en los mercados internacionales para suplir la insuficiencia del ahorro nacional.
Gracias a tales prácticas, los promotores inmobiliarios pudieron financiar la construcción de viviendas en exceso, con tal euforia que en 2007 se edificaron más pisos que en Alemania y Francia conjuntamente. Todo basado en la falsa creencia de que los inmuebles eran activos seguros por excelencia, sin posibilidad de que pudieran descender los precios de mercado.
Entre tanto, el Gobierno miraba para otra parte complacido de que el PIB crecía, el paro menguaba, los impuestos aumentaban y todos vivíamos en una burbuja de prosperidad artificial, sin reparar en los desequilibrios macroeconómicos provocados por un crecimiento asentado sobre bases frágiles. Durante meses se empeñó en negar la existencia de la crisis cuando ya eran evidentes sus efectos, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la pregunta de si había crisis o no, respondió en junio de 2008: “Como todo, es opinable y depende de lo que se entienda por crisis. La economía creció el año pasado un 3,5% y este año va a crecer en torno al 2%” El aumento real del PIB fue del 0,9%, inferior a la mitad de lo previsto. Con tan desacertado diagnóstico no es de extrañar que se reaccionase tarde y con medidas inconexas, ajenas a un plan coordinado anticrisis y por tanto de escasos o nulos efectos.
La misma política del gobierno y el sistema financiero de no advertir y corregir a tiempo los desfases del ciclo fue seguida o inspirada por los bancos centrales y los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Reserva nacional norteamericana, Banco Central Europeo y Banco Mundial) que hicieron dejación de sus facultades de aviso, control e inspección que tienen encomendadas.
Tampoco están exentas de responsabilidad las familias, que se endeudaron más allá de todo límite razonable como si la bonanza económica no tuviese fin y, naturalmente, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Es decir, al endeudamiento incontenible sucedió la morosidad bancaria y la insolvencia de los particulares y de las empresas.

Hemos visto que quienes provocaron la crisis, entre los cuales ocupan un lugar destacado los grandes bancos y sus principales ejecutivos que pusieron en peligro la propia existencia de las respectivas entidades con su gestión inepta y temeraria, salieron indemnes del desastre. Ninguno dio con sus huesos en la cárcel ni sufrieron sanción alguna. Al contrario, siguieron cobrando sus ingresos de fábula. Un caso paradigmático fue el de la Caja de Castilla-La Mancha que hubo de ser intervenida por el Banco de España para evitar su quiebra en tanto que sus gestores quedaban sin sanción alguna.
El Gobierno, con el dinero de todos, aportó cantidades ingentes de recursos a los bancos para prevenir la quiebra inminente del sistema financiero. Un ejemplo ilustrativo del trato injusto fue el que protagonizó el presidente del Banco de Bilbao Vizcaya, Francisco González, que, entre salario, retribución variable y fondo de pensiones se embolsó en 2008 la cantidad de 9.000.000 de euros por más que su banco viese recortados sus beneficios y el dividendo.
También se favorecieron de las circunstancias algunos promotores inmobiliarios que acumularon enormes ganancias en los años de vacas gordas, gracias en ocasiones a escandalosos “pelotazos” urbanísticos, compartidos con corporaciones municipales corruptas. Otros que también hicieron su agosto por el “boom” inmobiliario fueron los notarios, registradores y arquitectos merced al privilegiado “status” monopolístico de sus profesiones.
Se puede decir que con excepción de las personas antes citadas que salieron airosas del desastre, toda la población en mayor o menor medida se vio perjudicada. Se podría afirmar que nunca tan pocos arruinaron a tantos. Tomando la terminología del economista italiano Cipolla, los primeros serían clasificados como “estúpidos bandidos” (los estúpidos que hacen daño a los demás en beneficio propio).
Entre los perdedores son dignos de mención, en primer lugar, los millones de parados que, al perder su empleo, quedaron sin su única fuente de ingresos y de repente se vieron sumidos en la pobreza.
Otros perjudicados fueron los accionistas que vieron como sus inversiones mobiliarias se volatilizaron, aunque más tarde se recuperaron en parte. En general, toda la población sufrió las consecuencias de la crisis, entre otras razones, porque de los bolsillos de de los contribuyentes salieron las sumas multimillonarias que el Gobierno facilitó a los bancos para recuperar su liquidez y solvencia, y en definitiva, para evitar el colapso del sistema crediticio y productivo.
El menor poder adquisitivo de la gente y el temor al futuro redujeron drásticamente el consumo, lo que se tradujo en la recesión, que a su vez ocasionó el cierre de miles de empresas, con el consiguiente despido de sus trabajadores.

El futuro de las pensiones

La propuesta que el Gobierno envió en febrero al Pacto de Toledo ha despertado ácidas reacciones contra el propósito implícito de reformar el sistema público de pensiones que implicarían un recorte de las prestaciones.
La primera respuesta ha sido de sorpresa pues no ha pasado mucho tiempo desde que se aseguraba por los políticos que no había ningún motivo de preocupación y que, por el contrario, el fondo de reserva aumentaría año tras año. De repente, parece que al Gobierno se le cayó la venda de los ojos y descubrió asustado que estaba en peligro el futuro del sistema con la consiguiente amenaza para los derechos de los futuros jubilados. En consecuencia, era preciso retrasar la edad de jubilación de los 65 años actuales a 67 y pasar la base de cálculo de la pensión de 15 años que se toman ahora a 25.
Lo primero me parece más lógico que lo segundo, siempre que sea con carácter voluntario incentivando la prolongación en el trabajo, que su aplicación sea diferenciada en función de las profesiones y que el trabajador pueda jubilarse a cualquier edad si tiene 40 años cotizados. Es indudable que la esperanza de vida se ha incrementado notablemente y debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer el cese de la actividad laboral. Por otro lado se facilitaría la posibilidad de completar el período mínimo de cotización, Esta medida debería ser complementada con otras dos: que la edad media de jubilación efectiva fuese de 65 años desde los 63 actuales y que las prejubilaciones se redujeran drásticamente. Y todo ello sin descuidar la eficiencia de la gestión.
Con el fin de velar por la buena salud del sistema de pensiones sería deseable que las no contributivas fuesen satisfechas con cargo al presupuesto del Estado, y lo mismo cabe decir de los complementos a mínimos.
Habrá que recordar que los ataques al régimen de pensiones públicas se vienen sucediendo desde hace más de una década por parte de quienes propugnan como alternativa la suscripción individual de planes privados que constituyen un saneado negocio de la banca y de las compañías de seguros. Con este fin los defensores de las pensiones complementarias demandan que la legislación aumente las desgravaciones fiscales que induzcan a los trabajadores con mayores ingresos a confiar la seguridad de su vejez a las entidades financieras, que la experiencia demuestra no ser invulnerables.
En el fondo de la cuestión subyace el concepto de la seguridad social como un pilar fundamental del Estado del bienestar, como fruto de un siglo de conquistas sociales conseguidas a un alto precio de luchas y sacrificios.
Frente a apriorismos ideológicos y planteamientos economicistas, no se puede olvidar que la seguridad social es un instrumento indispensable para garantizar la paz social, basada en la justicia , que es el fin último del progreso económico. No se hizo el hombre para el desarrollo, sino éste para el hombre.
Una sociedad insolidaria que se despreocupase de la estabilidad y cohesión social estaría abocada a afrontar otros problemas, comenzando por el de la propia seguridad y a soportar el lastre que para el progreso representa un sector importante de la población condenada a vivir en condiciones precarias.
Como corolario, la financiación de la seguridad social no tiene por que sostenerse exclusivamente en las cotizaciones de los asegurados sino que, en caso de déficit sería cubierto por los ingresos públicos como fórmula de redistribución personal de la renta entre todos los españoles mediante un sistema tributario que cumpla lo previsto en la Constitución, la cual, en su artículo 31 exige que sea justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, ideal que lamentablemente, está lejos de cumplir el que está en vigor.

Diez consecuencias del paro

Autor invitado: Marcos Franco

El paro es un fenómeno relativamente moderno, producto de la economía industrial que empezó a surgir en Europa hace algo más de dos siglos. Antes de eso, la mayor parte de la gente trabajaba en el campo, y ya se tratara de producir para el autoconsumo o para su venta, la tierra suponía una inagotable fuente de generación de empleo.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces, el trabajo ya no es un bien infinito, y el paro se presenta como una de las consecuencias indeseables de la por otra parte engrasada máquina que es la moderna economía de mercado. En el caso de España, este mal moderno ha estado particularmente presente en los últimos 30 años (de los cuales hemos padecido durante 28 un índice de paro superior al 10% de la población activa).

Todos sabemos lo perjudicial que resulta el desempleo, pero probablemente sus consecuencias son aún mayores de las que se ven a primera vista, afectando no sólo a los parados sino a la población completa. Seguramente hay alguna más, pero podemos destacar las siguientes:

1. La más evidente consecuencia del desempleo es la disminución de los ingresos de las familias afectadas. Una situación de dificultad financiera a la que a menudo va aparejado un deterioro de la vida familiar y de la autoestima del individuo.

2. Un elevado índice de paro también perjudica a los trabajadores ocupados. Allí donde el empleo se convierte en un bien preciado o en peligro de desaparecer, pueden crecer la tensión entre empleados y las situaciones de explotación laboral más o menos encubierta. Del mismo modo, la desesperación de los demandantes de empleo les hace ser candidatos mucho más dispuestos a aceptar condiciones que en otras circunstancias no aceptarían, lo que incrementa la precariedad.

3. La precariedad laboral actúa de refuerzo para la expansión de la economía sumergida, cuyos índices son mayores en nuestro país que en otros países de nuestro entorno (se calcula cercana a un 20%), y cuyas consecuencias son bien conocidas: trabajadores desprotegidos, fraude fiscal, competencia desleal...

4. Criminalidad. Alguna gente, sobre todo personas jóvenes de entornos marginales, pueden verse empujados a buscar fuera de la legalidad los ingresos que les aportaría ese empleo que no encuentran en el mercado laboral. Hablamos de actividades como tráfico de drogas, prostitución, delincuencia...

5. Desmotivación en la educación. Muchos jóvenes en edad universitaria desconfían de que sus estudios vayan a servirles de algo el día de mañana. De hecho, se sabe que una buena parte de los titulados universitarios acaban trabajando en puestos inferiores a su titulación académica, o incluso en tareas que no tienen nada que ver con aquello que estudiaron.

6. Reducción de la demanda por la pérdida del poder adquisitivo entre los parados. La contracción de la demanda tiene efectos negativos sobre el PIB y provoca una especie de “efectos de segunda ronda” contribuyendo a un mayor aumento del desempleo.

7. Reducción de los presupuestos del Estado y por tanto los servicios que éste puede ofrecer. Entiéndase que, por un lado, el aumento del paro disminuye la recaudación de impuestos tanto directos como indirectos. Y por otro, el Estado debe hacer frente al aumento de los pagos por prestaciones al desempleo, por lo que dispone de menos recursos para dedicar a otras partidas de gasto.

8. Despilfarro de recursos. Siendo el factor humano uno de los factores principales que influyen en la producción, resulta totalmente antieconómico para un páis mantener un stock tan elevado de capital humano sin usar.

9. Retardo en la edad de emancipación juvenil. La falta de trabajo (o de estabilidad laboral entre quienes sí lo tienen) supone para los jóvenes la imposibilidad de abandonar el hogar paterno, retrasándose así sus planes futuros de vida como puedan ser el independizarse, casarse y formar una familia.

10. Paternidad atrasada y baja natalidad. Derivado del punto anterior, la edad media para tener el primer hijo en España se ha retrasado considerablemente en las últimas décadas hasta situarse por encima de los 30 años. La paternidad atrasada conduce muchas veces a tener menos hijos en total, con lo cual el problema de la baja natalidad que sufre nuestro país puede también achacarse en buena medida al fenómeno del paro.

En definitiva, y ya para terminar, no cabe duda de que la sombra del paro es muy alargada, y que la reducción del desempleo debe ser, y especialmente en momentos como éste, una prioridad fundamental para los políticos, tanto los del gobierno como los de la oposición. Eso significa saber hacer política de altura y tomar medidas que en ocasiones pueden resultar impopulares o no coincidir con los intereses de patronal y sindicatos (ninguno de los cuales, tengámoslo en cuenta, representan los intereses de los parados). Esperemos que, con valentía y con todos los medios a su alcance, el gobierno actual (o el que venga después) consiga atajar este mal que es desde hace mucho tiempo, y ahora todavía más, el problema número uno de este país.

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Articulo relacionado: Medidas contra el Paro

Políticos y sociedad

Con excesiva frecuencia, los políticos se convierten en piedra de escándalo cotidiana, al punto de ser considerados como el tercer problema nacional según el barómetro de noviembre 2009 de Investigaciones Sociológicas.
Son motivo de escándalo y de condena los episodios de corrupción, la despreocupación de los verdaderos problemas del país, la falta de unidad con el gobierno en situaciones de grave crisis como la que padecemos, el anteponer los intereses propios o del partido a los del bienestar general y su falta de honestidad al refutar las acusaciones contra ellos con el manido argumento de “vosotros más”.
Con su comportamiento se hacen acreedores de la desconfianza, la desafección y el desprecio, aplicándoseles, cuando son imputados por la justicia, la presunción de culpabilidad en lugar de la presunción de inocencia como prescribe la Constitución.
Es impropio, sin embargo, extender el descrédito a todos porque las generalizaciones son injustas, y aviados estaríamos si no hubiera excepciones a la regla.
También es injusto que los ciudadanos se erijan en jueces. Los políticos no son seres extraterrestres sino que forman parte de la sociedad, y en democracia son elegidos por los votantes que se supone habrán visto en ellos méritos merecedores de confianza por lo que los primeros habrían incurrido en la figura de juez y parte. Esta responsabilidad se acentúa cuando los candidatos son reelegidos estando acusados de corrupción.
Esta reflexión nos lleva a la conclusión de que la sociedad es tan corrupta como los políticos que la gobiernan, lo que tampoco nos debería inducir a pasar por alto los fallos de éstos, pero sí a hacer autocrítica y propugnar mecanismos para dotarnos de elementos de juicio con que elegir con más acierto a nuestros representantes, así como usar con más rigor los instrumentos que la democracia ofrece para controlar a quienes detentan el poder que les confieren nuestros sufragios.
Desgraciadamente, vivimos en una sociedad imperfecta porque imperfectos somos los humanos. ¿Qué puede decirse sino, por ejemplo, de los ciudadanos que aplauden a rabiar a políticos cuando son detenidos por corruptos y que tras la expiación de sus condenas son reelegidos? ¿Qué concepto merecen unos medios de comunicación que dan voz y presencia a delincuentes convictos condenados por sentencia firma pagando elevadas sumas por exponer en público sus latrocinios?
Como la laxa moral no es exclusiva de nuestra sociedad, he aquí una noticia del 9 de diciembre ubicada lejos de nuestras fronteras: a punto de cumplir su condena como autor del atentado del que fue víctima Juan Pablo II, Ali Abca, los medios audiovisuales se disputan una entrevista con él por la que le ofrecieron 1.300.000 euros a pesar de que, probablemente, sus declaraciones poco nuevo aportarán después de lo ya publicado al respecto. Que un asesino pueda obtener tan extraordinaria recompensa por hablar de su crimen, deja en mal lugar el sentido ético de quienes gestionan esos medios de comunicación y no quedan mejor quienes los propician económicamente con su malsana curiosidad, ya que los gestores contarían con una elevada audiencia.
Los partidos políticos son parte del problema de la corrupción por no controlar a sus militantes en cargos públicos a todos los niveles, porque nadie mejor que ellos debe conocer sus sospechosos incrementos de patrimonio y los “pelotazos” que se fraguan en los ayuntamientos y las comisiones que se cruzan en las contratas. La realidad es que en no pocos casos son cómplices activos de las extorsiones, por cuanto se sirven de ellas para incrementar sus ingresos con que financiar sus insaciables gastos. En tanto los partidos no muestren mejor disposición ética, el problema de la corrupción pública tendrá difícil arreglo.

Zamenhof

El 12 de diciembre de 1859 (se cumplen ahora 150 años) nacía en la ciudad polaca de Bialistok, Ludovico Lázaro Zamenhof, el creador de la lengua internacional esperanto, siendo el primero de los ocho hijos habidos del matrimonio formado por Markus Zamenhof y Sofía Soler.
En aquel tiempo, Polonia formaba parte de Rusia (recuperaría su independencia tras la I Guerra Mundial) y en Bialistok convivían distintas etnias malavenidas que se expresaban en ruso, polaco, y alemán, además del hebreo y al no entenderse, vivían semiaisladas y en cierto modo, enfrentadas.
En este ambiente adverso, Zamenhof comprendió desde niño cuan útil podría ser un código de expresión común para facilitar las relaciones personales y crear un clima convivencial pacífico y armónico. El estudio que realizó de varias lenguas, tanto clásicas como modernas (griega, latina, francesa y alemana) le descubrió el oficio de los prefijos y sufijos para formar nuevas palabras.
Se puso a la tarea de idear ese nuevo idioma con que soñaba y en 1878, a los 19 años, ya había elaborado un proyecto, sin abandonar por ello sus estudios de medicina, proyecto al que tuvo que renunciar de momento por imposición paterna.
En 1885 se trasladó a Viena para seguir un curso de oftalmología, de donde regresó al año siguiente para abrir en Varsovia su clínica de oculista sin cejar en su empeño de concluir su gramática. Gracias a la ayuda económica de su suegro, el libro vio la luz el 26 de julio de 1887 en su primera edición en ruso que fue seguida en poco tiempo por la francesa, alemana e inglesa. La obra llevaba como autor a un desconocido “Doctor Esperanto” (el doctor que espera).
Su vocabulario se nutre de raíces latinas, germánicas y eslavas. La distinción de sustantivo, adjetivo y verbo se realiza por las terminaciones en “o”, “a” e “i” respectivamente y la gramática se sintetiza en dieciséis reglas sin excepciones. No es extraño que por su sencillez y racionalidad muchos llegan a hablarlo y escribirlo sin necesidad de maestro.
Zamenhof no solo creó el esperanto sino que dedicó su vida y recursos a difundirlo. El y su esposa se encargaron de enviar ejemplares de la gramática a periódicos, revistas y personalidades de diversas nacionalidades, y poco a poco fueron recibiendo respuestas, algunas de ellas escritas en el nuevo idioma.
En 1889 apareció la primera relación de esperantistas que fue aumentando paulatinamente, de modo que en 1905 se convocó el primer congreso internacional en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer durante el cual, el fundador pronunció un emocionado discurso a modo de filosofía de fraternidad universal a que aspiraba el esperantismo.
En el congreso participaron polacos, franceses, ingleses, alemanes, rusos, españoles y holandeses que pudieron comunicarse en una lengua inteligible para todos sin necesidad de traductores, en un acto que prometía la llegada de una nueva era de confraternidad sin barreras lingüísticas. Las sucesivas ediciones se celebraron desde entonces con periodicidad anual sin otra interrupción que la obligada por las dos Guerras Mundiales. El cuarto congreso tuvo lugar en Barcelona, en dramática coincidencia temporal con la llamada Semana Trágica, en 1909, año en que también se fundó la Asociación Universal de Esperanto, encargada de organizar dichos congresos.
Siendo el esperanto una lengua de fácil aprendizaje, neutral, porque no pertenece a ningún pueblo o nación, y de carácter auxiliar, dado que no compite con ninguna otra sino que defiende la existencia de todas las nacionales, y aspira a servir de puente entre todas las demás, parecería que tuviera el camino despejado para su expansión sin trabas, pero la realidad, sin embargo, dista mucho de ser así. A pesar de haber recibido loas de científicos, literatos y has papas, ningún gobierno le ha prestado su apoyo oficial, y su difusión queda restringida al uso de minorías, y si bien cuenta con cultivadores en los cinco continentes, su mantenimiento y expansión queda en manos de asociaciones privadas sin ánimo de lucro. Ni Polonia, patria del fundador, ni Israel por su afinidad étnica, han asumido el compromiso de incluir en los planes de estudio la enseñanza de la lengua internacional.
Por las características antes aludidas se supone que la Unión Europea sería campo abonado para la adopción del esperanto como medio de comunicación común entre sus veintisiete Estados miembros que ahora emplean 23 distintas y podrían ser en breve veintiséis si se aprobase la adhesión de Croacia, Turquía e Islandia, pero tampoco aquí se han puesto de acuerdo los gobiernos que han optado por aceptar el inglés como lengua franca, `por más que no sea neutral ni fácil de aprender. Una vez más se confirma la experiencia histórica de que este protagonismo se lo arroga la nación hegemónica, es decir, Estados Unidos, como en su momento asumieron sucesivamente griegos, romanos, españoles, franceses y ahora anglonorteamericanos.
Las circunstancias que concurrían en Zamenhof hicieron de él una personalidad compleja. Su lengua materna era judía, la mayoritaria de la ciudad, polaca, y la de uso oficial, rusa. Su madre era creyente, su padre ateo y él se definía como libre pensador.
Por encima de todo, Zamenhof fue un verdadero benefactor de la humanidad y un apóstol de la paz. No solamente donó altruistamente el fruto de su ciencia y trabajo, sino que se dedicó en cuerpo y alma a divulgar y difundir lo que consideraba un bien para todos.
A su firme propósito de trabajar sin descanso por una sociedad más justa, tolerante y solidaria consagró su existencia hasta el fallecimiento ocurrido en Varsovia el 14 de abril de 1917 en plena tormenta de la I Guerra Mundial. Fue el tercero de los judíos que intentaron cambiar el curso de la historia, junto con Jesucristo y Marx. Murió sin ver su obra asentada definitivamente, como sus predecesores, y así sigue casi un siglo después. Pero la semilla está en el surco y si algún día se superasen los nacionalismos y reinase la razón, cabe esperar que renazca y dé los frutos necesarios para que podamos comprendernos mejor y amarnos más en un mundo menos hostil de lo que ha sido hasta ahora.

La Unión Ibérica

A través de una encuesta realizada por la Universidad de Salamanca, presentada el 28 de agosto de 2009, nos hemos enterado de que el 40% de los portugueses verían con buenos ojos su integración en una federación ibérica, en contraste con la opinión de los españoles, de los que solamente el 30% apoyarían la idea.

El proyecto merece ser estudiado con detenimiento y objetividad para que los dos vecinos pudieran emitir una opinión fundada respecto a las ventajas e inconvenientes derivados de la fusión para ambos países., que en todo caso precisaría la aprobación mayoritaria en referéndum.

Una federación o confederación reforzaría la posición internacional de la nueva unidad política como resultado de las afinidades de las naciones latinoamericanas y africanas que hablan las dos lenguas, profesan la misma religión y compartieron un pasado común. Su población conjunta rebasa los 600 millones y una proporción próxima al 10% de la población mundial.

La posición geográfica española coarta las comunicaciones de Portugal con Europa al exigir el paso por España. También nuestros principales ríos recorren el territorio de ambas naciones, y ello hace imperativo un régimen de aprovechamiento de sus caudales que respete los legítimos intereses de ambas partes

Dada la vigencia del principio de que la unión hace la fuerza, entiendo “a priori” que los aspectos positivos superarían a los negativos. Dos hechos de reciente acaecimiento harían más factible la viabilidad del proyecto, a los que habría que añadir el disfrute común de regímenes democráticos tras muchos años de dictaduras afincadas en Lisboa y Madrid. Me refiero al Estado español de las Autonomías que entre otras cosas reconoce la existencia de cuatro lenguas oficiales, con lo que el portugués sería una más que compartir en el solar ibérico. Camoens y Cervantes se habrían dado la mano después de siglos de vivir de espaldas uno frente al otro.

El otro acontecimiento a que antes me refría sería la común pertenencia a la Unión Europea desde 1986 que supuso la práctica eliminación de las fronteras y produjo un notable acercamiento de los dos pueblos, reforzado con la adopción de la misma moneda.

Los españoles haríamos bien, con o sin unión política, profundizando en el conocimiento mutuo e intensificando las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales, comenzando por el estudio del portugués, en consonancia con lo que ellos estudian el español.

Quizás fuera una acertada iniciativa que la Universidad de Salamanca diese continuidad periódica a su encuesta, y mejor todavía si organismos oficiales asumieran la tarea para ver como evolucionan las tendencias unionistas a ambos lados de la frontera.